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Presidente, diga que usted dio la orden para la represión en Chaparina

De sábado a sábado (233)

Remberto Cárdenas Morales*

Si el presidente, Juan Evo Morales Ayma, fuera autocrítico confesara que él ordenó reprimir a los indígenas de la VIII marcha, en defensa del TIPNIS (Chaparina, Beni, 25 de Sep. de 2011).

Nosotros estamos convencidos de que los gobernantes y en particular el Presidente decidieron impedir que esa caminata llegue a La Paz, después de que fracasaron en el intento de conseguir que esa acción se suspenda, lo que casi ocurrió por decisión de los indígenas.

La VIII marcha indígena fue considerada una acción política por los inquilinos del Palacio Quemado. Según éstos la caminata se realizó con apoyo político de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, con respaldo económico y logístico de ONG y de la derecha boliviana, con injerencia de la ONU… Además, voceros gubernamentales aseguraron que los verdaderos pobladores del TIPNIS no participaron de la VIII marcha y que sus ejecutores ni siquiera vivían allí.

Esa marcha fue infiltrada por funcionarios del gobierno y a esa caminata se plegaron “delegados” de ONG, afectos a funcionarios del gobierno. Unos y otros hicieron trabajo de inteligencia, es decir, fueron los informantes desde la VIII marcha hacia los gobernantes y hacia sus mandantes de las instituciones citadas.

Para una evaluación (que tendría que ser completada) vale decir que miembros de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), antes de la caminata, gestionaron entrevistas incluso con el Presidente boliviano para buscar acuerdos respecto del camino de la discordia, lo que quizá hubiera ayudado a que se evite la marcha. Periodistas de radios comunitarias fueron portadores al menos de un encargo para Evo Morales, el que se cree que llegó a destino, para que éste converse con los dirigentes indígenas. Uno de éstos señaló, por ejemplo, que si el Presidente conversaba con los dirigentes de la CIDOB, su presencia en el encuentro iba a resolver la mitad del lío.

Es verdad que los dirigentes y protagonistas de la VIII marcha indígena completaron su pliego de peticiones en el camino, mientras recibían a nuevos marchistas que reforzaban la medida. Y hubo niños cuyas mamás prefirieron tenerlos consigo, para marchar sin la intranquilidad de saberlos cuidados por familiares y por vecinos, pero sin su compañía maternal. En esta columna dijimos que en el TIPNIS no hay guarderías, a los que reclamaron porque a esos niños marchistas, supuestamente, no se les respetaron sus derechos y que se les obligó a marchar.

Contra la VIII marcha, desde el gobierno y desde el poder, hubo presiones y sobornos, todo con vistas a desalentar a los marchistas. Recordemos que en San Ignacio de Moxos (una de las puntas del probable camino que nos distancia a los bolivianos) se dijo que se les iba a cerrar el paso a los caminantes. Pero también es verdad que en San Borja hubo comida, refrescos y recibimiento fraterno a los defensores del TIPNIS, con lo mejor que han demostrado hacer: una marcha sacrificada.

El bloqueo de colonizadores en Yucumo (Beni), sugerida e impuesta por los gobernantes, es un hecho que muestra que entonces ya había sido tomada la decisión por Evo Morales y la aprobación silenciosa de sus ministros, aun sin que estén de acuerdo pleno en algunos casos. Los colonizadores recogieron como pretexto para el bloqueo del camino Trinidad-La Paz un punto de la demanda de la VIII marcha referido a que para la construcción de caminos en el norte de La Paz debía consultarse a los indígenas y a otros pobladores del lugar.

Sin embargo, el dirigente colonizador Richard Aliaga, para los medios de difusión, dijo que ellos se oponían a la marcha porque apoyaban la construcción del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y porque querían más tierras en el TIPNIS a las que, agregó, tenían derecho tanto ellos como todos los bolivianos. No aclaró que ellos demandan tierras a título gratuito y en propiedad personal, en tanto que los pobladores de la reserva natural y territorio indígena poseen tierras territoriales en propiedad colectiva; dicho de otro modo, son dueños de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Otros colonizadores dijeron algo similar sobre sus reales pretensiones de adjudicarse más tierras para plantar más coca o para criar más ganado.

Los policías que llegaron a Yucumo y que se desplazaron por el camino hacia Chaparina también impidieron el tránsito de la VIII macha. Incluso les negaron, a los indígenas, proveerse de agua de un arroyo próximo. Esos policías buscaban desanimar a los marchistas para que acaben allí su accionar pacífico. Ahora sabemos que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)[1], es decir, militares de las tres fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), se encontraban en apronte para la represión que llegó después; así como se conoce que coordinó con la Policía Boliviana la represión en Chaparina.

Los marchistas consiguieron romper el cerco policial con ayuda involuntaria del canciller David Choquehuanca. Éste, de acuerdo a lo que declaró, fue “obligado” por las mujeres para acompañar a los marchistas, así llegaron a Chaparina. No hubo secuestro de aquel funcionario. Sin embargo, por ese supuesto delito le iniciaron proceso criminal a varias de las mujeres que rodearon al Canciller y, evidentemente, el que les ayudó sin buscarlo a remontar la guardia policial.

En Chaparina, con los datos proporcionados por los agentes del gobierno, los jefes policiales creían que los marchistas consideraban la conclusión de la caminata debido a su cansancio. Incluso suponían que una “intervención” a la VIII marcha sería una medida desproporcionada por lo que aconsejaron esperar. Esperar porque además de carecer de los medios insistían en que los actores de la marcha la suspenderían sin represión mediante.

Desde las primeras horas del 25 de septiembre de 2011 corrió el rumor de que los hombres de la VIII marcha tratarían de vencer el bloqueo de los colonizadores porque éstos abandonaban el puesto en horas de la madrugada. La alternativa B era que rodearían Yucumo para seguir por el camino hacia la sede de gobierno, según el mismo rumor.

Aparentemente ese rumor apuró la represión policial (y ahora se sabe militar) a los marchistas. Para ese operativo existió un plan. Ese domingo incluso dos jefes policiales llegaron en avión desde La Paz para dirigir las acciones represivas. Los operadores, uniformados y civiles, tuvieron claro que ejecutaban órdenes del Ministro de Gobierno el que cuando menos consultó al Presidente de Bolivia.

La represión contra los marchistas indígenas en Chaparina fue un episodio cruel entre varias otras medidas convergentes destinadas a impedir que los defensores del TIPNIS lleguen a esta ciudad.

Lo dicho por el subcomandante de la Policía Boliviana, Oscar Muñoz, en la reconstrucción de los hechos en Chaparina, hace días, contribuye a esclarecer los hechos. Entre éstos, a redescubrir lo que para gente del pueblo estuvo siempre claro: que el Presidente ordenó la represión, por intermedio del ministro de Gobierno Sacha Llorenti, o cuando menos consintió que este funcionario disponga la monstruosa represión a los indígenas de la VIII marcha.

Evo Morales y sus ministros creyeron que la represión en Chaparina acabaría con la protesta indígena. Los que defendemos el TIPNIS desde las ciudades aplaudimos que los indígenas, con apoyo de gente del Beni, resistan con heroísmo la represión, la venzan y reanuden la caminata hasta La Paz.

Durante horas de la tarde del 25 de septiembre y la madrugada del 26, se desarrolló la represión antiindígena con golpizas, apresamientos, amordazamientos, niños perdidos en el monte, ancianos reducidos en vehículos policiales y otros obligados a embarcarse en aviones.

Dentro de ese período, Evo Morales con ministros en los que confiaba más, improvisó una reunión de trabajo para impartir instrucciones de lo que los asistentes debían hacer el 26 de septiembre en el país. El Presidente, entonces, como nos confió una fuente próxima al Palacio de Gobierno, le instruyó a la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que los indígenas, en los cuarteles, a los que debieron ser llevados, se les invitaría “una sopa” en vez de un desayuno de cuartel.

En horas de la noche del 25 de septiembre los asistentes a la reunión de la Casa Presidencial (del barrio San Jorge en La Paz) daban por cierto que acabó la marcha y que, para los gobernantes, empezaba otra historia sin la incómoda marcha indígena en defensa del TIPNIS.

Los indígenas resistieron y, con apoyo de gente del pueblo, vencieron la represión policial y militar. Después dispusieron la reconcentración de los marchistas en Chaparina y la reanudación de la marcha hacia el destino original: La Paz. (Acéptese la reiteración por favor).

Antes de la media noche del 25 de septiembre circuló un raro comunicado de una Comisión de Prensa de la VIII marcha en el que se informó de la muerte de un niño durante la represión. Hace falta una mayor investigación para establecer la fuente que proporcionó aquel dato falso que, sensiblemente y sin confirmación, fue difundido por medios en el país y el mundo. A las horas se hizo conocer que ningún niño había muerto, pero el daño ya se había consumado.

El presidente Morales, sin admitir que dio la orden o que fue avisado a tiempo de la represión a los indígenas en Chaparina, pidió disculpas a los bolivianos, por los medios de difusión, luego hizo otro tanto ante los indígenas en la plaza Murillo de La Paz.

El Vicepresidente, también por los medios de difusión, dijo que él conocía el nombre del que dio la orden para la acción represiva, nombre que no revela hasta este momento.

Fue el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el que afirmó que en Chaparina se “rompió la cadena de mando”, es decir, que los jefes policiales se habían autodeterminado y, en consecuencia, ejecutaron el ultraje contra los marchistas indígenas.

La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en carta manifestó su desacuerdo con la represión en Chaparina y renunció. Con similar argumentación renunciaron el hasta ese momento viceministro de Régimen Interior, Maco Farfán Farjat y la todavía en esas horas directora de Migración, María René Quiroga Bonadona (hermana de dos guerrilleros caídos en Teoponte, 1970), porque no pudo “resistir” tamaño ultraje a los marchistas.

 Unos más otros menos, funcionarios y ex funcionarios del gobierno, difundieron y difunden versiones coincidentes en lo esencial, con matices y con un objetivo supremo para ellos: salvar de toda culpa a Juan Evo Morales Ayma respecto de la represión en Chaparina.

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, encabezada por María Amparo Carvajal Baños, en un comunicado, afirma que el Presidente dio la orden para la represión a los indígenas de la VIII marcha en Chaparina. Punto de vista que Aquí virtual lo comparte íntegramente.

Esa gravísima culpa debe admitir el Presidente de Bolivia, lo que sería “tarde pero a tiempo”. Si dijera que él dio la orden para esa represión, se ahorraría la repulsa de los indígenas y del pueblo.

Pero por lo que advertimos Juan Evo Morales Ayma (formado en la escuela, el cuartel y los sindicatos de cocaleros, según declaró) no tiene la suficiente estatura ni política ni ética para autocriticarse y admitir sus culpas por lo sucedido en la localidad beniana.

Nosotros reiteramos: De la represión en Chaparina, señor Presidente de Bolivia, usted es el autor intelectual.

*Periodista

La Paz, 2 de febrero de 2013.