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Negligencia desde el Estado acaba con la vida de 35 presos de Palmasola

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editorial

“Quiero escribir pero me sale espuma”.

César Vallejo

Acongojados e indignados son palabras que resumen el estado de ánimo generalizado de la mayoría de los bolivianos y en especial del pueblo. Y los cruceños sienten la tragedia como en uno de sus barrios, como se define al Penal de Palmasola en esa región.

Acongojados porque otra vez perdió la vida un grupo de bolivianos cautivos y de otras nacionalidades. El primer derecho humano de ellos ha sido violentado de una manera que espanta: por la efusión de sangre y las quemaduras; por los muertos irreconocibles y los heridos por armas de fuego; por los que mueren, a pesar de los auxilios médicos que sirven quizá para aliviar el dolor, pero que resultan impotentes para evitar nuevas muertes, después de la matanza.

Desde Aquí nos sumamos al reclamo de los activistas de los derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia para que se emprenda una pronta investigación que establezca responsabilidades, que se procese y sancione a los culpables. Sin embargo, dejamos constancia de nuestra desconfianza porque cuando alguna instancia del llamado Estado plurinacional toma a su cargo la tarea de averiguar, en vez de que se descubra (lo esencial de una investigación), se encubre (lo contrario de la investigación). No obstante, aguardamos que esta vez se investigue con la responsabilidad que demandan los familiares de los muertos y al menos como responsos para estos últimos que no alcanzaron la condena por los delitos que cometieron o la declaratoria de su inocencia. Y, por cierto, ninguno de ellos sentirá la próxima primavera ni podrá ser recuperado para servir a la sociedad boliviana y para vivir en ésta sin estigmas, luego de purgar sus culpas. Asimismo, la investigación debe hacerse para servir a los heridos (más de 30) de los que padecen dolores por las heridas y/o que tratan de vencer las agonías.

Unos cuentan con mejores condiciones que otros para aportar al esclarecimiento de las causas que determinaron la tragedia que también nos indigna. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Santa Cruz y la Delegación de la Defensoría del Pueblo de esa ciudad tienen mucho que decir porque estas instancias informaron a las autoridades, consideradas competentes, sobre actos irregulares que observaron o que conocieron en y sobre el Penal de Palmasola.

Nosotros, a riesgo de reiterar lo que otros conocen, decimos que en las cárceles bolivianas impera una tendencia esencialmente represiva respecto de los presos comunes, llamados eufemísticamente “internos” e “internas”.

Allí predomina el crimen con escasas variaciones. Los narcotraficantes (quizá con algunas excepciones) en las prisiones comercializan cocaína, la que ingresa con permiso de los que deben impedirlo. Basta recordar que turistas extranjeros “paseaban” por el Penal de San Pedro de la sede de gobierno, sobre todo, para proveerse de esa droga que, según testimonios, es de buena calidad. Antes de esos datos, entregados por un reportaje publicado por el diario paceño Página Siete, se sabía por otra investigación, que en el Penal paceño operaban dos bandas de narcotraficantes las que cada vez se enfrentaban con armas cortantes, entre otras. Uno de los jefes (un colombiano García) murió con las prácticas que promovió: acuchillado. Entonces, la otra banda, jefaturizada por un chileno (Marín), sentó sus reales con la fuerza y la plata de la que disponía ante la vista o la fingida ceguera de la guardia carcelaria.

En el Penal de Palmasola (y afuera) los narcos se mueven a sus anchas y también protagonizan ajustes de cuentas muy crueles. Asimismo, quizá desde allí se dirige mejor que desde otro penal del país el robo de vehículos y, también, desde esa residencia en la que purgan sus delitos, con intermediarios, ciertos reos cobran a las víctimas de esos robos a cambio de recuperar sus pertenencias robadas, lo que parece como una doble compra de esos vehículos.

Una banda de falsificadores de billetes bolivianos y estadounidense fue descubierta, mientras consumaban el delito, es decir infraganti, en el Penal de San Pedro de La Paz.

La compraventa de dinero de varios países, el comercio de documentación (certificados de trabajo, como señaló la red PAT), el alquiler de celdas y hasta la venta de éstas, la construcción de viviendas de varios pisos, entre otras, son las actividades entre legales e ilegales que emprenden los presos en las cárceles; para sobrevivir, alegan ellos.

El ingreso de alcohol, armas, celulares, herramientas y otros implementos para intentar fugas y/o para consumar delitos en y desde los penales, son actividades cotidianas que para consumarse cuentan con la complicidad pagada de los guardias. Éstos, se ha dicho, son insuficientes y cuidan las prisiones “por fuera” y cuando ingresan a ellas miran sin ver.

La retardación de justicia, de larga data, es una negligencia estatal que muestra, otra vez, que la reforma de la justicia ni siquiera empieza. Y para los que alegan que esa retardación no se puede superar en ocho años (lo que otros no hicieron en cerca de 200) es un consuelo de llunk’us del Jefazo.

El ministro de Gobierno, que es abogado, parece haber descubierto que en los penales del país no hay ni las mínimas condiciones para una regeneración de los presos, para lo que ni siquiera se cuenta con espacio. El hacinamiento, ha dicho ese funcionario, imposibilita que el Estado cumpla con sus obligaciones respecto de la población penal. Y otra vez ese Ministro habló de una “Cumbre”[1] a la que se la considera salvadora. Para nosotros ésta, sin ser salvadora, podría servir para completar el diagnóstico de las prisiones y las propuestas de reforma al menos, a condición de que el Jefazo o alguno de sus incondicionales ministros se abstengan  de instruir lo que deben hacer los asistentes a esa reunión y que todavía creen en los cambios que, para los redactores de este medio, vacían sus contenidos avanzados.

De otra parte, si desde el Estado se hiciera una cuarta parte de lo que dice el Director del Régimen Penitenciario, un parlanchín, sería mucho más de lo que no se hace, quizá porque ahora en las prisiones, guardias corruptos y a la vez ineficientes, reciben coimas con las dos manos.

A pesar del reduccionismo del Ministro citado y más allá de que los gobernantes no asumen ninguna autocrítica respecto de la matanza de Palmasola, en la que alguna responsabilidad debieran reconocer, se debe considerar hasta el silencio de los inquilinos del Palacio de Gobierno en la investigación de la que también se considera una masacre.

Como punto de partida, incluso desde el organismo de la ONU en La Paz, se responsabiliza a miembros de la Policía Boliviana de aquel episodio luctuoso, sólo comparable, por la cantidad de muertos, con las matanzas de Plácido Yáñez en La Paz[2] (1861), aunque éste ordenó fusilar, sin proceso debido, a presos políticos.

La Defensoría del Pueblo, como conclusión de un estudio suyo sobre las prisiones en Bolivia, sugirió el cierre de más de una decena de ellas.

Una conclusión preliminar es que jueces, fiscales y policías tienen un comportamiento que es del viejo Estado, por lo que resulta evidente que el nuevo Estado plurinacional sólo existe en el discurso de los gobernantes, pues, el también denominado Estado integral de Gramsci es imposible con la vieja maquinaria burocrático-militar represiva. 

Consideramos que se debe partir de un supuesto a confirmar o a desmentir: la negligencia del Estado actual arrojó como resultado la matanza del Penal de Palmasola (sin olvidar la herencia de regímenes anteriores). En otras palabras: las condiciones materiales de vida de los presuntos y/o reales delincuentes, la organización de las penitenciarías, la falta de centros de trabajo para la rehabilitación, la tendencia preponderantemente represiva en vez de reivindicativa que se descarga sobre los reclusos, la tolerancia estatal hacia los delitos que se cometen desde las celdas policiales, la corrupción generalizada y los cobros arbitrarios a los detenidos y condenados, los usos y costumbres de los recintos carcelarios a contrapelo de una convivencia democrática y sin crímenes, son los factores principales que conducen a desenlaces cruentos como el de Palmasola, respecto del que no debe haber ni olvido, ni perdón, pero sí justicia con urgencia para escribir, aunque sea horrorizados e indignados, antes de que nos salga más espuma.



[1] El Consejo de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, determinó las siguientes nueve medidas que serán aplicadas de inmediato: construir un nuevo penal, edificar un nuevo recinto de rehabilitación para jóvenes, La Alcaldía construirá un centro de rehabilitación para narcodependientes, se bloquearán las señales de celulares, las mujeres reclusas serán albergadas en dos inmuebles cedidos por Discabi, los tribunales de justicia se comprometieron a dictar sentencias hasta diciembre de este año, los procesos serán conocidos por el Ministerio Público y otras instancias, una comisión realizará seguimiento, la Policía debe descubrir a los responsables de la matanza. Datos tomados del diario paceño Página Siete del viernes 30 de este año.

[2] “El 23 de octubre de 1861, el comandante general de armas de La Paz, coronel Plácido Yáñez, en alta noche mandó asesinar con la fuerza pública a un medio centenr de ciudadanos, que arbitrariamente había hecho encarcelar días antes a título de belcistas conspiradores. Un mes cabal después de ese suceso, el populacho de La Paz, cansado de ver impune y siempre revestido de autoridad al perpetrador de esta carnicería, tomó por asalto el palacio donde estaba encastillado con su gente, y ajustició al criminal con dos de sus cómplices. Se reitaron las huestes en seguida a sus casas”, dice Gabriel René Moreno en su libro: Matanzas de Yañez, Colección de la Cultura Boliviana, dirigida por Armando Alba, Casa Nacional de Moneda, Potosí, 1954,

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