Gobernantes: entre autoritarios y asistencialistas

editorial

Entre las últimas acciones autoritarias de los gobernantes debemos anotar la sugerencia del Ministro de Gobierno para que policías apliquen la “ley de fuga”, para que ejecuten extrajudicialmente a un supuesto sicario (alguien que mata a cambio de una paga).

Esas actitudes autoritarias, frecuentes entre los gobernantes, se mezclan con una persistente conducta asistencialista (paternalista de Estado). Una de éstas es la promesa oficialista que en dos años, mediante la aplicación de programas que se aprobarán en el Palacio Quemado en un año, será desterrada la pobreza extrema del TIPNIS.

El Comandante de la Policía Boliviana, que se “conmovió” hasta las lágrimas en una entrevista televisada luego de tomar posesión del cargo, también ofreció capturar “vivo o muerto” al probable asesino (su esposo) de la periodista Hanalí Huaycho.

Hasta este momento ningún funcionario gubernamental ni el Presidente han desautorizado la convocatoria del Ministro de Gobierno a la ejecución de la “ley de fuga” del presumible sicario-asesino, lo que se puede entender como que los gobernantes respaldan lo que sería una línea punitiva del funcionario gubernamental que tiene entre sus tareas cuidar la seguridad de los que vivimos en Bolivia, incluidos los posibles delincuentes y los reos rematados.

El pedido del Ministro de Gobierno, que es abogado y la promesa del Comandante de la Policía, son una convocatoria expresa a que policías y/o funcionarios de seguridad, como los agentes encubiertos, violen el derecho humano principalísimo: el derecho a la vida.

¿Cómo interpretar, cómo entender ese llamado autoritario de esos funcionarios del denominado Estado plurinacional?

Pretenden mostrar que los gobernantes (esta vez omiten que las instrucciones o la venia son del Presidente-candidato a la segunda reelección) ejercerán el poder de esa forma, que utilizarán la fuerza pública, quizá sin límites, que los bolivianos vivamos seguros y sin riesgo de que en un atraco nos despojen de nuestras pertenencias y/o acaben con nuestra existencia. Por esto último, lo probable es que los gobernantes esperen que les agradezcamos, sobre todo en tiempos electorales, a servidores públicos que presuntamente se desviven para que vivamos sin temores ni sobresaltos. Recordemos, por si acaso, que la seguridad de los ciudadanos es una obligación constitucional y legal de los gobernantes, para lo que utilizan nuestros recursos: materiales y humanos.

Además, el anuncio de ejecución de la “ley de fuga” se inscribe en el planteamiento del Vicepresidente boliviano: El Estado (entendamos, el plurinacional, por tanto) no puede perder ninguna de las batallas que libre. Ahora, sólo se nos entregan unas cuantas coordenadas (nos dan pistas), como se dice ahora, para que deduzcamos y entendamos que los gobernantes ganarán la batalla contra los delitos y los delincuentes, en especial, contra los narcotraficantes y los sicarios que casi siempre sirven a los que transforman la coca de recurso natural (alimento, medicamento y ritual), en cocaína, por ejemplo.

Ese pedido del ministro Carlos Romero Bonifaz, además, busca respaldo de la gente. Y según entrevistas realizadas por medios de difusión algunos ciudadanos creen que se debe aplicar la ley de fuga, por lo que esas palabras ligeras (para decir lo menos) tienen que preocuparnos más. El desprecio por la vida entre los funcionarios estatales no debemos tolerar: el pueblo tiene que impedir que se viole el más preciado derecho humano, el de la vida, a pesar de que se dice que se garantiza la seguridad ciudadana.

Hasta este momento, es pálida la condena a la posible aplicación de la “ley de fuga” en Bolivia, como para que sigamos más preocupados.

Lo dicho por el ministro Romero Bonifaz y por el jefe policial Aracena tiene que ayudarnos a entender a cabalidad el tipo de funcionarios del Estado plurinacional que tenemos en funciones. Más aún, debemos esclarecernos: Tenemos un Presidente, de ascendencia indígena que, al parecer, toleraría que agentes estatales maten con protección y también con sueldo mediante.

Hasta este momento sospechamos, con fundamento, que el Presidente toleraría las ejecuciones extralegales porque él asume, también con frecuencia, actitudes autoritarias que resumimos:

El primer mandatario nos avisó que él cree que el Estado boliviano (plurinacional por el nombre) debe ser retirado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque los indígenas de nuestras tierras bajas acudieron a ese organismo del sistema regional para quejarse porque el actual gobierno, básicamente, pretende construir el camino de la discordia, por medio del TIPNIS, lo que acabaría con las riquezas de esa reserva natural y territorio indígenas en poco más de 60 años.

Asimismo, el funcionario gubernamental número uno acaba de asegurar que se estudiará, la expulsión de la Embajada de Estados Unidos de Bolivia y de USAID, la agencia de cooperación del país del norte.

Aunque ese antiimperialismo es meramente declarativo, que merece otras notas periodísticas de nuestra parte, implican poses autoritarias. Decimos como adelanto que ese anuncio autoritario persigue un apoyo ciudadano porque parece antiimperialismo militante lo que, en este caso, son palabras inflamadas. Y sería antiimperialismo real, si iría de la palabra a los hechos, pero es lo que no vemos que llegue. En cambio, es una actitud autoritaria de parte del Presidente que sólo nos avise que tomó la decisión de revisar las relaciones Bolivia-Estados Unidos.

Acabar con la pobreza extrema en el TIPNIS en dos años, aunque en el primero de éstos se aprobarían los planes, es una típica actitud asistencial, paternalista, del Estado plurinacional. Es como si los gobernantes dijeran: nosotros gobernantes ejecutaremos aquella política, sin que los indígenas al menos acompañen esa tarea gubernamental, como en tiempos electorales, es decir, como lo hacen los actuales gobernantes durante sus dos mandatos.

Los indígenas, según las normas vigentes y la jurisprudencia, tienen que definir contenido y forma de los planes económicos y sociales para vencer, en el TIPNIS, la pobreza extrema.

Para nosotros es asistencialista-paternalista que los gobernantes decidan acabar con la pobreza crítica en el TIPNIS sin que los indígenas sean actores de ningún tipo. Eso es como decir: el desarrollo humano que los gobernantes conseguiremos allí no les costará nada, nosotros lo haremos todo.

Además, tenemos fundadas dudas de que la pobreza extrema sea remontada en el TIPNIS con la ejecución de la instructiva presidencial. En esta materia cabe tener en cuenta lo que se repite en distintos lugares bolivianos, sobre lo cotidiano y las acciones gubernativas: Prometer, prometer hasta meter; luego de metido, olvidar lo prometido. Eso parece que dicen y que hacen los gobernantes y que ajustan su comportamiento al dicho reproducido aquí, que tiene un innegable tono grosero, pero que es muy gráfico, por eso lo utilizamos, por lo que pedimos disculpas.

En otra nota y en este espacio señalamos que el crecimiento económico depredador y un parcial desarrollo social que pretenden impulsar los gobernantes en el TIPNIS; el desarrollo regional sin cambiar esencialmente el capitalismo dependiente y atrasado, todavía vigente en Bolivia, no tendría en cuenta los reales intereses de los indígenas de la reserva natural y territorio indígena.

Los dos ejemplos citados nos convencen que el autoritarismo y el asistencialismo gubernamentales, se mezclan y se revuelven, y no son ni serán ninguna síntesis para avanzar en Bolivia contemporánea.