Democracia en Bolivia: excluyente, discriminatoria y prebendal

Hugo Siles Alvarado

ExEmbajador de Bolivia en Naciones Unidas

A manera de recordatorio, la concepción inicial de democracia tiene su origen en Atenas, misma que todavía se encuentra en algunos diccionarios clásicos.

El diccionario Larousse, en su versión española, la define de la siguiente manera:

Democracia: (del griego demos, pueblo y kratos, autoridad). Gobierno en que el pueblo     ejerce la soberanía. Soberanía  definida a su vez como: Autoridad máxima.

Dadas las dificultades para que el pueblo ejerza la soberanía, surgieron concepciones que buscan acomodar el concepto a una realidad particular, el diccionario de la Real Academia Española dice:

Democracia:

1.- f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.

2.-  Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

Por otra parte el diccionario ingles de la Oxford amplia la definición:

Democracia: Un sistema de gobierno de todo el pueblo o de todos los miembros elegibles de un Estado, típicamente a través de sus representantes elegidos:

Un sistema de democracia parlamentaria. Implica que no todos los ciudadanos son elegibles.

Históricamente, desde la fundación de la republica hasta nuestros días, la democracia en Bolivia ha sido profundamente discriminatoria, excluyente y prebendal. La convocatoria por Decreto del 9 de febrero de 1825, firmada por el Mariscal Sucre, para elegir representantes a la Primera Asamblea Constituyente, para el día 25 de marzo de 1825, entre otras, imponía las siguientes exigencias: 300 pesos  para votar y 800 para ser elegido, o tener un empleo o ser profesor de alguna ciencia que le remunere. Esta convocatoria no podía ser más excluyente con un pueblo empobrecido por una guerra de independencia que duró 15 años.

La democracia, cuyos rasgos más importantes prevalece en nuestros días, se fue construyendo a partir de los propios conceptos y definiciones contempladas desde la primera Constitución Política, redactada por el Libertador Bolívar. En esa Constitución, el artículo 14 estipulaba  lo  siguiente: “Para ser ciudadano es necesario: 1° Ser boliviano, 2° Ser casado, o mayor de veintiún años. 3° Saber leer y escribir: bien que esta calidad sólo se exigirá desde el año mil ochocientos treinta y seis. 4° Tener algún empleo, o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico”. Si bien la condición de saber leer y escribir para ejercer la ciudadanía sólo debía ser aplicado a partir del año 1836,  la esencia misma de dicha exigencia tuvo connotaciones discriminatorias y excluyentes a lo largo de la historia, especialmente con el sector indígena que vivía marginado y alejado de los centros de educación y, por otra parte, en la generalidad de los casos, esa población trabajaba en las casas de hacienda en calidad de sirvientes y, por tanto, sería la segunda causa que les impedía ejercer su derecho ciudadano.

La segunda Constitución Política, promulgada en agosto de 1831 durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, modifica las exigencias en los siguientes términos: Art. 12 “Son ciudadanos de Bolivia: 1° Los bolivianos casados, o mayores de veintiún años que profesen alguna industria, ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. 2°… ”. Nuevamente una discriminación y exclusión implícita de los grandes sectores marginados de la educación y trabajadores  en sirvientes domésticos, principalmente, del sector indígena.

Con esos antecedentes, en Bolivia se practicó, hasta las elecciones el año 1951, el voto calificado, constituyéndose en la democracia más discriminatoria y excluyente del continente, no tenían derecho a votar las mujeres y analfabetos. El Decreto del 21 de julio de 1952 significó un avance importante para incorporar a todas y todos los bolivianos al ejercicio pleno de la ciudadanía, eliminaba la discriminación y exclusión, salvo algunas excepciones, todos los bolivianos mayores de 21 años podían ejercer el derecho a votar sin distinción de raza, género, ocupación, condición económica o grado de instrucción. Sin embargo, el sistema electoral de la época permitió la manipulación de las elecciones en favor del partido en funciones de gobierno, senadores y diputados eran elegidos en lista completa, junto con el presidente y vicepresidente, y los candidatos eran nominados directamente por los partidos. Es a partir de la Reforma Constitucional de 1994 que al pueblo se le permite elegir directamente a la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales, manteniéndose la elección indirecta de la otra mitad que, junto con los senadores, se eligen en lista con el presidente y vicepresidente, vigente hasta nuestros días. El nombramiento de los prefectos, como máxima autoridad política del departamento, venía directamente del Ministerio del Interior o de Gobierno con un carácter prebendal, en función del servilismo partidario oficialista, situación que se mantuvo hasta las elecciones del 2005.

El hecho de que el pueblo no pueda elegir de manera directa a todos sus representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) o en las asambleas departamentales no es otra cosa que la expresión antidemocrática de un sistema que los partidos políticos implantaron en el país de manera abusiva para favorecer una partidocracia prebendal. Pero no sólo es la forma de elegir representantes, el sistema democrático actual está muy lejos de ser una democracia participativa, no existen los mecanismos para la consulta y la participación post-electoral del pueblo en la toma de decisiones, en la generalidad de los casos, los asambleístas una vez elegidos pierden toda relación con sus mandantes, su participación y accionar en la ALP o departamental cae en el marco de la obsecuencia partidaria, las propuestas de nuevas leyes no responden a los cambios que el pueblo exige y necesita, tienen un origen cupular y verticalista, por ejemplo, el actual Gobierno maneja el discurso de la socialización y consulta previa de los proyectos de ley, sin embargo, solo se trata de mera información, a nivel de las direcciones sindicales y sociales afines al Gobierno, y sin ninguna opción para el debate, la mayor parte del pueblo queda al margen de toda participación. La participación y el control social, contemplada en la Constitución Política, ha quedado en el papel; el gobierno del MAS se ha dado a la tarea de organizar a sus simpatizantes para que en nombre de la ciudadanía ejerzan el control social y den por bien hecho los excesos de las autoridades regionales y nacionales.

La democracia en Bolivia, como toda democracia burguesa representativa, es discriminatoria y excluyente, los candidatos sólo pueden ser inscritos a través de los partidos políticos o alianza de partidos y agrupaciones ciudadanas, los no militantes no tienen ninguna opción de participación como candidatos, una democracia que en los hechos excluye a las agrupaciones o partidos  de escasos recursos, sólo los que invierten millones de dólares en la propaganda y en los medios de difusión tienen alguna opción de ganar una elección. Es prebendal porque una buena parte de los candidatos son nombrados a dedo por el jefe o dueño del partido o, en el mejor de los casos, en ciertos niveles cupulares del partido. Los resultados son los que vemos después de cada elección, senadores y diputados plurinominales “elegidos” con anticipación por los partidos políticos o el candidato presidencial, en su mayoría personajes que de otra manera jamás serían elegidos por la ciudadanía. Esperemos que esta sea la ultima vez.

El pueblo debe exigir una nueva democracia donde los representantes sean elegidos en el seno de las bases de manera directa, si es posible sin participación partidaria, en circunscripciones territoriales y eliminando toda representación plurinominal. Una democracia donde los elegidos mantengan el debate permanente con sus mandantes y cumpliendo las decisiones de sus bases so pena de la revocatoria de mandato.