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Resistencia del pueblo a la ley destinada a privatizar la minería

editorial

Los pobladores de San José de Chiquitos, considerada cuna de la cruceñidad, ante la aprobación y pronta promulgación (solemne difusión) de la ley de minería, han resuelto resistir su aplicación porque prefieren preservar el medio ambiente y evitar que se “envenenen” las aguas que sirven para la vida y, en consecuencia, rechazan la extracción de minerales en esa región, según esa Ley.

Pensamos que esa es la línea que expresa el sentido común y la sabiduría de los comunarios, sobre la base de su experiencia, sin duda alguna. Esa línea, por tanto, es la que debe asumir y aplicar el pueblo boliviano.

No debemos olvidar jamás que el presidente Morales instruyó a sus legisladores que aprueben el proyecto de ley de minería tal como fue elaborada por los asesores de los cooperativistas-empresarios mineros, con la venia de los gobernantes, es decir, según los intereses de ese grupo económico el que, para nosotros, es la representación de los nuevos ricos, unos patrones que se presentan como cooperativistas, que simulan que trabajan y aportan de manera igualitaria dentro de una, también supuesta, asociación en la que los derechos y las obligaciones son idénticas, en apariencia; presuntas asociaciones porque, en la realidad boliviana, no existen. Como ha dicho el ex presidente de Comibol, Héctor Córdova, el Estado y el gobierno deben ayudar para que esas asociaciones se conviertan en verdaderas cooperativas, porque no son en este momento, añadimos nosotros.

Ese proyecto ha sido convertido en ley de Bolivia y sólo falta una publicación “solemne” y después de 10 días se aplicará, aunque es cierto que todavía no existe un reglamento, pero la aprobación de éste corre por cuenta de los gobernantes los que para ello tienen que hacerlo mediante un decreto supremo.

Esos retoques, sin embargo, en nada han modificado el filo principal del proyecto de esa ley que servirá para apurar la privatización de la minería boliviana, incluida la nacionalizada, de acuerdo a varios criterios de entendidos, a los que asumimos como nuestros. Leamos:

—El gobierno y en particular el presidente Juan Evo Morales Ayma, desde su primer mandato, favorecen a sus socios (y patrones a la vez), los cooperativistas-empresarios, con parajes ricos en minerales (indio incluido) y metales como el oro. Una concesión, que dice mucho por sí misma, es la hecha por el primer mandatario a los cooperativistas-empresarios mineros, de la mitad de las colas y desmontes de Siglo XX-Catavi, para que ese sector económico extraiga minerales de estaño, es decir, para que separen esa riqueza de la tierra y de rocas, con una bajísima inversión. Importa mucho aclarar, asimismo, que las colas y los desmontes son una reserva mineralógica importante, la que fue rescatada para los bolivianos por el gobierno del Gral. Juan José Torres (1971).

—Los cooperativistas-empresarios mineros, mimados por el Presidente y como dijeron a los medios de difusión, firmaron contratos de asociación con empresarios privados criollos y de otros países, y que lo harán en lo sucesivo. Es cierto que la ley dispone que los cooperativistas-empresarios mineros sólo podrán asociarse con el Estado para constituir empresas mixtas (lo que coincide con legislaciones de otros países), pero al margen de la ley ese grupo de nuevos ricos formarán empresas con otros empresarios privados, así como ahora sabemos que masistas-parlamentarios y/o de la Asamblea Departamental de La Paz son socios de una de las cooperativas que operan en Arcopongo (La Paz) y cuyos socios se han enfrentado, con armas, resultado del que han muerto tres de ellos. De yapa, en un accidente de tránsito, han muerto el colega periodista Luis Alberto Glasinovic Rivamontán (Pitín) y el chofer del vehículo, Rodolfo Ustariz, precisamente cuando retornaban de aquel lugar convulso del que extraen oro los cooperativistas nombrados.

—Los cooperativistas-empresarios mineros, muestran una voracidad desenfrenada, cuando exigen que se les condone las deudas que contrajeron con la Comibol: 36 millones de dólares, según informó el Presidente de esa entidad estatal, y cuyo dinero es de los bolivianos y en ningún caso de los actuales administradores del Estado y/o de la empresa minera estatal.

—A pesar de las diferencias, que ahora parece que no existieran, los asalariados mineros nada importante han dicho ni nada significativo han hecho para impedir que se apruebe la ley de minería. Lo menos que decimos, en coincidencia con otros sectores, es que aquellos trabajadores del subsuelo han abandonado la lucha en defensa de los recursos mineros no renovables e incluso dan la espalda ante la desnacionalización de la minería, como la entrega de los gobernantes de colas y desmontes de Catavi-Siglo XX para que los cooperativistas-empresarios mineros los exploten, mejor dicho, los saqueen como han hecho con otros parajes mineralizados. Los asalariados mineros, en casi todos sus congresos (incluidos los últimos) han reiterado su compromiso de dar las batallas que sean necesarias para conseguir una nueva nacionalización de la minería, de la Empresa Minera San Cristóbal, la transnacional más grande que opera en Bolivia (Potosí), cuya dueña es la japonesa Sumitomo, con $us.- 1.800 millones de inversión según sus ejecutivos, los que han informado que han tributado para el Estado boliviano 358 millones de dólares en 10 años; muy poco frente a las abultadas ganancias de esa corporación, de acuerdo a datos de entendidos Esa empresa japonesa en Bolivia consume 500 litros de agua por segundo y no pagará ni un centavo por mandato de la ley minera que se promulgará la semana próxima. Un técnico hizo la comparación siguiente: La Sumitomo en nuestro país consume la cantidad de agua en un día, equivalente al caudal de agua que gastan los alteños en un mes.

—Los cooperativistas-empresarios mineros, además de que no tributan, nada pagarán por el agua que utilicen en sus operaciones mineras y en el consumo humano que será mucho menos. Tienen autorización para cambiar la corriente de los ríos y/o emplear las aguas subterráneas sin tasa ni medida, vale decir, como dueños exclusivos del agua la gastarán y la malgastarán sin siquiera una obligación destinada a realizar estudios del impacto ambiental que ocasionen sus actividades extractivas. Compartimos un punto de vista: ese próspero grupo económico podrá incluso agotar el agua allí donde accione y/o contaminará suelos y aguas, y éstas hasta que se agoten si les hace falta a esa especie de depredadores de la naturaleza.

—A los indígenas, definidos a menudo como dueños del territorio, incluso propietarios de las riquezas naturales, junto con todo el pueblo y por definición de la Ley Fundamental, no se le consultará como disponen la Constitución Política del Estado (CPE) y convenios internacionales, los que a la vez son leyes de Bolivia. No habrá, por imperio de la novísima ley de minería, consulta informada, de buena fe y previa. Los explotadores-saqueadores de las riquezas mineras operarán, con un disimulado trabajo asalariado y/o trabajo a destajo, sin ley y sin aceptación de los indígenas dueños originarios de esos recursos del subsuelo. Con la ley minera que comentamos han ganado los que, entre los inquilinos del Palacio Quemado postulan, desde hace tiempo, un desarrollo aunque se sacrifique la naturaleza, frente a los otros no tan resueltos que proponen el desarrollo con el menor sacrificio posible de la biodiversidad.

Con la ley de marras pierden y perderán más las regiones (como Potosí, de acuerdo a lo dicho por el senador Maldonado), al pueblo le arrebatarán sus riquezas de las que es dueño legal y constitucionalmente, y mermarán las riquezas del país plurinacional porque seguirá como dueño de la vaca, pero otros se tomarán la leche, como dijo Eduardo Galeano.

La acelerada privatización y desnacionalización de la minería boliviana, por obra y gracia de los gobernantes y de sus obedientes legisladores, es una parte del precio que los bolivianos pagaremos por la tercera elección del presidente Morales. La ley de minería es un instrumento para ese gigantesco operativo entreguista, como sucedió en tiempos de las dictaduras militares y fascistas, así como durante el neoliberalismo.

Ante esa realidad que desgarra a Bolivia, la resistencia a la ley minera, propuesta por el sanjosesanos y chiquitanos, es o debe ser el camino del pueblo.