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Derechos humanos y liberación nacional[1]

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Marcelo Quiroga Santa Cruz

Los derechos (fundamentales) de los hombres (secundarios)*

La noción del derecho es inseparable de las relaciones de producción predominante en una formación social determinada. Lo es inclusive cuando se trata de prerrogativas peculiares de medios culturales atípicos donde las encontramos revestidas de un carácter religioso o tan sólo tradicional, consagradas por lo que parecería la costumbre. Pensamos, claro está, no tanto en la singularidad formal del Derecho de que se trate, sino en el Derecho en sí mismo, en cuanto atributo socialmente diferenciador. Por ello, no tiene sentido unívoco, cono parecería sugerirlo el aditamento “universal” debido a uno de esos meritorios esfuerzos de la comunidad mundial por dotarse de una normatividad basada en la presunción de la igualdad jurídica de los Estados miembros y en la ignorancia convencional de su profunda desigualdad económica y política. Y no se trata, solamente, de una desinteligencia inevitable sobre el valor semántico de la expresión “Derecho”, cuyo contenido conceptual dependería del condicionamiento económico social de las personas que encaren su interpretación sino, y sobre todo, de que la noción de Derecho (tanto en su dimensión privada como pública e internacional) entraña, en esenia, una forma de privilegio que, por ser tal, sólo se satisface a expensas de otros de carácter social cuya sola mención implica un acto de subversión ideológica.

Resulta explicable, por ello, que ningún derecho sea más celosamente defendido, en el país rector del sistema capitalista mundial, los Estados Unidos, que el derecho a la privacidad que, en todas sus formas, no es más que una derivación natural del Derecho Privado fundamental: el de la propiedad sobre los medios de producción. Y que lo sea, además, respecto del Estado, cuya función aparente, no obstante su manifiesto carácter de clase, le muestra oponiendo el interés “público” al privado.

¿Qué otro sentido tuvo “Watergate”, que no sea el de un caso de violación gubernamental de la privacidad?

Ya en la Casa Blanca, Carter reiteró su demanda democratizante o, más propiamente se hizo eco involuntario de la exigencia que por cuenta suya y de su secretario de Estado formularon los funcionarios subalternos de ese despacho. Los oficiosos funcionarios a los que ni Carter ni Vance designaron, aquellos que integran el legado burocrático del Estado permanente impuesto al huésped fugaz de la Casa Blanca y, por tanto, entidad tutelar de ese pueblo embriagado con el sentimiento de una ilusoria soberanía privada, tradujeron la vaga exhortación del candidato, referida a los regímenes fascistoides de América Latina, a una exigencia impertinente y precisa a la Unión Soviética: “que no trate de intimidar a Sajarov”.

Esos celosos e hipersensibles custodios de los derechos humanos, cuyo juicio escrupuloso no les permite pasar por alto la más menuda forma de intimidación a un disidente que puede hacer el papel de tal, muestra una indiferencia inconmovible cuando los derechos de que se trata son los latinoamericanos. Es verdad que el senador Church, creyendo interpretar el pensamiento de Carter, dijo que deben aplicarse sanciones (supresión de la ayuda militar y económica) a los gobiernos que “practiquen consistentemente la tortura a prisioneros políticos y violan otros derechos humanos”. ¿Pero en qué derechos humanos piensan Carter y Vance? Por lo dicho parecería que lo inaceptable es el uso de la crueldad sistemática en el exterminio de los adversarios políticos. Y el exterminio mismo, concedámosle, inclusive en su forma más refinada, la de una prisión extenuante que no tiene fin. En suma: el derecho a la vida. Olvidemos por ahora, como lo hacen ellos, los otros derechos humanos inscritos en la declaración universal que ya nadie se da el trabajo de citar. Reduzcámonos al derecho a la vida. Pero no solamente a propósito de los casos de asesinato político por mutilación gradual que ellos nos obligan a exhibir, hasta la anulación de todo sentimiento de autoestima, como a ese mendigo que debe mostrar el muñón del brazo cercenado para inspirar piedad y dádivas en la puerta de una iglesia. No; pensamos en la violación del derecho a la vida (el de darla y el de recibirla) de las víctimas de los planes de control de la natalidad alentados por el Banco Mundial; en las víctimas de la desnutrición que morirán en la infancia o que sobrevivirán inhabilitados para el disfrute de una vida plena, no solamente por carencias materiales, sino porque el hambre habrá herido para siempre sus mentes obscureciendo su comprensión de todo, hasta de las causas que los baldaron intelectualmente, y de cuyo período de vida habría que descontar los años que la pobreza se comió con anticipación.

De ese derecho a la vida no se debe hablar. Porque el derecho y la clase de vida de los países explotadores se nutre de esta clase de vida de los países sin derechos.

*Publicado el 4 de febrero de 1977.

Los principios flexibles de una moral laxa*

Hablo de los principios enunciados por Carter, como presuntamente rectores de una concepción axiológica de la política internacional. He aquí el resumen de su pensamiento: “Si nuestro país puede pasar a ser el punto central de una actitud ética en el tema de los derechos humanos, sería de un enorme beneficio para nosotros en nuestro trato con el pueblo desposeído, el mundo en desarrollo.” Y éste es, si debemos prestar crédito a lo que dice, el efecto precoz del advenimiento de este insólito espíritu moralista: “Yo no quiero atribuirme el mérito, pero ya he recibido una docena de comunicaciones de países que han sido bastante culpables de violaciones de derechos humanos y que ahora han cambiado su política.”

Despreocupémonos, por un momento, de las admoniciones, los arrepentimientos y la absolución de las que nos habla Carter, y veamos no tanto si se dice lo que se piensa, como si se hace lo que se dice. Cyrus Vance, un avezado negociador del Departamento de Estado, cuya experiencia (Vietnam entre otras) ha destruido en él toda fe en la eficacia del Espíritu Santo, traduce la norma carteriana a una lengua comprensible para la burocracia explicablemente utilitaria: “El respeto a los derechos humanos guiará nuestra política exterior, pero de un modo flexible, tomando en cuenta los intereses militares y económicos de los Estados Unidos.” Y actúa en consecuencia. Añade, al nombre de Chile, los de Argentina y Uruguay en la lista de los países que deben ser excluidos, sólo parcialmente, de la “ayuda militar”. ¿Por qué ellos y no otros? Porque en estos países concurren condiciones que hacen posible la conciliación del enunciado ético y las exigencias prácticas. Para decirlo pronto, se trató de buscar, en el orden internacional, algunos gobiernos medidas coincidan con la del uniforme del teniente Calley y cuya práctica de la represión homicida permita la escenificación de un My Lay americano, de modo que el arrepentimiento público por el pecado mayor (imposible de ocultar), le valga el perdón universal por todos los otros veniales inconfesados que seguirán cometiéndose clandestinamente.

Así lo entienden Vance y sus colegas. Blumenthal, por ejemplo, secretario el Tesoro, aboga por la asistencia económica indirecta a los países donde se violan los derechos humanos, con estas palabras: “Nuestras relaciones con los bancos (Mundial, BID) deben considerarse desde el punto de vista del desarrollo, antes que en función de las diferencias políticas…” Y la Secretaría de Defensa recomienda la observancia de un criterio semejante cuando se trata de la asistencia militar. Es el propio Vance quien defiende, ante una comisión senatorial, la concesión de una ayuda militar de 150 millones de dólares para América Latina. ¿En qué proporciones? Brasil, en mérito a su escrupuloso respeto por los derechos humanos, recibirá 55 millones. Y para México y Venezuela juntos, a modo de sanción ejemplarizadora, doscientos cincuenta mil dólares. Como se ve, una línea de invariable consecuencia con la norma moral proclamada. ¿Acaso la terrible sanción contra Uruguay no consistió en disminuir la ayuda militar en ciento noventa y cinco mil dólares?

Con antecedentes como los señalados, uno puede imaginar la inquietud de López Michelsen y el sueño tranquilo de Duvalier, de Stroessner, de Somoza, de Banzer. Y no es que sus nombres figuren entre los arrepentidos, que, según Carter, le habrían escrito para testimoniar su ánimo de enmienda, sino que el gobierno norteamericanos los estimula a perseverar en la práctica violatoria de los derechos humanos. Veamos un solo caso, el del gobierno de Bolivia. En respuesta a un mensaje de congratulación de Banzer, Carter dice: “Estimado señor presidente: Su cálido y amistoso mensaje ha sido gratamente recibido y es un aliento para mí mientras me preparo para asumir la presidencia. Espero en el futuro trabajar con usted para fortalecer los lazos de amistad entre nuestros países. Le ruego aceptar mi aprecio…” Se pensará que lo dicho no tiene más significación que la que deba atribuirse a una nota de cortesía obligada que no compromete el respaldo a una política interna flagrantemente violatoria de los derechos humanos; pero los hechos posteriores despejan esta suposición benevolente. Hace tres días, al mismo tiempo que todos los choferes de Bolivia iniciaban una huelga de protesta por el asesinato, en prisión, de un hombre del gremio salvajemente apaleado por la policía, el embajador norteamericano en La Paz anunciaba “un substancial aumento de la ayuda militar a Bolivia”, que y en 1976 fue treinta veces superior a la que se le dio a Uruguay.

¿No sería preferible, en prueba de un mínimo de consecuencia entre la retórica y la práctica, que el gobierno norteamericano comience por suscribir la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que hasta hoy rehúsan ratificar?

*Publicado el 4 de marzo de 1977.

Carter y el Cono Sur: la inútil insubordinación de los dependientes*

Los gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil han resuelto renunciar a la parte de la “ayuda” militar que el gobierno norteamericano suele procurarles. El primero de ellos porque quiso liberar a Ford del apremio congresal que urgía una manifestación de censura o desacuerdo con la dictadura chilena, pero también porque el saldo pendiente de desembolso era a tal punto insignificante que el gesto de buena voluntad con el gobierno coautor de ella resultaba poco oneroso. El segundo y tercero de ellos porque la anunciada reducción de la “ayuda” sería una forma de sanción internacional inadmisible. El último porque la intención declarada de vincular esa “ayuda” a la observancia de principios universalmente aceptados, entrañaría una forma de condicionamiento intolerable. Los cuatro, con muy ligeras diferencias, porque la reducción de la “ayuda” militar implicaría un modo indirecto de intervención de la soberanía nacional de esos Estados.

¿De qué ayuda estamos hablando? Comencemos por rechazar esa expresión (acuñada por el mismo espíritu mimético al que debemos la de “Alianza para el Progreso”), sinónimo de colaboración para el cumplimiento de los fines propios de quien recibe la asistencia. No hay, a menos que se confunda (por mala o excesiva buena fe, que son los dos extremos de la irracionalidad), la beneficencia con la política internacional, una sola forma de donativo, crédito o asistencia técnica norteamericana que no busque la realización de sus propios fines en detrimento de los que corresponden al país que dice beneficiar. Trátese del pago diferido de un excedente agrícola de origen norteamericano, de la concesión de un crédito “atado”, la fijación de una cuota de exportación al mercado de ese país, el suministro gratuito de píldoras anticonceptivas o el adiestramiento, sin costo, de los servicios de inteligencia y represión política (que son dos formas de contribuir al control de la natalidad y del crecimiento demográfico), la denominada “ayuda” norteamericana es, cualquiera que fuese la modalidad que revista, una forma de intervención consentida por los gobiernos de los países damnificados por ella, incompatible con el principio de la soberanía nacional que tanto parece preocupar a los gobiernos privados en parte de su efecto de sustentación política interna. Así, el desplante de los gobiernos chileno, uruguayo, argentino y brasileño, aparentemente inspirado en una respetable y escrupuloso sentido de la independencia y la soberanía nacionales, cobra el sentido de una airada protesta por la intención norteamericana de reducir una de las formas de intervención sistemática debida a una manifiesta complicidad.

Es sobre esa curiosa noción de la independencia, de esta idea de la intromisión por vía de la prescindencia de sus causas y finalidades que quisiéramos hablar. La “ayuda” militar no es más que una de las formas de intervención convenida. Y, ciertamente, no es sino consecuencia de otra, de carácter económico, que está en la base de la estructura de poder donde equilibran Pinochet, Méndez Aparicio, Videla, Banzer, Stroessner, Somoza, Duvalier. La extensión de un crédito para la adquisición de material bélico norteamericano no pasa de ser una de las modalidades del MAP (Plan de Asistencia Militar). Por lo que el anuncio de la reducción de sólo una parte de la “ayuda” militar adquiere un carácter más bien simbólico. ¿Por qué, dada la relativa insignificancia cuantitativa de la ayuda suprimida, tanto aspaviento?

Si vamos a juzgar la reacción de los gobiernos afectados por la decisión norteamericana, en relación con el distinto grado de subordinación con los mismos, aquélla no debió ser necesariamente uniforme ni simultánea. Pero si tomamos en consideración la índole militar de los cuatro regímenes y la naturaleza militar de la asistencia suprimida, encontraremos que la “sanción” busca diferenciar, por sus efectos inmediatos, la institución que ejerce el poder político, de la clase que detenta el poder económico. Semejante discriminación apunta, no cabe duda, a compatibilizar la necesaria repulsa de los excesos coercitivos del aparato de fuerza del Estado (más propiamente del equipo militar sustituible) con la necesaria preservación de la naturaleza de clase de un Estado dependiente en cuya cuenta no pueden anotarse las violaciones demenciales de los derechos humanos, sin mengua del sistema político interno ni daño de las relaciones de subordinación internacional que dan sentido, en último término, a la preocupación de Carter. ¿Se explica, entonces, la airada protesta de los cuatro gobiernos militares, por la certera percepción de ser los blancos elegidos dentro de una estrategia de sustitución que asegure continuidad al régimen dependiente? Y, en caso de ser así, ¿qué posibilidades debemos asignar a este intento de autonomización relativa de los subordinados? Volveremos sobre ellos en próxima oportunidad.

*Publicado el viernes 11 de marzo de 1977.

Las armas y los derechos*

Hubo un tiempo, el de las fáciles promesas electorales, en que Carter pareció o un candoroso puritano cuya ignorancia provinciana de los temibles mecanismos del poder le hacía confundir la Casa Blanca y sus alrededores (incluso el Pentágono) con una parroquia a su alcance, o un habilísimo trepador cuyo agudo instinto político le habría señalado el camino de la simulación moralista. En ambos casos se aceptaba la imagen publicitada de un anónimo y solidario pretendiente a la más importante función política del mundo capitalista cuya flexible voluntad de vencer le abría paso en un camino atestado de rivales avezados, aunque poco píos para la misión redentora que a él le tenia por predestinado.

Y llegó otro, el de las declaraciones del elegido en que las dos formas de bienaventuranza recibieron generosa contribución al fortalecimiento de su sencilla fe. Es que lo dicho por el presidente se parecía demasiado a lo prometido por el candidato. Recordemos. Fue el tiempo de la conminación: o respetan los derechos humanos o la ayuda militar que reinen será reducida. Pero también el de las respuestas, tan sorprendentes como las amenazas: o dejan de condicionar su ayuda militar o la buscaremos en otra parte.

Después, pero muy poco tiempo después, el portento se disipa y todo vuelve a la realidad, para desencanto de aquellos que un día apostaron a que el restablecimiento de la libertad y la vida democrática en América Latina pasaba por Georgia. Abramos ahora los ojos a la condición relapsa de un régimen impersonal que no contradice sus intereses sino por error. Pasada la embriaguez retorica, el gobierno norteamericano dice que lamenta la precipitación con que el de Argentina renunció a la ayuda militar que siempre continuará a su disposición. La palinodia diplomática continúa con una carta reservada a Geisel. El espíritu contrito y la confidencia remplazan la imprudente advertencia pública. Y la misiva debe ser tan alentadora, tan reconfortante que Geisel suprime resueltamente el simbólico margen de actividad democrática que hasta entonces había tolerado.

Pero hay más. El subsecretario de Asuntos Interamericanos elogia a las dictaduras militares porque su rechazo de ayuda militar reflejaría “su profundo apego a los principios de soberanía y no intervención”. Lo hace ante el Congreso de su país, a tiempo de pedirle que “dé al Poder Ejecutivo una mayor capacidad de maniobra para trabajar en conjunto con los militares de la región usando los métodos tradicionales de un programa de asistencia…”.

¿Cuáles son esos métodos tradicionales? Kissinger aludió a ellos en un artículo titulado “Política Militar y Defensa de las Zonas Grises”, publicado en 1968. Sin que fuese necesario designar al Brasil por su nombre, le asignaba esta misión: “Es necesario que agrupaciones regionales, apoyadas por Estados Unidos, asuman la responsabilidad de la zona vecina que los rodea, mientras que ese país, se ocupara del conjunto, en lugar de dedicarse a la gestión de cada empresa local”. Y Mcnamara fue más explícito al referirse a los “métodos tradicionales”, cuando sostuvo que “la más grande compensación que nos brinda el sistema de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales clave en nuestras escuelas y centros situados en ultramar”. Banquero, al fin, habituado como está a justipreciar, asegura que “no tiene precio para nosotros hacer de los hombres (los militares adiestrados por ellos) nuestros amigos”.

Lo dicho, por provenir de dos exfuncionarios del gobierno norteamericano podría parecer poco revelador del propósito que anima a la administración Carter. Veamos pues, lo que aconseja el Informe Linowitz, documento que resume la orientación fundamental de la política interamericana del gobierno de Carter: “Estados Unidos tiene un interés legítimo de mantener relaciones constructivas con los dirigentes militares latinoamericanos, muchos de los cuales desempeñan papeles políticos de importancia en sus países; el facilitarles equipo militar convencional y facilidades de adiestramiento sobre una base comercial no discriminatoria podría ser una parte de lo que se requiere para mantener dicha relación.” He ahí, claramente descrito, el “método tradicional”. Y no se equivocan. Somoza y Pinochet fueron adiestrados en la Escuela de las Américas. ¡Y cómo! En lugar destacado de esa escuela bienhechora se lee este testimonio ejemplar: Le rogamos aceptar el reconocimiento del ejército chileno, al cual yo sumo mis sinceras felicitaciones por la obra de acercamiento profesional que realiza este instituto. 6 de noviembre de 1973. Firmado: Augusto Pinochet.

*Publicado el viernes 8 de abril de 1977.

Carter, el bolchevique*

La connotación política de las expresiones “derecha” e “izquierda” carece de un valor semántico absoluto. Como desde el origen mismo de su utilización, la fortuita y efímera ubicación de los jacobinos en la siniestra (presagio funesto) de la asamblea que los diestros (también augural, pero de su reconocida habilidad para restaurarse) terminaron por controlar hasta hoy, son vocablos sólo descriptivos de posiciones relativas. Es el reconocimiento de este sentido meramente topográfico implícito en las expresiones “derecha” e “izquierda” o que permite explicar que una misma entidad ocupe ambas posiciones sin desmedro de la congruencia. No se trata de las conductas oportunistas de los ambidextros que sobrenadan las contradicciones sociales con dos manos y cosechan el resultado con ambas, sino de la distinta ubicación que, comparativamente, se asigna a una misma tendencia observada desde los extremos del espectro político. Todos ellos, por supuesto, cuando el juicio valorativo excluye la lucha de clases, como término de referencia, y se complace en los aspectos adjetivos de la actividad política.

Un largo pero inevitable preámbulo para decir que hasta el remoto sinántropo resulta sospechoso de extremismo para los primates de uniforme, esa variedad gobernante que prolifera sin freno en Sudamérica, en lo que semeja un proceso de involución radical de la especie por la sola aproximación geográfica a la patria de Mao.

Acerquémonos, tanto como las agencias noticiosas nos permitan, a un evento reciente donde los miembros de esa comunidad que oscila en la línea divisoria de lo tribal y lo zoológico pudieron reconfortarse y mostrar los dientes (gesto de inequívoca significación parricida) a quien osó reprenderlos en público por haberse comportado, sin la menor deliberación, en perfecto acuerdo con la naturaleza depredadora. Nos referimos a la Tercera Conferencia Americana Anticomunista que, bajo la merecida presidencia “honoraria” del general Stroessner, se realizó en la capital paraguaya durante la última semana de marzo pasado.

Tomemos un ejemplar entre esos seres tan parecidos al hombre que se reunieron en Asunción para juzgar, entre otras cosas, a ese peligroso extremista que los norteamericanos eligieron presidente, sin duda porque el olfato de éstos ha debido perder la agudeza salvaje que aún se conserva intacta (para ventura de los habitantes guardados por tan celosos cancerberos), en congresistas tan primitivos como el general Leigh, miembro de la Junta Militar de Chile.

El enviado de Pinochet fue objeto de un trato distinguido que, como se verá, lo merecía sobradamente. Es que en la reunión plenaria de clausura ensayó algunas piruetas oratorias que tienen el alto mérito de la sinceridad. “Nuestro anticomunismo, profirió Leigh, además de conceptual, tiene caracteres viscerales ya que está profundamente inmerso en nuestro propio ser.” Imposible mayor autenticidad. Por boca del militar chileno exhaló la comunidad simia el irreductible primitivismo de su oscura estirpe. Es la admisión de que el anticomunismo de los circundantes es esencialmente irracional, reacción espasmódica y ciega de alguna vesícula intolerante que no es posible extirpar porque, al mismo tiempo que glándula secretora de ese humor que devastó Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Nicaragua, es el precioso receptáculo recóndito donde se aloja “el propio ser” de estos lamentables instrumentos.

La confesión del aviador chileno, conocido por su locuacidad agresiva, sirvió de corolario al evento y de remate a las muchas declaraciones semejantes que sus colegas de las inmediaciones formularon recientemente. Banzer, por ejemplo, menos dotado para aventurar una interpretación fisiológica de sus compulsión depredadora, se limitó a azuzar a un grupo de campesinos reclutados por la dictadura boliviana, con esta arenga y promesas de impunidad: “Maten a todos los comunistas que encuentren; yo respondo.”

Al término de la Conferencia, se pronunció este veredicto: “Carter, con su política sobre derechos humanos, intenta suprimir la independencia de los pueblos. Hágase pública una felicitación a las minorías en el Congreso de los Estados unidos que se esfuerzan, patrióticamente, por oponerse a la política socializante del gobierno de Carter.

Así, visto desde Asunción, con los ojos daltónicos de estos terribles guardianes de la civilización occidental, todo lo que aminore el furor homicida que emplean en su tarea de exterminio cae bajo sospecha de una claudicación traidora. Hasta Carter. Por ellos hemos venido a descubrir que bajo la piel de cordero de este buen pastor se ocultaba un peligroso bolchevique.

*Publicado el viernes 15 de abril de 1977.

Notas sobre una quimera de actualidad*

1. La pretendida universalidad de los derechos humanos es sólo una aspiración. La realidad nos muestra no solamente un grado desigual de observancia de los mismos sino un condicionamiento histórico disímil que priva la expresión “derechos humanos” del sentido unívoco que suele atribuírsele. En los países centrales del sistema capitalista mundial, la búsqueda del perfeccionamiento de la legalidad burguesa (por las mayorías oprimidas que la amplifican al avanzar) puede tomar prioritario, en determinadas circunstancias, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia privada. Pero el reclamo de su vigencia, desde el área de la dependencia y la barbarie política parecería allí y ahora un melindre incomprensible.

2. El derecho humano cuyo respeto se demanda desde América Latina es el derecho a la vida. A la existencia individual de los seres humanos explotados; a la existencia colectiva de las sociedades deprimidas; a la existencia nacional de los países subordinados. Tres formas de expresión de un derecho conculcado. Porque es uno mismo y obedece a la misma causa, el sistema de opresión que mata de hambre a seis de cada diez de los que sobreviven; que persigue y asesina a los que su conciencia manda luchar para que todo esto termine.

3. Por supuesto que los derechos humanos tampoco son iguales para todos los miembros de una sociedad capitalista altamente desarrollada. Los hay válidos para las mayorías trabajadoras y los que están reservados a las minorías controladas de los medios de producción y del poder del Estado. No obstante, la relación inequitativa de los términos del intercambio (estructural y no coyunturalmente impuesta a nuestros países, dentro de la división internacional del trabajo, a partir de su inserción colonial en la economía mundial) hace posible un grado de acumulación capitalista en los países centrales cuya distribución interna, fruto de la constante renegociación con la clase obrera, favorece la extensión de las prácticas democráticas. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre los factores limitantes del ejercicio de los derechos humanos en las sociedades dominantes y los países subordinados. En las primeras son de carácter nacional. En los segundos, además, son de origen internacional.

4. Asistimos a dos procesos contradictorios y simultáneos el término de la descolonización de África y Asia y del principio de la neocolonización de América Latina, un siglo y medio después de alcanzada su independencia política. El proceso de involución histórica que se expresa internamente en otro degenerativo de las formas de convivencia social impuestas por nuestro desarrollo democrático, es consecuencia del proceso evolutivo de las sociedades liberadas de su condición colonial, de la consolidación de su independencia y de su avance hacia formas superiores de organización social. La incesante disminución del área de influencia extracontinental de los Estados Unidos, ha modificado la significación de América Latina en sus previsiones estratégicas. Nuestros territorios han pasado a formar parte de su zona de seguridad nacional y de su reserva de recursos no renovables.

5. Los intereses internacionales de Estados Unidos y de Europa son semejantes pero no idénticos. Las contradicciones interimperialistas, por el contrario, tienden a una rápida agudización. Las desinteligencias en torno al plan norteamericanas de represalias contra la OPEP; las agresiones monetarias contra la economía europea; la ruptura de la unidad independiente de la OTAN, en su flanco francés; la rivalidad comercial en el mercado latinoamericano, son algunos de los ejemplos probatorios. ¿Tiene alguna base la proclamada comunidad de intereses europeos y latinoamericanos? Hay tres rutas que debieran explorarse. La desfascistización de la península ibérica y el vigoroso crecimiento de las fuerzas socialistas de Francia e Italia; la creciente magnitud del comercio europeo latinoamericano favorecido tanto por la condición competitiva de las economías norteamericana y europeas como por el carácter complementario de las primeras y del déficit europeo de recursos energéticos y minerales, y la experiencia del nazismo que Europa no puede olvidar.

6. Los parlamentarios democráticos europeos, cuya cultura política individual y experiencia histórica continental debiera ponerlos a cubierto de ingenuidades, no pueden incurrir en la de suponer que la cancelación de los derechos humanos en nuestros países se deba al humor atrabiliario de un general. No se abrieron los hornos crematorios para el exterminio de una raza a causa de la índole psicopática de Hitler. Suele señalarse a los dictadores militares del Cono Sur como a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Lo son, sin duda, pero no en mayor grado. En el banquillo del acusado está el imperialismo norteamericano, y en sus manos, como en las del ventrílocuo, están los Banzer, los Pinochet, los Videla, los Aparicio Méndez.

*Publicado el viernes 5 de agosto de 1977.

Derechos humanos y liberación nacional

Marcelo Quiroga Santa Cruz

(Este texto fue publicado en la edición Nº 242 del Semanario Aquí)

 


[1]Estas notas escritas por Marcelo Quiroga Santa Cruz se publicaron en el diario El Día de México y luego en el libro: Hablemos de los que mueren, del que hemos tomado estos textos, primera edición, Tierra del Fuego, México D.F., 1984.

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Publicación Aquí Nº 271

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