Jorge Pérez hace “buena letra” vulnerando los derechos humanos

 Redacción Aquí Comunicación

 (AquíCom/19-09-014) El ministro de Gobierno Jorge Pérez hace “buena letra” arremetiendo contra los derechos humanos de los ciudadanos en su lucha anticrimen, con el propósito de mantenerse en el cargo en el próximo gobierno de Evo Morales. Pérez se ha dado a la tarea de presentar ante los medios a todo aquel que se cruza en su camino para mostrar “resultados” en su gestión.

Una de las vulneraciones más flagrantes hasta el momento lo cometió cuando presentó ante los medios a un menor de 17 años como el “asesino confeso” de la muerte de una joven madre. A Pérez no le importó vulnerar el artículo 10 del reciente Código Niño, Niña Adolescente promulgado hace unos días por su gobierno, que señala: “Las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos”. Ejemplos como esos hay muchos, que demuestran que Pérez es un vulnerador de la norma y los derechos humanos.

Y los medios de difusión hacen, como siempre, eco de esa vulneración; siempre con actitud acrítica y adormecida por la versión de la policía, porque quién podría contradecir la versión policial cuando acusa de un “cargo criminal atroz” a un ciudadano.

El medio de sifuaión abanderado para vulnerar la norma fue esta vez la Red Uno, que buscó el primer plano del rostro del adolescente para mostrarlo repetidas veces. La flagrancia se vio mucho más en la revista QNMP dirigido por Enrique Salazar. El periodista no respetó la normativa también fijada en el artículo 10 del Código Niño, Niña Adolescente que señala: “Los medios de comunicación cuando publiquen o transmitan noticias que involucren a niños, niñas o adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni gráficamente, ni brindar información que permita su identificación”. La norma agrega que “El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la acción legal correspondiente”, pero esto nunca se cumple así que por qué no seguir violando la ley.

Con esas presentaciones, el objetivo del gobierno es mostrar que la justicia ha triunfado, que ya no se necesita hacer ningún juicio porque la sentencia ya se dio, o ¿alguien duda de la información del gobierno? Pero la información generada sólo afecta el derecho a la información de la sociedad, porque el proceso recién empieza.

Para las autoridades, por un lado, eso significa una bocanada de oxígeno, pues muestran resultados, aunque parciales, en su combate a la delincuencia. Por el otro, los medios noticiosos reproducen imágenes que refuerzan el discurso gubernamental triunfalista. Se alejaban de una narración veraz para sumarse a un esquema informativo que viola principios básicos de derechos humanos y con ello el Estado de derecho.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, en su Artículo 16 señala que “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”, pero tampoco fue respetado. El ministro Pérez y la Policía dieron las imágenes y el nombre a los periodistas y éstos lo publicaron en un acto de vulneración flagrante; y de esto no se salva ningún medio de difisión del país, sea radio, prensa, televisión o digital.

Otra evidencia de vulneración de la ley y los derechos consagrados en la Constitución, de parte del ministro Pérez, fue cuando le negó a un detenido el pedido de no ser presentado ante los medios. Eso no podía ser posible ya que justamente la “naturaleza” y el “mérito” de Pérez radican en presentar como a delincuente a todo el que se pueda para mostrar “éxitos”. Pérez dijo ante los medios que el sospechoso “tuvo el atrevimiento de pedir que no se lo presente”. Pues sepa ministro Pérez que la ley asiste al detenido para no ser presentado. El artículo 296, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, señala como parte de la actuación policial: “No permitir que  los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento,  el  que  se  otorgará  en  presencia  del  defensor  y  se  hará  constar  en  las  diligencias respectivas”. La norma agrega en vano: “La  inobservancia  de  las  normas  contenidas  en  el  presente  artículo,  dará  lugar  a  la  responsabilidad administrativa y penal que corresponda”.

Lo peligroso de todo este actuar del Ministerio de Gobierno, encarnado en su actual ministro Jorge Pérez, y en todos sus antecesores, es que ya más de una decenas de ciudadanos presentados ante los medios de manera humillante, y con un irreversible daño a su imagen y buen nombre, fueron absueltos por la llamada justicia al no encontrárseles ningún indicio de responsabilidad penal por las acusaciones sostenidas.

Los irresponsables ministros, desde Sacha Llorenti, exministro de Gobierno y expresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que hoy devino en un consumado violador de los derechos humanos, pasando por Carlos Romero, y hoy Jorge Pérez, no reparan en que arruinan vidas y familias enteras, de la mano de los medios de difusión, sólo por obtener réditos en su mal llevada gestión.

Un caso reciente de esa vulneración lo confirma lo sucedido con Nina Mancilla, hija de Coco Manto, acusada y presentada por el entonces Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, junto al exministro Carlos Romero, como la cabecilla de una banda terrorista internacional que atacaba cajeros automáticos. Dos años y medio después, el propio Ministerio de Gobierno, que se constituyó en parte querellante, abandonó el juicio al ver que era insostenible llevarlo adelante por la inexistencia de pruebas. Los cinco acusados de ese caso hoy gozan de libertad, pero nadie se dignará a reponerles el buen nombre, ni los propios medios difusión que dos años y medio atrás hicieron escarnio público de ellos, tildándolos ante la opinión pública de “delincuentes” y sembradores de terror, semejantes acusaciones que seguirán cargando porque nadie fácilmente querrá darles trabajo  (AquíCom/19-09-014).