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Situación crítica de la niñez y adolescencia en centros, hogares e institutos del SEDEGES

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Por: Cecilio Condori Calderón

La gestión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES, vulnera los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran albergados en sus centros, hogares e institutos.

El SEDEGES tiene bajo su tuición varios hogares que atienden a niños, niñas adolescentes y jóvenes con diferentes problemáticas: personas con discapacidad, grupos de riesgo social, adolescentes infractoras de la ley, niños y niñas abandonas y víctimas de violencia, etc.

En la página web del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz se muestra el objetivo del SEDEGES que es el de “Coadyuvar, en la prevención, protección y restitución, de los derechos de grupos género-generacionales y personas con discapacidad, que reciben atención integral (salud, educación, psicología, social, nutricional y albergue) en centros, hogares, institutos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social, a través de procesos de fortalecimiento multidisciplinario, con la implementación de programas y proyectos, dentro del marco de la inclusión social en el departamento de La Paz”.

En la atención integral que debería tener la población atendida se encuentran falencias que son de conocimiento público, siendo las más notorias en las áreas de salud, educación y nutrición, lo que va en contra a su atención integral.

En relación a la alimentación, por muchos años la beca alimenticia de la población atendido por el SEDEGES de La Paz fue de Bs5 por día, para el año 2013 subió a Bs7. (Según la Memoria de Aldeas Infantiles SOS el valor aproximado fue de Bs7,21 por día) y en la actualidad apenas alcanza a Bs10, siendo una de las asignaciones más bajas de Bolivia. Un ejiemplo: el SEDEGES de Potosí asigna, para la gestión 2015, la ración alimenticia diaria es de Bs20.

En la parte educativa existen, al interior de los centros del SEDEGES, varios establecimientos de Educación Especial que dependen de la Dirección Departamental de Educación, como ser: Instituto de Adaptación Infantil (IDAI), Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI), Instituto Erick Boulter; las unidades educativas: “21 de Septiembre”, “11 de Octubre” y “Virgen de Fátima”. Estos establecimientos educativos en lugar de ser atendidos adecuadamente, en aspectos como dotación de materiales escolares o ambientes apropiados para el trabajo educativo, son obstaculizados en su trabajo porque el SEDEGES toma atribuciones que no le corresponde en la parte educativa. Como producto de esa injerencia se cerraron, en pasadas gestiones, por lo menos dos establecimientos: El Centro Custodio Villa Victoria que atendía a personas adultas con discapacidad intelectual, y la unidad educativa “Hogar La Paz”, que daba atención en el nivel primario a niñas y niños que eran remitidos por las defensorías y juzgados de la niñez y adolescencia al Hogar “José Soria”.

La atención en salud también muestra debilidades. La comisión interinstitucional, encabezada por la ministra de Justicia Sandra Gutiérrez que realizo inspecciones a los hogares del SEDEGES, encontró “a primera vista” medicamentos vencidos para la atención a las niños y niñas internos; además de condiciones precarias de algunas instalaciones. Por otra parte, la mínima dieta alimenticia que se tiene, no permite que los bebés, niñas, niños y adolescentes tengan una adecuada alimentación, lo que afecta también al rendimiento escolar. Un caso dramático de la atención en salud que se tiene en estos hogares fueron las condiciones en que el bebé Alexander salió del Hogar “Virgen de Fátima”, situación que a la fecha no es esclarecida.

En ese marco, los funcionarios que trabajan en las oficinas centrales del SEDEGES, como el personal de sus hogares, nunca hicieron pública una protesta o denuncia para que se les aumente la beca alimentaria a la población atendida, o para que tengan una adecuada atención en salud con medicamentos que no estén caducados, o para impedir que se cierren las unidades educativas que funcionan en el interior de estos hogares. Todos estos funcionarios más bien acatan silenciosamente las instrucciones del SEDEGES, siendo cómplices de la política de austeridad que el Gobierno Autónomo de La Paz tiene para la niñez y adolescencia del departamento.

La dramática situación mostrada evidencia que los funcionarios del SEDEGES no pueden constituirse en padres o tutores de aquellos niños, niñas y adolescentes que, eventualmente, llegan a estar en sus hogares, por lo que se hace necesario crear una comisión externa conformada con instituciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, que hagan control y seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos elementales de esta población vulnerable, discapacitada y en riesgo social.

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