Atribuyen incendios al DS que autoriza quemas para ampliar frontera agrícola

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Expertos y activistas culpan a la dotación de tierras para las comunidades, la aprobación de varios decretos sobre desmontes y la falta de instrucción sobre cómo realizar las quemas controladas.

SOCIEDAD

martes, 20 de agosto de 2019 · 00:04

Página Siete / La Paz

 El 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3973, por el cual “se permiten las quemas controladas” en los departamentos de Beni y Santa Cruz, este último donde el fuego arrasó más de medio millón de hectáreas. Expertos y activistas atribuyen el desastre a la norma aprobada por el Gobierno.

“Chaqueo y quemas siempre se dan en estos meses, sin embargo, algo excepcional ocurrió este año y es que hubo más deforestación. Según la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras), en 2016 hubo 295 mil hectáreas y ahora se está llegando a 957 mil hectáreas en lo que va del año, es decir que se triplicó”, apuntó el activista e integrante de la Fundación Solón, Pablo Solón.

Este y otros expertos consultados afirmaron que el Gobierno impulsó políticas de fomento para la ampliación de la frontera agrícola, dándole prioridad a la siembra de caña de azúcar para el etanol, soya para el biodiésel o pastizales para la ganadería.

Muestra de ello son las leyes y decretos que firmó el Presidente (nota de apoyo), orientados todos a “incentivar” la actividad agrícola y ganadera en suelos que los expertos aseguraron no tienen esa vocación productiva.

“El Gobierno cada vez flexibiliza más el desmonte, antes sólo se podía deforestar cinco hectáreas, ahora subió a 20 hectáreas (Ley 741, de septiembre de 2015); mientras que para las penalidades se aceptó una amnistía, todo con el objetivo de incentivar al sector agroindustrial y agroempresarial, pero ahora se ven estos impactos”, manifestó Solón.

Luego de la promulgación del decreto 3973, el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, advirtió que esta decisión iba a ampliar la frontera agrícola de forma legal, pero también incrementaría la actividad ilegal de quema y tala.

“Hasta 2017, la ABT calculó un promedio de 226 mil hectáreas deforestadas durante esa gestión, pero, a escala internacional, de acuerdo con observatorios internacionales, se tienen datos de que en Bolivia se superaron las 420 mil hectáreas deforestadas el año pasado”, indicó.

Sobre los incendios que se salieron de control en estos días, Crespo sostuvo que la región de la Chiquitania no es apta para la agricultura, ya que sus suelos sirven a la actividad forestal.

Asimismo, hizo notar que los bosques que ahora se ven afectado por el fuego son generadores de alimentos, semillas, fibras, miel, agua, oxígeno, regulan el clima, impiden la erosión y evitan los vientos huracanados que acechan al departamento de Santa Cruz, que incluso alcanzan los 100 kilómetros por hora.

“(Con las leyes) el más favorecido será el agronegocio porque tendrá el espacio para seguir sembrando soya transgénica y caña para la producción de los agrocombustibles, pero en el corto plazo tendremos sequías, lluvias torrenciales, erosión eólica, plagas y desaparición de los cuerpos de agua, entre otros, efectos que afectarán a la región en su conjunto”, advirtió Crespo.

Beneficios para los sectores

En marzo pasado, el Gobierno y los agroindustriales de Santa Cruz suscribieron un acuerdo para autorizar la ampliación de la frontera agrícola en 250 mil hectáreas adicionales a los 1,3 millones de hectáreas que ya se destinan a la siembra de soya.

Al respecto, el experto en materia agraria, Mauricio Rojas, mencionó que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ejecutó un proceso de distribución masiva de tierras, principalmente en la Chiquitania, en favor de comunidades campesinas.

“Desde 2006, el Gobierno viene asentando a comunidades, sin considerar para qué está destinada la tierra en la Chiquitania. Para iniciar la agricultura en ese lugar, se tiene que chaquear; las quemas son hechas sin control debido a que los pobladores no son capacitados sobre la quema controlada”, afirmó.

Sobre la base de los datos de la ABT, el mapa de incendios se incrementó debido a la masificación de las quemas “controladas”, y eso se comprueba con las quejas de habitantes de las zonas afectadas, que apuntan al INRA porque no respeta ni las áreas protegidas, donde se autorizan asentamientos que van en contra del Plan de Uso de Suelo (Plus), dijo Rojas.

“Estas son las consecuencias, áreas que son totalmente forestales se dan a comunidades agrícolas que obviamente, al hacer el chaqueo, se escapa el fuego. No puede haber quema controlada, porque son personas que migran hacia la Chiquitania, donde en muchos casos desconocen para qué es la tierra de ese lugar”, cuestionó el experto.

Para Rojas, el Gobierno, mediante el INRA, debe coordinar la entrega de las tierras con las entidades subnacionales, gobernaciones y municipios e implementar talleres técnicos de prevención y capacitación para desmontes y quemas controladas.

Posición ambientalista

“Desde 2015, la política del Estado, en alianza con los sectores económicos de la región, han acordado la política de ampliación de la frontera agrícola mediante la cual decidieron aprobar leyes, decretos y normas técnicas para flexibilizar la deforestación bajo el argumento de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Lo que en realidad causó es un gran tráfico de tierras, con niveles comparables a épocas de la intervención de la Reforma Agraria en los años 90 y la pérdida de bosques tropicales a niveles nunca vistos”, denunció ayer la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida.

La integrante de esa organización Eliana Torrico apuntó que “la actual catástrofe se desata a partir de los múltiples chaqueos, combinado con la fuerte sequía y los vientos incontrolables, que son parte de la realidad de nuestra región, debido a los grandes desmontes que han liquidado la protección que teníamos y que nos defendía de los efectos del cambio climático”. 

Normas que ampliaron la frontera agrícola y autorizaron quemas

• Perdonazo En 2013, el Gobierno aprobó varias leyes, decretos y normas técnicas para la ampliación de la frontera agrícola, que dieron lugar a la deforestación y quemas para garantizar la “seguridad y soberanía alimentaria” con hectáreas destinadas a la producción de caña de azúcar, soya y ganadería, entre otros.
• Apoyo La Ley 337 (de 2013) incentiva la producción de alimentos para garantizar “la soberanía y seguridad alimentaria” en predios que hubieran sido objeto de los desmontes que no tenían autorización.
• Ampliación La Ley 741 autoriza los desmontes de hasta 20 hectáreas “en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas (…) para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias”.
• Deforestación La Ley 1098 amplía la frontera agrícola y establece los “mecanismos de control de deforestación” para la producción de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal.
• Modificación El Decreto Supremo 3973, de julio de 2019, modifica el artículo 5 del Decreto Supremo 26075. La nueva norma modificada da luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques para las actividades agropecuarias.
• Incentivo Además de estas normas, entre 2011 y 2013, las áreas de expansión agrícola ya incluían áreas forestales y reservas forestales de Guarayos y la Chiquitania.
• Acuerdos En marzo de este año, el Gobierno suscribió acuerdos con los agroindustriales, para ampliar la siembra de soya sobre 250 mil hectáreas para producir biodiésel.

 Responsables del incendio enfrentarán penas de hasta 6 años

Los responsables de los incendios en Roboré pueden afrontar penas de entre dos y seis años de cárcel, de acuerdo con los artículos 206 y 223 del Código Penal Boliviano.

El artículo 206 dice: “El que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años”.

Asimismo, los responsables podrían ser juzgados por el artículo 223 del Código, referido a la destrucción de bienes del Estado, que reconoce penas de entre uno y seis años.

De acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), mediante el sistema de monitoreo se pudo identificar las zonas en las cuales se iniciaron los fuegos, por lo que funcionarios se trasladaron a Roboré junto con la Fiscalía para encontrar a los responsables.

Por su parte, la activista Eliana Torrico señaló que si bien los autores materiales deben ser castigados, la responsabilidad del incendio también llega a la ABT y a las autoridades que permitieron que esta situación se presente.

“Se han aprobado normas para flexibilizar la deforestación y de esta manera se ha preparado el escenario para que esta situación ocurra. Los responsables materiales deben responder a la justicia, pero también la ABT y las autoridades y legisladores que aprobaron las normas que propiciaron esta situación”, argumentó Torrico a Página Siete.