Artículos

Más muestras del acuerdo entre gobernantes y empresarios privados

editorial

El libro Control remoto, del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, nos ayuda a entender que los gobernantes y por éstos el Vicepresidente tienen un acuerdo con importantes empresarios de medios de difusión, como el diario La Razón y el canal de televisión ATB; ambos otrora de propiedad de la familia Garafulic y del grupo empresarial Prisa de España.

Ese acuerdo quiere decir que el dueño de ese diario y de ese canal de televisión sigue siendo el empresario que se considera o lo consideran (o las dos cosas) amigo y/o aliado de la Revolución Bolivariana de Venezuela; en tanto que, el Vicepresidente (por los gobernantes de nuestro país, reiteramos), tiene a su cargo la dirección de esos medios de difusión mediante delegados suyos a los que nombra a su gusto, como si él fuera propietario.[1] (En estas páginas de Aquí comentaremos el libro: Control remoto).

Ahora, asimismo, está más claro lo que dijo el presidente Morales para el diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra, el 24 de septiembre del año pasado: “Ahora quedan 10% o 20% de (medios opositores)” y agregó que el 80 por ciento eran amigos suyos y de los gobernantes.[2]

También el Presidente, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, al agradecer el título Doctor Honoris Causa que esta casa de estudios le otorgó, contó que las radios comunitarias o indígenas instaladas, en Bolivia, durante su primer mandato, se lo hizo con dinero donado por el gobierno venezolano. Estos medios de difusión, con certeza, son contabilizados en ese 80 por ciento de los amigos de los gobernantes.[3]

El “emprendimiento” gubernamental para controlar los medios y la información, hasta donde esto es posible, arranca de varios años atrás: uno de los primeros intentos (frustrado) de controlar los medios radiales, llamados o en realidad comunitarios, fue con un reglamento en el que, entre otros objetivos, se dispuso que no se autorice a párrocos para que instalen radios en provincias y/o en el campo; en ese mismo reglamento se prohíbe la publicidad comercial y la propaganda electoral (política); ese documento —criticado entonces por los trabajadores de los medios— determinaba que la propiedad, la programación y la palabra sean de los gobernantes y no de la comunidad, como deben ser esos medios del pueblo.[4]

Luego hubo una campaña que buscaba intimidar a dueños de los medios y también a trabajadores de aquéllos, la que dio algunos resultados en favor de los inquilinos del Palacio Quemado. Fue el tiempo en el que, probablemente, agentes del gobierno  agredieron a periodistas y a instalaciones de televisoras, sobre todo.

Se agredía a periodistas y medios, desde el poder, porque se creía que los “únicos” opositores reales, en ese momento, eran los medios de difusión (y los mensajeros) porque, según voceros oficiales y oficiosos de los gobernantes, los opositores políticos habían sido derrotados. Basta recordar el atentado a Canal 4-Unitel de Yacuiba, ejecutado por personal de élite de la Presidencia de Bolivia. http://www.yacuiba.com/index.php?p=1109

Otro paso de los gobernantes destinado a controlar la información es, sin duda, el artículo de la Ley Antirracista que pretende imponer la censura previa a la publicación de una noticia.[5]

En el último tiempo se materializa el acuerdo entre gobernantes y dueños de medios, a lo que nos referimos en esta nota editorial. Actualmente también está más claro que los gobernantes aplican, respecto de los medios de difusión, lo que instruía un Ministro de Gobierno, en ese momento en funciones: Díganle (por ejemplo a un juez) que nos colabore, si no quiere colaborar le ofrecen plata y, si no acepta ni lo uno ni lo otro, lo amenazan.

Estos días —los hechos no transcurren en vano— advertimos que el Presidente, que es el que manda, se apresta a formalizar un nuevo acuerdo con sus aliados los cooperativistas-empresarios mineros. Según el último diálogo entre delegados de ese grupo empresarial y el presidente Morales, una comisión redactará un nuevo borrador del artículo 151 del proyecto de ley de minería en el que se autoriza que cooperativistas-empresarios mineros se asocien con otros empresarios, criollos o transnacionales, a las que define la nueva Constitución Política del Estado, como empresas mixtas, a pesar de que las normas y la realidad, definen como empresa mixta a la que concentra capitales de un Estado y de empresarios particulares.

En el espacio editorial de Aquí de la anterior semana hemos comentado el proyecto de ley minera y nos hemos apoyado, y hemos concluido en que con esa legalidad se consumará una privatización mayor de los recursos mineros. Esa conclusión, entre otros, se apoya en un estudio del Centro de Estudios Laborales y Agrícolas (CEDLA), en datos de la vida, en criterios de amigos de esta publicación y en el conocimiento que tenemos los editores de este semanario.

Reiteramos en estas páginas que una ley minera boliviana que defienda los recursos mineralógicos (no renovables, hay que recordar) para que beneficien a las regiones, al pueblo y a la “plurinacionalidad”, no sólo debe cambiar ese artículo 151 porque son otros artículos más los que están destinados, creemos, a reforzar la privatización de la minería o privatizar otra vez la minería nacionalizada en nuestro país. En este momento, las cooperativas-empresas mineras de un capitalismo salvaje, junto con las empresas mineras privadas (las transnacionales, incluidas, como la Empresa Minera San Cristóbal) predominan en Bolivia y la distancia respecto de la minería nacionalizada es enorme ya.

Los cooperativistas-empresarios mineros, han confesado en voz baja, que antes de las elecciones de este año se debe aprobar el proyecto de ley minera que es de ellos, porque temen que en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, los gobernantes y ellos, pierdan los dos tercios de los que disponen ahora. El Presidente y los gobernantes, por su lado, necesitan de los votos de los cooperativistas-empresarios mineros y de esa masa de raros asalariados que se definen como socios de esos grupos económicos en los que mandan los pocos nuevos ricos que son los que ganan tanto que uno de ellos (potosino), por ejemplo, financiaba (¿y financia?) al club de fútbol Nacional Potosí y otro es dueño de un hotel de cinco estrellas en Santa Cruz.[6]

Debemos mantener en la memoria que el Presidente instruyó que el proyecto de ley de minería se apruebe tal cual fue consensuado por cooperativistas-empresarios mineros, empresarios privados de ese sector y dirigentes de una desdibujada Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Con el nuevo acuerdo Presidente-cooperativistas/empresarios mineros, con arreglos formales (afeites) al artículo citado (151) de ese proyecto, se allanarán las dificultades y, en consecuencia, se aprobará el proyecto de ley de minería que, esencialmente, es contrario a las regiones, al pueblo y al Estado llamado plurinacional.

A los dos dichos y hechos referidos en esta nota, se suma la afirmación que sigue: “Los empresarios también somos pueblo, Presidente”, afirmó un empresario en medio de las celebraciones cívicas de Tarija, por la Batalla de la Tablada de 1817, en la gesta por la independencia del colonialismo español. Y, en consecuencia, con esa fracción de ese supuesto “pueblo”[7] Juan Evo Morales Ayma y su gobierno podrían formalizar un nuevo acuerdo, con los que de hecho existe, particularmente en Santa Cruz, aunque no con todos los patrones, es cierto.

Del acuerdo de los gobernantes-empresarios (criollos y transnacionales) ganan especialmente los últimos y no existen datas ni siguiera dichos que evidencien que esa alianza sea para servir a las regiones, al pueblo y al supuesto Estado plurinacional.