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¿Chaparina, siempre Chaparina?

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Vamos a andar

Rafael Puente - 18/07/2013

¿Será posible que nos libremos algún día del fantasma del TIPNIS y de su más triste componente que fue la torpe represión de Chaparina?

Pareciera que no, como que no nos diéramos cuenta de que un episodio sólo se cierra cuando todo queda claro, por muy lamentable que haya sido; cuando se aclaran responsabilidades y se sanciona lo que haya que sancionar, o se pide disculpas por los errores cometidos (errores o delitos, siguiendo la diferenciación que en su momento formulara el expresidente Paz Zamora). Y eso es precisamente lo que en el caso de Chaparina no ha ocurrido; se ha reconocido que fue una barbaridad pero no se ha hecho nada para identificar (y sancionar) a los responsables. Y un cadáver insepulto nunca es algo saludable.

Y es a partir de esa irresolución que en estos días el tema se ha complicado hasta el extremo, cuando han aparecido documentos escritos y videos según los cuales la VIII Marcha Indígena habría sido infiltrada por agentes de Policía (concretamente una cabo Angélica Cáceres) que habrían sido quienes intentaron secuestrar al canciller Choquehuanca. Y la represión de Chaparina (más allá de su brutalidad, que fue criticada por el propio Gobierno) no dejaba de justificarse por esa agresión a nuestro canciller. Si ahora resultara que es verdad lo de la infiltración, cabría concluir que precisamente lo que se pretendía era justificar la represión...

La cosa es demasiado grave y tiene que ser objeto de investigación exhaustiva. El derecho a la información es un derecho constitucional, pero además la información es la base para la participación, y también la base para el control social, y para el ejercicio de la justicia. Y yo añadiría para el ejercicio de la política y, por supuesto, para que avancemos en el proceso de cambio. No se puede afirmar con absoluta seguridad que las declaraciones de Waldo Albarracín sean irrefutables, pero lo menos que sí se puede afirmar es que no se las puede ignorar y tienen que ser el punto de partida de una investigación seria (y abierta a la ciudadanía) que nos lleve a sacar conclusiones.

El tema se vuelve tanto más preocupante en momentos en que ha habido una orden de detención contra cuatro dirigentes indígenas (Fernando Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Lázaro Tacó), a los que se quiere procesar por una golpiza de que fue objeto el también dirigente Gumercindo Pradel, y no porque los primeros hubieran sido los golpeadores, sino porque al ser dirigentes serían responsables. En cambio por lo de Chaparina (que fue algo mucho más grave que una mera sopapeada entre indígenas) no se habla de procesar a nadie, no se investiga, no se informa. ¿Será que tampoco se investigue ahora, cuando parece que el canciller Choquehuanca fue vilmente utilizado para justificar un ataque alevoso no sólo contra un dirigente, sino contra pueblos indígenas enteros?

¿De verdad alguien habrá podido pensar que de esa manera vamos a construir un nuevo Estado plurinacional, que con ese tipo de prácticas nos vamos a descolonizar, que es así como podemos encaminarnos al Vivir Bien?

Aparte de todo lo dicho ¿nos podría extrañar que la Policía funcione como funciona si fuera verdad que las autoridades superiores del Estado utilizan a sus miembros para este tipo de tareas a todas luces innobles?

Por donde lo miremos, el tema resulta de extrema gravedad y es imprescindible que nuestras autoridades (ejecutivas y judiciales) nos informen. Quedamos a la espera.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano para el Cambio CUECA, Cochabamba.

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