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Por represión a indígenas en Chaparina gobernantes serán juzgados algún momento

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editorial

Los gobernantes y especialmente el presidente Morales deben responder por la represión a los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS. Contamos o recontamos, resumidamente, antecedentes que nos llevan a esa conclusión compartida, creemos, por cada vez más bolivianos y no bolivianos:

En julio de 2011 un dirigente indígena mandó un encargo al Presidente: si él habla con nosotros la mitad del problema se resuelve porque los preparativos de la VIII marcha para impedir que se construya el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos van en serio, dijo ese miembro de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB). Aunque no le haya llegado ese encargo al Presidente, cuyo portador fue un periodista, quien transmitió a un colega suyo y del gobierno, para que éste haga conocer al Presidente, la intención de la mayoría de los miembros de esa organización era conversar con Juan Evo Morales Ayma al que, entonces más que ahora, lo sentían hermano, compañero, indígena como ellos.  

Amigos que ayudaron a organizar todas o casi todas las marchas indígenas nos dijeron, a miembros de la redacción de Aquí, que la VIII marcha indígena estuvo a punto de suspenderse porque ni se resolvían las diferencias entre sus articuladores, éstos ni contaban con recursos, ni existía entre ellos la disposición suficiente para emprender lo que, entre los indígenas de las tierras bajas bolivianas, se ha convertido en la forma de lucha más importante: las marchas, de las que ya van nueve, todas en defensa de su hábitat natural: el territorio en propiedad colectiva, para que en éste ellos se autodeterminen y que allí se apliquen las costumbres como derecho.

Iniciada la VIII marcha de moxeño-trinitarios, yuracarés y chimanes, éstos como es ya costumbre entre ellos y sus líderes, se dieron varios días para discutir y aprobar el pliego de peticiones de la marcha. Entre esos puntos anotaron uno que sirvió de pretexto a los colonizadores para que se alcen, mejor dicho, para que los gobernantes los induzcan a un “alzamiento” suyo contra los marchistas: exigían que se consulte a los indígenas y a otros comunarios del norte de La Paz, para establecer si éstos aceptaban o no la construcción al menos de un camino interdepartamental.

Esa demanda, legítima creemos, sirvió para que los colonizadores digan que ellos aceptaban la apertura de la vía en el norte paceño y, por tanto, exigieron que se “saque”, de ese pliego de peticiones, la consulta para la construcción de ese camino en territorio paceño.

Decimos de otro modo: los intereses de los colonizadores coincidieron con las instrucciones impartidas por los gobernantes y, por ello, esos pobladores de Yucumo (Beni) y sus alrededores, bloquearon el camino Trinidad-La Paz en esa localidad beniana. Agregamos, asimismo, que los actuales colonizadores de esa región llegaron pobres desde los centros mineros de los que fueron echados varios de ellos. Allí fueron acogidos sin resistencia de los lugareños. Ahora son prósperos ganaderos y agricultores, pertenecen a un grupo social de pequeños y medianos propietarios que, como declaró más de uno de sus voceros, quieren más tierras en el TIPNIS y utilizar las riquezas de esa reserva a lo que, agregaron a los medios, tienen derecho como todos los bolivianos.

Ese bloqueo del camino Trinidad-La Paz, por los colonizadores, fue para impedir el paso de la VIII marcha, propósito que debió estar muy claro para el pueblo boliviano. Fue una medida concreta que, además, fue acompañada de amenazas de diferente tono contra los marchistas.

Los policías destacados a Yucumo y Chaparina, aparentemente, fueron para garantizar la seguridad de los indígenas e impedir un enfrentamiento entre marchistas y colonizadores. Sin embargo, la misión fue también dificultar la VIII marcha y bloquear su paso. En realidad, los policías reforzaron el bloqueo de los colonizadores. Una dificultad tramada por los policías en perjuicio de los marchistas fue la prohibición para que éstos, por cinco días, utilicen aguas de un riachuelo. También, esa especie de “acompañamiento” del ministro Choquehuanca a los marchistas, impuesto por las mujeres originarias, sabemos ahora que tuvo una suerte de inducción o al menos la “participación” de una agente encubierta de la Policía y/o de los gobernantes. Recordemos que a varias mujeres, que rodearon a ese Ministro, se les inició un proceso criminal, y ese funcionario público dijo que iba a concurrir a las audiencias y que no debía quedar sin castigo esa acción punible, según él, de las mujeres indígenas.

Los jefes policiales, en Yucumo, cuando recibieron la orden de intervenir la macha, mejor dicho, de reprimirla, alegaron que no disponían de los instrumentos suficientes para ejecutar la orden; además, que no había necesidad de arremeter contra los marchistas porque éstos y, particularmente sus dirigentes, consideraban suspender la marcha en Yucumo, ante la imposibilidad de continuar la caminata debido al bloqueo.  

Las órdenes se ejecutan y no se discuten, es una de las prédicas y una de las prácticas de policías (y también de militares). No obstante, ante ese gesto de cierta desobediencia de los policías en Chaparina, como nos señalaron fuentes confiables, los gobernantes enviaron allí, a dos jefes policiales, los que asumieron el mando en Chaparina y fueron los que comandaron el operativo represivo del 25 de septiembre de 2011.

Una decisión considerada o tomada por los indígenas de la VIII marcha, posiblemente, precipitó aquella represión: los marchistas resolvieron atravesar Yucumo o seguir por una senda para eludir esa población y seguir camino a La Paz. Nuestra deducción es que esa medida o una sugerencia como ésa, fueron conocidas por los gobernantes por intermedio de sus agentes que sí “acompañaron” la marcha desde Trinidad o desde algún otro tramo de esa vía.

Al revés de los informes recibidos por los policías en Yucumo, los marchistas reiteraron su decisión de llegar a La Paz y por ello buscaron una vía alternativa al camino carretero (La Paz-Trinidad) o sugirieron pasar por medio de Yucumo, porque establecieron que los colonizadores bloqueadores, a cierta hora de la noche, se iban a dormir a sus casas.

Tampoco debemos olvidar que los ganaderos de San Ignacio de Moxos, con los masistas del lugar, trataron de conseguir que la VIII marcha acabe allí. Es cierto, también, que pobladores de San Borja (en el que hay ganaderos) recibieron solidariamente a los marchistas.

Esos dos ejemplos, entre otros, muestran que el posible camino por medio del TIPNIS nos une y nos separa a los bolivianos, por eso lo denominamos camino de la discordia.

La represión a los indígenas marchistas en Chaparina, ordenada por los gobernantes y en especial por el presidente Morales, además de su crueldad que no será olvidada ni tendrá perdón, no pudo desbaratar la marcha por la solidaridad de los benianos y de lo más avanzado del pueblo boliviano. Además, es cierto que por mero cálculo político la derecha y empresarios apoyaron y apoyan a los indígenas, lo que para nosotros es un disfavor a los indígenas, aunque entre éstos hay una tendencia, que al parecer lamentablemente predomina, que es la que difunde que ellos, los originarios, no son ni de izquierda ni de derecha.

En otra nota y en este espacio abordaremos lo que hicieron los gobernantes al constatar que la represión a los indígenas en Chaparina no consiguió acabar con la VIII marcha.

Entre tanto, en coincidencia con miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (que preside Amparo Carvajal) y con el ex director del CEJIS, Leonardo Tamburini, afirmamos que la orden para la represión en Chaparina la dieron los gobernantes y en especial el Presidente.

Tenemos derecho, por tanto, a exigir que el primer mandatario asuma su responsabilidad en esos hechos autoritarios, que no pretenda lavarse las manos que llevan manchas y éstas son imborrables.

A Evo Morales y a los cambios que declinan, les haría más bien que mal si él dijera, autocríticamente, que dio la orden para la represión o que cuando menos la consintió. Por ello, afirmamos, que aunque nosotros también creemos que el ex Ministro de Gobierno, ahora premiado como embajador de Bolivia en la ONU, merece juicio y castigo por esos hechos, el Presidente no debe quedar impune, aunque hay llunk’us y súper llunk’us que hasta aquí parecen estar dispuestos a que se les culpe a ellos de la represión que motiva esta nota en aras de salvar de culpa y paja a “su hermano Evo”.

Nosotros decimos que el pueblo no debe aceptar la práctica y/o el intento gubernamental de hacernos creer las mentiras que se difunden sobre la represión en Chaparina. La gente del pueblo —eso esperamos—, por su cuenta y con ayuda de la información que debemos difundir, más temprano que tarde, llegará a la conclusión posible y creíble: los gobernantes y entre ellos, en primer lugar el Presidente, dieron la orden para la represión a los indígenas en Chaparina, por lo que algún momento serán juzgados y castigados. Por ello, nosotros reiteramos: por ese caso la historia no absolverá ni a los gobernantes ni al presidente Morales.   

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