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Investigar para descubrir, jamás para encubrir

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editorial

En todos los campos y, específicamente en el periodístico, investigar (averiguar) abarca el momento de reconocer lo que ya fue averiguado y, el otro momento, tanto o más importante que el primero, descubrir un nuevo conocimiento. Este último elemento es lo esencial de una investigación, también cuando es periodística.

Las escasas investigaciones emprendidas desde organismos del Estado y/o desde el gobierno, por mandato legal o por compromisos asumidos a pedido de movimientos sociales o de particulares (muy pocos) han quedado truncas o ni siquiera empiezan.

*El desbloqueo, con fuerza pública, del camino La Paz-Caranavi y la muerte, por disparos de policías, de dos jóvenes (Mario Fidel Hernani y David Callisaya, en mayo de 2010), debió ser investigado nacional e internacionalmente, según compromiso escrito firmado por el presidente Morales, empero nada eso se hizo hasta este momento.

*La represión, a los indígenas marchistas, en Chaparina (Beni) en 2021, sigue una tortuosa investigación por cuenta del Ministerio Público y la justicia ordinaria, pero está sin concluir, a pesar del tiempo transcurrido.

*La erradicación forzosa de cocales, la muerte de tres uniformados y un médico, los ultrajes a la población (heridos y detenidos a los que se los procesa por presuntos delitos y sin pruebas) ocurridos en Apolo, en octubre de 2013, se investigan con una lentitud que desespera a los familiares de los detenidos en La Paz, contra los que no existen cargos o éstos son inconsistentes.

Sobre el primero y el tercero de los casos señalados se tienen informes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), los que debían ser referencias ineludibles o tendrían que serlo. Sobre la represión a los protagonistas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS existe un informe de la Defensoría del Pueblo que también ayuda a entender esa acción estatal y gubernamental contra bolivianos que protestaban “pacíficamente”, accionar por la vida suya, a lo que tienen derecho.

En la escena boliviana está la investigación de organismos estatales del terrorismo-separatismo que se le atribuye, especialmente, a un grupo de cruceños y a varios extranjeros, acontecimiento sobre el que hay mucho que investigar.

Se advierte que es parcial lo averiguado por el Ministerio Público sobre el presunto terrorismo-separatismo. Más aún: lo conocido, también parcialmente, es puesto en duda incluso por los gobernantes y por voceros oficiales y oficiosos del partido gobernante. Sobre todo se pone en duda lo que informa, desde Brasil, Marcelo Soza, ex fiscal de ese caso.

Sobre este asunto hay datos diversos e incluso contrapuestos que se deben esclarecer:

—El supuesto grupo terrorista-separatista, jefaturizado por Jorge Eduardo Rozsa Flores, según los gobernantes, fue contratado por los entonces dirigentes de la llamada media luna boliviana, constituida por líderes cívicos y políticos de la derecha de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Esa información es la más creída, acaso porque es la más conocida y porque tiene el aval del poder estatal y gubernamental.

—Otra versión, con menos credibilidad, es la que circula como rumor hace algún tiempo: que los gobernantes y, especialmente, el vicepresidente Álvaro García Linera los habrían contratado, a Rozsa Flores y compañía, para que operen en ¿contra de los separatistas? ¿O como quintacolumnistas?

—Entre los investigados por supuesto terrorismo-separatismo, hay quienes dicen contar con documentos que demostrarían que un ex funcionario de jerarquía del gobierno venezolano habría pagado al menos el pasaje de E. Rozsa desde Europa a Bolivia.

—Hace días que se “reveló” que un hombre “clave”, al servicio de Rozsa (Alejandro Hernández Mora), habría delatado a las empresas Prisa y Repsol, como financiadoras de los aparentes terroristas-separatistas, a cambio de conseguir que lo liberen de una prisión boliviana. 

—Entre los posibles financiadores internos del aparente grupo terrorista-separatista habría estado involucrado el entonces dueño del canal de televisión PAT, Abdallah Daher. Este habría sido excluido de la investigación judicial y del Ministerio Público, a pesar de que habría financiado al grupo terrorista-separatista, por lo que habría transferido, gratis, todas sus acciones en aquella televisora, a funcionarios del gobierno.

—La bomba que estalló en la casa del Cardenal Terrazas en Santa Cruz, fue obra de los terroristas-separatistas, según gobernantes. Éstos habrían dispuesto que algún agente suyo o un sicario fabricara e hiciera estallar esa bomba en la casa del religioso que, en ese momento era, además, Presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

—Los tildados de terroristas-separatistas, cuando fueron aplastados, habrían estado en un franco momento de descomposición-desintegración o simularon un comportamiento tal lo que, entre otras cosas, los llevó a participar del carnaval de esos días con un propósito desinformador.

—Ese grupo, que al parecer fue de terroristas-separatistas, fue infiltrado por agentes encubiertos de organismos de seguridad del Estado y del gobierno con el propósito de recoger información precisa sobre sus actividades o El Viejo —integrante o infiltrado en el grupo— habría sido torturado por funcionarios del Ministerio de Gobierno y a la vez habría sido pagado para salir del país de modo que con su ausencia se habría evitado que se constituya en informante en contra de los gobernantes.

—Es necesario establecer la verdad respecto de los actos extorsión que habría cometido el ex fiscal del caso Soza, así como una investigación tendría que confirmar o desmentir tantos otros datos contenidos en una carta y otro documento que aquél entregó a las autoridades brasileñas con el propósito de conseguir asilo político en el vecino país.

—La averiguación en curso debiera constatar o desmentir la participación de los actuales investigados y/o detenidos por terrorismo-separatismo. Asimismo, es urgente que sea una investigación la que demuestre qué participación en esos hechos delictivos tuvo el actual Gobernador de Santa Cruz, así como su hermano prófugo.

—Es insoslayable, asimismo, que una verdadera investigación sea la que confirme que José Pomacusi Paz no tuvo nada que ver con los sindicados por el posible terrorismo-separatismo y que por eso fue excluido de la investigación. Además, similar averiguación debe hacerse respecto de Alejandro Hernández Mora el que, presuntamente, a cambio de que lo excluyan de la investigación del caso terrorismo-separatismo, divulgó que Prisa y Repsol habrían financiado a Rozsa y sus seguidores.

—Tiene que investigarse también si Raúl García Linera participó, como uno de los jefes del operativo contra Rozsa y los suyos, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, no obstante que el Vicepresidente, su hermano, dijo que aquél no era funcionario del gobierno actual y que sí era (¿o es?) jefe su seguridad.

—Lo esencial es conocer, mediante una investigación si hubo enfrentamiento entre policías, y quizá militares vestidos de civil, en el operativo del citado hotel en el que murieron Eduardo Jorge Rozsa Flores y dos de los integrantes de su grupo de supuestos terroristas-separatistas.

—Sólo una investigación, que confirme la información conocida o la desmienta, y sobre todo que descubra en vez de encubrir, permitirá conocer que es cierto que esos tres presuntos terroristas-separatistas fueron ejecutados, y previamente torturados, como informa el ex fiscal Soza.

Cada día que pasa nos convencemos de que organismos del Estado y del gobierno, en este tiempo, seguirán haciendo mucho más por encubrir que por descubrir en el caso que comentamos. Basta como ejemplo el comportamiento de los miembros de esos organismos sobre los datos que, sobre el asunto, entrega Marcelo Soza al que, según los gobernantes, no se le debe creer, porque él mismo es un supuesto delincuente: extorsionador, entre otras cosas. Sin embargo, cuando ese ex fiscal conocía el asunto sobre el que escribimos, aparentemente, tenía la confianza de los gobernantes hasta el momento en el que, creemos, incumplió una de las instrucciones que recibía de los gobernantes para encubrir antes que para descubrir.

Ante esta constatación, los periodistas debemos investigar, así como se aconseja en nuestro oficio: reconocer y descubrir, acopiar lo que ya se conoce y aportar un nuevo conocimiento sobre el probable terrorismo-separatismo.

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