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Acciones antidemocráticas ensucian el proceso de las elecciones subnacionales

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Ante el proceso de las elecciones subnacionales que concluirá el próximo domingo 29, la Asamblea Permanente de los Derechos de La Paz, encabezada por la compañera María Amparo Carvajal Baños, expresa lo siguiente:

1. El presidente Evo Morales, en campaña electoral, con recursos del Estado y del gobierno bolivianos, busca votos para sus candidatos para lo que utiliza la entrega de obras de servicio público, caminatas a pie y en bicicletas, y la influencia del cargo que ejerce. Además, usa su condición de Presidente para cometer, creemos, un delito de coacción electoral, cuando dice que si los alteños quieren más obras deben votar por sus candidatos a la Gobernación de La Paz y por su candidato a la Alcaldía de El Alto. Esa presión, que afecta a los ciudadanos, la mezcla con un pedido para que los electores paceños no abandonen al Presidente y, por tanto, les pide el voto para una candidata a la Gobernación que no informó sobre una segunda administración de un proyecto millonario, dinero que en casi la mitad fue gastado en pasajes y comida. El mismo presidente Morales, en tono paternal, también ha pedido votos para la reelección de Patana, a pesar del rechazo de miles de alteños, a los que ese candidato les ha fallado.

2. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral, TSE (e integrantes de tribunales electorales departamentales) nos han convencido de que es mentira que los bolivianos somos iguales ante la ley, porque ellos aplican la ley electoral de manera tramposa: favorecen a los candidatos oficialistas y ocasionan daños a candidatos de la oposición. El TSE debió esperar que el Tribunal Constitucional Plurinacional atienda la demanda de inconstitucionalidad presentada por UD; sin embargo, el organismo electoral canceló aquella personalidad jurídica en contra de Constitución Política y otras normas.

Como parte de ese comportamiento indecoroso que provoca nauseas, proscriben a la organización ciudadana del Beni, Unidad Demócrata (UD), por lo que los candidatos de ésta y sus electores no participarán, con su sigla, en las elecciones del próximo domingo 29.

Ante esa acción antidemocrática, se debieron suspender las elecciones en Beni hasta reorganizar las elecciones en ese departamento. No se atendió el pedido de suspensión de las elecciones lo que muestra otra acción antidemocrática.

Esa acción de los miembros del TSE, sin embargo, no fue una autodeterminación. Tenemos indicios suficientes para afirmar que la proscripción de UD, ha sido consultada o instruida por el presidente Morales, vía su Ministro de la Presidencia.

3. Dinero del Estado y del gobierno, es decir, dinero de los bolivianos utilizan los gobernantes para apoyar la campaña de los candidatos de las elecciones subnacionales. Lo más probable es que nunca se sepa cuánto cuesta a los bolivianos la campaña electoral de los candidatos oficialistas en las elecciones del próximo domingo 29, pero suponemos que ese dinero, mejor gastado, serviría para mejorar los servicios de salud y de educación del país.

4. A los gastos de dinero del Estado y del gobierno, para influir en los electores, se agregan las presiones ejercidas por funcionarios estatales y gubernamentales para meter miedo a los electores, para anular el derecho a la elección de éstos y conseguir que voten por los candidatos oficialistas.

Otra vez se complementan mucho dinero de los bolivianos y mucho temor ejercido sobre los electores por funcionarios del Estado y del gobierno, con lo que tratan de imponer un comportamiento electoral que beneficie a los gobernantes y a sus candidatos. 

A pesar de las acciones antidemocráticas anotadas, los miembros de la APDHLP, confiamos en que la gente del pueblo evitará extravíos impuestos y votará por sí misma, por sus intereses, es decir, por los candidatos que representen y defiendan los verdaderos intereses de las regiones, del pueblo y del país.

Las medidas antidemocráticas señaladas dañan el estado de derecho. Ante esa situación recordamos lo que dice uno de los preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Se considera "esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la represión."

La Paz, 24 de marzo de 2015.

María Amparo Carvajal Baños

Presidenta 

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