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Carlos Alarcón: “No se debe utilizar la reforma judicial para abrir la Constitución”

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“La justicia está siendo utilizada como un instrumento de persecución política”.

La Paz, Página Siete, domingo, 29 de mayo de 2016

Álvaro Valero/Página Siete. Juan Carlos Salazar, director; Carlos Alarcón

 e Isabel Mercado, subdirectora.

Página Siete / La Paz

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón advierte contra la supuesta intención del gobierno de Evo Morales de utilizar la reforma judicial para abrir la Constitución con otros fines.

"Lo más importante en este momento para los ciudadanos es que no se utilice la reforma judicial como un pretexto para abrir la Constitución y a través de ello conseguir un desquite por el resultado del 21 de febrero”, sostiene en el Desayuno de Trabajo de Página Siete.

Promotor de una propuesta para la reforma judicial, el también exministro de Justicia sostiene que el resultado del NO del 21 de febrero es "una cosa juzgada constituyente”.

"Eso quiere decir —agrega— que los que hemos votado por el NO, no solamente hemos votado porque no se cambie el artículo 168 sino porque específicamente los actuales Presidente y Vicepresidente estén inhabilitados para postular a cualquiera de estos dos cargos el año 2019”.

Tras señalar que "la justicia está siendo utilizada por el Gobierno como un instrumento letal de persecución política y de aniquilación de la disidencia”, Alarcón insiste en la necesidad de buscar una justicia independiente y de alta calidad.

"Si los operadores de justicia siguen bajo la total sumisión al Gobierno, vamos a vivir realmente un escenario de guerra interna muy grave, de confrontación, de lucha. Vamos a tener una sociedad sumida en la incertidumbre, la zozobra y la preocupación totalmente innecesarias”, subraya.

Hay consenso en que la justicia está mal, hay consenso en que hay que reformarla, pero ¿por dónde empezar?

Bueno, en la actual coyuntura, lo más importante para los ciudadanos es que no se utilice la reforma judicial como un pretexto para abrir la Constitución y a través de ello conseguir un desquite por el resultado del 21 de febrero. Es uno de los temas de mayor preocupación porque queda claro que el resultado del NO del 21F es una cosa juzgada constituyente. Eso quiere decir que los que hemos votado por el NO, no solamente hemos votado porque no se cambie el articulo 168 sino porque específicamente los actuales Presidente y Vicepresidente estén inhabilitados para postular a cualquiera de estos dos cargos el año 2019.

Es decir, esa decisión del NO tiene un efecto general y también uno específico particular para los actuales mandatarios, lo que yo llamo la cosa juzgada constituyente, y eso tiene carácter obligatorio, vinculante, es el soberano el que se ha pronunciado por el NO en sus dos alcances. Entonces, para evitar que se manosee nuevamente el tema de la justicia para conseguir fines ajenos a construir una justicia verdaderamente independiente y de alta calidad para el ciudadano, lo primero que tenemos que hacer es decir: Cualquier reforma a la Constitución la tenemos que pasar para el año 2019 en adelante. Ése es mi planteamiento. Muchos planteamientos hablan de una reforma estructural del sistema de justicia, pero debe realizarse cuando en el país existan las condiciones para que esa apertura de la Constitución no sea mal utilizada para otras finalidades.

Entonces, ¿qué debemos hacer en la actual coyuntura, cuál es su propuesta?

Ésa es la pregunta de fondo porque las funciones de los altos jueces vencen en enero de 2018 y de acuerdo con  la Constitución vigente tenemos que ir al voto popular para elegir a sus sucesores.

La propuesta estructural que yo tenía la he adaptado para dar una respuesta de coyuntura que nos permita tener justicia independiente y de alta calidad para los ciudadanos en las elecciones de 2017.

¿Cómo se haría ?

Deberíamos hacer una iniciativa legislativa, no constituyente, sino legislativa ciudadana a través de esta figura que está en la Ley de Participación y Control Social que se llama "El Actor Circunstancial”, que es el del grupo de ciudadanos, que nos constituimos en "El Actor Circunstancial” de la participación social, redactamos una iniciativa legislativa para desarrollar y reglamentar la fase de la preselección de los concursantes y de los postulantes candidatos, que es eso lo que falló dramáticamente en la anterior elección, y nos obligaron a los ciudadanos a votar por candidatos afines al partido de Gobierno. En esta ley de desarrollo y reglamentación de la fase de preselección, promovida por una iniciativa legislativa ciudadana, ¿qué deberíamos hacer? Yo propongo que se establezcan 11 Tribunales de Méritos conformados cada uno de ellos por tres comisionados, quienes tendrían un desempeño honorario. Estos 11 Tribunales de Méritos estarían conformados por el Estado  y la sociedad civil. 

Por parte del Estado tendríamos  cinco  tribunales: uno que lo conformaría el propio Presidente del Estado, otro por los nueve gobernadores departamentales, otro por los alcaldes de las ciudades capitales, otro por los alcaldes de las ciudades intermedias y uno por el Defensor del Pueblo. Por parte de la sociedad civil tendríamos un tribunal conformado por los decanos de Derecho de las universidades públicas y privadas del país, otro por los colegios departamentales de abogados, otro por la Confederación de Empresarios Privados, otro por la Central Obrera, otro por representantes de las ONG de Protección de Derechos Humanos y el sexto por las asociaciones departamentales  de periodistas.

El mayor peso de estos Tribunales de Méritos lo tendría la sociedad civil. Los comisionados de estos tribunales trabajarían sobre la base de un reglamento que establezca los parámetros y las condiciones objetivas de selección meritocrática y de alta calidad de los concursantes y postulantes. Este reglamento estaría hecho por la Comisión Mixta de Constitución y aprobado por dos tercios de votos. Esto garantiza que la oposición tenga una incidencia dentro de la comisión.

¿Qué deberían hacer estos tribunales?

Tendrían que elaborar nóminas para cada uno de los cargos del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura sobre la base de un concurso público de méritos. En esta primera fase, los candidatos no son todavía postulantes porque a éstos los designa la Asamblea Legislativa. Son concursantes. De esa manera se respeta la Constitución tal como está. Una vez confeccionadas las nóminas por méritos y calidad profesional, se las envía a la Asamblea Legislativa Plurinacional que es la que tiene que hacer la preselección de los postulantes a candidatos por 2/3 de votos, pero en la ley se establecen reglas que auto-obligan a la Asamblea Legislativa a conformar ternas para cada uno de los cargos que van a ser sometidos a voto popular. La primera obligación de la Asamblea Legislativa es que tiene que confeccionar las ternas según las nóminas que enviaron los 11 tribunales. Es una gran limitación y un avance para tener jueces independientes.

La segunda regla es que si la mayoría de los tribunales coinciden en un candidato, la Asamblea está obligada a incluir ese nombre en la terna, porque seguramente es una personalidad reconocida. La otra regla es que en estas ternas por lo menos se tienen que incluir a nueve concursantes de cada uno de estos tribunales. ¿Para qué? Para que la Asamblea no elabore las ternas sólo a base de los nombres que han proporcionado los Tribunales de Méritos del Estado sino también los de la sociedad civil. Ahí habría un equilibrio. Esas reglas garantizarían ternas conformadas por gente realmente independiente y con alta calidad profesional. En el caso de que no se alcance la cantidad de concursantes suficientes, se podría enviar duplas o binomios al voto popular porque se necesita por lo menos un titular y un suplente.

Una vez enviadas las ternas a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo Electoral para someterlas al voto ciudadano, ¿cuál sería el siguiente paso? 

Habría que incluir otra regla muy importante para evitar que repita lo que falló en la anterior elección. Si los votos blancos y nulos para determinado candidato superan a los votos válidos, se hace una nueva convocatoria, una segunda vuelta, para ese cargo específico. Los que hayan superado los votos nulos y blancos ejercerían la titularidad. El más votado sería el titular y el que le sigue en votos, el suplente.

¿Y qué posibilidades reales hay de que esto se aplique?

Hay dos cosas importantes. Primero, en la propuesta alternativa, creo que es la de Juan Del Granado, se le invoca a la buena voluntad de la Asamblea. Obviamente, en las condiciones actuales la Asamblea no lo va a hacer. Por otra parte, pedir que sea una comisión independiente de personalidades que haga la selección de los postulantes, es anticonstitucional, porque la Constitución establece que son los legisladores quienes tienen que preseleccionar a los candidatos por 2/3 de votos. Si los Tribunales de Méritos eligen a los "concursantes”, como propongo, estaríamos respetando la Constitución y estaríamos obligados a la Asamblea moralmente. Si hacemos esta propuesta a través de una iniciativa legislativa ciudadana, la Asamblea está obligada a su tratamiento. La iniciativa ciudadana tiene más peso democrático que la iniciativa parlamentaria porque son los ciudadanos los que directamente están proponiendo una ley.

¿Cómo pueden los ciudadanos promover esa iniciativa legislativa?

Primero, debería organizarse un grupo ciudadano impulsor que esté de acuerdo con la propuesta, tal cual o con o modificaciones. La ventaja de esta iniciativa sobre el referendo es que no necesitas el 20% de firmas del padrón, sino una cantidad mínima de ciudadanos, no necesitas personería jurídica y no necesitas organización política ni otro tipo de organización dentro del Actor Circunstancial, como se llama. Es decir, es totalmente flexible. Por ejemplo, nos reunimos 100 ciudadanos para promover esta iniciativa legislativa, pulimos la propuesta, la ajustamos y la redactamos en forma de articulado como actores circunstanciales de la participación ciudadana, la firmamos y la presentamos formalmente al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A partir de ese momento, ese proyecto será tratado como prioridad a cualquier otro que ingrese después. Ése es el primer efecto positivo y el segundo es que a partir de ese momento se puede, aunque no es obligatorio, recibir adhesiones ciudadanas y se va generando una masa crítica de ciudadanos que interpelan directamente al poder en relación con este objetivo específico.

En términos procedimentales, está claro, pero en términos políticos, ¿qué posibilidades reales hay de que la Asamblea con o sin presión ciudadana pueda realmente aceptar la propuesta?

El primer efecto positivo sería desnudar a la Asamblea Legislativa en sus verdaderas intenciones. Un proyecto de esta naturaleza la pone contra el espejo de la sociedad y permite comprobar si la Asamblea quiere realmente una justicia independiente y de alta calidad o si por el contrario quiere utilizar eso como pretexto para alcanzar otros fines, como la modificación del artículo 168 de la Constitución para aprobar la reelección. En segundo lugar, la propuesta sirve para separar las aguas, porque permite decir que no necesitamos por el momento tocar la Constitución. A futuro sí, para hacer un cambio estructural en la justicia.

¿Usted cree que su propuesta tendría apoyo ciudadano?

Creo que éste es el mejor momento, porque los ciudadanos se están dando cuenta de que la justicia está siendo utilizada por el Gobierno como un instrumento letal de persecución política y de aniquilación de la disidencia. Eso percibe la inmensa mayoría y se da cuenta de que ése es el modelo más alejado de una verdadera justicia. Los ciudadanos, al ver semejantes aberraciones y barbaridades que estamos viviendo en el país, más impulsarán este tipo de iniciativas. Tanto el Presidente como el Vicepresidente y el Ministro de la Presidencia están viendo al país como un escenario de guerra y la justicia es un escenario de paz si la manejas bien, porque también puedes utilizar la justicia como instrumento de guerra.

Estas tres personalidades utilizan la justicia como instrumento de guerra y la gente se ha dado cuenta de eso y quiere que la justicia sea un instrumento de paz y de convivencia democrática. En lugar de estar amenazando o intimidando a los medios de comunicación, a los líderes de oposición y a los ciudadanos que no piensan como él, el Ministro de la Presidencia, como el Presidente y el Vicepresidente, debería abrir unas mesas de debate democrático, incluyendo a los medios de comunicación. Estos tres personajes están generando una sociedad dividida, enfrentada, confrontada, como si no estuviéramos viviendo una democracia. En una democracia no puedes instrumentalizar la Fiscalía y la justicia como un brazo del poder para la persecución y la aniquilación de la disidencia.

¿Cuál es el riesgo para la democracia boliviana si la reforma de la justicia no se concreta?

Si no llegamos a tener una justicia independiente de alta calidad y si los operadores de justicia siguen bajo la total sumisión al Gobierno, vamos a vivir realmente un escenario de guerra interna muy grave, de confrontación, de lucha; vamos a tener una sociedad sumida en la incertidumbre, la zozobra y la preocupación totalmente innecesarias. Es más, yo creo que el MAS se está suicidando políticamente. El MAS debería reflexionar. La mayoría de la sociedad boliviana ya no es del MAS, se ha demostrado el 21 de febrero que está contra el MAS, precisamente por esta forma de entender y practicar la política, la política de amigos y enemigos. El MAS debería ser el más interesado en cambiar esa actitud porque de eso depende su viabilidad política para  2019.

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