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Evo Morales: “Antes sentía que el 80 o 90% de los medios eran mis opositores”

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De sábado a sábado (268)

“Ahora quedan 10% o 20% de opositores. No es que necesite apoyo, sino que digan la verdad. Si lo estoy haciendo mal que lo digan, pero con argumentos, sin tergiversaciones. Esa es la observación que tengo. Por supuesto siempre habrá libertad de expresión, pero libertad para decir la verdad”, dijo el Presidente para el diario cruceño El Deber, el 24 de septiembre de este año..

Remberto Cárdenas Morales*

A meses del primer mandato

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Evo Morales: “Antes sentía que el 80 o 90% de los medios eran mis opositores”  

“Ahora quedan 10% o 20% de opositores. No es que necesite apoyo, sino que digan la verdad. Si lo estoy haciendo mal que lo digan, pero con argumentos, sin tergiversaciones. Esa es la observación que tengo. Por supuesto siempre habrá libertad de expresión, pero libertad para decir la verdad”, dijo el Presidente para el diario cruceño El Deber, el 24 de septiembre de este año..

Remberto Cárdenas Morales*

A meses del primer mandato del presidente Morales los definidos o autodefinidos como asesores de prensa del gobierno (algunos salieron o fueron echados de él), decían que los medios de difusión eran los “únicos opositores” a los cambios y al gobierno.

En ese tiempo un diario paceño informó que Juan Evo Morales Ayma se había desmayado en el Palacio Quemado, como consecuencia del exceso de trabajo del primer mandatario. Entonces éste, además de afirmar que esa era una mentira, pidió que el Director de ese medio le diga quién había escrito esa noticia “mentirosa”.

En ese tiempo dirigentes sindicales de trabajadores de los medios le recordaron al presidente Morales que el Director aludido estaba impedido de señalar el nombre del redactor de esa noticia porque la Ley de Imprenta de 1925 prohíbe hacerlo.

Ese incidente coincidió con las agresiones verbales y físicas de dirigentes de movimientos sociales contra trabajadores de los medios de difusión, en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz (en ésta última su Alcalde fue el principal agresor a periodistas). Asimismo, subrayamos que los agresores a periodistas fueron militantes del MAS, los que creían que a los medios había que “sacarles la mierda”, para aplastar a la oposición.

Importa destacar que al menos hasta ese momento (y ahora es fácil constatar) el poder económico de los empresarios estaba intacto. Ahora crece.

En esa línea gubernamental y presidencial —que olvida o desconoce que los medios de difusión son aparatos ideológicos o “intelectuales orgánicos” de sus dueños— se aprobó un Reglamento, en forma de un decreto supremo, para el funcionamiento de las radios comunitarias el que, entre otras cosas, fue una copia burda de uno similar de Venezuela. Esa norma disponía (fue aprobado por la ley de telecomunicaciones) que ninguna de esas radios comunitarias debía difundir avisos publicitarios ni propaganda electoral, que ningún párroco debía ser autorizado para instalar radioemisora alguna y, por supuesto, ese documento sugería al menos que esas radios debían difundir un discurso único, el de los gobernantes.

En ese momento, otra vez los dirigentes sindicales de los periodistas, respondieron a esa reglamentación gubernamental de las radios comunitarias que, en la comunidad, debían escucharse “todas las voces”. Ese planteamiento se apoyaba en una enseñanza de José Ignacio López Vigil, cubano y ex cura, quien afirma que en las radios comunitarias deben concurrir las tres “P”: que la propiedad de las radios sea de la comunidad, que la programación sea de los comunarios y que la palabra sea también de ellos. Propiedad, programación y palabra que no ocurre en la mayoría de las  radios comunitarias en Bolivia.

Otro momento en el que se advirtió el propósito gubernamental de controlar a los medios de difusión fue cuando se aprobó la Ley antirracista a la que, a última hora y sin consulta previa, se incorporó dos artículos sobre los medios, en uno de los cuales, pensamos nosotros, se introduce la censura previa; institución jurídico-constitucional que forma parte de la Constitución Política del Estado boliviano (CPE), desde la redactada por Bolívar.

Lo que más nos debe preocupar, sin embargo, son las normas introducidas en el Reglamento de la Ley Antirracista, es decir, unas normas contrarias a las leyes y a la CPE porque en un reglamento no se deben agregar instituciones legales y/o constitucionales que no estén en la ley que se reglamenta.

En esa reglamentación sin embargo, se propone normas (menos mal inaplicables) destinadas a controlar las “redes sociales”. Cuando los periodistas le preguntaron al entonces funcionario del Ministerio de Culturas, Idón Moisés Chivi, éste respondió que como era difícil controlar a todas las redes sociales, los gobernantes iban a controlar a las principales (incluidas, por cierto, las publicaciones virtuales).

Otro hito en el que aparece la garra para la censura a los medios de los gobernantes fue la disposición de éstos con la que se prohibió la difusión de ideas, de propaganda, en favor de los candidatos a jueces supremos. Los dueños de los medios y los editores de éstos aceptaron mansamente esa restricción evidente a la libertad de opinión, garantizada por la CPE, la que determina que las opiniones que se difundan deben ser responsables.

Es abultado el número de atropellos contra los trabajadores de los medios de difusión, aunque sospechamos que no son pocos los periodistas que se mantienen como informadores y a veces propagandistas del régimen actual, así como otros son favorecidos con avisos publicitarios del gobierno y/o de las empresas públicas, así como los hay intimidados a costa de amenazas de diferente calibre, incluida la amenaza de muerte.

El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo propósito sería anulado si se aprueban las más de diez restricciones al derecho que tenemos los bolivianos para que se nos entregue esa información, contenidas en ese Proyecto que fue aprobado en grande por los diputados[1]. Esas más de diez prohibiciones para acceder a la información pública serían más porque ese documento dispone que se podrán establecer otras prohibiciones los cuatro “Órganos del Estado Plurinacional, la Procuraduría General del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, es decir, pueden disponer qué información no debe ser entregada a los bolivianos que la requieran.

El 24 de septiembre último el Presidente nos ha confirmado que entre el 80 y el 90 por ciento de los medios de difusión, ahora, ya no son sus opositores. Esta afirmación debemos entenderla como que es verdad que esos medios o varios de ellos han sido comprados por gobernantes o por empresarios que a la vez son sus socios políticos y económicos.

Basta leer, escuchar y ver a la mayoría de esos medios para constatar que han sufrido una metamorfosis: de opositores al gobierno han virado hacia amigos de los gobernantes.

Y a propósito del pedido presidencial para que esos medios informen con veracidad, lo que es un mandato constitucional, es necesario que ese pedido lo extienda a los medios estatales: Canal 7, Red Patria Nueva, Agencia Boliviana de Información y diario Cambio. Esos medios cotidianamente callan, con lo que ignoran que el silencio equivale a la mentira porque Espinal sigue con la razón cuando dice que callar es lo mismo que mentir[2].

Creemos nosotros que sobre todo ahora que, como nos informó el Presidente, son muy pocos los medios opositores a su gobierno, tiene valor de consigna para los trabajadores de todos los medios de difusión: informar verazmente, ayudar a que el pueblo se comunique, opinar con responsabilidad e interpretar con ética.

Para ejercer estos cuatro derechos individuales y colectivos los trabajadores de los medios de difusión tenemos que luchar, como en todo tiempo y lugar. Y en tiempos de Evo es necesario intensificar esa lucha porque, entre otras cosas, aumentan las mentiras desde el gobierno de Morales y desde el Estado llamado plurinacional.

La Paz, 5 de octubre de 2013.

*Periodista

 

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