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Defensa de cocales cobra cuatro vidas de compatriotas en Apolo

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editorial

La defensa de la coca, definida como excedentaria, en la localidad Miraflores, a 20 kilómetros al sur de Apolo, el momento en el que los uniformados trataron de erradicar esas plantaciones, en un enfrentamiento murieron dos militares, un policía y un médico, cuyos autores intelectuales y materiales serían los dueños de esos cocales, los que tendrían aliento de extranjeros y narcotraficantes. Éstos, a su vez, denunciaron que antes de esa erradicación, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (erradicadores militares y policías) allanaron domicilios de pobladores y ultrajaron a éstos (en Miraflores) uno de los lugares en los que, según los gobernantes, existe coca ilegal.

Después del enfrentamiento y de las muertes, que lamentamos, con la fuerza estatal de la que están investidos: policías, militares, fiscales y el Viceministro de Defensa Social impusieron la erradicación de las supuestas o reales plantaciones ilegales. Asimismo, fueron apresados más cocaleros y otros vecinos, los que muestran que no tienen más fuerzas para resistir y menos para impedir ese operativo “erradicador” que continúa. Los fiscales han informado que allí se han encontrado armas, en lo que podría ser un arsenal, cuya propiedad esperamos que sea esclarecida, aunque periodistas que visitaron el lugar dudan de la veracidad de que se hayan encontrado esas armas. Han sido apresados cerca de diez productores de coca más, a los que se les iniciará un proceso penal, así como a los primeros que fueron detenidos en Apolo y traídos a la sede de gobierno para enjuiciarlos y, como una consecuencia inmediata, las autoridades ordenaron la detención preventiva de cerca de diez de ellos en el improvisado penal de Patacamaya, en el altiplano paceño.

Medios de difusión, como la red de radios Erbol, han difundido testimonios de pobladores de Miraflores, entre éstos el de una mujer que contó que el allanamiento en esa localidad empezó a las 5 y 30 de la mañana (19-10-13), cuando “todos dormíamos”, señaló. La Fuerza de Tarea Conjunta, ejecutora de ese operativo, ocupó el lugar e hizo disparos de armas de fuego la mayor parte de la mañana del sábado 19 (de la anterior semana). Se conocen imágenes de los destrozos ocasionados por las fuerzas de ocupación en Miraflores y una queja de sus habitantes es que con la erradicación de sus cocales han perdido la principal fuente del sustento de sus familias. El Viceministro de Defensa Social dijo para los medios, en Apolo, que se estudiará una indemnización a los que resulten perjudicados por esa medida.

Para los gobernantes, los dueños de cocales ilegales desplegaron una respuesta armada compartida con narcotraficantes peruanos, al extremo de provocar una masacre, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la que acabó con la vida de dos oficiales de las Fuerzas Armadas, un jefe de la Policía Boliviana y un médico, cuyo cadáver fue encontrado vestido de uniforme militar, de acuerdo a sus familiares. Ahora los gobernantes agregan, otra vez, que los apoleños de Miraflores no dispararon contra los muertos, pero que sí lo hicieron extranjeros (peruanos y colombianos) y narcotraficantes

Especialmente dirigentes campesinos y otros voceros del MAS aseguran que, durante los acontecimientos que comentamos, no hubo intromisión de narcotraficantes. Incluso los gobernantes no insisten, como al comienzo, en afirmar que narcotraficantes participaron de esos hechos luctuosos del sábado 19 en Miraflores; sin embargo, después retoman la denuncia lo que evidencia inseguridad o que ellos dicen mentiras. La pobladora que hemos citado y que fue entrevistada por Erbol dijo que es mentira que allí haya narcotraficantes y que entre los detenidos (incluidos los últimos) no hay extranjero alguno.

Cocaleros del Chapare afirman que ellos deciden por su cuenta la erradicación de los cocales excedentarios. Sin embargo, estamos avisados de que allí la extensión de los cocales aumenta cada día porque se conoce a familias que poseen uno y cinco catos de coca. Además, inmediatamente después de la erradicación, que puede ser voluntaria, plantan más coca, lo que constituye una cadena que se advierte interminable.

 La información de la que se dispone, sobre los cocales en Bolivia, lleva a la conclusión ineludible de que la mayor parte de la llamada “hoja sagrada” se destina a la producción de cocaína. La coca del Chapare, de acuerdo a un dato entregado por un organismo competente de las Naciones Unidas, en mucho más de la mitad se utiliza para la producción de cocaína. Otro elemento informativo es revelador: los chapareños prefieren la coca de Yungas de La Paz y de Yungas de Vandiola (Cochabamba) para el acullico.

Para nosotros la coca es un recurso natural: medicamento, alimento y ritual. Esta afirmación se apoya en relatos orales y escritos que se conocen desde antes de la colonia española y en estudios que merecen confianza: entre éstos uno que realizó la Universidad de Harvard (EE.UU.), así como el que han llevado a cabo profesionales bolivianos.

El líder del MSM dijo, hace horas, que su organización tuvo acceso a un resumen del informe de la ONU sobre la coca en Bolivia y que ese estudio considera que bastan seis mil hectáreas de cultivos de coca en el país para satisfacer el uso tradicional de la hoja verde, es decir, como medicamento, alimento y ritual.

Asimismo, vale mucho reiterar que en nuestro país, hasta hace no más de 40 años, las plantaciones tradicionales eran las de los Yungas de La Paz y de los Yungas de Vandiola (Cochabamba), así como se sabe que pueblos indígenas, plantaban pequeñas cantidades de ese arbusto destinado al consumo familiar y/o comunitario.

Los últimos años de la década de los 50 se establecen, en el Chapare, los primeros colonizadores (los “collas con papeles” como les llamaban allí) que son los que plantan coca cada vez más en cantidades que exceden con creces la cantidad de esa hoja que se emplea para el acullico y otros usos ancestrales. En los años 80, son los relocalizados, asalariados echados especialmente de los centros mineros, los que plantan coca en el trópico cochabambino.

En este momento se produce coca en otros lugares no tradicionales como: Caranavi, Alto Beni, Apolo (La Paz); Yapacaní, proximidades de Bulo Bulo (Santa Cruz) y alrededores de Yungas de Mandiola (Cochabamba).

Datos que nos facilita la historia y que no debemos olvidar dan cuenta de que para el acullico de los mitayos, especialmente en el Cerro Rico de Potosí, la coca se llevaba desde los Yungas paceños. Asimismo, constataciones de otros compatriotas que han estudiado el tema, aportan con la evidencia de que, por ejemplo, los hermanos Lanza, que participaron de la guerrilla y de la guerra de la primera independencia boliviana, lo hicieron también para defender sus latifundios con cultivos de coca. Además, los indígenas tacana, del norte de La Paz, plantaban coca, en pequeñas cantidades, para uso tradicional.

Ahora, fiscales y policías, desde el Estado, recogen evidencias sobre los hechos de Apolo. Parlamentarios también han resuelto investigar el caso. Sin embargo, la experiencia evidencia que desde el gobierno y desde el Estado toda investigación que se emprende siempre queda inconclusa o encubre en vez de descubrir.

La Defensoría del Pueblo ha prometido un informe sobre los aquellos hechos en tres semanas. No obstante, lo que adelantó por intermedio de Erbol, el encargado de la prevención de conflictos de esa oficina, a nosotros nos preocupa porque, al menos la suya es una conclusión apresurada —a lo que no llegó ni el Ministro de Gobierno— porque lamenta la extrema “crueldad” de los productores de coca excedentaria los que, según añadió, torturaron a los que acabaron muertos, con tanta inhumanidad, como él nunca había visto. Pero ni siquiera esa declaración aplacó la furia de los gobernantes que, por anticipado, han invalidado el informe de esa institución que encabeza el obispo emérito de la Iglesia Metodista, Rolando Villena Villegas. Por éste, la ministra de Comunicación, además ha dicho que “sin miedo” miente sobre los acontecimientos de Apolo, en alusión a supuestos vínculos político-partidarios del Defensor con el Movimiento Sin Miedo.

Nosotros también esperamos esos informes más allá de su forma y de su contenido. Entretanto afirmamos que los derechos de los cocaleros excedentarios de Apolo no deben ser violados, como lo son en este momento en el que no para la erradicación de la coca ilegal, por cuya medida se debe indemnizar, creemos, a los afectados, así como se lo hizo tantas veces, especialmente, en el Chapare y también en Yungas de La Paz.

Hablamos del derecho a la seguridad porque en estos días, en Apoyo, hay una ocupación policial y militar, y los uniformados son una amenaza a la convivencia pacífica de aquellos compatriotas, de los niños en especial; los niños no pasan clases porque han sido cerradas las pocas escuelas de la zona, como ha sucedido también en otras zonas cocaleras que vivieron situaciones similares; militares y policías imponen el miedo que dificulta el movimiento independiente de los cocaleros excedentarios, que sí tienen derecho a la organización (varios se han metido al monte); los allanamientos no han sido acciones pacíficas sino un derroche de fuerza bruta; las muertes que lamentables (decimos una vez más), se hubieran evitado si la erradicación de los cocales excedentarios de Miraflores se la emprendía previo acuerdo gobierno-cocaleros.

A nosotros nos preocupa que los cocaleros de Miraflores (Apolo) asuman tareas de autodefensa, la que en el Chapare se anunció y se ejecutó aunque de manera limitadísima.

Desde este medio, más de una vez, hemos recordado que nuestro pueblo tiene derecho a la rebelión (según la introducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), cuando constata que se agota el estado de derecho. Quizá los cocaleros de Apolo vieron amenazado incluso el derecho a la alimentación, a la vida. Por eso dijeron que estaban armados con palos, piedras y otras armas contundentes para defender sus cocales, y los gobernantes al parecer subestimaron ese anuncio.

Nosotros condenamos los enfrentamientos armados, de las fuerzas del orden frente al pueblo. Sin embargo, la rebelión supera la voluntad de la gente porque para que aquélla ocurra tienen que concurrir factores materiales (como la lucha por la vida y la alimentación) y otros subjetivos, como la organización, unidad, ideas, plataforma (o programa) fuerza, apoyo interno y externo.

Los gobernantes se empeñaron en firmar acuerdos con los productores de coca ilegal de Vandiola y lo consiguieron, lo que no hicieron ni hacen con los cocaleros ilegales de Miraflores (Apolo).

La falta de registro biométrico de los cocaleros excedentarios en Apolo es apenas un pretexto para imponer una política de erradicación forzosa de esos cocales, lo que parece materializar lo dicho por el Vicepresidente: El Estado no debe perder ante nadie y menos ante los cocaleros, aunque éstos pierden, estos días, su principal fuente de subsistencia.

Una yapa: esperamos que en el pueblo, y en especial los cocaleros de Miraflores y sus alrededores, conozcamos a los gobernantes, de carne y huesos, por sus obras antes que por lo que parlotean.

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