Represión política es el proceso contra dirigentes de suboficiales y sargentos

De sábado a sábado 311

Remberto Cárdenas Morales*

El tribunal castrense que procesa, indebidamente, a dirigentes de suboficiales y sargentos que plantearon la descolonización de las Fuerzas Armadas bolivianas, luego de varios incidentes dentro del caso, han resuelto continuar el proceso por sedición, entre otros cargos.

Según el abogado de los dirigentes de los uniformados de baja graduación, actualmente detenidos y procesados, cinco demandas de acción de libertad presentadas por sus defendidos han sido rechazadas por un tribunal militar, resoluciones que contradicen el artículo 125 de la Constitución Política del Estado,[1] el que constituye una garantía para todos los bolivianos y residentes en nuestro país la que, en este caso, se niega a los suboficiales Johnny Gil Leniz, Freddy Sucojayo y Franklin Colque.

Entendidos en derecho y en la que se denomina justicia militar aseguran que normas que aplican los jueces militares (incluido un fiscal) no están en vigencia y, además, otras no fueron readecuadas y/o compatibilizadas con la Ley Fundamental, a pesar del tiempo transcurrido desde que el más importante instrumento legal boliviano entró en vigencia, en febrero de 2009.

Tres suboficiales, enjuiciados por tribunales castrenses, están detenidos en cuarteles lo que, de acuerdo al profesional abogado que patrocina el caso, esos no son lugares de reclusión, de acuerdo a la ley, por lo que también por ese importante detalle, a más de injusta, es ilegal esa detención.

Los uniformados que juzgan indebidamente a los citados suboficiales, aseguran que los encausados podrían obstaculizar la investigación y que fugarían.

El Ministro de Defensa, como si fuera un fiscal, en declaraciones a medios de difusión, más de una vez, instruyó aquellos procesos contra dirigentes de suboficiales y sargentos, alzados en abril de este año. Se supone que, por tanto, aquel proceso indebido compromete a los gobernantes, sin excepción que valga y, específicamente, un hecho de esa magnitud con certeza de que ha sido ordenado o cuando menos que es tolerado por el Presidente boliviano.

Suboficiales y sargentos, de las tres armas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), demandaron la descolonización de las Fuerzas Armadas y, como parte de ella, que cese la discriminación a ese personal subalterno y a sus familiares; que la atención de salud sea igualitaria para todos los uniformados y los afiliados al seguro de salud militar (COSSMIL); que se garantice el acceso a la vivienda, también a los uniformados de baja graduación; que los hijos de éstos concurran a escuelas y colegios, en los que estudian descendientes de oficiales y jefes; que suboficiales y sargentos se formen profesionalmente en institutos castrenses y en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) o universidad militar, con los derechos reconocidos para oficiales y jefes y que aquéllos asciendan a todos los grados militares, según su capacidad demostrada durante la carrera de las armas.

La descolonización de las Fuerzas Armadas, elemento esencial de la demanda de suboficiales y sargentos, debemos entenderla como la supresión de los privilegios reconocidos a oficiales y jefes de esa institución y, sobre todo, la liquidación de ideas, políticas, prácticas, técnicas, actitudes heredadas y/o asumidas, en las filas castrenses bolivianas, de los militares yanquis y de otras fuerzas armadas, como de Argentina y/o Brasil. Dicho de otro modo, que las FF.AA. bolivianas abandonen todo cuando prevalezca, en ellas, del falso convencimiento de que el enemigo interno suyo es el pueblo. Evo Morales incluso, en ocasión de un desfile militar, realizado en Oruro, dijo que las Fuerzas Armadas bolivianas debían elaborar una nueva doctrina militar que acabe con el pasado del “ejército masacrador” de mineros, campesinos, cocaleros y otros bolivianos.

La descolonización de las Fuerzas Armadas bolivianas, se podría entender, asimismo, como una reforma de la institución castrense, camino hacia nuevas fuerzas armadas, lo que sería posible, creemos, en las condiciones de una verdadera revolución democrática, popular, antiimperialista.

Y a pesar de las afirmaciones del presidente Morales de que el Ejército boliviano es anticolonial y antiimperialista desde la Batalla de Aroma (1810), de la lucha destinada a desterrar el colonialismo español, las Fuerzas Armadas bolivianas siguen siendo las viejas fuerzas armadas que tuvieron como misión garantizar el funcionamiento del viejo Estado burgués, atrasado y dependiente.

Esa vieja composición de las FF.AA. bolivianas, los comandantes, oficiales y jefes, así como la anquilosada estructura de aquéllas determinaron que el movimiento de suboficiales y sargentos (con reuniones en las calles, marchas realizadas por el centro de La Paz, vigilias y consignas), mostraron lo avanzado de su lucha y cierta radicalidad de ésta. Sin embargo, según declaraciones de los voceros de ese movimiento, éste fue netamente reivindicativo que, expresamente, reconoció la autoridad del presidente Juan Evo Morales Ayma y, también que ese accionar no pretendió, en ningún momento, derribar a su Capitán General, es decir, al presidente Morales.

El Presidente y los gobernantes (si éstos tuvieron algún pito que tocar en este caso) han preferido y prefieren congraciarse con los oficiales y jefes castrenses, aunque no lo declaren expresamente.

Una de las voces cantantes de los oficiales de baja graduación, en una entrevista publicada por el diario paceño Página Siete, ha dicho que los gobernantes conocieron, oportunamente, el porqué del movimiento que planteó, quizá con menos fuerza de la esperada por los más radicales de nuestro país, la descolonización de las FF.AA.

Una huelga de hambre sostenida hasta que se agotaron las fuerzas de los familiares de los suboficiales reprimidos no consiguió, al menos hasta este momento, ni la libertad de sus familiares ni que concluya y se archive, por tanto, el proceso indebido que le siguen.

Ese proceso indebido busca resultados políticos, básicamente: meter miedo a los uniformados (suboficiales y sargentos, especialmente); mostrar que los gobernantes, el Jefazo sobre todo, no permitirán ni deliberación ni movimiento militar reivindicativo, al que califican como motín o inicio de éste; que, en las FF.AA. bolivianas, el ordeno y mando continúan o que la “subordinación y constancia” gozan de buena salud.

Un típico ejemplo de represión política, semejante a lo ocurrido durante las dictaduras militares y fascistas, en Bolivia y en Nuestra América, fue el espionaje (sí espionaje), seguimiento, persecución y apresamiento (por dos horas), mejor dicho secuestro, del suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana, Richard Mayta, la semana pasada en La Paz. 18 efectivos de la Policía Militar participaron de ese operativo, contra un uniformado al que, además, dieron de baja, es decir, ya fue sancionado sin proceso alguno.

Para nosotros, lo dicho en esta nota, es una nueva demostración de que las FF.AA bolivianas son, esencialmente, las mismas que cuidaron la seguridad del movimientismo que toleró la reorganización de aquéllas a imagen y semejanza del Ejército yanqui; las que en tiempos de las dictaduras fascistas y narcofascistas definieron y reprimieron al pueblo como a un “enemigo interno”; las que custodiaron a los regímenes neoliberales y las que siguen en similares funciones, ahora, aunque con afeites que en nada alteran la esencia de unas fuerzas armadas que tienen como misión la seguridad interior y exterior del Estado llamado plurinacional el que, para nosotros, no es el Estado integral, del que escribió el teórico y dirigente político italiano Gramsci, y del que parlotea, insustancialmente, el Vicepresidente boliviano.

Resumidamente reiteramos que los gobernantes han instruido represión política, contra los cabecillas de las acciones destinadas a conseguir la descolonización de las FF.AA., para lo que esta vez utilizan tribunales castrenses.

La Paz, 2 de septiembre de 2014.