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Militares bolivianos detenidos en Chile y los apuros de ministros bolivianos

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Yuri Aguilar Dávalos*

La detención de 14 militares bolivianos en suelo chileno, que según declaraciones de autoridades del Ministerio de Defensa y de la Cancillería boliviana fue sólo un "pequeño incidente aislado" deja varios interrogantes sin aclarar.

 

No es la primera vez que en temas de política exterior se improvisa y que a la población se le entrega explicaciones que no convencen, pero que aumentan las dudas en muchos de los ciudadanos sobre la capacidad de las autoridades encargadas de esa materia.

Ofrecemos un breve recuento de las improvisaciones en la política exterior del país: incongruente presencia de tropas militares de ocupación en Haití desde septiembre del 2006; invitación, presencia y "expulsión" (31.05.201) de un militar iraní al y del acto de inauguración de la "Escuela de Defensa de los Ejércitos del Alba", para el que la Interpol ordenó detención, el 2007, acusado de ser autor intelectual del atentado a la sede de la mutual judía AMIA en Argentina (1974), en el que hubo de víctimas fatales; rompimiento unilateral del diálogo con Chile y decisión de acudir a tribunales internacionales para demandar a ese país acceso soberano de Bolivia a las costas del Pacifico (23.03.2011); ausencia de planteamiento, ante la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionó en San Salvador 07.06.2011), para que aquélla respalde la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico y se la tramite mediante el diálogo bilateral directo y sobre una propuesta escrita, útil, concreta, realizable, y para que aquella reivindicación sea considerada un asunto multilateral.

El último suceso calificado de "aislado" en territorio chileno, cerca de la frontera con Bolivia, deja al descubierto no sólo la ausencia de una política exterior coherente, sino también la precariedad con la que los uniformados resguardan el territorio nacional.

Según informes oficiales, la cartera ministerial de Defensa tiene el 26 por ciento del total del Presupuesto General del Estado, es decir, la mayor asignación de recursos entre las reparticiones públicas, por lo que resulta inconcebible que patrullas militares anti-contrabando carezcan de equipamiento: hagan patrullas con vehículos incautados (lo que tendría que ser demostrado en una investigación). A las deficiencias de aquellos vigilantes de nuestras fronteras se agrega la falta de equipos de ubicación satelital (GPS); carencia de armas reglamentarias que deben portar en esas misiones.

En próximos números de Aquí abordaremos otros aspectos de este tema que, creemos, debe ser investigado a fondo. Sin embargo, lanzamos interrogantes que deberían ser respondidas por las autoridades gubernamentales:

—¿Qué hacía un menor de edad a las dos de la mañana en un operativo militar contra bandas de contrabandistas?

—¿Qué hacía una patrulla militar boliviana en vehículos no oficiales, además con placas de otro país?

—¿Amparados en qué norma y/o con qué autorización hacían uso de vehículos incautados al contrabando?

—¿Por qué una patrulla militar de 14 efectivos hacía un operativo de alto riesgo con sólo tres armas cortas (pistolas) y dos largas (fusiles Galil), ante contrabandistas que operan fuertemente armados?

—¿En qué quedará la denuncia de los dos ciudadanos chilenos que afirmaron que sus vehículos fueron arrebatados por personas de uniforme militar quienes los amenazaron con armas de fuego?

—¿En qué quedará la amenaza de la primera autoridad del Ministerio de Defensa de presentar denuncia ante autoridades judiciales de Chile y contra dos ciudadanos chilenos "que habrían presentado denuncias falsas contra los militares bolivianos"?

Aunque los militares no fueron acusados de robo por la justicia de Chile, sí lo están por haber entrado ilegalmente a ese país y por llevar armas.

Pero hay algo más que no entendemos: la actitud inconsistente de las autoridades bolivianas, cuando señalan que los militares bolivianos que fueron aprehendidos en territorio chileno, y que fueron tratados como delincuentes. Consideramos que, como sucede en todo organismo de seguridad de cualquier Estado, el trato fue el que debía darse a quien ha cometido actos irregulares. Más aún: la Policía chilena resguardó la identidad de los detenidos y sin obligarles a mostrar sus rostros (como se hace acá en Bolivia cuando se detiene a presuntos delincuentes), ni se dio sus nombres. http://www.youtube.com/watch?v=K7qBRfucv40

Creemos que las autoridades, además de comprar equipamiento para los efectivos que luchan contra la delincuencia, también deberían adquirir mejores conocimientos para ubicarse mejor en los cargos que desempeñan.

*Historiador y periodista

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