por Juan Miguel Muñoz
3 septiembre 2014
La normalidad cotidiana, imposible saber por cuánto tiempo, vuelve a reinar en el sur de Israel, y los vecinos de los kibutzim y las comunidades lindantes con Gaza —muchos de ellos hispanohablantes izquierdistas y anarquistas originarios de Argentina o Uruguay— regresan a sus viviendas y a sus mecanizados campos de cultivo. A pocos metros, sin embargo, más de 100.000 personas (el 6% de la población del minúsculo territorio palestino) se han quedado sin hogar. Y sin nada. Se necesitan con urgencia, alertan desde la franja, 5.000 caravanas, porque sus barrios han sido arrasados hasta los cimientos por la aviación y artillería israelíes, mientras los casi dos millones restantes de pobladores subsisten sin apenas luz y agua, rodeados de las ruinas en que se han convertido en ocho años las infraestructuras públicas de Gaza. Docenas de colegios y hospitales han sido bombardeados; la central eléctrica es un amasijo de hierros; cientos de pequeñas fábricas han sido demolidas, y el sistema de distribución de agua, arruinado… Desde 2006, son cuatro las invasiones o bombardeos masivos. Lo normal para los vecinos de la franja. Los cientos de proyectiles sin explotar se desactivan sin aparatos, porque Israel —y ahora el régimen golpista egipcio con más celo que antes— no permite que entren en Gaza ningún artilugio sofisticado, ni las tuberías necesarias para reparar desagües, ni el cemento imprescindible para reconstruir edificios… Diez días después del alto el fuego, nada ha cambiado en los cruces fronterizos de Gaza y los productos siguen sin entrar, según la Agencia de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Todo normal.
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periodismo
La acusación de espionaje y revelación de secretos que pesa contra un periodista y la directora de La Razón, en realidad afecta a todos los periodistas, porque de cómo vaya este proceso dependerá el futuro del gremio.
Iván Bustillos Zamorano
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editorial
“Digan lo que digan, hagan lo que hagan” los afiliados a la COB, la Ley de Pensiones seguirá sin modificaciones, ha dicho el Presidente de Bolivia (salvo las que él quiera introducir), con aires de un patrón paceño de los años 40 del siglo XX o de un capataz al servicio de tales empresarios, es decir, expresiones inapropiadas del máximo gobernante que todavía hace creer, a los que viven “desatentos”, que él representa, ahora, a los movimientos sociales y que su gobierno continúa como democrático y popular, a pesar de que cada vez se conoce más que Evo Morales tiene alianza con los medianos propietarios (cocaleros, colonizadores, cooperativitas mineros, propietarios del transporte, comerciantes más o menos pudientes e industriales medianos), grandes empresarios criollos y transnacionales, los que integran ese pacto social, económico y político, el que tiene apoyo mitad entusiasta y la otra mitad desconfiados, de militares y de policías, los únicos en el país que se jubilan con una renta calculada en base del total de sus sueldos, lo que le cuesta a Bolivia Bs2.000.000 cada mes.
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periodismo
El procurador del Estado, Héctor Arce, informó de la decisión asumida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia. Anunció que no apelará la decisión y seguirá el proceso en la instancia de Imprenta. En un comunicado, La Razón ratificó que será intransigente en la defensa de los derechos y los principios del ejercicio periodístico.
Carlos Corz, La Paz, La Razón Digital
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Remberto Cárdenas Morales*
El espantoso asesinato de Hanalí Huaycho Hanover, cometido con las agravantes señaladas por la ley penal y las mejores costumbres (premeditación, alevosía, sangre fría) merece el castigo al criminal que, se advierte, tuvo protección cuando fue denunciado por intentos de cometer similar acción punible y sólo enfrentó una suspensión temporal del servicio policial. Ahora, perseguido por sus colegas, quizá tenga apoyo, otra vez, de uniformados que dijeron por el asesino (presunto porque no se demostró que lo es en un debido proceso) que es un oficial tranquilo y no el temerario, como demostró ser.
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La última resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita al presidente Juan Evo Morales Ayma para una segunda reelección, la que se apoya en “argumentos” políticos antes que jurídicos, viola la Constitución Política del Estado (CPE), que los bolivianos hemos ayudado a redactar, parcialmente, y a la que aprobamos en referéndum.
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Roger Cortes Hurtado
La Paz, Página Siete, martes, 07 de julio de 2015
Se le ha prestado muy poca atención, hasta ahora, al anuncio de que el reactor nuclear para generación de energía eléctrica, que el Gobierno se propone instalar se ubicará en el departamento de La Paz. La manera en que se hizo el anuncio sugiere que las autoridades habrían escogido esta región, quizás, como una suerte de premio al lugar que las benefició con los índices más altos de votación; excepto, claro está, en la última, ganada por un gobernador y dos alcaldes de oposición en sus ciudades más pobladas.
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Remberto Cárdenas Morales*
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha dispuesto que el Tribunal de Justicia de La Paz (TJDLP) reciba y escuche a los demandantes de una Acción Popular para que los gobernantes dejen de amenazar al medio ambiente que debe ser “saludable, protegido y equilibrado”, con el camino de la discordia que el Presidente cree que debe construirse “quieran o no quieran los indígenas”.
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