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Avanza el control gubernamental y estatal de la palabra en Bolivia

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De sábado a sábado (296)

Remberto Cárdenas Morales*

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica, San José, Costa Rica (1969), que es Ley de Bolivia desde el 11 de febrero de 1993, en su artículo 13 dispone:

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” [1]

La Constitución Política del Estado (CPE) dispone que los bolivianos y quienes vivan en Bolivia sin ser oriundos de esta tierra tienen derecho, individual y colectivamente, a informar, comunicar, opinar e interpretar.

Sin embargo, otra cosa es con guitarra, decimos también nosotros. Como ayer, ahora, en la mayoría de los medios de difusión hay censura, autocensura, medias verdades, manipulación, mentiras (se mata a la verdad o al menos se lo intenta).

En la mayoría de los medios de difusión aquella práctica era de todos los días. Y se lo hacía de acuerdo a los intereses de los dueños de esos medios. La mayoría de esos medios, aunque se lo negaba y se lo niega en estudios, informes, debates, conversatorios y otros, eran “intelectuales colectivos” —nos prestamos el término del primer director de El País de España—, voceros de los empresarios y/o de las transnacionales de la información.

Esa es una de la formas, la más importante, de la participación de esos medios y, sobre todo de sus dueños, de la actividad política e ideológica. Al mismo tiempo, esos medios defendían (y defienden) intereses materiales ¿Qué hay lejos de los intereses de las clases sociales, como en nuestro país?

La mayoría de los medios de difusión, asimismo, enfrentaron las reformas de este tiempo, a los gobernantes y, en especial, al Presidente. Por eso éste y los funcionarios de su gobierno definían, a los medios de difusión, como a los únicos o como a los enemigos suyos más activos porque, añadían, la derecha opositora había sido derrotada, especialmente, en la llamada media luna y se tomaba como una referencia de esa derrota la masacre de campesinos e indígenas en Porvenir (Pando).

En este último tiempo, de acuerdo al presidente Morales, el 80 por ciento de esos medios son amigos de los gobernantes y de él, sobre todo.

En esos medios de difusión, actualmente amigos de los gobernantes, también se ejerce la censura, la autocensura, las medias verdades, la manipulación y se miente. No es una exageración decir que desde esos medios se difunde mentiras de Estado y de gobierno de manera permanente.

Esa lamentable labor en algunos medios (como el diario gubernamental Cambio) se la hace burdamente, sin imaginación. En otros, como el matutino La Razón, su directora y editores simulan para ocultar que no son oficialistas, pero les sale mal esa postura porque en sus páginas cuando menos amplifican la palabra de los gobernantes.

Los gobernantes, ante la libertad de expresión, formalmente la reconocen y hasta recuerdan la legislación y las normas constitucionales que la garantizan. Con alguna mesura, en ocasión del Día Internacional del derecho a la libertad de expresión y de prensa (no de empresa), han reiterado que en nuestro país se respeta la libertad de expresión (y de pensamiento también, preguntamos nosotros).

Sin embargo, dos funcionarios del Ministerio de Comunicación, el viceministro Sebastián Michel, y el secretario de medios, Idón Chivi, difundieron dos lindezas que debemos anotar para no olvidar. El primero dijo que lo que diferentes organizaciones y periodistas ven como limitaciones al acceso a la información pública y, por tanto, a la transparencia, en el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública —aprobado por los diputados en grande— es algo que ya se hacía en los medios de difusión del gobierno y del Estado. El segundo, en una reunión antiimperialista (de Cochabamba) dijo que a los gobernantes les correspondía controlar la libre expresión y no debía hacerlo la UNESCO, como lo hace ese organismo internacional, según ese funcionario.

Los últimos días, desde el Palacio de Gobierno y desde instancias estatales, como los comandantes de las Fuerzas Armadas, en vez de dialogar y/o difundir ideas, responden que en la institución armada no hay colonialismo y que desde 2006 ésta no depende de ningún organismo internacional.

No obstante, a la idea de descolonización de las FF.AA., propuesta como una necesidad insoslayable de suboficiales y sargentos, el discurso oficial repite frases gastadas destinados a burlar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de ese personal subalterno de los organismos castrenses. Se limitan a decir que en las instancias armadas no se delibera, que se obedece a los superiores en grado; que debe reforzarse la disciplina entre los uniformados; que la participación de suboficiales y sargentos, en acciones callejeras, ponen en riesgo la democracia; que suboficiales y sargentos deben pedir, por conducto regular, hablar con el Presidente; que los uniformados que deliberan (discuten) problemas del país son un riesgo para la sociedad boliviana; que las normas y la Constitución Política del Estado no autorizan la discusión que buscan los militares de baja graduación. Debate que buscaría conseguir la modificación de la Ley Orgánica de las FF.AA. en vigencia y para que ésta ponga punto final a la discriminación y los privilegios entre los uniformados; para que suboficiales y sargentos accedan a los institutos castrenses de modo que consigan los grados académicos a los que ahora sólo oficiales y jefes militares tienen derecho; un derecho excluyente que ahora se discute.

Dos ejemplos demostrativos de que en medios de difusión, amigos del Presidente y de su gobierno, no se respeta la libertad de pensamiento y de expresión, son los que siguen:

—Un editor y presentador de noticias de PAT, en La Paz, renunció debido a que en ese canal cambió de línea informativa (y de opinión, en cierto modo, añadimos). Su salida se la  presentó como si se tratara sólo de una renuncia, pero ésta fue el resultado de presiones. Sin embargo, sabemos que ese colega (propietario de una radioemisora en Beni), disentía con los cambios de ese canal del que, según el libro Control remoto —que alcanza su quinta edición con ayuda de una Ministra y de un vocero oficioso del oficialismo— los gobernantes se apropiaron gratis.

—Otro trabajador de Gigavisión, también “renunció” por diferencias con la forma y el contenido de la información actual de ese medio. Recordemos que uno de sus dueños fue elegido constituyente en las listas del MAS, representación que abandonó por discrepancias con los oficialistas que dirigían el trabajo de la mayoría de los constituyentes masistas o promasistas.

El Código de Ética de los periodistas bolivianos, en coincidencia con documentos similares de otras organizaciones de estos profesionales, establece la que se denomina “cláusula de conciencia” la que quiere decir que, cuando hay cambio de línea informativa en un medio y esa alteración alguien no la comparte, puede renunciar a ese trabajo, a cambio de lo cual se le debe pagar sus beneficios sociales y los dueños del medio deben abstenerse de represalias por ese hecho. Ojalá que eso haya ocurrido en los dos casos referidos aquí: los  de PAT y de Gigavisión.

En ocasiones en las que se festeja el Día de la Libertad de Expresión y de Prensa, también se suele hablar, entre nosotros, de la independencia de los medios de difusión, concretamente, del diario paceño Página Siete, según su ex director: Raúl Peñaranda Undurraga). Admitimos que este diario sea independiente respecto del gobierno y del Estado, empero, es dependiente de sus dueños. Es que la independencia de los medios de difusión es una de las falsedades que todavía se divulgan.

Reiteramos un convencimiento que lo confirmamos cada vez: los gobernantes respetan formalmente la libertad de expresión y de prensa, pero dan pasos con botas de siete leguas para controlar la propagación de la palabra en Bolivia. Dicho de otro modo: la mayoría de los medios de difusión en nuestro país, sus dueños y editores, como antes, censuran, autocensuran, dicen medias verdades, manipulan y mienten (matan a la verdad o lo intentan). Esto ocurre, especialmente, cuando se acentúa la lucha de clases. Ahora, se lo hace para difundir o callar el discurso de los gobernantes, del Jefazo, especialmente.

La Paz, 3 de mayo de 2014.

*Periodista


[1]Ese artículo, además, dispone:

“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”

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