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Militares se entrenan para matar

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editorial

Los militares bolivianos que se formaron y que se siguen formando, según la llamada doctrina y la práctica del ejército de Estados Unidos, especialmente en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija-Bolivia), adquieren o desarrollan destrezas para matar, incluso a sus subordinados y/o a sus compañeros de estudio.

Y cuando son descubiertos como homicidas y/o asesinos dicen, con una frialdad propia de criminales, que “cumplieron funciones”, tal como ha declarado, ante tribunales ordinarios de justicia, el subteniente Franz García, sindicado del homicidio o asesinato del también subteniente Grover Poma Guanto, durante una clase de lucha cuerpo a cuerpo, en 2011, en la Escuela de Cóndores citada, a la que concurren, también, oficiales latinoamericanos.

Esa Escuela de Cóndores de Sanandita se organizó a imagen y semejanza de la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá y  que ahora sigue en funciones en Georgia (EE.UU.). Activistas que, especialmente en aquel país, sostienen una campaña para que se cierre ese centro de entrenamiento castrense, afirman que allí se forman criminales, más que eso: asesinos, por ello a esa escuela la rebautizaron: ahora la denominan Escuela de Asesinos.

Allí se formaron o reforzaron su formación militares como Hugo Banzer Suárez y también el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana el que, suelto de cuerdo, respondió que fue a ese escuela de adiestramiento castrense “por obligación”. Sin embargo, es necesario añadir que un funcionario diplomático de Estados Unidos en La Paz, señaló que el Quintana, cuando vestía uniforme y después asistió a cursos políticos de los estadounidenses. Además, el actual Ministro de la Presidencia es uno de los dirigentes de ex becarios en la potencia del norte.

En la Escuela de Cóndores han muerto por homicidio o asesinato —una investigación verdadera podría establecerlo— dos oficiales del Ejército boliviano: Grover Poma Guanto y Ceooly Espinal, en circunstancias muy parecidas: mientras aprendían o debían aprender a defenderse de agresiones físicas de sus instructores.

Uno de los muy probables autores de la muerte del subteniente Grover Poma G. es el también subteniente Franz García. Éste, sin embargo, fue protegido por los mandos castrenses: aunque encerrado en el Estado Mayor de la zona de Miraflores de La Paz, ejercía mando en la Policía Militar, por tanto recibía sueldo y salía de ese cuartel con identidades distintas. Así eludió el proceso que se le sigue a él y a otros posibles responsables del crimen que acabó con la vida de Poma Guanto, así se mantenía impune, con apoyo de los jefes militares.

A pesar de ese antecedente criminal, F. García, con otros dos oficiales de similar hoja de servicios, se tomó la licencia de organizar una reunión social, música y licores, con esos uniformados, los que tuvieron como única invitada a una enfermera de Oruro, la que vino desde la ciudad de Pagador, especialmente a ese encuentro porque, además, ella enamoraba con uno de los participantes de esa reunión.

La enfermera fue encontrada muerta en una de las gradas próximas al lugar de la reunión social, según una versión de los hechos. Otros informaron que la enfermera se había embriagado y, que por ello, se cayó y se rompió el cráneo, ante lo cual fue llevada al Hospital de Clínicas (a metros del Gran Cuartel de Miraflores), pero la retornaron muerta. Desde ese momento los supuestos responsables huyeron del lugar del crimen.

Otro de los señalados como autor de la muerte de la enfermera, también es responsabilizado de acabar con la vida de un contrabandista de autos “chutos”, en Challapata, en ocasión de una ofensiva de la Aduana Nacional y del gobierno contra el contrabando, como se dijo con bombos y platillos.

Ante ese crimen el comportamiento de los jefes militares, parece equivocado, pero a pesar de eso o por eso, se nota que tratan de favorecer a los probables autores de aquella muerte. Veamos:

Incluso uniformados afirman que antes de ser dados de baja, esos oficiales debieron ser procesados internamente, se les debió cometer a un sumario informativo mediante y, como consecuencia, debieron ser sancionados, pero dentro de un proceso, como disponen las normas, incluidas las castrenses.

Luego de la baja, el Tribunal Supremo de Justicia Militar, que administra un fuero castrense que ha sido ratificado en la nueva Constitución Política, observó el procedimiento de los uniformados por lo que, posiblemente, la baja de esos tres oficiales, mostrados como autores de la muerte de la enfermera, sean reincorporados al Ejército porque, de acuerdo a ese Tribunal, hay otras sanciones anteriores a la baja, que es lo que tendrían que haber aplicado a los oficiales del caso enfermera, para decirlo con ese lenguaje burocrático.

En este medio virtual, además, se nos dijo que uniformados de todas las armas y de todos los servicios, la mayoría de aquéllos, han reclamado protección, de los mandos castrense, para los presuntos homicidas o asesinos.

Parece un espaldarazo presidencial a los criminales a los que nos referimos en esta nota, lo dicho al menos dos veces por el presidente Morales. Este dijo que hablaría con los defensores de los derechos humanos para que éstos, en aras de la formación de los uniformados de distintos grados y servicios, dejen de exigir con rigidez el respeto de esos derechos, contemplados en la nueva Constitución Política, convenios internacionales e incluso en las normas que garantizan el fuero militar.

No es un caso cerrado el de esos militares que, según los datos conocidos, tienen disposición criminal la que, como se advierte, fue reforzada o desarrollada en la Escuela de Cóndores. Hay necesidad, sin duda, de otros comentarios de este medio y en este espacio.

Sin embargo, preliminarmente, destacamos que en los cuarteles se violan derechos humanos y el primerísimo de ellos: el derecho a la vida, además de los derechos a la seguridad, al debido proceso, a la salud, al estudio…

Y al revés de un pedido del Presidente: que no necesitamos un ejército masacrador sino uno anticolonial, anticapitalista y antiimperialista (entre otras cualidades), la conducta de los oficiales que tratamos de analizar en este espacio, corresponde al viejo ejército y para el viejo Estado.

El viejo Ejército trata de sobrevivir y, por tanto, el viejo Estado está vivito y coleando. Constatamos, asimismo, que hay miliares con ideas y con prácticas propias de criminales.

El ejército anticolonial, anticapitalista y antiimperialista del que parlotea el Presidente no existe en Bolivia. Miembros suyos, entrenados para matar, sí tienen un lugar asegurado en las filas castrenses. La gente del pueblo, en cambio, está convocada a redoblar la guardia ante facinerosos de uniforme que cometieron un “feminicidio” que nos desgarra otra vez.

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