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El pacto entre gobernantes y empresarios ¿a quiénes sirve?

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Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (183)

Quiero socios y no patrones, dicha a título personal, fue una frase que reiteró el Presidente, aunque en este último tiempo la dijo menos, acaso porque ahora tiene a una parte fundamental de los empresarios como socios políticos suyos con los que ya emprende tareas económicas por acción u omisión. Y no se trata de empresarios de izquierda comprometidos con los cambios de este tiempo sino de personas que ganan doble y triple, durante el actual gobierno, según confesión del Vicepresidente. Aquí tratamos de mostrar esa alianza y sus resultados visibles:

 

En medio de tensiones (llamémoslas destructivas), el primer acuerdo descubierto en sus metas reales, con demora, quizá porque nos encontrábamos encandilados con el proceso, se produjo para aprobar el borrador de Constitución Política, tanto fuera de la Asamblea Constituyente, como en el viejo Parlamento, el que funcionó también como asamblea constituyente, precisamente, como consecuencia de ese acuerdo político.

La decisión de que nadie debe poseer más de 5.000 hectáreas de tierra agrícola y la resolución de que la Ley Fundamental debe regir para lo venidero, a partir de su aprobación y promulgación —con lo que se suprimió la retroactividad de la ley suprema—, sirvió para encubrir los latifundios y empresas mayores en extensión a la superficie citada.

La suspensión por cinco años de la constatación de que esas extensiones de tierra cumplen o no una función económica y social, la postergación del saneamiento de tierras por igual período (en la región guaraní también se aplaza el saneamiento por alguna sinrazón inexplicada), así como la prohibición de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO), son nuevas "políticas", recientes concesiones a los dueños de grandes extensiones de tierras agropecuarias.

A pesar de los alcances de la reconducción comunitaria, una especie de reforma agraria complementaria, de acuerdo a un estudio de la Fundación Tierra, cuya calidad de sus investigaciones son un aval suficiente, los empresarios de este sector consolidarán 20 millones de hectáreas (diez veces la extensión del TIPNIS), en propiedad individual; en tanto que a los indígenas, aunque con atraso se les reconoce el territorio o el derecho a reconstituirlo, sobre la base de reservas naturales y/o de tierras fiscales.

Para los que tengan dudas sobre los favores gubernamentales a los empresarios del agro, tengan en cuenta la queja de los agricultores pequeños y medianos de San Julián y Cuatro Cañadas que dan cuenta de que la ministra de Desarrollo Agropecuario beneficia a los latifundistas y perjudica a los pobladores de esa región. Tal vez para eso funcionan (o funcionaron) dos INRA: el legal y el "trucho", con el apoyo y/o la tolerancia de aquella ministra.

Son empresarios brasileños (también hay argentinos y colombianos), los que poseen un millón de hectáreas en Santa Cruz, a lo que la Fundación Tierra, en una investigación, denomina "extranjerización"; tierras adquiridas en un mercado capitalista que sigue funcionando más allá de las políticas formalmente reformadoras o revolucionarias de las que hablan los gobernantes.

Con los banqueros, los gobernantes mantienen una alianza tácita. Aunque esos empresarios digan lo contrario, durante el actual gobierno hacen negocios más rentables que en el pasado inmediato. Esos grupos económicos prefieren callar, pero no hay dudas de que apuestan por el gobierno en funciones, aunque tengan undiscurso que los ubica como una clase social con un comportamiento antagónico a los gobernantes.

El Presidente dijo hace poco que los bancos en nuestro país tienen tanto dinero que el gobierno debía conseguir créditos de esas instituciones. Ese deseo, así haya sido pasajero, proclamado como fue, habla del inmejorable momento que viven ahora los banqueros.

En la rama de los hidrocarburos es en la que el Presidente no puede ocultar los socios que tiene, a pesar de que al mismo tiempo esos capitalistas son también patrones.

Es ese sector el que retoma el control de la economía hidrocarburífera. Entendidos hablan del "reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia" o que esas empresas transnacionales juegan un papel decisivo en la economía de nuestro país.

Petrobras, que es la más poderosa entre las transnacionales petroleras, es una empresa mixta en la que en este momento el 51 por ciento de las acciones pertenecen a empresarios privados y el 49 por ciento al Estado brasilero. Incluso antes de su modificación accionaria, Petrobras se comportaba como una empresa voraz, sin que cuente muy poco o nada el capital estatal en ella.

Cuando el Presidente hace campaña para que el camino de la discordia rompa en dos el TIPNIS, avisa que busca servir con esa obra a las transnacionales que operan en Brasil, en una especie de subimperialismo para que por esa vía esas compañías trasladen sus mercancías hacia el océano Pacífico. Los empresarios criollos, beneficiarios de la carretera, serían: ganaderos madereros, petroleros, comerciantes, transportistas, cocaleros, colonizadores, campesinos que quieren más tierras en propiedad individual y concedidas a título gratuito, pero a costa de los bosques y no de los latifundistas improductivos, como debía ser.

Empresas transnacionales, como Sumitomo, que operan aquí, ocasionan estragos ambientales, por el consumo desmedido de agua, pero a cambio esa compañía paga menos de 60 millones como impuestos. Corporación que tiene seguridad jurídica y no se siente amenazada a pesar de que el nuevo Ministro de Minería dijo que el pueblo quiere que San Cristóbal sea nacionalizada.

El Consejo Económico y Social, integrado por gobernantes, movimientos sociales y empresarios es la expresión orgánica del acuerdo al que se refiere esta nota. Ese organismo tiene un estatuto, estructura y quizá reglamento, los que tenemos derecho a conocer, pero la discreción sobre la materia podría ocultar políticas dañinas al pueblo y al país.

Los empresarios, en ese organismo, han dicho que ellos presentarán un proyecto de ley de inversiones, en el camino de la seguridad jurídica que demandan del Estado, por lo que podemos advertir que ante todo estarán contemplados en ese texto los intereses egoístas de los grupos de poder económico, antes que los del pueblo, de las regiones y de Bolivia.

Subrayamos que el gobierno de los pequeños y medianos propietarios tiene una alianza con los empresarios y éstos con las transnacionales, sobre todo, con las que se alojan en Brasil.

El pueblo en todos los escenarios en los que se mueva y aun en los que carezca de dominio debe librar una sostenida discusión con vistas al esclarecimiento sobre el pacto gobierno-empresarios y acerca de su proyección posible.

Tenemos que conocer muy bien a los socios del Presidente para desenmascarar al gobierno que se cree del pueblo. ¡Cuidado! Ocurre algo insólito: el gato cuida la carnicería. Y del pacto gobernantes-empresarios éstos ganarán a costa del pueblo. No hay dónde perderse.

La Paz, 25 de febrero de 2012.

*Periodista

 

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