APDH de Bolivia, ante el reto de preservar su independencia

derechos humanos

Avatares de una institución histórica

Un conflicto dentro de la regional de La Paz deja entrever una corriente afín al Gobierno, algo que —según los consultados— atenta contra la autonomía que debe tenerse frente a cualquier cúpula, jerarquía o poder.

Ideas, suplemento de Página Siete, domingo, 16 de febrero de 2014

Pablo Peralta Miranda 

Periodista

"La independencia política es la esencia misma de las instituciones que velan por los derechos humanos, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo”, dice Alfonso Gumucio.

Durante la histórica huelga que protagonizaron cuadro mujeres mineras en 1977 contra la dictadura de Hugo Banzer, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) tuvo a su cargo la representación oficial de los ayunadores. Esa medida fue un factor decisivo para mellar al régimen.

Ya en democracia, la asamblea tuvo una participación trascendental  en el juicio contra el exdictador Luis García Meza  y su posterior encarcelamiento.

En suma, no han sido pocos los episodios en que la APDH estuvo presente de forma contundente frente a hechos  que mancillaron los derechos humanos. Sin embargo, hoy tiene en frente una batalla por demás trascendental para preservar su independencia ante corrientes prooficialistas que hay en su seno.

 La presidenta de esta organización, Yolanda Herrera, lo dice enfática: "Ahora más que nunca hay que luchar por su independencia, y porque siga alineada en la defensa  de los derechos humanos”.

El tema cobró relevancia con el conflicto que emergió en la oficina regional de La Paz, donde el 17 de enero pasado un grupo —presuntamente afín al oficialismo— interrumpió un congreso de la oficina departamental. El asunto alarmó aun más cuando policías  ocuparon las oficinas. "Algo que no ocurrió ni en tiempos de dictadura”, dijeron activistas.

Este elemento, sostiene Herrera, le llamó "poderosamente” la atención porque deja entrever que una de las partes  goza de  influencia ante el Estado.

"Nos ha preocupado seriamente si efectivamente el poder que tiene este grupo puede influenciar para que una instancia de Gobierno proteja a quienes tienen una tendencia mucho más  progubernamental, que  de la  filosofía y los principios de nuestra institución”, dice Herrera.

El pasado fin de semana, aquel grupo  eligió al minero Severino Estallani como presidente de la APDH La Paz, y a María Patiño, de las Bartolinas, como su vicepresidenta. Sin embargo, hay un problema al respecto: la instancia nacional de DDHH reconoce a Amparo Carvajal, porque —se argumenta— fue elegida a través de los estatutos y procedimientos de la asamblea.

"Ahora quieren asaltar el último espacio independiente. Es parte del proceso de cambio: toma tierras, toma minas, toma instituciones”, alertó en una columna, publicada el 24 de enero, la periodista e historiadora Lupe Cajías.

No es la única, otros activistas también  detectaron aquello. Una de ellas es Olga Flores Bedregal, quien sostiene que  "el Gobierno está tratando de tener una asamblea que avale su conducta” y con ello "quiere acallar una voz crítica”.

La génesis del problema

No se conoce un dato exacto sobre la cantidad de activistas que pasaron a formar parte del Ejecutivo, cuando comenzó el "proceso de cambio”.  Herrera estima que son entre ocho y 10 defensores, a quienes —dice— se les respeta esa decisión, aunque cree que ello  generó problemas dentro de la asamblea.  

"Ha dejado como un mensaje de que no habría vulneración de derechos humanos, lo que lamentablemente la realidad muestra que no es así (...) y al haber personas que han sido activistas en instancias del Estado, consideran que la presencia sola de estas personas garantiza la preservación de los DDHH, lo que no es cierto, porque son roles diferentes”, explica Herrera.

El ejemplo más visible de ese tránsito es Sacha Llorenti, expresidente de la asamblea. Fue ministro de Gobierno y renunció tras que efectivos policiales intervinieran la marcha en defensa del TIPNIS, en septiembre de 2011. Al respecto, la versión del Ejecutivo es que se rompió la cadena de mando, y que nadie del Gobierno dio la orden de intervenir. (Desde 2012, Llorenti es embajador de Bolivia ante la ONU).

Waldo Albarracín, expresidente de la APDH y ahora rector de la UMSA, identifica que no hay una división dentro de la asamblea, dado que ésta cuenta con una estructura definida a nivel nacional. En cambio, sí identifica que existe un grupo —cuyo epicentro está en La Paz—, que tiene afinidad con el partido de gobierno,  "cuyo único objetivo —asegura— es neutralizar cualquier denuncia y acción de defensa de los derechos humanos que afecte la imagen del Ejecutivo”.

La fundación y su misión

La asamblea se fundó en la clandestinidad y durante el gobierno  Banzer en 1976. Según recuerdan quienes la fundaron, se ideó llamarla "asamblea” porque no iba a ser un grupo elitista ni iba a corresponder a la jerarquía de las iglesias ni a cúpula alguna de los partidos o  sindicatos. "Esto debería tener una proyección de vida, un compromiso de por vida y que se hiciera carne en la propia población de base”, escribió Oswaldo Cuevas, pastor de la Iglesia Metodista y cofundador de la APDH.

En suma, ésta es una institución histórica, que surgió durante  un régimen de persecución, y que tuvo, además,  entre sus fundadores a religiosos  representativos para el país  como Luis Espinal, Gregorio Iriarte y Julio Tumiri.

Ahora bien, si ése es el talante y trayectoria  de la institución, ¿en qué se podría decir que radica el peso de la asamblea para suponer que un poder quiera subsumirlo?

Albarracín responde: "Pesa bastante ante la opinión pública  e incluso ante la comunidad internacional. La asamblea tiene  historia, todo un peso institucional muy fuerte. Es obvio que al Gobierno le incomode cuando sigue cometiendo abusos y atropellos”.

Está claro que la independencia es un valor supremo y que su preservación plantea a los activistas un desafío inexcusable. Al respecto, el activista, periodista y escritor Alfonso Gumucio-Dagrón hace un análisis cabal e identifica, además, el riesgo de que esta institución caiga en alguna sujeción.

"La independencia política es la esencia misma de las instituciones que velan por los derechos humanos, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Si la APDH pierde esa independencia política, pierde también toda credibilidad, porque se convierte en un mecanismo cooptado por el Gobierno para encubrir las acciones gubernamentales de violación de los derechos humanos”.