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Gobernantes desprecian la vida humana en Yapacaní

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De sábado a sábado (179) -  Remberto Cárdenas Morales*

Policías, en cumplimiento de órdenes superiores, dispararon contra civiles en Yapacaní y mataron a tres jóvenes, es decir, violaron el principal derecho humano: el de la vida.

 

Se alega que hubo enfrentamiento entre civiles y policías, y se muestra como prueba de ello a policías heridos, también con armas de fuego, entre los que se cuenta uno que perdió un ojo.

Otra vez los hechos cruentos en la población cruceña que concentra a colonizadores e inmigrantes, en su mayoría, evidencia que el gobierno o una tendencia de éste espera que se "enfrenten entre pobres" y que de esa confrontación surja alguna salida al conflicto y/o a una fase de la lucha de clases.

Ante la disputa entre la gente del pueblo entran en escena los organismos represivos, por orden gubernamental y/o presidencial, casi siempre la policía, y los agentes del gobierno vestidos de civil. La técnica empleada es similar a la de otros casos en los que hubo muertos y heridos, desde que policías mataron a dos estudiantes en Caranavi (mayo de 2010) hasta los tres muertos (también jóvenes) en Yapacaní.

El discurso de los gobernantes en el conflicto de Yapacaní tuvo los alcances que resumimos:

—Funcionarios del gobierno informaron que el conflicto de Yapacaní, que sobre todo demandaba la renuncia del Alcalde culpado de corrupción y de ineficiencia, tenía participación de la derecha, a pesar de que se sabía que en ambos bloques (en contra y en favor del Alcalde) había militantes masistas.

—Aseguraron, asimismo, que el Presidente no tenía por qué resolver un problema que debía ser encarado y solucionado por los lugareños en pugna.

—Voceros oficiosos en retrospectiva han dicho, también, que aquel fue un "micro" conflicto que no alcanza una dimensión nacional. Adviértase ese menosprecio respecto de los conflictos.

—Burócratas muestran que pocas veces entienden bien el mandato que les dan porque aconsejaron (tarde) que los que pretendían la renuncia de la autoridad edil yapacanense debían recurrir a la justicia o a un referéndum revocatorio.

—Nuevamente, ministros (Carlos Romero, Claudia Peña, Nardi Suxo y Wilfredo Chávez) y otros "servidores" públicos, sufrieron sordera irreductible e hicieron caso omiso ante el pedido, reiterado, de intervención suya al menos para conseguir que las discordes conversen.

—Cuando muchos creímos que se había superado el lío, luego de que los alzados en Yapacaní remplazaron a un Alcalde, al que le retiraron su apoyo, autoridad que fue repuesta en el cargo en base de una resolución judicial y con el respaldo de 400 policías.

Un antecedente, recordado durante el conflicto, es necesario reproducir en cualquier balance: el Alcalde de Yapacaní, manzana de la discordia, fue impuesto como candidato por dirigentes del MAS, con los llamados avales desde arriba que sí son tomados en cuenta sin discusión. (Candidatos del MAS a la Alcaldía de Quillacollo también fueron impuestos, lo que es un método que nada tiene que ver con la democracia interna de un partido político del pueblo y cuyos resultados son conocidos, especialmente, en esos lugare).

Yapacaní y sus alrededores era (¿y es?) una de las fortalezas electorales del partido gobernante y del Presidente. Nadie, en sano juicio, pone en duda esa realidad socio-política. Se sabe que allí más del 90 por ciento de los electores votaba por el uno y por el otro.

No cabe duda de que a la fortaleza política del MAS en la población cruceña los gobernantes se empeñaron en conservarla sin mirar el costo político de sus acciones y, sobre todo, a riesgo de la pérdida de vidas de los que se alistan, casi siempre, en todas las batallas de clases sociales y pueblos indígenas.

Dos preguntas con miras de un esclarecimiento de aquellos hechos: ¿Qué tipo de informantes tienen ciertos ministros que para decir lo menos dejan de informar con la precisión que demandan las cuestiones de Estado o de gobierno, específicamente, sobre el conflicto de Yapacaní? ¿Por qué esos ministros no les creyeron o ni les escucharon a parlamentarios masistas yapacanenses cuando éstos consideraban que la intervención de los gobernantes o cuando menos el repliegue policial pudo haber evitado los muertos y los heridos en esa ciudad intermedia?

La teoría y la práctica de la prevención de conflictos, incluso el sentido común, aconsejan que ante un enfrentamiento como el que motiva estas líneas, los gobernantes debieron actuar con prontitud y con ideas muy claras; anticiparse al conflicto, en lo posible.

Datos de los que disponemos y el conocimiento de actitudes gubernamentales nos convencen de dos cuestiones: primero, que gobernantes esperan que los conflictos sean superados mediante la confrontación entre los actores aunque éstos sean del pueblo y, segundo, el Presidente sólo escucha a los actores sociales cuando se toman las calles y los caminos; más aún, cuando esas acciones son de masas (de multitudes, como todavía dicen algunos gobernantes) y mucho más todavía cuanto esas formas del alzamiento popular cuenta con apoyo del pueblo.

En Yapacaní, luego de los tres muertos y de los heridos, hubo diálogo y se firmó un acuerdo entre el gobierno y los alzados. Resultados a la vista: se tiene un nuevo Alcalde aunque interino, también del MAS (mejor sería que se convoque a elecciones), fueron liberados los detenidos a los que se les atribuía autoría de los hechos sangrientos, se acordó una investigación de esos luctuosos acontecimientos, se sugiere resarcimientos por las vidas perdidas y el compromiso de pagar curaciones, entre los puntos más importantes.

Otras omisiones: el ex Alcalde que merece ser investigado, procesado y castigado (lo demandaron sus otrora electores), parece haber conseguido impunidad. El silencio sobre una posible intromisión de los narcotraficantes en ese conflicto es otra omisión sospechosa.

En Yapacaní hay plantaciones de coca excedentaria, mejor dicho, ilegal; allí la hoja verde no existía hace no más de 20 años. Esos cultivos son, básicamente, de colonizadores y de inmigrantes, sin descontar la participación de originarios que son los menos.

Desde esta columna manifestamos un fundado temor, creemos, compartido por muchos: los hechos de Yapacaní quizá fueron ya sepultados junto con los caídos y, por tanto, los culpables de los muertos y de los heridos quizá ya tengan asegurada la impunidad.

Al parecer el gobierno, otra vez, pretende tender un velo protector a los policías masacradores que al fin de cuentas fueron formados para cuidar el viejo poder. Policías que se mantienen, además, inmunes ante una reclamada reforma de su institución e impunes porque utilizan armas letales incluso cuando se dice que reciben órdenes expresas para que no lo hagan.

La Paz, 21 de enero de 2012.

*Periodista

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