Cronología de los hechos sucedidos en Apolo

apolo

Antes y después del 19 de octubre de 2013

Redacción de Aquí

Antes de presentar una cronología de los sucesos acaecidos en Apolo y sus alrededores el pasado sábado 19 de octubre de este año, les ofrecemos referencias de dos informes de Naciones Unidas, el primero de 1950 y el segundo del 2012, en los que se señalan las zonas identificadas con plantaciones de coca. En ambos informes está la región en conflicto, aunque en la de 1950 no se señala con precisión ya que sólo se menciona a Caupolicán.

Según el Informe de la Comisión para el Estudio de las Hojas de Coca de 1950 [i] del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, los cultivos de hoja de coca en 1946 llegaban a 7.088 Has y su producción en toneladas, en el periodo 1938-1942, sobre un total de 5.500 Tn. era la siguiente:

En La Paz

—Nor Yungas                   2.500 Tn.

—Sud Yungas                   2.000 Tn.

—Inquisivi                         200 Tn.

—Caupolican                     150 Tn.

—Zongo                            25 Tn.

—Muñecas                         15 Tn.

—Larecaja                         10 Tn.

—Total                              4.900 Toneladas

En Cochabamba

—Chapare (Todos Santos, Espíritu Santo, Corani, Palmar y San José)

—Carrasco (Totora, San Antonio y Pojo)

—Arani (Vandiola y Tiraque)

—(Nota: El total sería 550 Tn., aunque la cantidad por sectores no aparece porque está cortado por las perforaciones del anillado)

En Santa Cruz

—Cercado                         25 Tn.

—Sara                                15 Tn.

—Vallegrande                   10 Tn.

—Total                              50 Toneladas

Según el Monitoreo de Cultivo de Hoja de Coca 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[ii] la cantidad de hectáreas de coca son las siguientes:

Cultivo de coca                 25.300 Has.

Yungas de La paz             16.900 Has.

Apolo                                320 Has.

Trópico Cochabamba        8.100 Has.

Áreas protegidas               2.154 Has.

Permitido por Ley 1008    12.000 Hectáreas

 

Cronología de los hechos en Apolo

04/11/2012

Campesinos del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, anunciaron el inicio de movilizaciones en defensa del alcalde electo Mario Flores, del Movimiento Sin Miedo (MSM), porque aseguran que sufrió un boicot político del Movimiento Al Socialismo (MAS), para suspenderlo del su cargo.

El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Franz Tamayo, Mario Salas, señaló que gente de la derecha está envuelta en el partido de gobierno y pretende aprovecharse de los recursos de la Alcaldía una vez en el poder.

“Vamos a hacer todo lo posible para que nuestro compañero Mario Flores sea liberado. ADN y MNR lo han perseguido para hacerle todo tipo de trampa (...) Queremos que se investigue la detención de nuestro Alcalde”, pidió el dirigente.

Deonicio Flores del MAS es el alcalde interino con ayuda del fiscal de Apolo, Leopoldo Ramos, ya que éste ordenó la suspensión del burgomaestre electo, aseguró Salas. Ese fiscal se mueve bajo intereses personales, pues logró que su hermano sea el asesor legal del actual Alcalde.[iii]

07/11/2012

La Federación de Campesinos de Apolo realizó hoy una toma simbólica de la Alcaldía de este municipio del norte paceño en demanda de la liberación del alcalde electo Mario Flores, encarcelado en el penal de San Pedro, y la renuncia del fiscal Leopoldo Ramos Herrada, quien pidió la detención preventiva de la ex autoridad edil:

“La Federación se ha reunido desde las 10.00 y se encuentra en el frontis del Municipio de Apolo. Hemos determinado que vamos a tomar pacíficamente la alcaldía como protesta para que pueda ser liberado nuestro alcalde Mario Flores”, manifestó el secretario de actas de la Federación, Hernán Salas,

También se resolvió la inmediata renuncia del fiscal de Apolo, Leopoldo Ramos Herrada, porque la Federación de Campesinos de Apolo lo sindica de acusar de manera formal al electo alcalde “sin previa investigación”: “En forma de protesta estamos tomando la alcaldía desde hoy, estamos pidiendo que los funcionarios abran la puerta y estaremos adentro hasta que Mario Flores sea liberado y pueda ser respetado el voto mayoritario”, recalcó Salas. Flores es acusado de contratar y pagar con recursos públicos del municipio a un asesor legal (Luis Arzabe) sin que éste tenga ningún título profesional.[iv]

Lunes, 24/06/2013

Empieza en la zona la destrucción de coca ilegal, acción resistida por los cocaleros afectados.

Funcionarios del gobierno revisan el padrón biométrico de productores de coca, pero ratifican que el máximo de cultivos en la zona es de 300 Has. Dionisio Núñez, viceministro de Coca y Desarrollo Integral, dijo que “cualquier redefinición del padrón biométrico, en el que están registrados los cocaleros legales, deberá hacerse tomando en cuenta que en esa zona sólo está autorizada la cosecha de 300 hectáreas de su producto (…) Puede aumentar el número de cocaleros, pero lo que no puede superarse son estas 280 a 300 hectáreas, que es el área permitida en esa región”[v]

Según registros del gobierno hay 995 productores quienes tienen un carnet que les autoriza trasladar coca a La Paz.

Pero, la Asociación de Productores de Apolo, con 757 miembros que no tienen el carnet, pide ser reconocida como legal, porque sus cultivos están en las áreas permitidas

Jueves, 17/10/2013

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en conferencia de prensa, denunció que un grupo integrado por 120 cocaleros de Apolo, norte del departamento de La Paz, tiene armas para atentar contra la integridad física de los erradicadores de los cultivos de coca ilegal.

Cáceres, añadió que recibieron amenazas de comunidades consideradas como zonas ilegales de cultivos de coca y que un fragmento de federación de los productores de Apolo decidió armarse para defender sus cocales.[vi]

Sábado, 19/10/2013

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), policías y militares, enfrenta a cocaleros de Apolo cuando los primeros se disponían a erradicar plantaciones de coca en la comunidad Miraflores.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, los efectivos de la FTC fueron emboscados por cocaleros; según los productores, los lugareños reaccionaron ante los abusos cometidos por los uniformados.

Romero señaló que los uniformados fueron “atacados con saña” por los cocaleros. En el suceso murió el subteniente de la FTC, Oscar Gironda, por impacto de bala en la región precordial, cerca del corazón.[vii]

Lunes, 21/10/2013

—El policía Jhonny Reynaldo Quispe Chura de 29 años fallece en la clínica Rengel de La Paz, por una perforación hepática, del páncreas e intestino grueso, el que fue trasladado herido tras el enfrentamiento en Apolo.[viii]

—El ministro Carlos Romero anunció el cierre de parte de frontera con Perú para evitar que los presuntos autores de las muertes de los funcionarios de la Fuerza de Tarea Conjunta, huyan a ese país: "Hemos pedido que se cierren esas fronteras, hemos pedido que haya un dispositivo policial también del Perú para que se cierren todos esos accesos y esas vías (…) porque presumiblemente hay gente peruana y hay que evitar que huya."[ix]

—La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, este lunes, señaló al asambleísta departamental Víctor León (MSM), como uno de los promotores del conflicto suscitado este fin de semana en la región de Apolo, en la provincia Franz Tamayo de La Paz, donde se registró un enfrentamiento entre cocaleros y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). "Es una persona del MSM que es el asambleísta Víctor León el que está involucrado en estas acciones. Él ha fomentado a la gente. Ahora nosotros creemos que él lo hace por una actitud totalmente política de ganarse el favor de algunos sectores en contra de una posición del Gobierno", señaló.[x]

—La asambleísta departamental Wilma Magne (MSM), en entrevista con la ANF, rechazó cualquier vinculación de su colega, Víctor León, en estos conflictos y calificó las acusaciones del Gobierno de "irresponsables", pues pide pruebas de sus inculpaciones: "Consideramos de irresponsables las declaraciones y afirmaciones de parte del Gobierno, de los ministros y viceministros, toda vez que han sindicado a Víctor León como autor intelectual, se lo trata de ver como el cabecilla."[xi]

Martes, 22/10/2013

El jefe nacional de Prevención de Conflictos del Defensor del Pueblo, Gregorio Lanza, informó a la red Erbol desde el lugar de los hechos que “hemos recibido el testimonio de 15 señoras, donde efectivamente el día que se suscitó este hecho hubo una violencia inusitada, excesiva, que realmente no tiene nombre contra las señoras, que han sido abusadas verbalmente, han sido vulnerados sus derechos, les han gasificado en sus viviendas, donde estaban incluso niños…”[xii]

Lanza afirmó que según declaraciones tomadas a los pobladores, hubo uso de armas de fuego de parte de la FTC. También señaló que hace dos meses trató la Defensoría del Pueblo de conciliar y que estuvo con Dionicio Núñez, ex viceministro de Coca y Desarrollo Integral, pero no hubo entendimiento entre ambas partes.

Miércoles, 23/10/2013

Ocupación militar y policial de Apolo

—Tropa militar y policial de la FTC llegaron a Apolo en 23 camionetas, junto a tres fiscales. Los comunicadores de la región recibieron un comunicado del Ministerio de Gobierno donde los acusa de estar distorsionando la información y encubriendo a los autores de los hechos del pasado sábado, reportó Humberto Pacosillo para la red Erbol desde Apolo.

—Hubo allanamientos en tres comunidades y los detenidos no son dirigentes, quienes pertenecen a la organización no afín al Gobierno. “Como hay dos organizaciones, los oficialistas están denunciado a sus oponentes y los están deteniendo a simple denuncia”, señalaron los pobladores.

—David Velasco, abogado defensor de los acusados, señaló que se muestran armas que supuestamente habrían utilizado los detenidos.[xiii]

—Al menos 300 militares y policías de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tomaron e control de Apolo y la comunidades de Miraflores. A las 5 de la madrugada llegó a al zona el contingente armado, al mando del subcomandante de la Policía Boliviana, Gral. Alberto Albarracín y del fiscal Gregorio Blanco. Los uniformados portaban fusiles FAL y AR-15, lanza gases y picotas para erradicar los arbustos de coca. No hubo resistencia porque los en el lugar solo había mujeres y niños ya que los varones adultos optaron por refugiarse en el monte.[xiv]

—El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho, advirtió que la erradicación de la hoja avanzará para los productores que no tengan su registro biométrico. El gobierno permitirá que cada hogar con registro legal tenga sólo un cato de coca (40 metros por 40). Explicó que en Apolo (a 440 km al norte de La Paz) hay tres comunidades que tienen coca ilegal: Miraflores, Copacabana y Piedra Blanca; en la primera (a 30 kilómetros de Apolo) hay 38 familias legalmente establecidas en su plantación, por lo que sólo se verificaría que tengan lo que dice la ley. Detalló que diez personas carecen de registro.

—Ante esa posición, los dos únicos dirigentes cocaleros aseguraron que no tienen otros ingresos para mantener a sus familias más que la producción de la hoja. Aseguraron que no hay otra alternativa para cultivos en el lugar porque la tierra no da frutos: “No tenemos coca excedentaria y eso lo pueden ver todas las autoridades, porque la nuestra no pasa de dos catos por familia”, señaló uno de los dirigentes, que después de unos minutos fue detenido por la Policía.[xv]

Jueves, 24/10/2013

—Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, dijo a la Red Patria Nueva que fueron encapuchados los que dispararon cuando los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) habían empezado a erradicar cultivos de coca una vez cumplido un trabajo previo de instalación de un cerco de seguridad policial y ubicación de parcelas objetivo: “Cuando apenas empieza (la reducción) ahí empieza la lluvia (de balas), la balacera desde la punta de los cerros, es una emboscada”, aseguró. Y añadió: "El día de la emboscada, la mayoría estaban encapuchados y portaban armamento"[xvi]

—La Conferencia Episcopal Boliviana (obispos católicos) expresó hoy su profundo dolor por las muertes ocasionadas durante las tareas de erradicación de la coca excedentaria en la localidad de Apolo, La Paz, y exigió una investigación imparcial y profunda de los hechos para sancionar a los responsables.[xvii]

Sábado, 26/10/2013

El juez Instructor Mixto de Apolo, Daniel Guarachi dispuso, hoy, la detención preventiva en el penal de Patacamaya, provincia Aroma de La Paz, para ocho comunarios involucrados en la muerte de dos militares, un policía y un médico, el pasado 19 de octubre en la localidad de Apolo, en un operativo de erradicación de coca. 

Víctor Machaca, Guido Gonzalo Vaquiata, Percy Fernández, Hernán Vaquiata, Eliodoro Hugo Estrada, Martín Cosme Flores, Carmelo Enríquez y Elizardo Fernández Ortiz deberán permanecer en prisión, junto a otros nueve primeros detenidos, para ampliar las investigaciones.[xviii]

Domingo, 27/10/2013

La ausencia del Estado es la principal causante de la incesante ilegalidad en regiones alejadas del girón patrio, por lo que es asumido como “tierra de nadie”, dice Hugo Moldiz. El gobierno debe imponer soberanía con policías y militares en las regiones alejadas del país, sin que ello signifique una militarización, sino una presencia concertada y dialogada.[xix]

Lunes, 28/10/2013

—La Fiscalía emitió seis órdenes de aprehensión contra dirigentes cocaleros y autoridades regionales de las comunidades de Miraflores y Copacabana (Apolo). De manera extraoficial se conoció que las órdenes de aprehensión serían para Juan B. y Miguel P. Además se busca a Hernán S., dirigente cocalero que se declaró en la clandestinidad tras los hechos: “Hay más citaciones, tanto para testigos como para sindicados, son seis citaciones u órdenes de aprehensión para cocaleros. Algunos participaron directamente y otros no”, informó el fiscal Leopoldo Ramos a los periodistas. Agregó que las investigaciones confirman que estas personas ya no están en el lugar y no descarta que hayan salido al Perú.[xx]

—El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, declaró: “En los alrededores de Apolo había 500 hectáreas de coca, de las cuales, 230 eran ilegales y de éstas, en consenso y de forma pacífica con la colaboración de los comunarios, se logró erradicar 150 hectáreas restando 80” por hacerlo.[xxi]

Martes, 29/10/2013

Adrián Bacarreza, representante de los residentes de Apolo[xxii]:

—Denuncia que 30 mujeres con dos o tres hijos, haciendo un total de 80 personas de las comunidades de Copacabana y Miraflores, a una hora del pueblo, han llegado a la población de Apolo y se han instalado en la plaza y en la iglesia del pueblo. Sus esposos huyeron al monte por temor a ser detenidos por las fuerzas policiales y militares que han ocupado la región. Los aportes de alimento y ropa pueden hacerlo llegar al sacerdote Dionicio Zavala 71507365 y Ely Salazar.

—También piden ropa para los 17 pobladores detenidos en Patacamaya.

—Bacarreza aclara que Apolo no está en la frontera, como dicen las autoridades del gobierno, ya que San Fermín esta a 70 Km por carretera y de ahí 3 horas más por camino de herradura por el monte, es decir casi 200 Km. dista la frontera con el Perú,

—Dicen que han encontrado dos escopetas y casquillos de balas que no son municiones de las escopetas.

Omar Claros, Secretario General de la seis federaciones del Chapare[xxiii]:

—“Los dirigentes de Apolo se hacen convencer por colombianos y peruanos. Nosotros hacemos control social y vamos a hacer espetar el cato de coca. El estudio tiene que ser en toda Bolivia porque petroleros, choferes y otros sectores trabajan con la hoja de coca.”

—“Queremos mejorar la calidad de la hoja de coca y hacer respetar el cato de coca, con control social.”

—“Las seis federaciones hemos decidido que haya 7 mil Has. y con la coca de La Paz serian 20 mil Hs. lo que debe fijarse a nivel de toda Bolivia.”

—Se cosecha 2 paquetes y cada paquete está a Bs.1.100, por los dos sería 2.200, eso no alcanza.

—Sobre los impuestos no se ha discutido. Un dirigente no puede adelantar, debe consensuarse.

—El dirigente Romero, que trabaja en la Gobernación de La Paz, ha declarado que una parte de la coca se va al narcotráfico

Miércoles, 30/10/2013

Demandan sentar soberanía en la frontera con el Perú

—El abogado de los comunarios de Apolo y uno de los campesinos de la zona demandaron hoy al gobierno de Evo Morales sentar soberanía en la frontera Bolivia-Perú, especialmente en las comunidades aisladas y abandonadas como San Fermín y Cocos Lanza, donde se habrían asentado cerca de un centenar de familias peruanas para sembrar coca. Ruby Velasco, abogado de la Federación de Campesinos de Apolo denunció el abandono y aislamientos que sufren los comunarios del puerto San Fermín y Cocos Lanza quienes para llegar a Apolo, deben ir a dar vuelta por Puno, Juliaca y La Paz.

—Por información de Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) tenemos entendido que súbditos peruanos se asentaron en territorio boliviano, a lo largo del río Lanza y Colorado”, dijo.

—Lucio Bascopé, comunario de Apolo, ratificó que de acuerdo a información de Sernap tienen conocimiento que en las comunidades fronterizas Cocos Lanza y San Fermín viven alrededor de 100 familias, presuntamente peruanas.

—“Sernap, en su reunión de comité de gestión, nos informó que entre Cocos Lanza,  el río Lanza, el río Colorado, se asentaron comunidades peruanas dentro del territorio boliviano. Por eso, queremos que el Regimiento Murillo 30 de Infantería se constituya en el lugar, que haga su campamento ahí, qué tiene que hacer en medio del poblado de Apolo, ellos tienen que cuidar la frontera”, aseveró.[xxiv]

Nueva colonización se alista al norte paceño:

—80 mil campesinos del altiplano paceño se asentarán en la provincia Abel Iturralde, anunció el secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.

—Fernando Choque aseguró que el asentamiento será en 180 mil hectáreas de tierras fiscales: “Estamos coordinado con el hermano presidente (Evo Morales) como se va asentar la Federación Tupac Katari y sus representantes que están yendo a la provincia Abel Iturralde, en estos días estamos enviando las notas de cada provincia que hicieron llegar sus nóminas”[xxv]

Jueves, 31/10/2013

El vicepresidente, Álvaro García Linera, en conferencia de prensa tras la pregunta sobre el porqué se envío efectivos policiales y militares a la zona de Miraflores, en Apolo, para erradicar coca ilegal si por medio existía un comunicado donde los cocaleros expresaron que defenderán con su vida la coca, señaló: “¿Cuál es el problema aquí? Qué hay asesinos, que hubo gente que planificó asesinar a sangre fría a bolivianos (…) Me duele el silencio cómplice de la oposición y de algunos medios con este tema de cuatro muertos, torturados; mataron a uno de ellos con un disparo en la cabeza, eso jamás lo hemos visto. Ese tipo de experiencia criminal no se daba aquí en Bolivia, eso es lo que hay que averiguar, a esos hay que encarcelar”

García aseveró que los homicidas de los tres militares y un civil sobrepasaron el perímetro de seguridad que tienen la FTC. “No se puede desviar la investigación con otro tipo de preocupaciones, que importan pero que son secundarias frente a quién es el responsable de las muertes, quién asesino, quién disparó, quién ultimó, quién ejecutó a sangre fría a un joven médico, de eso deberíamos preocupar, de exigir que encuentren a los asesinos”[xxvi]

El diputado oficialista que preside la Comisión de Derechos Humanos de esa instancia legislativa, Ever Moya, negó rotundamente la participación de súbditos peruanos y colombianos en los hechos luctuosos. También sostuvo que en ningún momento los uniformados agredieron a los pobladores de la zona, aunque admitió la existencia de temor por parte de niños y mujeres.

“Nosotros queremos informar que hemos estado haciendo un seguimiento y no existen estos indicios (sobre participación de extranjeros), seguramente ha sido alguna especulación, pero hemos estado preguntando a las autoridades, a los comunarios, al profesor, a los representantes de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, a la Fuerza de Tarea Conjunta, todos ellos manifiestan que no han visto participación de extranjeros”.[xxvii]

El diputado oficialista, Carlos Aparicio, sostuvo que extranjeros participaron de la planificación y el operativo contra la Fuerza de Tarea Conjunta, además de determinar que las armas llegaron desde el Perú: “La planificación nos hace suponer que existe un asesoramiento extranjero, nos han dicho que existe una conexión de lo ilícito en la plantación de la hoja de coca, se han encontrado pozas de maceración en una ruta hacia la frontera con el Perú, entonces existe también interés de parte de grupos criminales del Perú en esta defensa intransigente de las parcelas de coca.”[xxviii]

El diputado de Convergencia Nacional, Apolinar Rivera, confirmó la vulneración de los derechos humanos de los habitantes. Responsabilizó al gobierno por no tomar en cuenta las previsiones necesarias para evitar la muerte de cuatro personas al existir al menos dos alertas antes de los hechos.

“El día 13 de octubre existe un voto resolutivo de la Federación de Cocaleros de Apolo, donde ellos explican públicamente que no van a permitir el ingreso de los erradicadores y que están armados en su comités de autodefensa. El segundo aviso que se tiene es cuando encapuchados armados detienen una ambulancia y les dicen también que no van a permitir el ingreso de las fuerzas de erradicación. Son dos alarmas que las autoridades del Ejecutivo no toman en cuenta y a pesar de ello ordenan la intervención para erradicar”[xxix]

Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) advirtieron al gobierno que cocaleros de Apolo se encontraban armados y “no era prudente intervenir” en la erradicación de hoja excedentaria, según una fuente policial que se comunicó con Erbol: “No tomaron en cuenta la advertencia. Ellos (autoridades del Gobierno) sabían que los pobladores estaban con armas de fuego y se advirtió para no intervenir en la zona”, indicó.

Doce días después de la muerte de las cuatro personas se supo que autoridades de Estado estaban al tanto sobre la situación que se vivía en la zona, y los riesgos que representaba el operativo y sus consecuencias. La fuente recordó que antes de ejecutar un operativo, la Fuerza de Tarea Conjunta realiza labor de inteligencia e identifica factores de riesgo y consecuencias.[xxx]