editorial
“Aprovecho esta oportunidad, aunque algún sector, alguna organización pueda molestarse es una obligación que (haya) respeto a los derechos humanos (pero), el respeto a los derechos humanos no puede perjudicar a nuestros cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que estén preparados físicamente”, dijo el Presidente en ocasión de un aniversario del Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz, en la semana que concluye.
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Sólo durante el conflicto o el momento de la lucha de clases que encabezó la COB, las últimas semanas, los gobernantes y en particular el Presidente, han violado y se aprestan a violar derechos de la gente del pueblo, de los trabajadores asalariados e incluso de los no asalariados, lo que los ubica en el bloque de los autoritarios encubiertos y/o desembozados.
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“Digan lo que digan, hagan lo que hagan” los afiliados a la COB, la Ley de Pensiones seguirá sin modificaciones, ha dicho el Presidente de Bolivia (salvo las que él quiera introducir), con aires de un patrón paceño de los años 40 del siglo XX o de un capataz al servicio de tales empresarios, es decir, expresiones inapropiadas del máximo gobernante que todavía hace creer, a los que viven “desatentos”, que él representa, ahora, a los movimientos sociales y que su gobierno continúa como democrático y popular, a pesar de que cada vez se conoce más que Evo Morales tiene alianza con los medianos propietarios (cocaleros, colonizadores, cooperativitas mineros, propietarios del transporte, comerciantes más o menos pudientes e industriales medianos), grandes empresarios criollos y transnacionales, los que integran ese pacto social, económico y político, el que tiene apoyo mitad entusiasta y la otra mitad desconfiados, de militares y de policías, los únicos en el país que se jubilan con una renta calculada en base del total de sus sueldos, lo que le cuesta a Bolivia Bs2.000.000 cada mes.
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“Convoco compañeros a defender primero la democracia y, si somos del proceso, (a) defender este proceso de cambio para todos los bolivianos”[1], dijo el Presidente el momento en el que promulgó la Ley 378 que aumenta en Bs50 la Renta Dignidad.
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La última resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita al presidente Juan Evo Morales Ayma para una segunda reelección, la que se apoya en “argumentos” políticos antes que jurídicos, viola la Constitución Política del Estado (CPE), que los bolivianos hemos ayudado a redactar, parcialmente, y a la que aprobamos en referéndum.
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