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Masacre de Porvenir, crimen sin castigo

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editorial

Cinco años de la matanza de 13 campesinos en Porvenir (Pando, 2008) por disparos de dirigentes cívicos y sicarios al servicio de un poder regional apenas mermado. Es cierto que hubo muertos del bloque de ese poder, lo que explica una débil defensa de los trabajadores del agro e indígenas, blanco de actores políticos de una llamada “media luna” alzamos contra el gobierno legítimo y de reformas avanzadas que el pueblo entonces defendió decisivamente.

Testimonios recogidos, especialmente por miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), confirman que miembros de ese poder regional, el entonces Prefecto especialmente, decidieron impedir que una marcha de campesinos e indígenas llegue a Cobija, lugar en el que ellos debieron realizar una reunión en la que esperaban aprobar medidas para defender la tierra y el territorio que habían reconquistado a título gratuito y en propiedad personal (incluidas las mujeres) para los campesinos y el reconocimiento, también legal, del derecho a la reorganización del territorio indígena en propiedad colectiva, en el que constituirían un gobierno propio de los originarios (sin derecho a separación territorial) y la vigencia de costumbres como normas de convivencia de esos pueblos que son sus dueños ancestrales.

La causa esencial de la masacre de Porvenir (2008) fue, pues, la lucha por la tierra y por el territorio para los empobrecidos, frente a la pretensión de los empresarios de mantener inalterable tanto su poder político como su poder económico, especialmente en esa región.

La fase de investigación, destinada al reconocimiento de la información acopiada y a descubrir la parte desconocida de los dichos y hechos que rodearon la masacre de Porvenir ha concluido de una manera inconclusa, para decir lo menos. Nos explicamos:

A pesar de las deficiencias del momento de la investigación de fiscales y jueces, encargados por ley para hacerlo y la única que tiene valor en un proceso que se le sigue a Leopoldo Fernández Ferreyra y los otros presuntos autores intelectuales y materiales de la matanza, se tiene conclusiones las que, sin embargo, tendrían que ser complementadas, precisadas y hasta rectificadas si cabe, sobre la base de la averiguación hecha por el que fue director del Teatro Los Andes y escritor argentino-boliviano, César Brie, el que en una entrevista con radio Erbol, básicamente, aportó con los siguientes datos:

—Que hubo masacre en Porvenir, pero también un limitado enfrentamiento en el que, los pocos campesinos armados, dispararon en “defensa propia” o en respuesta a la matanza que fue lo principal en los hechos luctuosos que motivan esta nota.

—Que como consecuencia de una alianza temporal (o que prevalece) entre los gobernantes y Chiquitín Becerra, un líder regional pandino enfrentado a L. Fernández, aquél habría “armado” a pocos campesinos que habrían disparado para defenderse de los masacradores a órdenes del entonces Prefecto de Pando. Incluso el otrora Director del Teatro Los Antes aportó con una valiosa precisión: la mayoría de los campesinos e indígenas que marchaban, por ejemplo, de Filadenfia hacia Cobija se negaron a portar armas, que les ofrecieron, con el argumento de que no las necesitan porque en esa marcha iban niños y mujeres a los que no debían hacerles corren ningún riesgo.

—Que las autopsias de los tres estudiantes de la Normal de Maestros, asesinados, no les corresponden porque a ellos, la médica forense Hinojosa de La Paz, les atribuyó la autopsia de una persona muerta cerca del aeropuerto de Cobija, pero lejos de Porvenir. Esas tres autopsias fraudulentas, según Brie, sirvieron para respaldar la detención de Leopoldo Fernández. Es necesario recodar que, entre las fallas de procedimiento en las que incurrieron los captores del ex Prefecto pandino está su detención sin mandamiento de apremio, documento que fue extendido en La Paz por una autoridad competente, pero después de consumada la detención. La vieja Constitución Política del Estado disponía que incluso en condiciones de vigencia de un estado de sitio —como era el vigente en Pando en septiembre de 2008— las detenciones sólo debían materializarse previo mandamiento que disponga esa medida.

—Que por encargo o disposición de los gobernantes de ese año (varios de ellos siguen en funciones) se cambió el audio del video de Brie, en esa parte en la que se ve a campesinos e indígenas que huyen de sus represores en el río Tahuamanu, muy cerca de Porvenir. En el audio original se escuchaba decir a los represores, a órdenes de L. Fernández, que los campesinos e indígenas, que huían por las aguas de aquel río, decían que estos últimos abandonaron sus armas.

—Que el ex Presidente del Senado, José Villavicencio, asumió ilegalmente tareas de interrogador y represor de acuerdo a imágenes, y que a un campesino que lo sometió a esa labor irregular (interrogatorio) le disparó en uno de los muslos en represalia o para intimidar a otra de las víctimas de la matanza de Porvenir. Nosotros, en una nota similar a ésta, hemos reproducido informes de que Villavicencio, probablemente a cambio de que se lo excluya de la lista de los denunciados y querellados por la masacre de Porvenir, hizo campaña electoral para la segunda elección de Evo Morales. Villavicencio, además, fue denunciado por haber agredido a su ex esposa, una bioquímica que vivía en ese momento en Cobija y, que al mismo tiempo de presidir esa instancia legislativa, ejercía la presidencia de una cooperativa de ahorro y crédito pandina, es decir, hacía lo que le prohíben las normas a un senador en funciones.

El ex Prefecto de Pando, Rafael Bandeiras, que sustituyó a Leopoldo Fernández en el cargo, admitió ante medios de difusión que hubo errores en las autopsias de los tres estudiantes normalistas, asesinados según la querella, pero que eso se debió a deficiencias de profesionales e incluso a la ausencia de médicos forenses en la capital pandina. Sin embargo, es necesario decir que la adulteración de esas autopsias fue descubierta por un médico legisla argentino, cuyo prestigio avala la certeza de su informe, dijo Brie para Erbol.

A pesar de las fallas procedimentales registradas en el juicio criminal por la masacre de Porvenir, nosotros nos sumamos a la exigencia para que se ponga punto final a la retardación de justicia y que se acelere ese pleito, conforme al principio del debido proceso. Se sabe que varias de las fallas procedimentales, que le sirven como medio de defensa a los procesados como L. Fernández, han sido “subsanadas”, como dicen los abogados.

No obstante, mejor si dentro de aquel proceso se esclarece y sobre todo se desmiente la información aportada por el otrora Director del Teatro Los Andes. Información que, sin duda, servirá para “fundamentar” otros recursos en defensa de los procesados por la masacre de Porvenir, lo que nosotros de veras lamentaríamos.

Incluso con hechos, pruebas y aplicación de las leyes es necesario desmentir lo dicho por L. Fernández: “No me sentencian ni absuelven —afirmó— porque se caería el caso”.

Nosotros postulamos que el horrendo crimen de Porvenir sea castigado, pero previo un proceso debido, como entre otros documentos, proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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