Derechos humanos y liberación nacional

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/¿Por qué se violan los derechos humanos en países dependientes como Bolivia?: Para mantener un régimen político que cumple la función local de administrar los intereses capitalistas. ¿Por qué debemos defender los Derechos Humanos?: “Para nosotros, la lucha por el respeto de los derechos humanos, es la misma que la lucha de nuestra independencia y la liberación de nuestros pueblos. De su triunfo, surgirá una auténtica democracia”. Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Senado de EE.UU./

Marcelo Quiroga Santa Cruz

¿Por qué se violan los derechos humanos en países dependientes como Bolivia?: Para mantener un régimen político que cumple la función local de administrar los intereses capitalistas. ¿Por qué debemos defender los Derechos Humanos?: “Para nosotros, la lucha por el respeto de los derechos humanos, es la misma que la lucha de nuestra independencia y la liberación de nuestros pueblos. De su triunfo, surgirá una auténtica democracia”, dice Marcelo.

Presentación

Washington Office on Latin America (WOLA), institución religiosa ecuménica dedicada a la defensa de los derechos humanos en el subcontinente, y el excandidato a la presidencia de los Estados Unidos, el senador demócrata George McGovern, organizaron una reunión de análisis de la política exterior norteamericana para América Latina y la defensa de los derechos humanos en el Senado norteamericano, el día 27 de septiembre de 1977.

Protagonizaron el evento algunos altos funcionarios gubernamentales y parlamentarios norteamericanos que sostuvieron los puntos de vista oficiales, así como representantes de organizaciones sindicales, religiosas, académicas y de otras instituciones (identificadas todas con una corriente crítica liberal) que impugnaron los aspectos contradictorios de la política interamericana de la administración Carter. En representación de los países de América Latina, donde la violación de los derechos humanos es flagrante y sistemática, fueron invitados tanto los embajadores de las dictaduras boliviana, chilena, argentina y uruguaya, como cuatro políticos de oposición a los regímenes impuestos en estos países.

Asistieron a la reunión, entre otros: T. Todmann, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos; Patt Derlan, directora de la Oficina de Asuntos Humanitarios y W.P. Stedmann (ex embajador en Bolivia ante el gobierno de Banzer), asistente de la Subsecretaría del mismo despacho; Brady Tyson, delegado especial de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas; Gale McGee, representante norteamericano ante la OEA; Abelardo Valdez, director de la AID, para América Latina; senador Edward Kennedy; senador J. Javits; Ralph Dungan, director ejecutivo del BID; David Klingensmith, asistente del Departamento del Tesoro en la Oficina de los Bancos Internacionales de Desarrollo; Joseph Eldridge, director de WOLA; Laurence Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos; Richard Fagen, de la Escuela Norteamericana de la Universidad de Stanford.

Los cuatro embajadores de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay declinaron la invitación pretextando que la reunión de análisis los situaba de antemano en el banquillo del acusado. En representación de Argentina concurrió el exdiputado Héctor Sandler; en representación de Chile, el exministro de Minería del gobierno de Salvador Allende, Sergio Bitar; en representación del Uruguay, el exasistente del Congreso Uruguayo, Juan Ferreira.

Exposición de Marcelo

En representación de Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, exministro de Minas y Petróleos, y secretario ejecutivo nacional del Partido Socialista. Presentamos la transcripción magnetofónica de su exposición.

Lamento que el insuficiente conocimiento de la lengua inglesa me impida comunicarme con ustedes de un modo directo. Lo haré por medio de un traductor, lo que tiene una ventaja y, al mismo tiempo, una desventaja. La primera es que con su ayuda podré transmitir mi pensamiento con mayor fidelidad que si lo hiciera yo mismo en inglés. Y esto es algo de una importancia particular en un asunto como el de la defensa de los derechos humanos y respecto del cual, como pudimos comprobarlo esta mañana, al oír a los distintos personeros del gobierno norteamericano, la semántica juega un papel decisivo. La desventaja, en cambio,
está en que el tiempo previsto de mi intervención se reducirá a la mitad.

¿De qué derechos humanos estamos hablando?

Quizá debamos comenzar, en un intento de análisis de la política exterior norteamericana y su relación con la defensa de los derechos humanos, por preguntarnos si todos los que intervenimos en esta reunión atribuimos el mismo sentido a la expresión "derechos humanos". ¿En qué derechos humanos estamos pensando? Por lo expuesto hasta aquí, pienso que los derechos humanos a que se refieren los personeros del gobierno norteamericano, siguiendo la tradición individualista propia de una sociedad saturada del espíritu liberal, son aquéllos de índole específicamente individual. Y tal vez sea éste el momento de recordarles que aun esos derechos universalmente atribuidos al individuo, como célula de la sociedad, no fueron nunca conquistados, a lo largo de la historia del hombre, por acción aislada de una persona; son fruto de heroicas acciones colectivas, de la lucha de los pueblos por alcanzar formas más justas de convivencia social. Es de esta dimensión social de los derechos humanos en América Latina, en general, y en Bolivia, en particular, de lo que yo quiero hablarles hoy día.

Antes de hacerlo, debo pedir a ustedes comprensión y tolerancia. Me sería muy grato evitar en mi exposición toda mención de aquellos aspectos negativos que pudieran herir el sentimiento de autoestima personal de los que intervienen en esta reunión, aunque nadie debiera ignorar que no estamos aquí para juzgar la conducta individual de los funcionarios públicos, sino la naturaleza política de los regímenes de gobierno involucrados en la problemática propuesta, las causas determinantes de una política antidemocrática en el orden interno e internacional. Pero un deber de conciencia ineludible, un principio de consecuencia irrenunciable con las propias convicciones, me obligan a ser absolutamente veraz en la expresión de mi pensamiento.

Al juzgar la política violatoria de los derechos humanos de que se acusa con sobrado fundamento a los regímenes militares fascistoides de América Latina, debemos situarnos por encima de la anécdota. Si queremos que esta reunión tenga alguna utilidad y sea digna de la expectativa que despertó, debemos evitar la consideración de aspectos episódicos, dolorosos, es verdad, pero adjetivos. Renuncio a presentar listas de asesinados, torturados, presos o exiliados; renuncio a la presentación de nombres de culpables o de lugares de martirio y reclusión. No son necesarios. Nadie con mediana información sobre la realidad política de nuestros países y, mucho menos un funcionario gubernamental norteamericano, puede ignorar que en Bolivia se violan los derechos humanos fundamentales. Me resisto, además, a ceder al requerimiento de la morbosa curiosidad pública de los países capitalistas altamente desarrollados, que nos piden, como pareciera exigir el burgués religioso a un mendigo sentado a la puerta de la iglesia, la exhibición de algún miembro cercenado o de alguna deformidad que conmueva su sensibilidad. Me resisto a mostrar aquí las cicatrices de mi pueblo.

Para nosotros, bolivianos, como para todos los pueblos de América Latina, lo importante no es hacer un recuento pormenorizado de los derechos humanos violados, ni mucho menos mencionar a los impunes violadores de ellos, sino señalar las causas y los objetivos de una política violatoria de los derechos humanos fundamentales. Y es que no estamos pensando sólo en derechos que, como el de la privacidad de la correspondencia o la comunicación telefónica, pueden adquirir verdadera importancia en los países centrales del sistema capitalista mundial. Y es que no estamos pensando, no podemos hacerlo, solamente en derechos que, como el de la inviolabilidad de la correspondencia o de las comunicaciones telefónicas, sirven a la defensa de la privacidad personal. En el área de la dependencia y del subdesarrollo, los derechos prioritarios, fundamentales, son de naturaleza social, como el derecho a la vida amenazada por la desnutrición, el derecho a la defensa de los intereses de las clases oprimidas, el derecho a la existencia independiente y en plenitud de soberanía de los países subordinados.

Busquemos las causas determinantes de ese orden político regresivo que ensombrece el Cono Sur de América Latina. No han pasado tantos años desde el término de la Segunda Guerra Mundial como para borrar de la memoria del pueblo norteamericano esa espantosa experiencia que fue el fascismo en Europa. Y ningún norteamericano puede engañarse al respecto, al punto de pensar que los hornos crematorios se abrieron para el exterminio de una raza proscrita, a causa de la índole demencial de Adolfo Hitler. Por ello mismo sería del todo irreflexivo que el pueblo norteamericano juzgara a los gobiernos del Cono Sur como si estuviesen dirigidos por psicópatas, por gente patológicamente inclinada al uso de la violencia, por torturadores compulsivos, por sádicos. Los conductores de esta masacre institucionalizada, no obstante el carácter y el nivel superior ejecutivo de sus funciones, son instrumentos de una política coherente, de un proyecto lúcido cuyas causas y finalidad debemos desentrañar. Yo me propongo, esta tarde, en los pocos minutos de que dispongo, identificarlas y, bajo la luz que ellas arrojen, expresar mi pensamiento sobre las cuestiones principales que aquí se están debatiendo.

Los derechos de los bolivianos también son derechos humanos

Ha llegado el momento de decir que los derechos del pueblo boliviano también son derechos humanos. Lo digo porque es fácilmente perceptible que la opinión pública internacional es inducida a considerar, no sólo prioritaria sino exclusivamente, a uno o dos países donde la represión alcanza niveles excepcionales, como los únicos donde se violarían sistemáticamente los derechos humanos. Permítaseme un símil: hubo una matanza universalmente repudiada y que la opinión democrática norteamericana condenó, que la historia ha registrado con el nombre de My Lai. No permitamos que Chile sea hoy el My Lai Latinoamericano. Mi exhortación busca dos objetivos: que detengamos la matanza en Chile, pero también que impidamos el que se confunda el aminoramiento o eventual cese de la represión en Chile, como si ello ocurriera en toda América Latina. Así como en la persona del teniente Calley ocupó el banquillo del acusado toda una concepción de la política exterior, asimismo en la persona de Pinochet acusamos a un sistema económico, social y político que lo utiliza como instrumento. Pero que no se diga, el día de mañana, cuando Pinochet sea reemplazado, que la democracia y la libertad se han reinstaurado, por ese sólo hecho, en Chile, ni mucho menos en América Latina.

Que la expiación de la culpa mayor no sirva para dejar impunes y asegurar continuidad a los crímenes menores. Chile no es el único país donde se violan los derechos humanos. Y las razones por las que allí se los viola son las mismas por las que se los conculca en todos los países de América Latina.

El gobierno de Bolivia, presidido por el general Banzer, quien estuvo aquí, en Washington, hace unas semanas, tiene su origen en un golpe militar ejecutado con notoria intervención extranjera, el 21 de agosto de 1971. La finalidad evidente del golpe fue la cancelación brutal de un proceso popular y revolucionario. Para ello, claro está, resultaba indispensable el derrocamiento de un gobierno que, como el presidido por el general Torres, era fruto de ese mismo proceso y expresión parcial de sus perspectivas democráticas generales. Así, el golpe encabezado por Banzer, cumple en Bolivia, con la modalidad impuesta por las particularidades del desarrollo político boliviano, la misma misión que en Brasil cumplieron los militares que en 1964 derrocaron a Goulart; la que los militares chilenos cumplieron, en 1973, al derrocar a Allende; la de los que militarizaron el poder político en Uruguay el mismo año; la de los que en I976 tomaron el gobierno en Argentina. Supongo que ninguno de ustedes ignora, porque hasta aquí mismo, en Washington , alcanzó el largo brazo de la represión fascistoide de América Latina, con una facilidad e impunidad que debiera mover a un serio examen por los sectores democráticos de este país (me refiero al asesinato del excanciller chileno Letelier), que la tarea de exterminar a los adversarios del nuevo orden, que su anulación interna e internacional, su exterminio, en suma, es una tarea a la que los dictadores militares del Cono Sur se han dado en absoluto concierto. Hay, desde hace algunos años, una internacional del crimen político que persigue, apresa, tortura y ejecuta, por cuenta ajena. El general Torres fue una de las víctimas notables, como antes lo fuera el general chileno Prats, o los parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez, todos asesinados en la Argentina, con la evidente complicidad de las autoridades de ese país.

De la democracia burguesa a la dictadura burguesa

El golpe militar encabezado por Banzer cumple, en Bolivia, la misma finalidad que en sus respectivos países y en ocasiones distintas cumplieron los militares brasileños, uruguayos, chilenos y argentinos. Todos ellos se propusieron y lograron la supresión de la legalidad vigente en el momento en que ésta, no obstante su carácter restrictivo, había dejado de ser una garantía de permanencia en el poder de los sectores minoritarios, para convertirse en un obstáculo a su necesidad de reprimir a la mayoría nacional. Este es el momento en que las clases privilegiadas cancelan las formas democráticas de convivencia social que el pueblo les arrancó en largas y heroicas jornadas de lucha, y las sustituyen por formas dictatoriales de ejercicio del poder. Por ello, la violación de los derechos humanos en los países presididos por militares de orientación fascistoide, debe ser analizada, si vamos a buscar las causas eficientes, no como una forma transitoria de anormalidad, como una aberración circunstancial debida al ánimo atrabiliario de un dictador, sino como el resultado inevitable de la condición minoritaria de los sectores sociales cuyos intereses representan y defienden las Fuerzas Armadas. Y esta su condición minoritaria también reconoce una causa y no es otra que la política económica, social e internacional desarrollada por esos sectores, absolutamente contraria a los intereses populares y nacionales de sus respectivos países.

El resultado de siglo y medio de dominación

Quiero pasar, ahora, de las afirmaciones a las pruebas, y dar a ustedes un resumen de la realidad social boliviana que resulta de 150 años de dominación de esas clases privilegiadas, de la realidad social que ellas quieren perpetuar. En la ciudad de La Paz, solamente cuatro mil ochocientas familias perciben un ingreso mensual de 600 dólares o más. La mayoría percibe entre 75 y 100 dólares y el 4% de la población sobrevive con un ingreso mensual de 25 dólares. En términos nacionales, el ingreso per cápita es de 30 dólares al mes; y en el campo, donde vive el 66% de la población, el ingreso mensual es de solamente 8 dólares. Parecería imposible sobrevivir con menos y, sin embargo, la política salarial del gobierno se propone reducir aún más el nivel de las remuneraciones reales. Las del sector fabril se redujeron, entre 1971 y 1976, en 25%. El subempleo de la fuerza laboral alcanza el 30%. El resultado de ello es, entre otros, un éxodo incontenible de la población en edad activa hacia otros países. El 25% de la población boliviana vive fuera de Bolivia. Uno de cada cuatro bolivianos ha debido emigrar en busca de pan. Y quienes emigran son obreros calificados, técnicos y profesionales, no obstante que el país no forma más que el 17% de la mano de obra calificada que requiere.

La política del régimen de Banzer, para cubrir el déficit señalado, consiste en la importación de mano de obra calificada a la que ofrece estímulos que niega a la población boliviana. La consecuencia de esta política irracional es un aumento de la desocupación y la subocupación, mientras continúa la exportación de la poca fuerza de trabajo calificada que forma.

Veamos ahora otras secuelas del hambre. Si el éxodo masivo de los desocupados parece explicable, ¿cómo habría de sorprender que los niños deban reemplazar la escuela por el trabajo? Así se explica que el 55%, de la población sea analfabeta y que en el área rural, donde se concentra la mayoría de los habitantes, sólo el 30% de la población infantil disponga de servicios pedagógicos primarios. ¿Y cómo habría de extrañarse nadie de un índice de deserción escolar que disminuye constantemente el número de los que culminan los períodos fundamentales de la educación? He aquí algunos indicadores que muestran al gobierno de Banzer como al responsable de un grave incremento de la deserción escolar: en las ciudades y en el ciclo primario, la deserción fue del 9 .7 %, en 1971, año en que Banzer asume el gobierno; en 1972 sube al 2l .2%, y en 197 3 llega al 2I .6%. Esto es si tomamos en cuenta a los que se inscriben, y abandonan sus estudios. Pero si ponemos la atención en el número de los que se inscriben, veremos que éstos disminuyen en 30% en I97 3. Lo ocurrido en el ciclo medio en las ciudades, es aún peor: en 1971 desertó el 3I.6% y un año después el 35.8%.

En cuanto al déficit habitacional, bastaría decir que no son pocas las zonas urbanas donde dos personas comparten un metro cuadrado. Y añadiremos, en relación con un recurso vital como es el agua, que sólo el 43% de la población urbana dispone de agua potable, y que en el campo, sólo el 4.1% de su población cuenta con ese elemento. Y hasta el agua potable parecerá prescindible, y los servicios escolares y el problema habitacional parecerán secundarios y el déficit educacional se mostrará como algo superfluo, si recordamos que el régimen alimenticio de la población boliviana muestra un nivel de consumo de calorías que está en aproximadamente el 20 % por debajo del mínimo aceptable. En 1970 no era más que de 1.834 y desde entonces la tendencia es declinante.

Hablemos de los que mueren

Pero estoy hablando de los que viven, aunque en condiciones de extrema indigencia, de los que sobreviven a ese lento, silencioso e implacable genocidio institucionalizado. Y hay que hablar, también, de los que mueren. Bolivia es, como ustedes lo saben, un país minero. En el Perú, el 4 % de los trabajadores mineros padece de silicosis, enfermedad pulmonar derivada del trabajo que ejecutan. En Bolivia, el 25% de los mineros sufre de este mal, sin que ello hiera la sensibilidad de las clases dominantes ni de su gobierno. Esta misma insensibilidad se refleja en la distribución del presupuesto del Ministerio de Salud. Sólo el 10% del presupuesto de este despacho está destinado al área rural, donde vive el 66% de la población. Pero el presupuesto mismo disminuye constantemente: el de 1972 era del 2.6% del total de los recursos públicos presupuestados. En 1970 descendió al 1.7 %. No hay más que 6 médicos para la atención de cada 10 mil habitantes; 2.9 dentistas para cada 10 mil habitantes; 22 ingenieros sanitarios en todo el país. Y la asistencia social, en general, sólo cubre la demanda del 19% de la población. Uno de cada cinco bolivianos, nada más, recibe los beneficios de una deficiente asistencia social. Y estos privilegiados relativos reciben una asistencia equivalente a sólo 4 dólares al mes. Pero si se distribuye el presupuesto de los servicios de asistencia social entre toda la población, la suma asignada a cada uno no sería mayor de 80 centavos de dólar al mes. Y aún este gravísimo déficit en la asistencia social parecerá irrelevante si se piensa, no ya en los enfermos sin asistencia, sino en los que mueren de hambre. El 75 % de la población boliviana está desnutrida. La expectativa de vida del boliviano habitante de las ciudades es de 45.6 años; en el campo no sobrepasa los 35 años. El 50% de la población es menor de 15 años. La mortandad infantil es del 18%, y 157, de cada mil que nacen, mueren antes de cumplir el primer año de vida.

Por esto violan los derechos humanos

Estos son los frutos de una política que el gobierno de Banzer proclama como exitosa; éstos son los resultados que los funcionarios internacionales cómplices de la dictadura elogian cuando visitan mi país. Allí no hay agua potable, pero hay embotelladoras de Coca-Cola; allí no hay techo suficiente para su población, pero los rascacielos de la clase adinerada o los hoteles de lujo de las empresas transnacionales llenan de orgullo al gobierno; allí no hay remedios para los enfermos; leche suficiente para los niños, pero uno de cada 10 dólares que el país produce se utilizaron en 1975 para la importación de automóviles elegantes; de allí fuga la cuarta parte de la población, por falta de trabajo y la miseria mata a dos de cada diez niños, pero Banzer obsequia parte del país a racistas rhodesianos. ¿Cómo no ha de ser impopular un gobierno responsable de estos resultados? ¿Cómo no ha de ser minoritario? ¿Cómo no ha de ser un régimen de fuerza para sostenerse contra la voluntad popular? ¿Cómo no ha de violar los derechos humanos de asociación, pensamiento político, libertad de expresión, si su ejercicio serviría a la denuncia de la violación del derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida?

Ahora, después de lo dicho, se explica que en Bolivia se destinen 8 dólares anuales para cada estudiante y 955 dólares anuales por un soldado. Como que en toda América Latina se destinen 5 mil dólares anuales para cada soldado, 22 dólares para cada alumno y sólo 7 dólares para cada enfermo o impedido.

Sin embargo, el empleo de la fuerza represiva no basta para someter a los pueblos, si gobiernos como el presidido por Banzer no dispusieran del apoyo internacional.

El gobierno norteamericano es el que más ayuda ha brindado y brinda al régimen encabezado por Banzer. Y ésta no es una afirmación infundada. Quiero proporcionar a ustedes las pruebas objetivas de este apoyo excepcional.

Las pruebas de la intervención norteamericana

La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) sostiene que la denominada "ayuda americana" (expresión que designa, sin discriminar, lo mismo préstamos no reembolsables como créditos condicionados y a tasas de interés que no suelen ser de fomento), a lo largo de 28 años, acusa un promedio anual de 18.5 millones de dólares. Compárese esta cantidad con la suma de 100 millones de dólares al año, que es el promedio de incremento de la deuda externa de Bolivia entre 1971 y 1977. Banzer dispuso de un flujo financiero superior en más de cien veces al que llegó a Bolivia en el último cuarto de siglo. Y la mayor parte de este crédito, como puede imaginarse, provino del gobierno norteamericano o fue posible gracias a su decidida intervención. Citemos un caso de esta forma de intervención en los organismos internacionales de crédito. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó a Bolivia, hasta el 31 de diciembre de l975, la suma de 293.5 millones de dólares. De esta suma, sólo el 20 % corresponde a los denominados "recursos ordinarios"; el 80% restante no habría estado al alcance de Banzer si el gobierno norteamericano no hubiera dado su visto bueno, por la suerte de veto de que dispone sobre el uso de los fondos "especiales". Que el apoyo financiero brindado a Banzer fue excepcional, lo prueba, además, el hecho de que el BID, que hasta 1971 había prestado a Bolivia 74 millones de dólares, elevara esa suma hasta aproximarse a los 300 millones en sólo seis años. En un año, el presente de 1977, el BID aprobó créditos por 80 millones, suma superior al total acumulado en los años de su existencia hasta 1971. Y su entusiasmo crediticio no aminora: están en gestión, con su evidente beneplácito, créditos por 300 millones de dólares adicionales para los próximos tres años.

Veamos ahora lo ocurrido con el Banco Mundial. Desde el inicio de su acción, hasta 1976, a lo largo de toda su relación con Bolivia, el Banco Mundial otorgó a mi país créditos por la suma total de 150 millones de dólares. Pero en sólo dos gestiones, las de 1975 y l976, aprobó créditos equivalentes al 60% del total acumulado hasta entonces. Con el auspicio del grupo consultivo de este Banco, no hace mucho, en París, el gobierno de Banzer inicio una nueva gestión destinada a obtener un crédito de 3.100 millones de dólares.

Tal vez sea necesario, para que ustedes se formen una idea más aproximada de la magnitud del apoyo económico brindado por el gobierno norteamericano al régimen boliviano presidido por Banzer, ofrecer algunos términos de comparación internacional. Cuando Banzer asume el gobierno de mi país, la deuda externa de Bolivia, acumulada en toda su historia, no llega a los 500 millones de dólares. Hoy, antes del término de este año de 1977, alcanza a los 2 mil millones de la misma moneda. Compárese este incremento con el aumento de la deuda externa de Chile, cuyo gobierno, fruto de la política de intervención norteamericana en nuestros países, recibió también un decidido apoyo del gobierno norteamericano. Chile debía, en vísperas del derrocamiento de Allende, alrededor de 2 mil millones de dólares; hoy su deuda oscila en tomo a los 4 mil millones. El aumento fue del 100%. El crecimiento de la deuda externa de Bolivia, en cambio, fue de 400%. Otro ejemplo, esta vez destinado a mostrar a ustedes el peso de la deuda externa en la economía nacional, es decir, la incidencia que tiene el pago de la misma en la balanza de pagos del país. Brasil es, como nadie ignora, el país más endeudado, en términos absolutos, no sólo de América Latina, sino del llamado Tercer Mundo. Uno de cada 5 dólares que éste debe principalmente a la banca norteamericana, lo debe el Brasil. Su deuda externa, al finalizar el año de1977, será de aproximadamente 27 mil millones de dólares. Como Brasil exporta anualmente un valor de 14 mil millones de dólares, resulta que debe una suma aproximada al doble del valor de sus ventas al exterior. El caso de Bolivia es, sin embargo, mucho peor: exporta alrededor de 600 millones de dólares anuales y debe aproximadamente tres y media veces esa suma. Así, en términos relativos, tomando en cuenta los factores de comparación señalados, Bolivia recibió un respaldo económico internacional mayor que el del Brasil, y el grado de hipoteca de su economía es, también, mucho mayor. La deuda externa de Bolivia creció, bajo el gobierno de Banzer a un ritmo próximo al 80% anual, ritmo de crecimiento que supera en veinte veces el del aumento del Producto Interno Bruto del país. En 1971 el peso de la deuda externa sobre la economía de cada boliviano era de 100 dólares. Hoy cada uno de los involuntarios deudores bolivianos está obligado en cuatrocientos dólares, suma igual al ingreso per cápita de la mayoría de la población durante cinco años. La suerte del brasileño es menos mala. Cada uno de ellos debe 270 dólares, casi la mitad de lo que debe el boliviano, el pueblo más pobre después de Haití, en América Latina. Preguntémonos ahora de qué ha servido esta cuantiosa transferencia de recursos y, sobre todo, por qué ha sido suministrada la ayuda económica descrita; en pos de qué objetivos convirtió el gobierno norteamericano al de Banzer en el favorito de su respaldo internacional. No fue infundada la afirmación hecha por Siracusa, el embajador norteamericano en La Paz, al día siguiente del golpe militar encabezado por Banzer, cuando, a tiempo de entregar a Banzer un cheque como parte de la ayuda inicial que su gobierno le brindaba, dijo: "Ahora se abren oportunidades para servirnos mutuamente". Como tampoco es inexplicable que ya en el primer año de gobierno militar, el de Estados Unidos le hubiese otorgado una ayuda económica comparable al 10% de toda la deuda externa de Bolivia acumulada en el resto de su historia, ni lo es que USAID hubiese acudido con una ayuda, entre 1971 y 197 5, equivalente al 30% de toda la deuda externa de la historia nacional.

No es ésta la ocasión, ni el tiempo de que disponemos nos lo permite, para proporcionar a ustedes el detalle de las inversiones realizadas con los fondos provenientes de la ayuda económica a que nos hemos referido. Pero baste, a modo de ejemplo, la mención de lo ocurrido con un banco del Estado, creado para fomentar la producción agropecuaria, el Banco Agrícola de Bolivia. La deuda total que este banco ha contraído en el exterior, próxima a los 50 millones de dólares, es igual a la suma de los préstamos que hizo a personas allegadas política o familiarmente al régimen de Banzer, suma que el propio banco considera incobrable por la insolvencia real o fraudulenta de los deudores. Y basta para ilustrar la orientación general del crédito y de las inversiones realizadas en base al crédito externo, que no es otra que la de consolidar y ampliar el poder económico y político de los sectores hegemónicos de la clase propietaria, y agudizar y extender el hambre y la explotación de los trabajadores, de los campesinos, y el empobrecimiento de las clases medias de la población.

La solvencia del prestatario

¿Cuál es la razón de un respaldo económico sin precedentes, como el otorgado por el gobierno norteamericano al régimen de Banzer? ¿Acaso debamos encontrarla en criterios de solvencia del deudor, como lo haría un banquero cualquiera para el que sólo cuenta la capacidad de pago del prestatario? Claro está que no, y no solamente porque ni siquiera los bancos se guían por ese único criterio, mucho menos un gobierno y menos aún uno que, como el norteamericano, ejerce el liderazgo del mundo capitalista y el control del área capitalista atrasada y subordinada, sino también porque si de la solvencia se trata, la economía boliviana ofrece un cuadro ficticio y efímeramente progresivo. En efecto, si nos atenemos a los dos rubros fundamentales de nuestra estructura de exportaciones, la minería y los hidrocarburos, los que en conjunto aportan el 90% del valor total de las exportaciones, veremos que el alza excepcional en la cotización internacional de los minerales, principalmente del estaño (de $us 1.50 Ia libra fina en 1971, a $us 5), que ha permitido ampliar el margen de rentabilidad de la empresa del Estado (COMIBOL), productora de dos tercios del tonelaje boliviano, no obstante el crecimiento casi vertical de sus costos de producción, no es una situación que deba considerarse estable. Y lo sabe, sobre todo, el gobierno norteamericano, cuyas reservas de estaño a cargo de la General Service Administration le permiten de cuando en cuando, ofertar este mineral y deprimir su cotización. La situación de los hidrocarburos no es menos precaria. Cuando Banzer asume el gobierno, Bolivia produce alrededor de 50 mil barriles diarios de los que consume solamente 13 mil, lo que le permite un margen exportable al precio excepcional de 15 dólares y fracción la unidad de medida (en 1971 era de dos dólares cincuenta, nada más) de aproximadamente 38 mil barriles diarios. Hoy, el consumo interno es de algo más de 22 mil. barriles diarios y la producción ha descendido a 31 mil barriles al día. No es necesario dar mayores indicadores para demostrar que la variación de cualquiera de estos factores (disminución de los volúmenes exportables o de la cotización internacional de esos productos) afectará la capacidad de pago del país de una manera irremediable, debido a su condición monoexportadora de recursos naturales no renovables. Y si esto ocurre, la suma destinada al pago de la deuda externa y de los intereses que ya hoy compromete entre el 20 y el 25% del valor total de nuestras exportaciones, afectará a un porcentaje intolerable de los ingresos nacionales, agudizando el subdesarrollo y la dependencia.

¿Por qué sostiene el gobierno norteamericano a Banzer?

¿Por qué, entonces, se mostró el gobierno de los Estados Unidos tan interesado en respaldar económicamente al gobierno de Banzer? [...] Se me pide que abrevie mi intervención. Y debo hacerlo, a pesar mío, aunque no darla por concluida, sin explicar por qué, a propósito de los derechos humanos, traigo ante ustedes esta trágica síntesis de la realidad social y económica de mi país. Es que, como lo dije al inicio de mi intervención, los gobiernos violadores de los derechos humanos, el de Banzer, en particular, no lo son por inclinación perversa del jefe de gobierno. El desconocimiento de los derechos y libertades fundamentales del hombre es, para estos gobiernos, una necesidad impuesta por su condición minoritaria; ésta, a su vez, es resultado de la orientación antipopular y antinacional de su política y ésta, en última instancia, se define tanto por los factores de poder económico interno que sostienen al régimen y se nutren con su respaldo, como por los factores de poder económico y político internacional. Y éstos, a cuya cabeza están los de los Estados Unidos, en el área de la dependencia, y tratándose de un país de extrema vulnerabilidad externa, son decisorios. Así, la ayuda que el gobierno norteamericano prestó y continúa prestando al régimen de Banzer tampoco es explicable por una inmotivada afición a los gobiernos fuertes, sino por la necesidad que tiene de sostener lo que considera como regímenes que cumplen la misión local de administrar los intereses continentales de los Estados Unidos, en esta nueva fase del desarrollo político mundial en el que América Latina ha cobrado una nueva significación estratégica para los Estados Unidos, como área de seguridad nacional y como último reservorio de recursos naturales estratégicos, de los que este país carece y no puede prescindir.

Que el gobierno norteamericano saque las manos de Bolivia

He aquí la explicación final. Encontramos al gobierno de los Estados Unidos como el principal sostén internacional de estos regímenes, porque ellos asumen la defensa de sus intereses. Y éste es el momento de decir que nosotros no hemos venido aquí, en el examen de la política de la administración Carter en relación con los derechos humanos, aunque agradecemos la invitación y sabemos de la importancia de esta reunión, a pedir que el gobierno de Carter intervenga en nuestros países en defensa de los derechos humanos. Si así lo hiciéramos, estaríamos reconociendo que la violación de los derechos humanos no reconoce causas vinculadas a los intereses internacionales de los Estados Unidos. Estaríamos admitiendo que el gobierno de los Estados Unidos sería un tribunal no sólo imparcial, sino dotado de la autoridad moral indispensable al reclamo por el respeto a los derechos humanos fundamentales. Y nuestra convicción es contraria. Estaríamos, por último, traicionando nuestra lucha por el respeto de la soberanía y la independencia nacionales. Lo que vinimos a pedir al gobierno norteamericano, lo que reclamamos de él, es que no intervenga más, es que deje de intervenir, [Aplausos] porque es en su intervención económica y política donde está la raíz de esta práctica fascistoide, de barbarie, que arrasa con las libertades y los derechos humanos.

Derechos humanos y liberación nacional: una sola lucha

Y para concluir, se ha mencionado en el curso de hoy el interés que habría en sectores democráticos y de mayor sensibilidad del gobierno de los Estados Unidos, por la búsqueda de una alternativa democrática en nuestros países. Una alternativa a la que suele denominarse como de "democracia viable". Al respecto, debemos decir con la mayor claridad, que dicho proyecto entraña la pretensión de eliminar las formas más aborrecibles de represión, pero también la de preservar el carácter antipopular y antinacional de esos regímenes, restableciendo algunas de las formalidades de la legalidad institucional, suprimiendo otras, en una suerte de ficción constitucional que asegure continuidad a los regímenes que repudia la conciencia democrática del mundo y burle los objetivos de una auténtica democratización de la vida nacional.

El gobierno norteamericano debiera despreocuparse de la búsqueda de alternativas de gobierno en nuestros países. No le corresponde hacerlo. Esta es una preocupación que corresponde, en exclusividad, a nuestros pueblos. Nuestros pueblos exigen que no se viole el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, pero no sólo de las personas, sino de las naciones, en soberanía, en independencia, como dueñas absolutas de su propio destino. Para nosotros, la lucha por el respeto de los derechos humanos es la misma que la lucha por la independencia y la liberación de nuestros pueblos. De su triunfo, surgirá una auténtica democracia. Gracias [Aplausos].

Un esclarecimiento oportuno

Posteriormente, luego de la intervención de Juan Ferreira, del Uruguay, el funcionario gubernamental, señor Long, pidió la palabra para sostener que el Pentágono no definía la política exterior de los Estados Unidos con los países latinoamericanos; que se limitaba a formular algunas sugerencias, y que, en último término, era el Departamento de Estado el responsable de la orientación general de la política norteramericana, a la que los militares de los Estados Unidos se sujetaban. Dicha intervención dio lugar a que Marcelo Quiroga Santa Cruz interviniera nuevamente para hacer el siguiente esclarecimiento:

Creo que será oportuno recordar que el expresidente Eisenhower, no obstante su condición militar, se lamentaba por el exceso de influencia del Pentágono en la definición de la política exterior de los Estados Unidos. No podemos, por razones de cortesía, poner en duda la afirmación hecha por el señor Long en sentido de que el Pentágono no resuelve de una manera autónoma la política de ayuda militar, de provisión de equipos, pero si esto es así, el significado no sería otro que el de liberar al Pentágono de una responsabilidad y transferirla al Departamento de Estado. Y lo que interesa no es individualizar al órgano de gobierno responsable del sostenimiento, cuando no de la creación de regímenes de origen fascistas, pues ése es un asunto doméstico, sino caracterizar la política del gobierno norteamericano en su conjunto, política que le muestra como al principal sostén exterior de esos regímenes.

Porque en la práctica, en mi país, una buena parte de la cuantiosa deuda externa, elevada a 400 % durante el gobierno de Banzer, se origina en demandas de pertrechos y avituallamiento militar en el respaldo militar del régimen y no precisamente para la defensa de la integridad territorial de Bolivia, sino para el cumplimiento de la misión de ejército de ocupación de su propio país. Quiero añadir algo más, en prueba incontrovertible de que, no obstante las proclamas reiteradas, la administración Carter no ha modificado, en lo substancial, la política de la administración precedente. El que fuera embajador norteamericano en Bolivia durante el gobierno de Banzer, hasta hace dos o tres meses, designado por Nixon, el señor Stedmann, ha sido promovido por Carter a la tercera jerarquía del Departamento de Estado. Y no será, precisamente, en castigo por el desempeño de sus funciones, sino en mérito a lo que se juzga un acierto.