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Las acciones ilegales de los gobernantes merecen nuestro rechazo

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De sábado a sábado (269)

Remberto Cárdenas Morales*

Con una frecuencia que todavía nos sorprende, los gobernantes, el Presidente en primer término, incurren en actos ilegales, los que son presentados por voceros y medios de difusión a su servicio como si ése fuera un accionar ajustado a la Constitución Política del Estado, la nueva, así como a otras normas.

Los últimos días el Presidente ha dicho que intercedió, ante el Fiscal General de Bolivia, para que los hinchas del club de fútbol de Brasil, Corinthians, sean liberados, pese a que eran sospechosos de lanzar una bengala que hirió de muerte a un hincha boliviano que desde Cochabamba fue a Oruro a ver jugar a San José de la tierra de Pagador.

Esa actitud del presidente Morales violó el principio del proceso debido, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otros convenios internacionales y las normas de nuestro país. Ese comportamiento, además, configura una acción punible denominada “tráfico de influencias”.

En este caso (y en otros) el fin no justicia los medios. Si acaso durante la investigación, esos hinchas brasileños eran liberados de toda responsabilidad por la autoridad competente, hubiera sido bienvenida tal resolución, sin la mediación ilegal del Presidente de Bolivia.

Nuestro silencio sería cómplice frente a ese acto, con mayor razón si es el primer mandatario, responsable de ese tráfico de influencias, que asume actitudes contrarias a la ley, con lo que viola la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Luego de los hechos luctuosos del penal de Palmasola (Santa Cruz), Evo Morales dijo que él llegó a la conclusión de que en Bolivia se negocia la justicia. Ahora nosotros afirmamos que lo mal hecho por el Presidente, en favor de los hinchas del equipo brasileño de fútbol, que estuvieron varios meses presos en Oruro, se puede entender como que él también negocia la justicia.

Entre tanto, Kevin Beltrán, hincha del club San José de Oruro, así como sus padres, siguen esperando la justicia que se les escamotea con ayuda del Presidente boliviano.

El mismo presidente Morales, como quien agita en un mitin, ha pedido que tal o cual presunto delincuente sea encarcelado en el penal de alto seguridad de Conchocoro (La Paz). Otra vez, para decir lo menos, esa exigencia presenta de cuerpo entero al Presidente, con genio y figura, incluidos.

Las respuestas de Juan Evo Morales Ayma, que como presidente que es las mandó escritas sobre la “intervención-represión” a los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS, en Chaparina (Beni), contienen una mentira manifiesta, para quien lea sin prejuicios el mandatario, implícitamente, responde que él no dio la orden para esa represión y que de ésta se enteró tarde (pero no precisa la hora). Asimismo, en dos momentos de esas respuestas, el Presidente afirma que dio la orden para que se proteja a los marchistas.

Un ciudadano boliviano que es citado por una autoridad judicial o del Ministerio Público, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Por ello, lo menos que diría un observador responsable es que policías y militares, que reprimieron a los marchistas indígenas, desobedecieron las órdenes del Presidente porque la represión contra los marchistas continuó toda la noche del 25 de septiembre de 2011 y en horas de la madrugada del 26 del mismo mes y año, en Rurrenabaque.

Con esas declaraciones Morales pretende encubrir a su ex ministro de Gobierno y, al mismo tiempo, trata de inventar una coartada, es decir, él mismo simula haber olvidado que dio la orden para esa represión, con sus ministros y cuya ejecución se encomendó a jefes policiales y militares.

Precisamente a propósito del accionar autoritario del gobierno y del Estado (llamado plurinacional) en Chaparina, el Vicepresidente, en conferencia de prensa, afirmó que él conoce al que dio la orden para esa acción punitiva. Sin embargo, hasta este momento, como si sufriera de amnesia aguda, parece haber confinado al olvido el conocimiento del nombre del que dio la orden para esa represión.

Ese silencio del Vicepresidente configura el presunto delito de encubrimiento. Éste merece investigación, proceso y sanción. Por tanto, ninguna razón de Estado ni razonamiento político-ideológico concede a García Linera la licencia de encubrir a quien forma parte de su gobierno. ¿Acaso el Vicepresidente boliviano padece síndrome del olvido? ¿Por qué los fiscales no lo convocan a García Linera para que diga quién dio la orden para la represión policial y militar en Chaparina?

Aunque García Linera nunca más reiteró su planteamiento, señaló que el gobierno iba a controlar las “redes sociales” para evitar que esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) sean utilizadas para “insultar” al presidente Morales. Un matemático tendría que saber, mejor que los bolivianos sencillos, que esa labor es imposible y que también es muy difícil y hasta sería desafortunado el control de las principales publicaciones virtuales, como prometió hacerlo el funcionario público: Idón Chivi. Asimismo, el control de la “libertad de expresión”, por los gobernantes bolivianos, es una quimera aunque digan, como Chivi, que será descolonizador que se desplace de esa presunta labor de control (de la libre expresión) nada menos a la UNESCO.

El control de la información, comunicación, opinión e interpretación (cuatro derechos individuales y colectivos que dispone la CPE boliviana) sería inconstitucional, es decir, una acción merecedora de investigación, proceso y castigo.

Parece que cierta legalidad estorba al Presidente y a los gobernantes; por ello le “meten nomás” y encargan, a los abogados del gobierno, resolver los entuertos que provocan.

Los “Ilegales” suena bien como nombre de una banda de rock, pero el comportamiento ilegal del Presidente y de otros gobernantes es como para sentir vergüenza por las violaciones a la legalidad, precisamente, de los que juran aplicarla para una convivencia democrática.

La violación de la legalidad, por los dos principales mandatarios bolivianos, es un mal ejemplo, especialmente, para los otros empleados públicos, que a su estilo, caen también en la ilegalidad en sus espacios de poder en los que disfrutan, entre otras cosas, de ingresos inmerecidos porque para ellos ese poder les permite ejecutar una consigna: “Ahora nos toca a nosotros”, robar, por ejemplo.

Las actitudes ilegales de los gobernantes merecen nuestro rechazo, las que debemos desvelarlas, para que los bolivianos conozcamos la estatura ética de aquéllos y para entender, con anticipación, por los que no debemos votar el 2014.

La Paz, 19 de octubre de 2013.

*Periodista

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