Nuevas identidades y contradicciones

En riesgo de extinción

Roger Cortez Hurtado*

- 15/04/2013

Al leer el titular “Indígenas oficialistas amenazan tomar bienes de la Iglesia en el TIPNIS”, publicado en este diario la semana pasada, sentí que ese encabezamiento estaba profundamente equivocado.

¿Se puede llamar indígena, con propiedad, al dirigente del Conisur, vocero de esas amenazas e instrumento principal de la política antiindígena y antiambiental del Gobierno?

No se trata de un error sintáctico u ortográfico ni legal porque la Constitución consagra en su segundo artículo lo “indígena-campesino” como el pilar del nuevo orden estatal del país. Pero los hechos relacionados con el TIPNIS en los últimos tres años son la prueba concluyente de que indígena y campesino son identidades que se han bifurcado y que tienden a alejarse cada día más.

Hablo de identidades históricas, no de categorías generales, ni de generalidades porque todavía hoy es cierto que la mayor parte de los campesinos tiene origen y mantiene prácticas culturales indígenas. Eso es tan cierto como que lo indígena es hoy en Bolivia una realidad social minoritaria que, entre pueblos de tierras bajas y tierras altas, no alcanza al 5% de la población, en tanto que los campesinos superan cómodamente el 50%.

Indígena y campesino eran identidades intercambiables y, hasta cierto punto, nombres de una realidad única hasta los años 70 del siglo anterior, que es cuando empiezan a manifestarse con fuerza y de manera crecientemente amplificada los efectos de la reforma agraria de 1953. Las consecuencias de aquella medida afectaron a la mayor parte de los indígenas que habitan la región andina y marcaron la ruta propia de la clase social campesina nacida con su aplicación.

Las diferencias que ostentan los campesinos con los indígenas no se limitan ciertamente al tipo de propiedad que predomina entre unos y otros: individual entre los primeros, colectiva entre los segundos. Mucho más relevantes son las relaciones que mantienen con el mercado del trabajo los campesinos, que trabajan como asalariados en el campo y principalmente las ciudades, aunque no es infrecuente que temporalmente muchos de ellos paguen salarios para labores de cosecha, dentro de una dinámica fluida propia de las prácticas de pluriempleo que se han generalizado entre ellos. Más aún, existen reducidos grupos de campesinos exitosos en lo económico, como algunos medianos soyeros y cocaleros que contratan constantemente cantidades significativas de asalariados y lo mismo puede decirse de prósperos importadores, de indiscutible origen campesino, que requieren un número creciente de trabajadores para apoyarlos en sus florecientes actividades. En cambio, los indígenas, ya sean urus, chimanes, chipayas, weenhayek o guaraníes, no pueden pagar salario a nadie y si intervienen en el mercado laboral alguna vez es a título de mano de obra.

las migraciones ya que, contrariamente a lo que se predica en las escuelas, los verdaderos nómadas del siglo XX y XXI en Bolivia son los campesinos; ellos no sólo han hecho crecer las principales ciudades del país, si no que emigran a otros países, sea como zafreros, constructores o sastres. Los pueblos indígenas, inclusive los con fama de nómadas, son realmente sedentarios, en el sentido de que se arraigan profundamente en sus territorios.

Los campesinos piensan en términos de tierra; los indígenas en territorio. Es por eso que el Gobierno actual, como indiscutible representante de los sectores campesinos más prósperos (sea que actúen como comerciantes de tierras, empresarios del transporte, dirigentes cooperativistas, importadores o gestores políticos), respalda las amenazas de “redistribuir tierras”, de manera que se las resten a los indígenas (que “tienen demasiada”, según algunos dirigentes de organizaciones campesinas) para entregarlas a sus bases.

Lo empresario representa en nuestra experiencia histórica nacional el impacto concreto del capitalismo sobre lo indígena y ese impacto es real, sensible y verificable. Las contradicciones entre campesinos e indígenas existen, a pesar de la historia compartida de humillaciones, discriminación y exclusión, que determinó la compacta alianza entre ambos gracias a la cual se hizo posible el nuevo ciclo histórico por el que atravesamos. Los conflictos entre ambos no son antagónicos, por necesidad o naturaleza, pero pueden alcanzar ese rango si se deja que el Gobierno los continúe conduciendo como hasta ahora.

Roger Cortez Hurtado es investigador y docente.

La minería ¿no es parte del cambio?

Rafael Puente

Los asambleístas de ambas cámaras —con la única excepción saludable del senador Eduardo Maldonado— nos acaban de dar la sorpresa de aprobar una nueva ley de minería que nos deja perplejos. Porque si nos ponemos a analizar cuál es la médula económica de este proceso de cambio, nos encontraremos sin duda con que esa médula es la nacionalización de nuestros recursos (seguida de su industrialización, pero éste sería otro tema). Y efectivamente el primer aldabonazo fue la nacionalización de los hidrocarburos, luego vendrían las telecomunicaciones y la electricidad y la aeronavegación y los aeropuertos, qué bien…

Patriarcado y cerveza

Vamos a andar

Rafael Puente*

Viernes, 30 de mayo de 2014

Informan que han capturado por segunda vez al alcalde de Pocoata, culpable de violación y asesinato de una enfermera, y que, probablemente, será sometido a juicio. Ojalá sea verdad, aunque también llegan informes de que había pagado 9.000 dólares para salir libre de su primera detención, lo que pone en duda la idoneidad de ciertas autoridades que se sienten instintivamente solidarias con toda clase de machos violentos y violadores.

Justicia independiente: ilusión liberal

Alejandro Almaraz

Martes, 10 de septiembre de 2013

Es muy frecuente y razonable que en el debate político se compare la gestión de gobierno, y sus resultados, con los de gobiernos anteriores. Más aún si el gobierno en cuestión, como el presente, proclama su carácter revolucionario y promete profundas transformaciones en la sociedad y el Estado. En el último tiempo, los resultados de este ejercicio han sido cada vez más pobres y reprobatorios para las expectativas del oficialismo, y, a falta de muestras concretas y tangibles de los cambios revolucionarios, algunos de sus voceros analíticos han tenido que conformarse con afirmar que las cosas no están tan mal como antes. Pero a estas alturas, ni siquiera a ese patético consuelo puede acudir el oficialismo si es mínimamente veraz, pues  en varios ámbitos institucionales fundamentales para el devenir global de la sociedad, el sentido real del cambio pregonado por el Gobierno es el del franco retroceso. Este es el caso, entre varios otros de igual importancia, del sistema de justicia.