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Alzados de Copacabana: ni se intimidan ni se rinden ante represión policial

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De sábado a sábado (243)

Remberto Cárdenas Morales*

La represión policial para desbloquear el camino hacia Copacabana, sin que haya conseguido que se regularice el tráfico de vehículos, debió ser desmedida, lo que habría servido como pretexto para el cambio del Comandante Departamental de la Policía de La Paz. Con certeza y según la práctica esa acción estuvo muy lejos de ser consumada de manera “exquisita” y con “guante blanco”, como en tono jactancioso dijo, Jorge Pérez, viceministro de Régimen Interior.

Sin embargo, el Comandante de la Policía Boliviana, para el diario gubernamental Cambio dijo que la sustitución del jefe policial fue una promoción y que en nada influyó el operativo que trató de poner punto final al bloqueo del camino Tiquina-Copacabana. Alberto Aracena, asimismo, señaló que son falsos los cargos que le atribuyen a Fanor Heredia cuando éste, en Santa Cruz, se desempeñaba como director de Interpol (Cambio del 13 de abril de 2013).

Se informó que lo que cándidamente los gobernantes llaman “uso desmedido de la fuerza” pública esta vez afectó a mujeres de la provincia Manco Kápac, específicamente, de la localidad Tito Yupanqui, a las que ultrajaron los uniformados.

En este caso, como en otros, los policías reprimieron a los bloqueadores de la vía Tiquina-Copacabana, por órdenes superiores, la del ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz el que, con seguridad, consultó al Presidente para hacerlo. No hay posibilidad alguna de que los jefes policiales se autodeterminen o “rompan la cadena de mando” para desbaratar, con el uso de la fuerza para la represión, el bloqueo que durante 18 días sostuvieron los campesinos de Copacabana y alrededores.

El Viceministro de Régimen Interior, sin embargo, se encargó de precisar que quien hasta hace horas ejercía las funciones de Comandante Departamental de la Policía de La Paz, fue cambiado (no echado). Afirmó que, José Fanor Heredia, “ha sido promovido como rector de la Universidad de la Policía” en reemplazo de René Calle que fue posesionado como director de Bienestar y Salud de la Policía Boliviana (Ver Página Siete del 13 de abril de 2013).

De modo que Heredia no fue “echado” del cargo, como informaron medios de difusión. En verdad fue “promovido” para realizar tareas académicas, es decir, de formación de las nuevas generaciones de policías.

Los gobernantes y, en particular, el gobernador paceño Cocarico, no deben tener ningún cargo de conciencia por la transferencia de Heredia a la Universidad de la Policía. No obstante, los bolivianos no debemos dejarnos desinformar con una supuesta destitución del Comandante Departamental de la Policía de La Paz, porque en verdad no sucedió.

Los gobernantes y en especial el gobernador Cocarico señalaron que tomaron conocimiento sobre la represión a los bloqueadores de la vía Tiquina-Copacabana, el momento de la firma del convenio que dio fin al conflicto y en el que los gobernantes, además, dejaron constancia de que las autoridades iban a buscar otro acuerdo (“consenso”) con los balseros o lancheros que trasladan vehículos y gente por el estrecho de Tiquina.

Sobre el tema, un vocero de los balseros o lancheros, para el diario Página Siete, dijo: “Nosotros no hemos firmado ningún documento, por lo tanto no estamos conformes con el convenio; de ninguna manera nos conviene un puente por encima del estrecho de Tiquina porque perderíamos nuestras fuentes de trabajo”[1].

Esa declaración confirma que sigue el desencuentro entre grupos socio-económicos de la provincia Manco Kápac. Allí no se concilian intereses porque éstos son distintos y contrapuestos, tal vez no son irreconciliables, pero son diferentes. Específicamente, los intereses de los balseros o lancheros (varios de los que a la vez son comerciantes, pescadores, transportistas, agricultores), es decir, se trata de un sector acomodado en esa región, frente a otros postergados o empobrecidos. De otra parte, los agricultores, pequeños en su mayoría y algunos medianos, se niegan a pagar por el servicio del transporte que no mejora pero que es encarecido por los propietarios de los vehículos de servicio público.

Los dueños de hoteles de Copacabana, operadores de turismo, transportistas, comerciantes (contrabandistas y narcotraficantes incluidos) y otros que venden servicios también tienen intereses, legales y legítimos; así como existen otros que se desarrollan en el campo delincuencial: nos referimos a contrabandistas y narcotraficantes.

Una política acertada de los gobernantes y de la Gobernación paceña sería que se busque una convergencia entre la gente del pueblo, en verdad explotados y oprimidos, es decir, en base de sus intereses materiales convergentes y de las ideas compartibles. Convergencia que avanzaría hacia una alianza y de ésta a la unidad, lo que implica un camino por recorrer, como posibilidad real, con la que se debe impulsar tareas locales, regionales y nacionales.

Entre las obras locales tanto o más urgentes que el puente sobre el estrecho de Tiquina, cuya construcción es dudosa porque a él se oponen los balseros y trabajadoras de mercados, está sin duda alguna la descontaminación de las aguas del lago Titicaca. Esa gigantesca labor, sin embargo, tiene que ser compartida por bolivianos y peruanos, ambos propietarios de aquel inmenso reservorio de agua y de biodiversidad.

El cultivo de peces, varias de cuyas especies desaparecen, debe ser otra de las tareas que tiene que ser acometida sin más demora. Incluso la descontaminación de aquellas aguas beneficiará cualquier programa de cultivo de peces.

La preservación y mejoramiento que sea posible de los atractivos turísticos del Lago Titicaca se impone como otro emprendimiento para lo que hay que vencer dilaciones.

Sobre estas realizaciones pendientes, respecto de los puentes trillizos y el único posible a corto plazo, mujeres de Llojeta Alto, migrantes del altiplano, en una conversación con este redactor, dijeron con entera claridad que esos tres puentes, que no se construirán, hubieran resultado “feos” y que respecto de las obras más urgentes, que deben ejecutarse en el lago Titicaca, falta una “orientación” adecuada para los compatriotas de Copacabana y sus alrededores.

Luego de las anteriores puntualizaciones seguimos con el tema que nos ocupa y preocupa. Los gobernantes y los comunarios alzados durante 18 días han firmado un acuerdo que para su aplicación deberán conseguir la aceptación de los pobladores de Tiquina, balseros o lancheros y comerciantes, los más influyentes de la localidad.

Ese acuerdo inconcluso y/o defectuoso, para decirlo de algún modo, básicamente, no pudo conciliar intereses de los verdaderos explotados y oprimidos de la provincia Manco Kápac.

Un conflicto local el que se ha superado a medias, pero cuya proyección departamental es evidente. Otra vez los gobernantes apostaron a que el bloqueo se desarticule, a que el enfrentamiento entre sectores acabe con ese movimiento, promovieron la división entre los alzados mediante presiones y prebendas, estimularon el aislamiento de los bloqueadores y cerraron el círculo fatídico con la represión que no fue ni exquisita ni con guante blanco, como dijo ese “pajpacu” que opera como Viceministro de Régimen Interior, funcionario que resulta como el anillo al dedo de gobernantes que ante un conflicto o momento de la lucha de clases se extravían o arremeten a tontas y a locas, como lo hacían los dominadores de viejo cuño.     

*Periodista

La Paz, 13 de abril de 2013.



[1] Diario Página Siete del 13 de abril de 2013.

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