La tortura en Bolivia y la responsabilidad del Estado

Redacción AquíCom

(AquíCom/25/05/14) Sofía Quispe fue torturada por efectivos de la Policía Boliviana. La noche en que fue detenida, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), luego de golpearla con severidad,  simularon lanzarla bajo las ruedas de un vehículo que venía a toda velocidad para que “confiese” su participación e incrimine a su esposo en las muertes de tres uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta y un médico en la región de Apolo (LP-20-10-13). Su calvario no concluyó ahí. La tortura continuó en celdas de la FELCC, según denuncias, bajo la mirada atenta del fiscal de turno.

Ese tipo de actos que degradan la condición humana son moneda corriente en la institución verde olivo, y que un fiscal presencie y avale estos actos, tampoco es novedad. Ya el ITEI (Instituto Contra la Tortura) denunció hechos similares en meses pasados, pero lo más lamentable es que estos hechos quedan en la impunidad.

El llamado proceso de cambio jamás llegó a la entidad policial y mucho menos a la institución castrense, que mantiene una práctica sostenida de tortura bajo el pretexto de instrucción militar.

Las prácticas y técnicas utilizadas por la policía de investigaciones en décadas pasadas se mantienen. Ni las “clamorosas” declaraciones del Vicepresidente Álvaro García de no permitir la tortura, ya que él también fue víctima de este flagelo, hizo mella.

Es oportuno, asimismo, recordar que el actual presidente del Senado, Eugenio Rojas, hace un tiempo, dijo que es necesario torturar a detenidos para arrancarles “confesiones”.

Lo cierto es que al gobierno de turno no le conviene normar este delito mediante una ley específica, que sancione de forma drástica la práctica de la tortura, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas, sus principales aliados, son los que más cometen esos actos execrable.

La indiferencia del gobierno actual ante la necesidad de normar la tortura, con una ley específica, exigida desde 2007 por la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se mantiene, se supone, para no afectar a sus aliados. El actual Código Penal (también llamado Código Banzer y que es una copia del Código Penal italiano del tiempo del fascista Benito Mussolini) considera la tortura como un delito menor y lo sanciona, como máximo, con 10 años de cárcel en caso de muerte de la persona investigada. Pero igual, no se cumple.

Las autoridades de gobierno, en este tema, entran en la vieja práctica de no hacer y no dejar hacer. Se han dado a la tarea de socavar y oponerse a cualquier iniciativa particular que intente proponer un proyecto de ley al respecto, como ocurrió con el presentado por el ITEI que, desde el 2011, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Fue archivado un año después de presentado porque a Marianela Paco, presidencia de esa instancia legislativa, se le “olvidó” viabilizarlo para su tratamiento. Desde entonces el Ministerio de Justicia comprometió la elaboración de un nuevo proyecto de ley “más equilibrado”, incluso funcionarios de esa repartición dijeron que ya estaba concluido, pero hasta la fecha no fue  presentado a la mencionada comisión.

Las proclamas de “un gobierno que respeta los derechos humanos” como su “divisa suprema”, como reiteró el Procurador del Estado, suenan falsas ante nuevos casos de tortura. La defensa de los derechos humanos, y en particular contra la tortura, no está vigente, fue embargada por un compromiso que antes debe cumplir el gobierno con las FFAA y la Policía (AquíCom/25/05/14).