Analí asesinada y escarnecida

Flechas yuracarés

Alejandro Almaraz*

Habrá que recordar por qué algunos, precisamente los que menos deberían hacerlo, parecen haber olvidado a Analí Huaycho. Ella era una mujer madre y madre trabajadora, reconocida periodista de PAT y otros medios de comunicación. Fue asesinada con espantoso sadismo por su pareja que la apuñaló repetidamente en presencia del hijo de ambos, un niño de cinco años. El asesino es el teniente de policía Jorge Clavijo, oficial de la élite policial, cuyas especiales capacidades, se supone, brindan la mayor seguridad a la sociedad.

Hoy podemos decir que, después de su horroroso asesinato, Analí está siendo víctima de esa suerte de escarnio simbólico que significa la prolongada sucesión de actos y omisiones con que las autoridades públicas, llamadas a hacer justicia para ella y los suyos, hacen exactamente al contrario. Obstruyen, retardan o, lo que se sería muchísimo peor, aseguran la impunidad del asesino. En el conjunto de despropósitos e irregularidades cometidas por las autoridades, destacan las enormes dudas que, desde el primer momento, dejaron sobre la identidad del cadáver de La Asunta, que presentaron apresuradamente como el de Clavijo.

No obstante, fueron muy rápidos y elocuentes para anunciar la certeza científica de la identidad del cadáver y cerrar el caso. El general Aracena, comandante general de la Policía, tuvo la inusual iniciativa de trasladarse personalmente hasta donde se encontraba el cadáver del supuesto asesino suicida y, ante los medios de comunicación, “sacramentó” su identidad como Jorge Clavijo, oficiando una sentida ceremonia mortuoria en memoria de su “camarada”, Por su parte, el ministro de Gobierno, que tiene ya cierta trayectoria en tragarse el triunfal anuncio de sus falsos éxitos, anunció que las pruebas de ADN daban el tranquilizador resultado de 99.99% de probabilidades de que el cadáver fuera de Clavijo.

No obstante, el notable empeño gubernamental y policial por cerrar el caso, las dudas sobre la identidad del cadáver de La Asunta se han multiplicado y profundizado. El patrocinio legal de la familia de Analí, para quien definitivamente el cadáver no es el de Clavijo, ha presentado, hace ya varios días, múltiples y sólidos elementos de juicio en ese sentido: las muestras para la prueba de AND no se tomaron del tejido adecuado, las mismas se contaminaron en alto grado, las pruebas no fueron realizadas por profesionales académicamente acreditados para el efecto, las fotografías del cadáver muestran claramente importantes diferencias con la estructura ósea y la dentadura de Clavijo. Pero, lo más alarmante, sugerente y repudiable es que hasta ahora, la respectiva autoridad judicial no permita que la familia de Analí acceda al misterioso cadáver para tomar muestras y realizar, a modo de peritaje se parte al que tienen indiscutible derecho, otra prueba de ADN.

A estas alturas lo menos que puede decirse, con objetividad, mesura y a un poco de consideración por Analí y los suyos, es que la identidad del cadáver de La Asunta es absolutamente incierta, que existen muy serios indicios de que la Policías está brindando criminal protección al asesino y que el ministro Romero, con su conocido y ágil sentido de responsabilidad, está dispuesto a convalidar el oprobio.

Ante semejante situación, es de la más insoslayable urgencia rehacer la investigación a cargo de otras autoridades y empezar por un necropsia con presencia de peritos de parte, y nuevas pruebas de ADN técnicamente confiables y también abiertas al peritaje de la parte civil. Al mismo tiempo, se debe abrir otra investigación sobre los actos con los que se obstruyó la justicia hasta ahora.

No hay mayores razones para ser optimista al respecto, pues junto a las abrumadoras muestras de devastación moral de las instituciones relacionadas con la justicia, se constata que quienes tienen suficientes atribuciones legales, especiales obligaciones morales e importante capacidad de incidencia para demandar eficazmente el reencauzamiento del caso, las ministras de Estado y legisladoras del mayoritario oficialismo (las mismas que en el sepelio de Analí se abrieron paso casi a codazos hasta los primeros planos televisivos), ahora guardan un catatónico silencio, tan profundo e inconmovible como todos aquellos otros con los que reaccionan frente a la impunidad de los muchos acólitos de su Gobierno que cometen crímenes contra mujeres.

Me pregunto si en estos tiempos de “revolución de la justicia”, y de boga discursiva de la defensa de la mujer, habrá alguien, institucionalmente hablando, que asuma realmente la lucha porque la memoria de Analí no quede cubierta por la escarnecedora impunidad de su asesino.

*Es abogado. Fue Viceministro de Tierras.