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Quieren que se difunda y que se amplifique la palabra de los gobernantes

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Aunque con demora, entre los públicos (lectores, oyentes y televidentes) se escucha entre preocupación y solidaridad ante el anuncio de que Amalia Pando, conductora sobresaliente de una revista radial por Erbol, dejará la red más grande de radioemisoras al término de este mes de agosto. La colega informó al cotidiano cruceño El Deber de Santa Cruz de que deja la radio como un aporte para que ésta venza la falta de dinero para sobrevivir, en este tiempo en el que los gobernantes le han suspendido los avisos gubernamentales y estatales y, quizá, porque mermaron otros aportes de la cooperación externa o de iglesias del mundo.

Hace tiempo circuló un rumor, que parece confirmarse como verdad: que a la colega Pando, algún funcionario del gobierno le sugirió, por intermedio de alguien de esa red de radios, que “baje el tono”, es decir, que informe, comunique, opine e interprete, al gusto del único jefe entre los gobernantes. La ofensiva contra la colega, apreciada por sus radioescuchas, viene de hace tiempo, a pesar de que un tiempo trabajó en el Canal 7, en el que tuvo un comportamiento plural, lo que tampoco satisfizo a los que mandan cada vez desobedeciendo al pueblo.

No conocemos las causas por las que el conductor John Arandia, de la red televisora A, fue cesado en sus funciones, aunque cualquier observador atento podría concluir en que el trabajo del periodista no satisface a los dueños del poder político y del poder económico, incluidos los propietarios de ese canal privado de televisión.

Al colega Enrique Salazar, del Canal 11, lo despidieron con un pretexto que aparentó sanción a un acto contrario a las reglas de una entrevista periodística, nada menos que con la Ministra de Comunicación. Vistos los pasajes de esa entrevista, desde cierta distancia, no se debe ignorar que aquel periodista pudo ser candidato del MAS a un cargo público, mas él desoyó esa oferta. Además, en Santa Cruz, en un programa básicamente informativo concedía espacio al padre Mateo que sigue en campaña para conseguir que los gobernantes aprueben el 10 por ciento, para la salud pública, del presupuesto del país. Otra incomodidad, para los de arriba, que no toleran.

El trabajo es un derecho y al manifestar nuestra solidaridad con los cesados, sobre la base de sinrazones, asumimos un comportamiento humano y profesional ineludible.

Sin embargo, lo que el oficialismo hace respecto de los trabajadores de los medios viene de hace cerca de 10 años. A los tres casos anotados, agregamos el juicio por presunto espionaje nada menos que en favor de Chile y por una supuesta difusión de secretos de Estado que, sin prueba alguna, se le indilgó al novel colega Ricardo Aguilar Agramont, hace más de un año: proceso criminal abandonado, el que hasta este momento no se lo archiva, como corresponde.

Los derechos individuales y colectivos a informar, comunicar, opinar e interpretar están estipulados en la actual Constitución Política del Estado boliviano. Esa redacción, con palabras más o menos —incluida una deficiente redacción final de los constituyentes—, fue aportada por periodistas, académicos, investigadores, dirigentes sindicales de los medios de difusión, asociados a instancias de ese grupo profesional, entre otros.

Esos son los derechos (y por tanto las obligaciones que entrañan) que debemos ejercen en todos los medios de difusión, los trabajadores de éstos, aunque es verdad que los que llevan enorme ventaja en ese ejecución de esos derechos son los dueños de los medios y los editores a los que les pagan porque venden su fuerza de trabajo, aunque no su conciencia.

Es pertinente agregar de manera autocrítica que los trabajadores de los medios asumimos aquellos derechos de manera parcelada o reduccionista. Entre nuestras obligaciones están: informar con veracidad, facilitar la comunicación en la sociedad y en el pueblo, especialmente; opinar responsablemente e interpretar con ética.

Nosotros afirmamos —esta es una reiteración necesaria— que en la mayoría de los medios de difusión del país (privados y estatales o gubernamentales) se impone la censura, hay autocensura, se divulgan medias verdades, se manipula y se miente o se intenta matar a la verdad. Esta afirmación se podría verificar todos los días.

Esas son reales limitaciones que se manifiestan durante el ejercicio de los derechos citados. Y lo que deben y debemos hacer, sobre todo los periodistas de base, es luchar para que cada vez y todos los días sean asumidos esos derechos individuales y colectivos sin las restricciones que buscan imponer gobernantes, funcionarios estatales y también los dueños del poder económico, varios de los cuales son a la vez propietarios de medios de difusión (prensa, radio y televisión).

Los medios estatales y/o gubernamentales aumentan. Aunque algunas no funcionan, son al menos 50 las llamadas radios comunitarias, donadas por el pueblo venezolano, según el presidente Morales. Éste, además, para el diario cruceño El Deber declaró, hace cerca de dos años, que entre el 80 y el 85 por ciento de los medios de difusión, ahora, son amigos de los gobernantes, y otros medios o son de propiedad de los gobernantes o son medios “paraestatales” (casi del Estado o que son de propiedad de particulares, pero que difunden la “palabra del poder”, político y económico).

En la anterior edición de Aquí virtual (www.semanarioaqui.com) hemos reproducido un editorial de El Deber en el que sus dueños (y quizá periodistas también) saludan el compromiso de los gobernantes, informado por el Vicepresidente, de que la Empresa Minera San Cristóbal (Potosí) no será nacionalizada. Para aquel diario ese anuncio es una “buena señal” y, además, piden que similares garantías se concedan a otras empresas asentadas en nuestro país.

Otros medios de difusión privados, de manera progresiva y a veces descarada, destacan políticas gubernamentales, sobre todo cuando favorecen a los empresarios grandes, criollos y transnacionales. Pero también ocurre algo insólito: algunos de esos medios defienden la necesidad de preservar los ecosistemas y critican incluso el extractivismo defendido por García Linera en esa universidad chilena, hace un mes.

Graficamos con un ejemplo esta afirmación: sobre los temas tratados y las conclusiones a las que llegaron en esa cumbre agropecuaria, realizada en Santa Cruz, ocurrió que mientras El Deber (citamos otra vez a este matutino) informó con amplitud sobre ese acuerdo, en todo favorables a los empresarios cruceños, a los de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en especial, Cambio (definido como periódico estatal), sobre el mismo asunto ofreció a sus lectores una especie de manifiesto de intenciones o declaración de principios en vez de informar, comunicar, opinar e interpretar lo ocurrido en esa reunión. Quizá sea mucho pedir de nuestra parte, pero agregamos que lo que el diario Cambio entregó a sus lectores es una manera de callar lo que debió decir. (Espinal decía que callar es lo mismo que mentir).

Los dichos y los hechos narrados pretenden, esperamos que sin fortuna, poner mordaza a los periodistas, a los respondones, especialmente. Debemos, pues, recoger sin rendirnos el mensaje que también nos mandan desde el Palacio de Gobierno.

Una de las respuestas a esos mensajes, creemos, debe ser el ejercicio de los derechos individuales y colectivos señalados: debemos informar con veracidad, comunicar sin manipular, opinar con responsabilidad e interpretar con ética, reiteramos. La responsabilidad al informar y la responsabilidad al opinar, también son preceptos de la CPE boliviano.

He ahí lo que podría ser parte de un programa, entre otras cosas, para materializar un mejor periodismo, el que sí es posible, como plantean las organizaciones sindicales y profesionales de los trabajadores de los medios.

Esa labor, sin embargo, no debe soslayar las restricciones a esos derechos que ya son parte de la CPE, de las leyes y de lo que establece la Convención sobre Derechos Humanos firmada en San José de Costa Rica, la que es ley de Bolivia[1].

Los periodistas hemos sido arrastrados o se nos convoca a una lucha que ahora resulta ineludible: ejercicio pleno de los derechos señalados para lo que hay necesidad de rechazar las restricciones también anotadas.

Debemos ser actores de las batallas para impedir que se imponga el discurso único de revolucionarios que no son o de falsos socialistas comunitarios.

Los periodistas avanzados tenemos que aportar —si es que consideramos que ahí están nuestros intereses legítimos— a la formación de la nueva unidad del pueblo boliviano que sea de veras democrática, popular, plurinacional, antiimperialista y revolucionaria para conseguir la segunda y definitiva independencia de nuestra patria.

[1]Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

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