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“Apolo tiene los mismos derechos que Chapare”

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editorial

“Apolo tiene los mismos derechos que Chapare”. Esa afirmación es del caricaturista Abecor, en su columna gráfica “Cosa seria” (Página Siete 02-11-13), tan acertada en este caso, como en tantos otros.

Entre tanto gobernantes y voceros de organismos del llamado Estado plurinacional lo que muestran cada día son contradicciones las que, en este asunto, nada tienen de “creativas”.

Es necesario dejar sentado, otra vez, que los sitios de producción tradicional de coca, para el acullico y otros usos lícitos, son desde hace largo tiempo, los Yungas de La Paz y los Yungas de Vandiola, en Cochabamba. Se sabe, según informes no desmentidos, que los tacanas plantaban coca para usos tradicionales en el que era y es su hábitat natural. Incluso otros informes aseguran que hubo coca en Vallegrande (Santa Cruz), pero desde hace décadas, con seguridad, en ese valle cruceño ahora no existen cocales. En una cronología que publicamos en este número de Aquí se informas, asimismo, que en Tiraque (Cochabamba) se planta coca desde hace mucho tiempo.

En el Chapare, los actuales cocaleros antes de poblar esos lugares en el que vivieron los indígenas yuracarés, fueron mineros, fabriles, campesinos de varios lugares del país, entre otras procedencias. Allí los llamaron “Collas con papeles” porque llegaron con resoluciones (en el mejor de los casos) extendidas por el viejo y ahora inexistente Servicio Nacional de Colonización. Esos collas con papeles despojaron de sus tierras ancestrales y que poseían en propiedad colectiva, los yuracarés en especial, a los que los inmigrantes los “cazaban” con trampas, cual animales silvestres, y los hacían trabajar a cambio de comida y alcohol.

Plantaciones de coca no hubo, asimismo, en las provincias Chapare, Carrasco Tropical y Tiraque (Cochabamba). La historia reciente se encarga de confirmar ese dato, así como se sabe que los cultivos de coca en esas tres provincias arrancan desde los años 60, pero a escala “industrial”, es decir, para producir cocaína, desde los años 70 y 80 del siglo XX.

Es cierto que para que el Estado y los gobiernos de entonces reconozcan como legales a esos cultivos chapareños de coca —definidos como de transición o temporales, en realidad, ilegales—, sus dueños marcharon, bloquearon caminos y calles, ayunaron, murieron, en una palabra: lucharon, siempre o casi siempre con el apoyo del pueblo. Así, esos inmigrantes consiguen mantener sus cocales que, en el Chapare, aumentan más allá de lo “legalmente” permitido: un cato por familia. Ahora, se sabe, las familias chapareñas tienen hasta seis catos pertenecientes a los dos esposos, hijos, hermanos y otros, los que son poseedores reales o “palos blancos”. Asimismo sucede que, inmediatamente después de la erradicación, por la que se pagó hasta $us.- 2.500, se planta más coca la que, además, se destina a la producción de cocaína porque la que se prefiere incluso allí para acullico, medicina y ritual es la de Yungas de La Paz y Yungas de Vandiola, cochabambina.

Es cierto que los relocalizados de toda laya y lugar encontraron ocupación en el Chapare y es verdad que incluso han conseguido alguna prosperidad, la que ellos admiten.

Esos cultivos de coca han empobrecido tanto los suelos que ahora los colonizadores de ayer y sus descendientes reclaman más tierras y, como se agotan las del Chapare, pretenden las del TIPNIS. Para esa deseada extensión de cultivos de coca en la reserva natural y territorio indígena se tiene la confesión de dirigentes de ese agrupamiento social y la ocupación por colonizadores-cocaleros del denominado “Polígono 7”, ex TIPNIS, depredado, en el que se planta preferentemente coca y del que sus poseedores colectivos han sido despojados o a los que se les ha comprado sus pertenencias y ellos (los indígenas) han sido convertidos en asalariados eventuales o semiproletarios. Allí, rodeados de predios de propiedad individual, residen indígenas yuracarés y trinitarios como una “especie en extinción”. Este ejemplo debe convencernos de que colonizadores y cocaleros fueros y son sobre todo avasalladores, el despojo de tierras protagonizado por ellos es una práctica sostenida.

Desde el Estado, al que creen plurinacional, respecto de los cocaleros de las cercanías de Apolo (Miraflores, Copacabana y otros), se dicen mentiras y se incurre en contradicciones a la vista. Leamos:

Los cultivos en lugares próximos a Apolo han crecido las últimas décadas. Testimonios, como la del Párroco de aquella capital de provincia, dan cuenta de que en 1978 las plantaciones de coca eran escasas, en tanto que la coca de Charazani crece mucho más y la producción es mayor que en Miraflores, Copacabana y otros sitios. Se advierte que, por ahora, no habrá erradicación de cocales en Charazani, quizá por las urgencias electorales del Presidente que, aunque sueña ganar por tercera vez con el 74 por ciento del electorado, no deja de temer algún revés electoral, según fuentes creíbles.

De modo que los cultivos excedentarios de coca, en los alrededores de Apolo, son del último tiempo, así como fueron los del Chapare y, son ahora, los de Caranavi, Alto Beni, Charazani (en La Paz); Yapacaní, San Germán (en Santa Cruz).

Negociadores del gobierno les dijeron a los apoleños que en ese lugar no se iban a erradicar los cocales llamados excedentarios, entre tanto no haya un acuerdo, el que nunca llegó. Al revés, se impuso la erradicación con la fuerza de 800 efectivos (policías y militares), especialmente en Miraflores, cuyas víctimas afirman que, con la coca arrancada, han perdido el pan o parte sustancial de él.

Gobernantes, y otros voceros del Estado, afirman que el sábado 19 de octubre en Miraflores-Apolo hubo emboscada protagonizada por cocaleros en contra de las fuerzas de ocupación y erradicadores de coca a la vez. El Ministro de Gobierno (del que nosotros ya no esperamos responsabilidad) habló de que los uniformados fueron masacrados en la localidad apoleña. Testimonios de los reprimidos, vecinos, Párroco de Apolo, coinciden en señalar que a partir de las 5 de la mañana de aquel sábado 19 fueron allanadas las casas de los pobladores de Miraflores y que niños y mujeres (algunos hombres) de esa localidad fueron llevados a un campo deportivo en el que estuvieron, durante horas, sin agua ni comida y a la intemperie. Disparos de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cubrieron la mañana de ese fatídico sábado, para atemorizar a la gente y con derroche de autoritarismo.

Casi todos los hombres se metieron al monte, en autodefensa. Antes anunciaron que iban a mantener una vigilia de más de 15 días y avisaron que estaban armados con piedras, palos y hondas para proteger sus cocales. Sin embargo, quizá la resolución de autodefensa es lo más notorio de aquel comportamiento de los cocaleros. En el Chapare se organizaron comités de autodefensa (guerrillas dijeron entonces los gobernantes) y aunque operaron pocas veces, hasta donde conocemos, fueron una de las formas de lucha desplegada para defender la coca, precisamente, cuando ni los productores dudaban de su ilegalidad.

Incluso parlamentarios del MAS, luego de visitar la región apoleña como parte de una comisión que investiga e informará sobre lo que allí ocurrió y ocurre han adelantado una conclusión contradictoria: unos dicen que de los hechos en Apolo participaron extranjeros y otros que no. Mientras el Presidente habló de la intromisión de peruanos y colombianos, dirigentes de organizaciones campesinas, sobre las que influyen decisivamente los gobernantes, aseguraron y aseguran que los campesinos apoleños, productores de coca, nada tienen que ver con extranjeros ni con narcotraficantes.

Medios de difusión, reproducen confesiones de gobernantes los que admiten que no han establecido a cuántas hectáreas llegan los cultivos ilegales de la hoja verde en las proximidades de Apolo. Sin embargo, allí la represión a los pobladores (incluidos niños y mujeres) afecta a los que asumen un comportamiento independiente respecto de los gobernantes, en tanto que los incondicionales de los inquilinos del Palacio Quemado no padecen sobresalto alguno: viven bien, diría cualquier llunk’u y/o “súper llunk’u”.

Fiscales han informado que a 15 de 17 detenidos en Patacamaya y procedentes de Apolo, se les ha encontrado pólvora en su ropa, pero ellos mismos y funcionarios gubernamentales señalan que ese dato no quiere decir que ellos hayan disparado contra los tres uniformados y el médico muertos. Fiscales asignados al caso, asimismo, dicen que existen cuatro personas prófugas, probables autores de esas muertes. A los representantes del Estado parece importarles sembrar dudas respecto de los pobladores de Miraflores. Sin embargo, lo que callan los fiscales es que entre los detenidos en Patacamana están varios miembros de la familia Flores, sólo porque son parientes del ex Alcalde de Apolo, al que depusieron del cargo. Ese elemento evidencia que el caso Apolo cobra ribetes políticos, dicen vecinos, porque esos miembros de la familia Flores serían al menos simpatizantes del Movimiento Sin Miedo (MSM).

Galeano, escritor y periodistas uruguayo, dice que en tiempos de las dictaduras militares y fascistas, cuando el propósito era “fabricar” pruebas en contra de los miembros de la resistencia, la policía encontraba lo que ponía, es decir, armas, explosivos, libros, multicopiadoras…

Informes de residentes de Apolo, corroborados por periodistas de allí y de La Paz, confirman que posiblemente miembros de la FTC han “sembrado” cocaína en las casas abandonadas de pobladores de Miraflores. Asimismo, fiscales aseguran haber encontrado pozas de maceración de coca (dos abandonadas hace tiempo), pero a larga distancia de Apolo. En el Chapare, en cambio, según la policía antinarcóticos se descubrían cinco pozas de maceración de coca por día.

Fuentes similares hablaron de un arsenal localizado cerca de Miraflores-Apolo. No obstante, hace horas se ha dicho que tres armas de fuego halladas allí pertenecen a la Policía Boliviana.

Los cocaleros del Chapare fueron reprimidos por gobiernos de las clases sociales dominantes en Bolivia; en este tiempo, miembros de un gobierno que se define como de los movimientos sociales son los que castigan a cocaleros empobrecidos.

El inventario podría seguir. Sin embargo, la paramos aquí. Retornaremos con más sobre un asunto que no sólo interesa a los cocaleros de Apolo, sino al pueblo boliviano.

Lo dicho y contradicho sobre el “Caso Apolo” confirman, creemos, el acierto de una sugerencia de obispos católicos para que una comisión integrada por instituciones que defienden, promocionan y divulgan los derechos humanos investiguen, para confirmar y descubrir, sobre este caso y que en el menor tiempo posible entreguen un informe que restaure la verdad y pulverice las mentiras divulgadas desde el gobierno y desde el Estado.

Entre tanto debemos exigir, con la fuerza que tenemos, que a los cocaleros de Apolo se les reconozca los mismos derechos que ejercen los cocaleros en el Chapare. Ni más de menos, si es verdad que somos iguales ante la ley, como parlotean los gobernantes.

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