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¿El motín policial será parte de un golpe para tumbar a Evo?

Editorial

El ministro de Gobierno, al principio, restó importancia al movimiento reivindicativo de las esposas de policías subalternos y de la tropa. Luego de que se declaró el "motín policial", incluso en carteles, aquel servidor público cambió su comportamiento frente a un evidente y en momentos violento motín policial. Este sábado 23, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que los datos de los que ella dispone le llevan a sostener que pequeños grupos buscan la caída del presidente Evo Morales, mediante un golpe de estado y agregó que los mismos golpistas tratarán de aprovechar las movilizaciones de los policías e incluso la IX marcha indígena que tiene previsto llegar a la ciudad de La Paz el martes 26 ó miércoles 27 del próximo mes de julio. Dirigentes de los policías amotinados, en La Paz, ante la sospecha de la ministra de Comunicación, respondieron que su lucha es reivindicativa y que no es una acción política.
Sin embargo, no se debe descartar que ciertos politicastros (políticos ineptos) consideren una trama golpista destinada a derribar al gobierno "de los movimientos sociales", mejor dicho, de Evo Morales, poder que no lo comparte ni siquiera con el círculo de los más próximos llunk'us a su incondicional servicio.
Alguna "técnica" del golpe de estado en Bolivia quiere decir condiciones adecuadas para el "asalto" al Palacio Quemado en el que el Presidente dice que se quedará "definitivamente", mejor dicho, la tendencia antineoliberal que él cree encabezar.
Otros políticos, a su vez, han dicho que el Presidente debe gobernar todo el período para el que fue elegido en las urnas, así como otros desestiman un referéndum presidencial porque consideran que sería un error ejecutarlo. Esas propuestas equivalen a decir que Juan Evo Morales Ayma debe ejercer la presidencia hasta el último instante que le reconozcan las normas, es decir, cocinarse en su propia salsa, si se toma en cuenta la metáfora, al menos si continúa como gobierno de los medianos propietarios en alianza con empresarios que ganan doble y triple, conectados con patrones transnacionales.
En el marco de Río +20, el Presidente boliviano dijo a medios de difusión que nuestro país ni la Policía Boliviana (PB) ni la justicia ordinaria acompañan el proceso actual.
Quizá sirva la confesión presidencial para entender que la PB cuando menos debía vivir una reforma para remontar una crisis letal que padece hace mucho tiempo.
No obstante, aunque el Presidente diga que la PB no acompaña ni a los cambios ni a su gobierno, en los hechos los gobernantes y en especial el inquilino principal del Palacio Quemado se apoyan en ese organismo de seguridad, pese a que hace aguas por los múltiples agujeros por lo que tambalea, pero que la crisis que la carcome es administrada de modo que sobrevive con sobresaltos, como el que se manifiesta mediante el motín que se extiende a las ciudades más importantes del país.
Quizá internamente y sin que lo digan en voz alta, el número uno y los palaciegos que le rodean entiendan que para un nuevo Estado se requieren organismos armados (incluida una PB) que correspondan cabalmente a ese nuevo Estado, previa destrucción de la vieja maquinaria represiva y de la burocracia. Ese es el camino "clásico" que han seguido los procesos revolucionarios de verdad, también, en Nuestra América o Patria Grande.
Para hablar de la llamada Revolución nacional de abril de 1952 es útil recordar que la insurrección popular victoriosa derrotó al ejército que servía a la rosca minero-feudal, incluso fue cerrado el Colegio Militar de Ejército "Gualberto Villarroel" en La Paz. La derrota de los militares, por la gesta popular señalada, fue un ejemplo del que los revolucionarios cubanos "aprendieron", según Fidel Castro en "La historia me absolverá".
Las naturales contradicciones que se desarrollan en la PB fueron mostradas, como en una vitrina, precisamente en la insurrección popular victoriosa de 1952 que derrotó a la rosca minero-feudal, a su ejército y a su burocracia; de esas jornadas (fiesta de la plebe, dice R. Zavaleta) participaron importantes jefes policiales y de otras jerarquías menores. En 1971, en ocasión del aniversario de la PB, durante el gobierno del Gral. Juan José Torres, miembros de la PB sostuvieron una huelga, esencialmente, reivindicativa. En algunos de los golpes de estado, efectivos policiales pagaron caro la defensa de los regímenes derribados mediante el golpe de mano; así como casi siempre la mayoría de los policías defendieron a los regímenes establecidos. En febrero de 2003, un motín policial que rechazó los impuestos que trató de cobrar el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, especialmente a las capas medias de la población, junto con otras demandas propias de los policías, determinó un enfrentamiento entre policías alzados con militares que custodiaban al régimen neoliberal de entonces. Ahora presenciamos otro motín policial, reivindicativo en lo principal, que demanda: incremento salarial que asegure que los policías ganen tanto como los uniformados de las Fuerzas Armadas; abrogación de la Ley 101 que, además de prohibir la deliberación en la PB, suprime las garantías del proceso debido y que presume la culpabilidad del encausado mientras no pruebe su inocencia; jubilación con el 100 por ciento del sueldo ganado; a una defensoría de los policías; ningún proceso en contra de los amotinados (que ya los instruyó el Fiscal General y jefes policiales presentaron demandas contra supuestos cabecillas del motín).
Sectores del pueblo, respaldan las demandas de los policías y sus esposas, lo que resulta una rareza que debe tomarse en cuenta porque reos de un penal cochabambino hacen llegar solidaridad material a sus "carceleros" sublevados.
Por qué el gobierno deja que avance el motín policial, como en otros casos, en vez de que incluso tendría que anticiparse en la búsqueda de una resolución inmediata del conflicto.
En este caso, otra vez los gobernantes, creemos, esperan que sectores del pueblo rechacen el motín policial: los campesinos y los otros medianos propietarios (cocaleros, colonizadores, cooperativistas mineros, dueños del transporte, comerciantes...) en marchas y otras manifestaciones de apoyo al gobierno, como el anuncio risible de que trabajadores del campo (cuatro millones) sustituirían a los policías en su labor cotidiana.
El motín todavía en curso, al momento del cierre de esta edición, hasta aquí enseña que la PB es una guardia insegura para el Estado plurinacional, el que para nosotros se trata del viejo Estado porque el nuevo es apenas un postulado rimbombante y nada más, así como la vieja PB no corresponde a la actual fase estatal ni por su forma ni por su contenido.
La derecha, la oposición al gobierno de E. Morales está suelta y tiene recursos materiales y humanos, pero manifiestamente chatos, con los que no llegará muy lejos. Pese a esas limitaciones o debido a ellas, trata y tratará de cabalgar en todo conflicto o episodio de lucha de clases.
Además esa derecha quizá cuenta con efectivos policiales a su servicio incluso en la actual PB (como el gobierno los tiene) es algo que ocurre porque no hay una policía de y para los cambios, una nueva policía que sea parte de un nuevo Estado.
Es la vieja PB la que se amotina con miras reivindicativas, pero limitadas en su proyección social y política. Si se organizara una nueva PB para las reformas de este tiempo, se contaría con una guardia, se espera, confiable que se encargue de la seguridad ciudadana y que custodie a un verdadero nuevo Estado plurinacional*.
*En la madrugada de este domingo 24 se firmó un convenio entre gobernantes y delegados de los policías amotinados, el que rechazan los alzados. Acuerdo, que es resultado del motín policial y que analizaremos en la próxima entrega de Aquí.