Gobierno de convergencia que ejerza la dirección política de la campaña anticoronavirus en Bolivia

Editorial de Aquí 307

Gobierno de convergencia que ejerza la dirección política de la campaña anticoronavirus en Bolivia

La unidad de los bolivianos, en la campaña para vencer al coronavirus, podría ser la base en la que se apoye un gobierno de convergencia boliviana que asumiría la dirección política de la campaña para vencer al coronavirus, en nuestro país, en esta etapa en la que falta moderar, cuando menos, la curva de infectados y de muertos por el virus que enferma a más de tres millones y medio de personas y que provoca el deceso de centenares de miles de ciudadanos en los cinco continentes.

Tres criterios y/o acciones recientes confluyen como antecedentes que tendrían que estimular la convocatoria y la constitución del gobierno de convergencia boliviana; citamos esas tres declaraciones según el orden de su propagación:

El exsenador del MAS, Adolfo Mendoza, por medios de difusión, propuso que la presidenta interina, Jeanine Añez Chávez, organice un gabinete político y técnico para emprender la campaña anticoronavirus.

El diputado del MAS, Víctor Gutiérrez, por radio, sugirió la reconciliación nacional, para avanzar en este período de coronavirus. Este diputado informó, además, que él votó para que las elecciones se realicen en septiembre, en previsión de que la campaña antipandemia dificulte que aquella consulta se lleve a cabo dentro del plazo determinado por los votos de la mayoría de los diputados masistas.

El expresidente y candidato a la Presidencia de Bolivia, Carlos D. Mesa Gisbert, también ante medios de divulgación, afirmó que a la Presidenta de nuestro país le debe ir bien en la campaña anticoronavirus, para que nos vaya bien a los bolivianos.

El líder de la Comunidad Ciudadana (CC), además, ha sugerido un diálogo nacional entre actores de la política boliviana.

La propuesta es constituir un gobierno de convergencia; nombre que expresaría mejor el acuerdo de las fuerzas políticas, partidarias y frentistas, que se inscribieron para participar de las elecciones que, por la pandemia, no se realizarán el 3 de mayo, pero que se efectuarían entre junio y septiembre de este año, como sugirió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De convergencia, además, porque agruparía a las organizaciones aludidas para lo que no desaparecerían las divergencias entre ellas, porque éstas se fundan en intereses diferentes de clases sociales y porque esas organizaciones son portadoras de ideas sociopolíticas distintas y hasta contrapuesta

Aquellas agrupaciones convergerían (confluirían) en el gobierno sugerido, a pesar de las diferencias señaladas; visiones del mundo y de la vida que no deberían impedir ni el acuerdo ni el gobierno propuesto.

Ese gobierno, cuyo desempeño sería temporal, podría incorporar a otras organizaciones, políticas y/o frentistas, con varias décadas en la actividad política y, por tanto, con los merecimientos suficientes de veteranos en este oficio y, en similares condiciones, a los trabajadores asalariados y por cuenta propia, representados por sus sindicatos y por sus instancias orgánicas.

El gobierno de convergencia boliviana sería legal y legítimo, quizá sin o con muy pocos opositores, por lo que la descoordinación entre funcionarios del gobierno actual y de las autoridades subnacionales, en la lucha anticoronavirus, de la que todavía se informa, se convertiría en un mal recuerdo.

Ese gobierno sería legalísimo, porque no lesionaría norma alguna, y tendría amplísima legitimidad, ante la mirada de cualquier control social.

El objetivo fundamental del gobierno de convergencia boliviana sería dirigir la campaña para vencer al coronavirus en tierras bolivianas, como contribución a la lucha universal contra la pandemia, y hasta conseguir al menos que se contenga la contaminación desmesurada del coronavirus.

El gobierno de convergencia boliviana debería ser integrado por ministros y otros mandos medios, procedentes de partidos y frentes, como delegados suyos, sean o no militantes propios.

El gobierno planteado empezaría sus labores desde su constitución hasta que concluya la etapa anotada, es decir, hasta que termine la cuarentena, en todas sus fases, la que es sostenida por el 90 por ciento o más de los compatriotas, y hasta que lo principal de las empresas y servicios hayan conseguido el funcionamiento en lo que sería, sin duda, otro momento de la salud y de la vida de los bolivianos, y otro período de nuestra economía, así como tendría que ser otra la forma, cualitativamente superior, del ejercicio de la política entre nosotros.

Otro límite del gobierno de convergencia podría ser el inicio de la campaña para las elecciones que tienen que realizarse luego de vencer la pandemia en la fase citada.

El gobierno de convergencia boliviana o gobierno de convergencia nacional y/o plurinacional y/o de reconciliación —si se prefiere esas designaciones— no tendría que tomar medidas económicas para beneficiar a los empresarios y sacrificar el derecho al trabajo de los asalariados, por ejemplo.

Asimismo, una tentación de los gobernantes sugeridos, podría ser impulsar medidas económicas para salvar al modo de producción de bienes y servicios, vigente ahora, en perjuicio de los trabajadores; es decir, ejecutar políticas procapitalistas y/o capitalistas.

El gobierno de convergencia boliviana no debería existir para servir a los empresarios, en detrimento de los intereses nacionales y populares, lo que se reitera en aras de esclarecer el planteamiento sobre la economía, cuya crisis, se advierte, sería como ninguna otra porque, además, la historia no se repite, como a veces equivocadamente decimos que se repite.

La convocatoria para celebrar el acuerdo y para constituir el gobierno de convergencia boliviana la debe hacer la presidente provisional Jeanine Añez Chávez.

Pero si esa convocatoria no llegara de inmediato, como demanda la emergencia sanitaria, por separado y sin que sea una sustitución de las acciones de la mandataria constitucional interina, lo que sería imposible, la propuesta, y en ningún caso convocatoria, la debe hacer el candidato de la CC, Carlos D. Mesa Gisbert propuesta que podrían firmarla, junto con Mesa, otros dirigentes políticos bolivianos o sin la rúbrica de otros.

Esperamos que se manifieste la grandeza de las/os actores de la política boliviana, en la actual campaña antipandemia, grandeza que ayudaría a celebrar un acuerdo sociopolítico que facilite la constitución de un gobierno de convergencia boliviana para vencer al coronavirus en nuestro suelo, como aporte a la lucha por la salud y la vida de los seres humanos en el mundo.

Nuevo movimiento sindical y otra COB, luego de vencer al coronavirus

Editorial de Aquí 305

Nuevo movimiento sindical y otra COB, luego de vencer al coronavirus

El actual Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (CEN-COB) llevaría otra vez a los trabajadores a respaldar a un régimen político que, en realidad, no representaría ni defendería los intereses de los afiliados de la máxima organización sindical del país.

Esta afirmación se apoya en el comportamiento de aquel organismo sindical y de sus integrantes respecto del gobierno de Juan Evo Morales Ayma, del que fueron “pongos políticos”, como se decía en otro tiempo por gentes como el grupo que encabeza ahora Juan Carlos Guarachi, secretario Ejecutivo de la COB.

Hace días, para radio Erbol, al referirse a un nuevo aniversario de la fundación del más importante organismo sindical (17-04-52), aquel sindicalista y principal operador político del MAS, en el último tiempo en el movimiento sindical, defendió la alianza Morales-COB de la que responsabilizó a un congreso de los afiliados cobistas; reunión que decidió ese acuerdo del que ganaron dirigentes del llamado proceso de cambios, incluso a costa de la desatención de las demandas laborales, aunque con seguridad de ese pacto ganó más el caudillo autoritario.

Guarachi llegó a decir, con notorios titubeos que, si llegara el caso, él votaría por Evo Morales si la referida resolución de los trabajadores siguiera sin modificación.

Cuando le preguntaron al máximo ejecutivo cobista por qué los trabajadores mineros y él mismo no exigieron que el otrora Presidente introduzca cambios en la minería, como ocurrió en los hidrocarburos, Guarachi respondió que en el gobierno anterior no hubo ministros de los trabajadores de la minería estatal, a pesar de que aquel dirigente mencionó a dos exmiembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que fueron ministros de minería de Morales: Guillermo Dalence y José Pimentel.

Juan Carlos Guarachi difícil que no sepa que, en ese momento, el que ejercía como principal dirigente de la FSTMB le exigió, al que era Ministro de ese sector económico (Mario Virreira Iporre), que retire su propuesta, porque aquel funcionario público dijo, para medios de difusión, que una aspiración de los bolivianos y de los potosinos era la nacionalización de la Empresa Minera San Cristóbal que explota, básicamente, plata y zinc en Potosí.

Al dirigente sindical minero al que aludimos nunca, que se sepa, le pidieron ni siquiera una explicación sobre esa exigencia al entonces ministro Virreira, no obstante de que los mineros asalariados ratificaron, en más de un congreso suyo, la demanda de otra o de una segunda nacionalización de los recursos mineros del país.

Viene a cuento rememorar, asimismo, que el Gerente de la corporación japonesa Sumitomo, dueña de la Empresa Minera San Cristóbal, en su visita a Bolivia y luego de una reunión con Morales, declaró en La Paz que Bolivia, para su empresa, todo era ganar, ganar y ganar.

El que en ese momento era Vicepresidente en nuestro país fue a Tokio a decirle a los ejecutivos de la Sumitomo que en Bolivia se le garantizaba seguridad jurídica, es decir, que no habría nacionalización de su empresa en nuestro país.

Evo Morales también señaló algo parecido, después de que se nacionalizó la empresa Guaracachi (Santa Cruz), que generaba energía eléctrica.

Morales, también, suspendió una reunión con miembros de su gobierno y amigos suyos que fungían como asesores de los gobernantes, en la que iban a discutir la posible nacionalización de la minería. La propuesta para una posible medida como ésa la presentó García Linera, en la que anotó la inconveniencia de la nacionalización porque con esa acción no ganaría el país, debido a que los costos de operación en la minería, en ese período, eran muy altos. Uno de los asistentes a esa reunión preguntó en base a qué datos se elaboró la propuesta presentada por el Vicepresidente, ante cuya consulta éste confesó que los datos eran de los empresarios privados. Ante ese informe el entonces presidente Morales suspendió ese encuentro hasta que se cuente con un plan bien elaborado. La fuente que nos confió aquella información añadió que nunca más hubo reunión de los integrantes de un grupo de “análisis” que conoció aquella sugestión de Álvaro García, sobre la inconveniencia de nacionalizar, por segunda vez, la minería boliviana.

Como otro antecedente, cabe anotar, para que no se borre, que Evo Morales anunció, en Santa Cruz, que la COMIBOL iba a ser cerrada y que se organizaría otra empresa minera estatal. Ante esa noticia, exdirigentes sindicales mineros le enviaron un recado al Presidente en funciones: que si los gobernantes cerraban COMIBOL esos exlíderes de los trabajadores del subsuelo retirarían su apoyo al proceso de cambios y a Morales.

Asimismo, técnicos que conocen muy bien la economía minera difundieron, en voz baja, que era imposible rehabilitar la planta Karachipampa, en la que debió fundirse minerales de zinc, especialmente. Sin embargo, uno de los exministros de minería de Morales y que fue miembro de la FSTMB, declaró para medios de divulgación, que lo mejor que había hecho el gobierno de los 14 años, en materia minera, fue la rehabilitación de Karachipampa.

Para el mal recuerdo conviene anotar que fracasó más de un intento de aquella rehabilitación. En ese tiempo, además, se sabía que si funcionaba Karachipampa sería una empresa que contaminaría mucho, que sus costos de operación serían muy caros y, lo más grave, el Estado boliviano no contaba (ni contaría de inmediato) con minerales suficientes para ser procesados en Karachipampa. Asimismo, la tecnología que se usaría en esa empresa de fundiciones había sido superada y nuevos equipos sustitutivos no existían en el mercado porque la empresa que los produjo se había cerrado hacía tiempo.

La planta de Karachipampa se empezó a instalar con apoyo de la URSS, durante el gobierno del Gral. Ovando, y se continuó la ejecución de esa obra en el gobierno del Gral. Torres, pero nunca funcionó; allí no se procesó la materia prima con la que se esperaba contar.

A exministros del gobierno de Ovando se los llamó “Karachipampa” porque se decía que ellos habían recibido comisión de la empresa alemana que fue contratada para montar la planta.

Otra realidad que dirigentes sindicales mineros de los últimos 14 años parecen ignorar: que cooperativistas empresarios mineros sirvieron de puente para que empresas extranjeras exploten minerales, favorecidos por ese tipo de empresarios criollos que, en varios casos, ayudaron a conseguir las concesiones de parajes mineros para los capitalistas extranjeros.

Este último dato fue confirmado por García Linera cuando dijo que serían enjuiciados los cooperativistas (empresarios) mineros que habrían oficiado de socios de empresarios extranjeros que explotaban minerales en sociedad o separadamente con los supuestos cooperativistas.

Los exdirigentes sindicales mineros y los que siguen en funciones, como Juan Carlos Guarachi, que se conozca, ni siquiera denunciaron el comportamiento tramposo de los cooperativistas empresarios mineros aludidos.

En resumen, los dirigentes sindicales mineros, de la COB y de la FSTMB, en los hechos, facilitaron la privatización de los recursos mineralógicos de Bolivia, privatización que fue mayor los últimos años, de los 14, que gobernó Morales.

Sobre la probable traición de miembros de la COB y especialmente de Guarachi a Evo Morales, está aún fresca una declaración de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien dijo que la COB había traicionado a Morales.

Morales, a su vez, ha sugerido que él no esperaba que Guarachi haya dicho que el exPresidente debía renunciar si consideraba conveniente, como lo hizo ante medios que difundieron esa declaración. Guarachi, en la entrevista con Erbol, confirmó que él declaró que la renuncia al cargo que ejercía, dependía del entonces Presidente.

Existen varios ejemplos demostrativos de que los actuales miembros de la COB dejaron de luchar por reivindicaciones de los mineros. Un ejemplo revelador es el referido al monto de la renta de los jubilados mineros, el que se fijó en Bs3.500, como tope, el que no alcanza al cien por ciento de lo ganado por los exasalariados del sector minero, como la renta que favorece a los militares, aunque es más que las rentas de otros exasalariados bolivianos.

La lucha por mejores salarios de los trabajadores del subsuelo no ocurrió porque los dirigentes sindicales, sobre los que se escribe en esta nota, aceptaban pasivamenete lo que Morales definía como aumento salarial, mejor dicho, como reposición parcial de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Los dirigentes sindicales mineros (incluido Guarachi) y los otros sin excepción conocida, renunciaron a la independencia ideológica y política respecto del gobierno de los 14 años. Un principio y una práctica de los asalariados bolivianos que no les fue fácil sostener y aplicar.

Basta recordar como antecedente que cuando gobernó el MNR, los años 50, las oficinas de aquel Partido funcionaban en locales de los sindicatos mineros, lo que explica, además, que los dirigentes del MNR conducían incluso a los sindicatos de los trabajadores. En ese tiempo fue patente el pongueaje político de los dirigentes sindicales impuesto por el MNR.

Los dirigentes sindicales, ahora encabezados por Guarachi, en tiempos del denominado proceso de cambios, lo que sobre todo hicieron fue halagar, aplaudir y votar a Morales. No se sabe que esos dirigentes sindicales hayan hecho un solo planteamiento para defender los intereses del país y de los trabajadores.

Conviene rememorar que Guarachi un día avisó que los trabajadores iban a exigir que el compañero de binomio de Morales, es decir, el candidato a la Vicepresidencia por el MAS, debía ser un obrero. Sin embargo, ante un pedido-imposición de Morales, ese candidato a la Vicepresidencia fue Álvaro Marcelo García Linera.

Además, actualmente circula el rumor de que miembros de la COB tendrían compromisos con los actuales gobernantes. Difícil confirmar o desmentir, ese rumor en este momento, pero podrían surgir evidencias de un pacto como ése, si acaso existe.

El inventario que pone en evidencia la conducta de Guarachi y de los otros miembros de la COB lo completaremos en otras entregas.

Sin embargo, frente a la hoja de servicios de Guarachi y de sus socios es posible sugerir que, los actuales dirigentes sindicales de la COB, sean cambiados en el menor tiempo posible, como una acción que muestre que se avanza hacia un nuevo movimiento sindical en Bolivia.

Hablamos de una COB que realmente defienda los intereses legales y legítimos de los trabajadores y de los intereses de Bolivia.

La nueva COB que aquí se sugiere sería parte de un proceso que deben protagonizar los trabajadores, en el que éstos no deben ser suplantados por supuestos salvadores extraños a las clases sociales explotadas y oprimidas de Bolivia.

Asimismo, el nuevo movimiento sindical tiene que empezar con la reconstitución de clases sociales, como los mineros, los que no son, como en otra época, la dirección de los asalariados y del pueblo boliviano.

Los mineros asalariados deben ser otra vez clase para sí. Es decir, los mineros tienen que volver, como se dice en el verso de la canción de César Junaro Durán (“Los mineros volveremos”).

Mineros que cuando les tocó retornar a sus lugares de origen, después de una derrota suya, en las Jornadas de marzo (1995), gritaron: “Los mineros volveremos, con armas”. Esos mineros de ayer no han vuelto ni sin armas y mucho menos con armas. Este tema merece más de un texto.

Como adelanto vale decir que los otros mineros, que ahora no existen, tenían experiencia sindical y política, recogida en múltiples jornadas de lucha; esos obreros vivieron y trabajaron enfrentados a patrones que tenían, a su servicio, la fuerza del Estado con la que sometían, a sangre y fuego, a sus dependientes del subsuelo; esos proletarios aprendieron, en tantas acciones de clase, el ejercicio de la dirección del movimiento sindical, en la que también asumieron el rol de dirección política de la clase social en sí y del pueblo boliviano. Fueron los mineros, especialmente, los que convirtieron a la FSTMB y a la COB en sindicatos para la pugna por mejores condiciones de vida y de trabajo; sindicatos que tuvieron la cualidad de cumplir tareas políticas, al mismo tiempo. Por eso se dice y con razón que la FSTMB y la COB eran sindicatos y direcciones políticas a la vez.

Para el cierre, se recoge aquí la apreciación de que los miembros de la COB están perdidos, no dicen esta boca es mía en medio de la campaña anticoronavirus para representar y defender los intereses de los trabajadores y de Bolivia.

A dirigentes sindicales y amigos de Guarachi y a éste, que se extravían, han hecho mucho para demostrar que si algo debe hacerse con ellos es cambiarlos, con urgencia.

Y lo mejor que les ocurriría a los trabajadores bolivianos es contar, con apuro, con otros integrantes de la COB, como un avance en la organización de un nuevo movimiento sindical para los tiempos de crisis, como los que vivimos; crisis que continuará, en otra fase, cuando venzamos al coronavirus en Bolivia y en el mundo.