Servicio militar obligatorio, una obligación anacrónica e incongruente en el Estado pacifista de Bolivia

A rajatabla

Yuri Aguilar Dávalos

La Paz, febrero 2024

En estos días se ha iniciado el reclutamiento de jóvenes para cumplir el Servicio Militar Obligatorio, disposición señalada en la Constitución Política del Estado (CPE) en los Art. 108, inc. 12 y Art. 249; esta obligación además es exigida a los ciudadanos que quieran desempeñar funciones públicas (Art. 234, inc. 3. CPE).

Como sucede año tras año, largas filas de jóvenes (algunos acompañados de sus padres) se juntan en las puertas de los cuarteles de reclutamiento desde días antes del señalado, todos a la intemperie, bajo el sol, la lluvia y el frío, todos desesperados por ser admitidos.

El servicio militar obligatorio o reclutamiento forzoso o leva es una práctica muy antigua para fines militares que los poderosos ejercen sobre la población que habita en sus dominios —sean estos emperadores, señores feudales, reyes o luego los gobernantes de repúblicas, todos autoritarios— con el fin de consolidar su poder, autoprotegerse y hacer la guerra.

Bolivia “es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz… (además) rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados…” (Art. 10 CPE); sin embargo, el servicio militar obligatorio es una realidad. Esta contradicción responde a que el Estado boliviano mantiene una estructura autoritaria, militarista y en gran parte belicista, características que solo benefician a los gobernantes y a los militares, contradicción que podría aceptarse; pero, lo inaceptable es que muy pocos cuestionen que el servicio militar obligatorio es un régimen donde se realizan ejercicios forzados, muchas veces inhumanos, prácticas que llegan a la tortura y la muerte de varios conscriptos.

Entonces, ¿qué es lo que motiva a los jóvenes y sus familias realizar el llamado “servicio a la patria” que en más de una oportunidad solo ha llevado dolor y luto a sus hogares?[1]

Muerte en los cuarteles

El periódico El Deber anota que entre 2010 y 2023 al menos 62 de jóvenes murieron mientras hacían el servicio militar obligatorio[2], de acuerdo a reportes de prensa y datos oficiales de autoridades gubernamentales, muertes a causa de “ejercicios forzados, por armas y agresiones físicas”. Pero, además, a esas muertes de conscriptos se añaden muertes de oficiales y de civiles en manos de militares.

En los últimos meses del año pasado hasta este primer mes del año hubo una seguidilla de muertes entre los jóvenes conscriptos y premilitares que cumplían el servicio militar:

- En Puerto Villaroel (Chapare, Cochabamba), el 11 de noviembre, el premilitar Oscar M.J de 16 años junto a todos sus compañeros fue sometido a ejercicios excesivos en un ambiente caluroso de 40 grados Celsius; además, el joven fue castigado con ejercicios de flexiones llamado “lagartijas”, situación que hizo colapsar su cuerpo; el premilitar no recibió auxilio de inmediato y recién tras cinco horas de padecimiento fue trasladado a la ciudad de Cochabamba donde falleció.[3]

- Las circunstancias del fallecimiento del conscripto Edwin Veizaga (23 años), el 26 de diciembre, en el Regimiento de Infantería 14 Florida de San Matías, Santa Cruz, inicialmente fueron falseadas por las autoridades militares y la Fiscalía. Luego se supo que el crimen, por confesión del autor colaborado por otros conscriptos[4], fue causado por torturas, en este caso por el “paño húmedo” o “el pañuelito” que provoca la asfixia de la víctima; pero, también se supo que sigue en vigencia otra antigua enseñanza en las filas militares, las “misiones de robo”[5], orden que dan los superiores a los subalternos para que les provean de bienes utilizando métodos ilícitos, generalmente el robo[6]. Representantes de la población denunciaron que esos abusos contra los soldados fueron tolerados desde hace años por los comandantes de ese cuartel.

- Desde el 10 de enero el soldado Marcelo Cota de 22 años, asignado en el puesto militar de La Queca, en la zona fronteriza con Chile está desaparecido y se presume que fue victimado y cremado y enterrado por un suboficial Miguel Ángel V.L., colaborado por un subteniente y otros conscriptos[7]. Hasta el cierre de esta edición solo el suboficial se encuentra aprehendido por orden de la fiscalía.

Pero también hubo crímenes entre camaradas, entre soldados y entre oficiales:

- Las continuas rencillas entre dos conscriptos, ambos de 18 años, terminó en la muerte de uno de ellos por manos del otro, quienes hacían su “servicio a la patria” en el Regimiento 25 de Infantería 25 Tocopilla, en la localidad de Curahuara de Carangas (Oruro). El día del crimen, según testigos, ambos discutieron por una linterna y salieron juntos del cuartel. El cuerpo acuchillado del soldado con iniciales R.C.P fue encontrado por pobladores de Curahuara de Carangas en las serranías del municipio en la mañana del viernes 17 de noviembre[8]. Días después se aprehendió al homicida en Patacamaya, en casa de sus padres y protegido por ellos.

- Un Suboficial y un sargento dan muerte al capitán Juan Pablo Romero (36) atropellándolo con un vehículo en la frontera con Chile. El grupo de militares eran parte del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) y estaban desarrollado sus actividades en localidad fronteriza de Pisiga. Las declaraciones inconsistentes de los dos militares, como que habrían sido atacados por una turba de contrabandistas sin que mostraran alguna herida producto de las agresiones, motivó que se profundice la investigación y se descubra el crimen cometido contra su camarada.

Tras las muertes en los cuarteles, sobre todo de los conscriptos, las familias se resignan tras recibir el equivalente a 24 salarios, el pago del sepelio, un ascenso y un seguro de vida, aunque en algunos casos ese derecho no se hizo efectivo por “errores” administrativos[9]; de todas maneras, lo cierto es que de los servicios de la Corporación del Servicio Social Militar (Cossmil) solo gozan los sargentos, instructores oficiales y jefes militares, que según la página web Expansion/Datosmacro.com al año 2021 solo benefician a 40 mil individuos.[10]

Estos hechos sangrientos de superiores hacia subalternos, como son los conscriptos, y entre camaradas, nos hace pensar que en la formación de los militares hay ausencia de valores básicos de respeto a la vida, a la verdad, a la honestidad, a la camaradería y al contrario lo que prima es 1) el fortalecimiento de prácticas abusivas de los superiores sobre los subalternos, 2) de estímulo a cometer actos delictivos, como el robo, 3) de fomento a la desleal competencia, la que provoca rencores y violencia, 4) el fortalecimiento de la deshonestidad, la falacia, el aprovechamiento, la granujería. El entrenamiento inhumano y despiadado que se imparte en los cuarteles bolivianos y en las escuelas de oficiales y suboficiales —culto a la brutalidad y violencia, obediencia jerárquica e irracional, insulto, humillación, castigo— es similar a la de los Mariners estadounidenses[11] o a la de otros ejércitos cuya formación esta diseñada para odiar y matar; en consecuencia, es incoherente que este tipo de formación siga vigente en un Estado que se auto titula pacifista y del Vivir Bien.

Con este panorama nada alentador nos preguntamos nuevamente: ¿qué impulsa a jóvenes a enrolarse al cuartel para hacer el llamado “servicio a la patria”?

Según el estudio “La cuestión militar en cuestión. Democracia y Fuerzas Armadas” de Raúl Barrios Morón y René Antonio Mayorga, el “servicio militar obligatorio” habría surgido a fines del siglo XIX y comienzos del XX con objetivos “civilizadores” como respuesta a la participación indígena en la Guerra Federal cuyas acciones lideradas por Zárate Villca adquirieron rasgos autónomos que hicieron preocupar a la sociedad oligárquica y racista de entonces; por otro lado, el servicio militar obligatorio, dicen los autores, también podría haber sido impuesto con un fin “ciudadanizador”, lo cual no se hace efectivo porque los conscriptos indígenas no gozaron plenamente de su ciudadanía sino recién a partir de las reformas de la Revolución de 1952 con la implementación del voto universal, aunque a medias, pues entonces como ahora, en el área rural (con predominio indígena), es casi inexistente el voto libre; lo que existe, más bien, es el voto corporativo, uniforme y controlado por los dirigentes comunales afines a la sigla política predominante que generalmente es la del partido gobernante.

Sin embargo, se preguntan los autores si el motivo “civilizador” persiste aun pese a que las circunstancias y condiciones de los indígenas han cambiado mucho desde entonces.

Pese a los avances que hubo desde los años 80 de respeto mutuo entre ciudadanos urbanos y rurales, los comportamientos racistas y discriminatorios han aumentado, sobre todo en los años de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), tiempo en el que esos comportamientos se han exacerbado gracias a los discursos y acciones de los gobernantes que se victimizan y promueven la revancha y la venganza: “ahora nos toca a nosotros”.

Uno de los motivos por lo que el servicio militar obligatorio está muy enraizado en el comportamiento de la población indígena, sea esta rural o citadina, es la de adquirir la condición de “personas” que se trataría de una manera de adquirir la categoría de “ciudadano”, como una forma de integración en nuestra sociedad que tiene fuertes raíces racistas y discriminatorias como ya se dijo antes. Esta presunción parece ser cierta tras la declaración de Miguel Zárate Mamani, bisnieto de Pablo Zarate, el Temible Willca Zárate: “Siempre me hablaba (su padre, Marcelino) y en las fiestas se ponía éste (chicote) y los ponchos. Ahora en el festival yo me pongo y bailamos. Pero no le quería mostrar porque querían quitarme. Escuchaba (sobre Willka) cuando estaba en el colegio, pero no me interesaba; recién cuando ya he sido persona (tras ir al cuartel), recién me he interesado”, cuenta[12].

Tras la muerte del subteniente Grover Poma Guanto (7 febrero 2011) en la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL) en Sanandita (Tarija) —un remedo de la Escuela de la Américas de Estados Unidos, donde se graduaron muchos militares violadores de los Derechos Humanos— el Defensor del Pueblo de entonces, Rolando Villena, denunció el maltrato que reciben los soldados, cadetes y oficiales en los cuarteles, cuestionando la validez del Servicio Militar Obligatorio, más aún en un país con características pacifistas (al menos en el papel). La respuesta del presidente Evo Morales fue que más bien debía alargarse a dos años la permanencia de los conscriptos en los cuarteles, dizque para que en ese tiempo se profesionalicen en alguna carrera técnica; además Morales señaló que había que flexibilizar las normas de derechos humanos para mejorar la instrucción (léase endurecer) a los soldados y premilitares, pues por “culpa” de los derechos humanos no se puede dar la adecuada instrucción a los conscriptos: “Hay que discutir con los representantes de los derechos humanos, porque no por el tema de los derechos humanos nuestros soldados no van a estar bien preparados físicamente (…), la preparación física es importante para nuestras Fuerzas Armadas, en algún momento yo exigía algún comandante, porque los soldados no están siendo preparados físicamente.”[13]

En Argentina, en 1994, la muerte de un soldado a causa de la golpiza dada por otros conscriptos, por orden de un subteniente, fue suficiente para que se suprima inmediatamente el Servicio Militar Obligatorio, siendo sustituido por un voluntariado rentado.[14]

Aunque en 2003 fue introducida la materia de Derechos Humanos en los cuarteles, a más de 20 años de entonces se ve que éstos no cuentan en el ámbito militar y que los textos y disertantes no tienen ningún efecto en las filas militares, donde la subordinación y obediencia irracional es definitiva, la que puede llevar a situaciones fatales como las muchas muertes acaecidas en todo ese tiempo o como el irracional salto al vacío que dejó a dos cadetes del Colegio Militar con secuelas irreversibles e invalidez (18 abril 2023).

Millonario gasto para las Fuerzas Armadas

No existen datos de los ingresos económicos que reciben las Fuerzas Armadas para mantener el régimen de servicio militar obligatorio y el pre militar para los estudiantes del último año del secundario, monto que debe ser enorme pero que no beneficia a la población en general sino solo a ese sector privilegiado; pero, además, a esa cifra hay que añadir la que erogan las familias que envían a sus hijos a los institutos de formación militar de oficiales y suboficiales. Lo que sí se conoce, según la Rendición de Cuentas del Ministerio de Defensa (abril 2023), es la asignación total del Tesoro General de la Nación al Ministerio de Defensa, suma que llega a Bs.3.053.444.625, más de 400 millones de dólares ($us.438.713.308) más “Otros Ingresos (por venta de bienes y servicios, tasas, derechos, multas y otros)” Bs. 158.818.499 (más de 22 millones de dólares).

El destino de ese millonario y privilegiado presupuesto a la Defensa se supone que está en los sueldos de oficiales y jefes, jubilaciones (del 100%), servicio de salud e infraestructura que solo beneficia a los militares de grado, pues ni siquiera es extensiva a los estudiantes Cadetes como sucedió cuando el año pasado dos Cadetes sufrieron un accidente por negligencia y abuso de autoridad, daños que no cubría el seguro militar, pues éstos no gozaban de ese derecho.

La premisa de que “todos somos iguales ante la ley” que suele ser exhibida en lugares públicos es desmentida en la realidad porque los militares desde siempre ha gozado de privilegios exclusivos que no gozan los demás ciudadanos.

Algún día llegará en momento, como debe ser en un Estado de Derecho, en que se respeten los derechos humanos, se acaben los atropellos en los cuarteles, como también los privilegios; pero, también, se suprima el Servicio Militar Obligatorio que solo trae luto en muchas familias y es una escuela de abuso de poder hacia los subalternos.

[1] Ver: El servicio militar: fruto del nacionalismo y del Pacto Militar-Campesino. Pp. 84-94. Parte del artículo: Indígenas, ayer y hoy: entre la autonomía y el tutelaje. Gonzalo Javier Aguilar Dávalos. En: Diálogos y problemáticas de los movimientos indios de América Latina entre los siglos XX y XXI. Voces desde una antropología comprometida. Coordinadoras: Luisa Abad González, Maria Dolores González Guardiola. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, 2022. https://www.marcialpons.es/libros/dialogos-y-problematicas-de-los-movimientos-indios-de-america-latina-entre-los-siglos-xx-y-xxi/9788490445228/

[2] https://eldeber.com.bo/pais/en-13-anos-hubo-mas-de-60-muertes-y-casos-de-tortura-en-cuarteles-estan-impunes_322726

[3] https://www.eldiario.net/portal/2023/11/19/investigan-muerte-de-premilitar-en-el-chapare/

[4] https://eju.tv/2024/01/trato-de-moverse-pero-lo-sujetamos-el-relato-de-uno-de-los-testigos-de-la-muerte-del-soldado/

[5] https://eldeber.com.bo/santa-cruz/surgen-hipotesis-tras-el-fallecimiento-de-un-soldado-en-san-matias_351850

[6] https://www.eldiario.net/portal/2023/12/30/muerte-de-soldado-liberan-a-8-reclutas-y-acusan-al-comandante-de-dar-la-orden/

[7]https://www.opinion.com.bo/articulo/escena-del-crimen/oscuro-legado-violencia-cuarteles-jovenes-victimas-familias-que-desafian-silencio-buscan-justicia/20240128000005935253.html

[8] https://www.eldiario.net/portal/2023/11/21/soldado-encontrado-muerto-policia-investiga-el-hecho/

[9] https://www.lostiempos.com/actualidad/seguridad/20230403/conscriptos-tienen-seguro-vida-ascenso-24-sueldos-caso-muerte

[10] https://datosmacro.expansion.com/estado/defensa-ejercitos/bolivia

[11] https://www.todaysmilitary.com/es/ways-to-serve/service-branches/marine-corps

[12]El ajayu de los objetos del temible Zárate Willka por Ricardo Aguilar Agramont. Periódico La Razón, 29/11/2017.            http://www.la-razon.com/nacional/ajayu-objetos-temible-Zarate-Willka_0_2828117194.html

[13] https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/evo-pide-flexibilizar-normas-derechos-humanos-cuarteles/20120216100600404740.html 

[14] https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caso_Carrasco