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Aymaras avasallan a urus y quechuas a indígenas del TIPNIS

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Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (239)
Más de 200 urus pidieron en La Paz una ley, que debe aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que se les reconozca el territorio en propiedad colectiva de modo que en las aguas del lago Poopó, a cuyas orillan viven, pesquen y cacen patos, sin las restricciones impuestas por pobladores aymaras los que, de acuerdo a la denuncia conocida, incluso han loteado el territorio uru, es decir, han dividido y cercado predios en propiedad personal y a título gratuito, sin que autoridad alguna haya dispuesto ni refrendado esa ocupación, pero que toleran todo eso.


Una comisión de parlamentarios e indígenas urus elaborará un proyecto de ley “integral” que comprenda a las 36 nacionalidades reconocidas por la Constitución Política del Estado (CPE) en el que se ratifique el derecho de los pueblos indígenas al territorio (incluidos autodeterminación y vigencia de las costumbres como normas de convivencia). Los urus plantearon que ese proyecto de ley y la ley futura contengan, asimismo, el derecho de esos compatriotas a la administración de los recursos naturales del lago Poopó, el respeto a sus derechos, que facilite el trámite de títulos de propiedad colectiva; así como la atención a las necesidades de ese pueblo: equipamiento escolar, infraestructura y desarrollo, como informaron los medios.
Esas demandas son, en esencia, las de los 36 pueblos indígenas. Demandas que, sin embargo, están contempladas como derechos de ellos, y de todos los bolivianos, en la nueva CPE) y, específicamente, los derechos de los pueblos originarios, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que a la vez es ley de nuestro país.
 En condiciones normales, los urus no debieron marchar para que se apliquen esas normas y menos para que se apruebe otra ley que incluso podría acabar reiterativa e incluso ociosa. Sin embargo, para precisar que el territorio es indígena y no campesino serviría una ley la que, sin embargo, no puede interpretar la CPE.
Los marchistas urus en La Paz no recibieron, como probablemente esperaron, solidaridad material suficiente de los paceños y no paceños que vivimos aquí. Lamentamos que la solidaridad, siempre generosa de la población de la sede de gobierno, no se haya organizado como en otras ocasiones lo que demuestra que cuando se trata, como en este caso, de una marcha nada frecuente de esos pueblos, se la debe organizar y no dejar “como salgan las cosas”, esa práctica negativa muy boliviana a la que se refirió hace poco el entrenador de la Selección Boliviana de Fútbol (1) .
A propósito de normas destacamos que la CPE boliviano dispone la protección estatal al territorio indígena , así la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas(2) determina que “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios…” (3)
La Declaración…manda que los pueblos indígenas desarrollen sus “instituciones políticas, económicas y sociales”(4) y que también tienen derecho a un desarrollo humano, es decir, a la educación, el empleo, la capacitación, vivienda, saneamiento, salud, seguridad social, readiestramiento profesional. Esto es lo que piden los urus, con una sacrificada marcha, en la que una marchista de 40 años abortó como consecuencia de la caminata, según los médicos.
En el Polígono 7, que perteneció al TIPNIS, especialmente inmigrantes quechuas (“collas con papeles”) ocupan, al menos desde antes de 1990 y en beneficio personal, 200 mil hectáreas de lo que fue territorio, especialmente, de indígenas yuracarés, mojeño-trinitarios y chimanes. La biodiversidad de ese lugar es depredada diariamente y lo que más se cultiva allí es coca, y, de manera secundaria, productores agrícolas para la subsistencia. El saqueo de las riquezas naturales de ese territorio indígena y a la vez reserva natural, continúa y la única comunidad indígena que tiene su centro en Santísima Trinidad, prácticamente se encuentra cercada, su territorio cada vez más estrecho y sus habitantes son convertidos en peones temporales al servicio de los colonizadores-cocaleros. En resumen, decimos que en el Polígono 7, en el que viven y trabajan predominantemente los últimos de los nombrados se sigue un desarrollo capitalista, dependiente y atrasado, depredador de yapa.
Además de esa ocupación, básicamente, de cocaleros en esa sector que fue parte del TIPNIS, aquéllos burlaron un acuerdo por el que, como resultado de la primera marcha por el territorio y la dignidad de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia de 1990, debió respetarse un límite entre la zona cocalera y el territorio indígena y reserva natural, el que se denominó línea roja. Antes de ese año cocaleros y narcotraficantes invadían la pertenencia de los pueblos indígenas, y éstos por temor a la represalia evitaban la denuncia sobre la actividad ilegal que tenía lugar en esa pertenencia de los originarios. (5)
Entre otros antecedentes, cabe recordar que uno de los dirigentes sindicales de los colonizadores (no merecen llamarse interculturales), Gustavo Aliaga, mientras se realizaba la VIII marcha en defensa del TIPNIS, dijo que todos los bolivianos tenemos derecho a utilizar las riquezas naturales del país y que ellos, los colonizadores, querían (y quieren tierras) en la reserva natural y territorio indígena.
Un entendido en hidrocarburos, además, dijo que el TIPNIS tiene “la desgracia” de contar con petróleo y sobre todo con gas, riqueza que un día será explotada inevitablemente, al menos ante el despliegue desenfrenado del “extractivismo” el que, sin embargo, nada tiene de nuevo entre nosotros.
A todo ello se agrega la lectura chueca que los gobernantes han hecho de la consulta de mala fe, desinformada y posterior que hicieron en el TIPNIS para lo que emplearon la fuerza del Estado llamado plurinacional. Entre otras cosas y como un ejemplo, reiteramos (en otras notas lo hicimos, como lo han hecho otros medios y voceros), sólo 8 de las comunidades consultadas dijeron que aprueban la construcción del camino por la reserva natural y el territorio indígena. Para los que duden de esa afirmación ahí están los documentos que han publicado los gobernantes en los que se encuentra el dato citado.
En otras palabras: es mentira que la mayoría de las comunidades consultadas en el TIPNIS, como asegura el Ministro de Obras Públicas, aprueben la construcción de la vía de la discordia, la que más nos separa a los bolivianos.
Otra mentira es afirmar que ese camino debe partir en dos el TIPNIS, es decir, que rompa en dos el sector intangible de la reserva natural y del territorio indígena.
Los gobernantes, sobre la base de los intereses de los medianos propietarios y de los empresarios, a los que representan y a los que defienden, mañosamente entienden que la Ley 80, que prohíbe la construcción de camino alguno por el corazón del TIPNIS, debe ser derogada (eliminada parcialmente) o abrogada (anulada completamente).
La anulación parcial o total de la Ley 80, ganada por la VIII marcha indígena, sería un exceso inadmisible de los gobernantes, con la complicidad de los legisladores que cumplen instrucciones y que carecen de un comportamiento independiente.
A los urus, aymaras (también explotados y oprimidos) son los que les violentan su derecho al territorio, así como básicamente los quechuas lastiman los derechos de los indígenas del TIPNIS. Y no es por falta de leyes. La vida demuestra que las normas son un instrumento que, en el caso que comentamos, apenas ayudarán a solucionar problemas territoriales y otros de los indígenas.
Ante tal situación, la lucha de los indígenas, creemos, es el factor fundamental que conseguirá el respeto a su territorio, autodeterminación y aplicación de las costumbres en él. Pero para conseguir ese buen resultado hace falta una solidaridad militante del pueblo y el cumplimiento de una obligación elemental de los gobernantes: la aplicación de las normas.
Los gobernantes, citamos otro ejemplo, aunque se empeñen no podrán defender, de manera ecuánime, los intereses y derechos de los campesinos y de los colonizadores que son propietarios individuales (pequeños, medianos y grandes), respecto de los intereses y derechos colectivos que son los predominantes entre los pueblos indígenas. Esa es una de las limitaciones de los gobernantes los que, sobre todo en momentos críticos, prefieren a propietarios medianos, aliados con empresarios grandes, criollos y transnacionales.  
*Periodista
La Paz, 16 de marzo de 2013.

 

 

(1) Azkargorta dijo que: “Al fútbol se juega como se vive; en Bolivia se juega a lo que salga”, entrevista hecha por Juan Carlos Latxaga y  publicado el 26 diciembre, 2012.
 (2)  La CPE en el artículo394, numeral tres dispone:
“III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad”.
(3)  La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es ley de Bolivia, artículo 10, determina:
“Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.
(4)  Los artículos 20 y 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es ley de Bolivia, dispone:
“Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa”.
“Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas”.
(5)  Es necesario subrayar que la primera marcha indígena “Por el territorio y la dignidad”, desde Trinidad a La Paz (1990) fue también en defensa del TIPNIS, en un momento en el que los colonizadores-cocaleros no habían invadido todas las 200.000 hectáreas citadas en esta nota. Un decreto supremo, conquista de la primera marcha de los originarios, reconoció el territorio indígena para mojeño-trinitarios, yuracarés y chimanes, además de que, la que es ahora tierra comunitaria de origen, era en ese momento, reserva natural de todos los bolivianos.
 Cabe dejar sentado, otra vez, que el actual Presidente boliviano y el entonces dirigente indígena del TIPNIS, Marcial Fabricano,  en representación de sus pueblos, establecieron la línea roja, el límite imaginario entre la reserva natural y el territorio indígena y el área de colonización del Chapare. Límite que nunca respetaron los productores de coca.

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