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El gobierno decidió impedir que la marcha indígena llegue a La Paz

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Los gobernantes decidieron impedir que llegue a La Paz la “VIII gran marcha por la defensa de los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas” porque, según ellos, aquella acción era y es parte de una conspiración imperialista y de una acción de la derecha que, además, tenía y tiene el propósito de dificultar y en lo posible desacreditar las elecciones de los jueces supremos del 16 de este mes. Esa marcha (continuamos el resumen del criterio de los gobernantes y de los intelectuales que se mantienen a su lado) se negó a dialogar debido a que en realidad tiene los objetivos políticos mencionados y que la mantención del TIPNIS, sin carretera por el medio, es un pretexto para presentar al Presidente, por ejemplo, como antiindígena, y otras afirmaciones de ese estilo y calibre.

Esos voceros, sin embargo, callan el porqué del bloqueo de colonizadores en San Lorenzo, cerca de Yucumo, llegados de distintos lugares, y el porqué de la muralla policial entre marchistas y bloqueadores.

Y aunque lo nieguen, los colonizadores en Yucumo operaron como una “milicia” masista y/o gubernamental, bajo el criterio oficialista de que ante una acción de masas, como la marcha indígena, primero, otros movimientos sociales deben enfrentar y derrotar a los alzados. Conocemos confesiones de gobernantes que confirman esta afirmación nuestra y el bloqueo de marras lo demuestra.

La contratación de buses, anticipada al operativo policial del 25 de este mes; el pedido de intervención de la caminata de la Ministra de Justicia (sugerida por funcionarios del Ministerio de Gobierno; así como lo dicho por el Ministro de Trabajo y el entonces Viceministro de Coordinación Gubernamental, ahora Ministro de Gobierno: la otrora Ministra de Defensa debió renunciar cuando se resolvió tomar medidas respecto de la VIII marcha de los originarios, son datos que a este medio virtual de difusión le lleva a sostener que antes del autoritario operativo policial ya se había determinado, en el gobierno, impedir que los marchistas, en defensa del TIPNIS, arriben a la sede de gobierno.

Según el presidente Morales, la represión a los marchistas (San Lorenzo, 25-IX-11) es “imperdonable”, pero añadió que él no dio la orden y que a una comisión investigadora entregará el dato. Por su parte, el Vicepresidente dijo que conoce el nombre del que dispuso ese operativo y que será entregado a la comisión investigadora por constituirse.

Empero, toda investigación cuando es verdadera debe reconocer lo averiguado por otros y descubrir un nuevo conocimiento: en este caso, entre otros aspectos, el nombre del que ordenó la represión a los marchistas la que, además de su crueldad abominable, pretendía escarmentar, desarticular, acobardar, desunir, desorganizar, paralizar… a los indígenas y a los que apoyamos esa causa.

Ante la comisión que pretende organizar el gobierno, con fundamento tememos que sirva para encubrir las causas reales de la represión a los marchistas; para mostrar a dirigentes políticos, tal el caso de A. Almaraz, como conspiradores que llamaron a derrotar al Presidente (y no derrocar) en su empeño de imponer la construcción del camino de la discordia de modo que parta en dos el TIPNIS; asimismo,los gobernantes tratarán incluso de “demostrar” la conspiración imperial-derechista contra el gobierno de Evo Morales; también que el TIPNIS importa pero no tanto a los defensores del medio ambiente de última hora; y de yapa sobre todo que el Presidente actual nada tuvo que ver con la orden para la brutal dispersión de la marcha, objetivo que no se consiguió porque, básicamente, gente de dos pueblos benianos (San Borja y Rurrenabaque) impidieron el retorno obligado de los indígenas a su territorio de origen.

Un propósito fundamental de los gobernantes es liberar de toda culpa al presidente Morales en la represión “imperdonable” a la VIII marcha indígena. Para conseguirlo se ejerce el poder gubernamental, mienten, amenazan, sobornan, callan... Se despliega una campaña destinada a conseguir que el único perdonado, por el descomunal error político de los gobernantes del 25 de septiembre perpetrado en San Lorenza (Yucumo), será el que tiene la principal responsabilidad en un gobierno en el que, hasta donde sabemos, nada se hace cuando menos sin el conocimiento del “Jefazo” que se desempeña como la máxima instancia de resolución política por lo que se advierte que serán sacrificados otros funcionarios más del gobierno si fuera menester.

En la situación de la que somos actores y/o testigos, se trata de una cuestión de primera importancia descubrir, mejor dicho ponerlo en evidencia, al que impartió la orden de represión a la marcha de los originarios, en su fase final, porque el gobierno decidió truncarla por la fuerza o conseguir que se suspenda en cualquiera de las “pascanas” si se llegaba a un acuerdo.

La afirmación del viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, (que renunció al cargo), nos ayuda a ubicar al principal responsable de la represión a los marchistas indígenas:

“…, en lo que respecta a la actividad político-administrativa, inherente al cargo, todas y cada una de las decisiones tomadas en dicha función, han respondido, sin excepción alguna, a instrucciones emanadas en la instancia superior,…”

Algo más constatamos estos últimos días: el Presidente del Estado “plurinacional” no llegó a la comprensión de la autocrítica por eso no la aplica. Y toda crítica, al primer funcionario público boliviano, sobre todo en momentos de crisis política, la rechaza, porque él y los oficialistas la consideran infundada. Es decir, la crítica y la autocrítica, instrumentos imprescindibles de otras revoluciones verdaderas, no tienen lugar alguno en el gobierno boliviano actual.

Lo esencial, para nosotros, está en que el gobierno, con las acciones anotadas, de hecho, apoya a los colonizadores que quieren más tierras, las del TIPNIS en lo posible, porque son aptas para cultivar coca, en tanto que este rarísimo gobierno, definido también como de los indígenas, muestra que sacrifica los legítimos y constitucionales derechos indígenas o, lo que es equivalente, comparte y defiende, con las fuerzas a su alcance, las exigencias de los colonizadores que reclaman más tierras, incluidas las del territorio indígena del TIPNIS (aceptemos la redundancia).

Subrayamos: en la lucha por la tierra y el territorio, desencadenada con la furia de los colonizadores y la consecuencia de los indígenas, Evo Morales y su gobierno tomaron y toman partido en favor de los propietarios individuales (e individualistas) de la tierra y se ubican a distancia y en contra de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia que poseen territorio reconocido a título gratuito y en propiedad colectiva.

Por ello, se sigue condenando el ultraje “imperdonable” a los defensores del TIPNIS y la protección gubernamental a los colonizadores que bloquearon el camino en Yucumo. Para preservar ese desbalance, Evo Morales pretende que se mantenga su liderazgo sin tacha alguna, por tanto, para él es perdonable la culpa principal que sí tiene él en la represión policial contra los marchistas y, en particular, contra de niños, mujeres embarazadas y ancianos.  

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