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El Estado plurinacional custodia latifundios en Santa Cruz

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De sábado a sábado (276)

Remberto Cárdenas Morales*

Con furia, los dos principales mandatarios, proponen que se apruebe una ley que sancione a los campesinos sin tierra o a los traficantes de este recurso natural, incluso propusieron que a los avasalladores no se les conceda tierras fiscales.

El Presidente y el Vicepresidente, que siguen diciendo que su gobierno es de los movimientos sociales, proponen nuevos tipos penales para evitar o al menos reducir los avasallamientos. A los actores de la ocupación de los predios agrícolas, especialmente en Santa Cruz, sin investigación creíble, se los define como a casi o como a delincuentes.

Los empresarios afectados reclaman seguridad jurídica y que se penalice todo ocupación arbitraria de sus tierras. Uno de los voceros de los productores de oleaginosas ha pedido a los gobernantes que publiquen los nombres de los avasalladores y, en especial, se ponga en evidencia a los que consideran “altos” funcionarios del gobierno, que estarían implicados en esos avasallamientos.

Sobre los actores de esa ocupación de tierras al margen de las normas, el presidente Morales admitió hace horas que aquéllos toman su nombre, el del Vicepresidente y de ministros para cometer lo que denominan fechorías.

Nosotros hemos sido informados de que en diferentes momentos (y sospechamos que ahora también), militantes del MAS, con el argumento de que ellos son parte de la lucha de los sin tierra y que deben encabezar el accionar de éstos, varias veces han participado del denominado avasallamiento de tierras. Un empresario cruceño informó, hace más de una semana, que los predios ocupados son 72, aunque también se habló de que son 80.

Defensores de los derechos humanos de Santa Cruz recogieron evidencias de que las tierras de los curas salesianos de Muyurina, cerca de Montero, fueron ocupadas por campesinos que alegaron que tenían necesidad de esos predios para hacerlos producir, entre los que participaron militantes del MAS.

Pradel, el dirigente cocalero del Polígono Siete, ahora una extensión del Chapare, amenazó con tomar las tierras de la Iglesia Católica, ubicadas en el TIPNIS, las que son parte de la obra pastoral suya, según un obispo de la Conferencia Episcopal. Esa amenaza, sin embargo, hasta donde se sabe, no mereció comentario ninguno de los gobernantes.

Lo que ahora es Polígono Siete, integró el TIPNIS y la ocupación de los colonizadores-cocaleros viene desde 1990, año en el que se realizó la primera marcha indígena por el territorio y la dignidad. Recordemos que una de las “conquistas” de esa primera marcha fue la que se denominó línea roja, imaginaria, la que debió separar el Chapare del TIPNIS. Poco antes de ese año, cocaleros y narcotraficantes, empezaron la invasión a esa parte de la reserva natural y territorio indígena, ahora llamado Polígono 7. Allí, un grupo de indígenas de Santísima Trinidad son convertidos en asalariados, por los colonizadores-cocaleros; indígenas que han renunciado a la propiedad colectiva sobre lo que fue su territorio.

Jamás debemos olvidar, asimismo, que los colonizadores-cocaleros, ahora establecidos en el Chapare, están allí luego de echar a los yuracarés, los que sí fueron dueños originarios de ese territorio. Ese pueblo indígena ahora vive en el TIPNIS, entre los ríos Isiboro y Sécure, precisamente porque fueron avasallaos y despojados de su territorio ancestral.

El ingreso silencioso de colonizadores espontáneos a la reserva del Choré y del Surutú (ambos en el departamento de Santa Cruz), es otro ejemplo de avasallamiento. Éste empezó hace años, pero los actuales gobernantes parece que ni siquiera están informados, adecuadamente, de esas ocupaciones ilegales e ilegítimas.

El diputado Garvizu, de Yapacaní, anunció que presentará un proyecto de ley para convertir a reservas forestales de la región en áreas para la agricultura. Y aunque ese propósito ha sido mostrado como dañino a los intereses regionales, populares y plurinacionales, ese parlamentario dice que busca agrandar la superficie cultivable, sin considerar la vocación de los suelos o la suerte de los bosques.

Los gobernantes, hasta donde se sabe, no investigan causas, efectos y destinos de los avasallamientos de predios denunciados especialmente en Santa Cruz y ya sugieren medidas que afectan ya a personas que sí no deben tener tierra.

Los gobernantes, que les creen a sus nuevos aliados, empresarios cruceños, están empeñados en proteger, preferentemente, latifundios en esa región del país. Hace tiempo que han dado pasos en esa dirección: han concedido mediante una ley cuatro años más para el saneamiento de tierras en Bolivia, lo que dará tiempo suficiente a los empresarios agrícolas para que conviertan sus predios improductivos en otros con ganado y con cultivos.

Se sabe, también, que en Santa Cruz en vez de dotar de más tierras, porque las requieren, a colonizadores de Cuatro Cañadas y San Julián, los gobernantes prefieren conceder más predios a empresarios agropecuarios, a título gratuito y en propiedad individual.

Abogados que defienden los derechos humanos en la región orientan del país, informaron hace poco que dos verdaderos campesinos productores por cuenta propia y que poseían cien hectáreas de tierras cada uno han sido despojados de ellas por orden de autoridades del área y en ese período han sido consolidados latifundios incluso de más de 5.000 hectáreas, los que están prohibidas por la Constitución Política.

Conocemos hechos y dichos que nos ayudan a sostener que los gobernantes tienen como prioridad proteger los latifundios de sus nuevos aliados: empresarios cruceños.

Un ejemplo más: En el Parque Nacional Mallasa, cerca del Zoológico y a menos de 30 kilómetros del centro paceño, un grupo de “comunarios”, que alega tener derecho, ha ocupado parte de ese Parque, de todos los bolivianos, y allí construyen casas de campo, pese al reclamo de las autoridades municipales y ante la tolerancia de los gobernantes.

Las necesidades electorales del Presidente-candidato llevan a los gobernantes a servir a los empresarios. Y para los que tengan dudas sobre esa alianza transcribimos lo dicho, para el diario Cambio (LP-03-12-13), por el diputado Garvizu:

“Nuestro crecimiento es orgánico y sostenido. El apoyo que el presidente Morales tiene llega al 58 por ciento. En Santa Cruz al proceso de cambio se suman los pequeños y medianos empresarios y hasta industriales de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente). Tampoco podemos olvidar a los empresarios transportistas, constructores y comerciantes”.

Entre esos empresarios, aliados del Presidente-candidato, hay militantes de la derecha cruceña. Ni más ni menos.

La Paz, 7 de diciembre de 2013.

*Periodista

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