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Últimas movidas electorales del Presidente

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editorial

El presidente Morales y sus más obedientes allegados, las últimas semanas han dado nuevos pasos para ganar este año con el 74 por ciento, resultado que dan por seguro.

En esa dirección y aunque lo nieguen, las movidas, sobre todo de los dos primeros mandatarios y candidatos a la tercera elección en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), aparecen en la televisión cargados de bolsas con ayuda a damnificados del Beni, con agua y barro hasta las rodillas, en sobrevuelos por las zonas inundadas, entregando víveres y vituallas, en abrazos con adultos y besos a los niños de esos lugares y hasta parecen compungidos ante el desastre… Y luego aseguran, sueltos de cuerpo y espíritu, que no hacen campaña electoral con el dolor del pueblo y responsabilizan de hacer eso a los opositores, que también están en campaña, aunque menos visible.

Los gobernantes creen, asimismo, que han convencido especialmente a los benianos de que es mejor que aquélla no sea declarada zona de desastre porque, según ellos, el Estado tiene los suficientes músculos para valerse por sí mismo y para auxiliar a los pobladores que tienen el agua a metros de altura sobre el suelo, durante varias semanas. Los últimos días incluso las inundaciones se extienden a nuevos lugares y, como sucedió en otras ocasiones, en marzo crecen más las aguas. Voceros de los anegados, sin embargo, reclamaron y reclaman esa declaratoria, mediante decreto supremo, para que al Beni lleguen más alimentos, más remedios, más vituallas, con la menor demora posible.

Excepto algunos aportes, como el de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la ayuda de los gobernantes a los damnificados por las inundaciones, la hacen con dinero de los bolivianos. Hasta donde sabemos, los gobernantes no aportan, de sus bolsillos, para los inundados. No es la primera vez que esos servidores públicos se muestran generosos con el resultado del trabajo de los únicos que producen un nuevo valor en Bolivia. En otras palabras: los inquilinos del Palacio Quemado, al ayudar a los bolivianos que tienen el agua en sus alrededores, cumplen sus obligaciones previstas en las leyes, pero esta vez esos políticos buscan y consiguen réditos, suman votos, pero consideramos que también pierden apoyo de otros compatriotas que sufren los desastres. Pronto constataremos qué pesó más en la balanza: o la ayuda de los gobernantes a los damnificados con nuestros recursos o el rechazo implícito, de esos políticos o politiqueros, a declarar zona de desastre al Beni. Agregamos que esa ayuda llega más a ciertos lugares, mientras que a los pobladores del TIPNIS les llega especialmente el apoyo de una campaña impulsada por  ciudadanos/as que defienden a ese territorio indígena y a esa reserva natural.

Otra de las consecuencias de las inundaciones, en la mayor parte del departamento (Beni), es la mortandad de ganado vacuno: se estima que serán más de medio millón de cabezas, tiernas y hembras, lo que es una advertencia de que disminuirá la producción de carne vacuna y que el precio de ésta aumentará, a pesar de que la ministra Teresa Morales —cuando empezaron las inundaciones— se apresuré en decir que no había razón alguna para que suba el precio de ese producto. Nosotros le dijimos a esa funcionaria que parecería que no vivía ni en Bolivia ni en la tierra, lo que reiteramos ahora.

Aunque las pérdidas tendrían que asumirlas los empresarios ganaderos, esa merma de la producción de carne y el aumento del precio de ésta afectará, en especial, a los que menos tienen, como en otras oportunidades, y este no es un descubrimiento.

Sin embargo, sobre todo por razones o sinrazones electorales los gobernantes, apresurados, han comprometido apoyo a los ganaderos, en primer lugar, con la postergación de dos a cuatro años del saneamiento de sus haciendas, es decir, después de ese tiempo se averiguará si esos predios cumplen o no la función económica y social, dispuesta por la CPE. Además, el gobierno de Morales autorizó, a los ganaderos, la ampliación del chaqueo de 500 a 2.000 o más y el desbosque del 10 por ciento de sus predios, con lo que la frontera agropecuaria aumentará en beneficio de los empresarios y en perjuicio de las zonas protegidas y de los ecosistemas. Al menos en parte esa es una convención en demasía porque las tierras anegadas y la superación de sus consecuencias que abarcarán siquiera unos seis meses, según expertos, de hecho establecen esa pausa. Sin embargo, los gobernantes se muestran eficaces, con ese convenio, porque atienden con prontitud los requerimientos de empresarios ganaderos, e incluso se anticipan.

Las miradas de los gobernantes, al materializar ese acuerdo, son básicamente electorales y/o electoreras. Además, esa alianza es la continuación de la que gobernantes y empresarios benianos establecieron para las elecciones de Gobernador/ra de ese departamento, lo que fue informado por la Jordan (candidata a ese cargo por los oficialistas) cuando agradeció, a los empresarios, por el apoyo con aviones que ella recibió durante su campaña; ganaderos y madereros, como Guiteras y Majluf (de ADN y del MNR), también invirtieron para la victoria, que no fue, de la ex reina de belleza.

Cabe anotar, asimismo, que otra vez los gobernantes muestran continuidad de su alianza con grupos económicos y/o empresariales que, se sabe, no son ni demócratas ni patriotas ni progresistas, ni desinteresados. Por nuestra parte —lo seguimos lamentando—, constatamos que los gobernantes refuerzan cada vez su alianza con medianos propietarios y empresarios grandes: criollos y transnacionales.

Y a propósito de la alianza de Evo Morales y los medianos propietarios está a la vista otra ganga conseguida por los empresarios del cooperativismo minero o capitalismo salvaje: pagarían el 1 por ciento de impuestos por los minerales producidos (casi nada) y lo harían al Estado y no a la Corporación Minera de Bolivia. Ese impuesto miserable, pensamos, tiene como propósito simular que ese sector paga impuestos. Los cooperativistas pretendieron que se los exima de esa tributación, pero ésta como está acordada sería simbólica, si es que se paga, porque también hay mecanismos para evitar que paguen impuestos los que deben.

El impuesto del 1 por ciento que pagarían los llamados cooperativistas mineros, además, sería fácil eludir porque los mecanismos de control, de esa producción de minerales, es ineficaz e ineficiente, porque su comercialización se la realiza mediante casas que rescatan esa producción, las que incluso ayudan a eludir impuestos porque una parte de la materia prima que compran y que venden es resultado del “juqueo” (robo de minerales).

 Nosotros vemos que entre los gobernantes y los empresarios ganaderos y madereros del  Beni hay un intercambio de servicios cuyo filo más patente es el pago de esas atenciones con respaldo electoral, de los empresarios a los mandatarios-candidatos, o al menos con la promesa de hacerlo y, los gobernantes, ya han pagado o pagarán pronto su parte.

A ello se suma el hecho narrado al comienzo de esta nota: los dos principales mandatarios del país siguen en campaña a costa de los damnificados del Beni. Allí veremos quién puede más: o los gobernantes que regalan con ambas manos a los damnificados (alimentos, medicamentos y vituallas) con nuestro dinero o la renuencia de ellos a declarar al Beni zona de desastre.

No obstante, muchos benianos ya saben por quiénes no deben votar.

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