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Vamos por más

Alfonso Gumucio Dagrón

sábado, 02 de noviembre de 2019

Cuando María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ordenó a la empresa NeoTEC interrumpir el conteo del TREP (luego de una llamada de Evo Morales) y cortó el servicio de internet, desencadenó las irregularidades que culminaron con la proclamación de Evo Morales como ganador en la primera vuelta, sin la debida verificación.

La primera reacción de los votantes fue exigir una segunda vuelta porque la manipulación de porcentajes no ofrecía certeza sobre los 10 supuestos puntos de diferencia entre los candidatos Morales y Mesa. Pero esa reivindicación no duró nada. Muy pronto, expertos independientes, como el ingeniero Villegas, revelaron, con base en la propia información de la página web del TSE, que muchas actas habían sido alteradas en favor del MAS, por lo que la elección debía anularse.

La respuesta del régimen fue acordar rápidamente con la OEA una auditoría, en la que la contraparte, paradójicamente, es el mismo Tribunal Supremo Electoral que está en el banquillo del acusado, aunque cada día aparecen mayores indicios de fraude con una torpeza difícil de imaginar: papeletas y actas originales en basureros o tiradas en las calles.

Los cabildos realizados en las principales ciudades han dicho “vamos por más”: no sólo anular las elecciones y exigir la destitución del TSE, sino también la dimisión de Evo Morales por haber orquestado un proceso fraudulento que se remonta a la ilegalidad de su tercera presidencia en 2014 y el desconocimiento de su derrota en el referendo del #21F, en 2016.

La escalada en las demandas cívicas es consecuencia de nuevas revelaciones sobre la amplitud del fraude, pero también de la represión del régimen a través de “movimientos sociales” cooptados políticamente. Huestes del MAS que no vacilan en utilizar armas de fuego, han causado muertos y heridos, desbordando la paciencia ciudadana.

En apenas cinco días la situación cambió, al punto que la auditoria de la OEA es rechazada por la oposición. ¿Podemos confiar en la imparcialidad de la OEA? El apoyo personal que brindó el Secretario General Luis Almagro a Evo Morales no allana el camino para una auditoría libre de toda sospecha.

En un escenario de legalidad, Morales renunciaría para garantizar elecciones con transparencia, pero no lo va a hacer, porque hay demasiados intereses de por medio luego de 14 años de uso arbitrario de los bienes del Estado. Antes, dictará Estado de sitio y sacará al Ejército, como hizo el coronel Natusch, hace exactamente 40 años.

Seamos realistas: para lograr nuevas elecciones deben ser anuladas las del 20 de octubre, pero mientras bloqueábamos las calles y nos reuníamos en multitudinarios cabildos, la oposición se retrasó en interponer demandas legales dentro y fuera de Bolivia, y el gobierno tomó la delantera, ofreciendo una auditoría pactada que no incluye todas las recomendaciones de la Misión de Observadores Electorales (MOE). Hubiera sido mejor una auditoria de la Unión Europea, con peritos de probada trayectoria, pero ya es tarde para jugar esa carta.

¿Qué capacidad real hay para sostener paros y cabildos? Muy poca. Las movilizaciones serán cada vez menores por tres razones: a) el cansancio natural de los ciudadanos, b) la violencia de los grupos de choque del gobierno, c) la falta de propuestas de la oposición que repite consignas, pero no genera opciones.

No es una propuesta viable pedir a los ciudadanos que sigan aguantando indefinidamente porque el régimen cuenta con poderosos mecanismos de propaganda que distorsionan la realidad y siembran división. Aún si se mantuvieran los paros, no podrán lograr que el gobierno ceda y retroceda. Eso no sucederá, porque el caudillo tiene cuero de ballena y un caparazón de indolencia que le ha permitido sortear fraudes anteriores.

Es irónico que el gobierno acusado de fraude invite a los auditores. Es una aberración que los ladrones de votos establezcan las condiciones del juicio, con una cláusula inaceptable: si no les gusta la auditoría, pueden disolverla sin explicaciones en cualquier momento.

Como dicen en Centroamérica: no tenemos otro palo donde ahorcarnos. Sólo hay la auditoría de la OEA y, por tanto, lo que la oposición debe hacer es establecer condiciones claras que garanticen a los peritos hacer un trabajo técnico libre de presiones.

Estas son cinco condiciones para evitar un nuevo fraude:

1. Renuncia inmediata de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los vocales de los TED (departamentales) ya que no pueden ser juez y parte en un proceso de auditoría.

2. Transmisión en vivo por TV nacional del proceso de auditoría, para que los ciudadanos puedan comparar las fotos de sus actas, con las manipuladas por el TSE y los TED.

3. Incorporación al equipo de auditores de peritos bolivianos que compartieron pruebas de irregularidades (ingeniero Edgar Villegas y otros).

4. Grupo permanente de observadores de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de la UMSA y de Conade para verificar paso a paso la legitimidad del proceso.

5. Plazo de dos semanas para entregar resultados vinculantes de la auditoría.

Si el fraude afecta la elección de diputados y senadores, debe convocarse a elecciones generales en enero de 2020, con un TSE renovado que no sea designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (que carece de credibilidad), conformado por ciudadanos notables, sin pertenencia a partidos políticos.

Las universidades y organizaciones de la sociedad civil: derechos humanos, indígenas, comités cívicos, podrían proponer ternas. El calendario debe evitar la prórroga del actual gobierno y su influencia en el próximo proceso electoral.

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta