No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial

Editorial Aquí 354

El ejercicio de un cargo en cualquier Estado demanda cumplir varios requisitos, según señalan las leyes vigentes en el país determinado; en el nuestro, para acceder a una función pública se requieren determinadas condiciones que están señalados en la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada mediante referéndum en enero de 2009 y promulgada al mes siguiente.

El servidor público en nuestro Estado debe contar con la nacionalidad boliviana; ser mayor de edad; haber cumplido con los deberes militares; no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento; no estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución; estar inscrito en el padrón electoral; hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Sin embargo, resulta curioso que para ser elegible en los cargos más importantes del país, es decir para ser legislador y para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la Vicepresidencia del Estado, solo se requiera “cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público”. En el caso de asambleísta o legislador, con solo tener 18 años es suficiente y para los dos primeros mandatarios de la nación basta con tener 30 años.

Aunque para los cargos de la Judicatura, de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo se requiere “título profesional en una rama afín al cargo”, tenerlo no garantiza que el cargo se desempeñe con idoneidad, como sucedió en muchas de esas instituciones en los últimos años, aunque también el requisito de ciudadanía “consiste en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad”, según señala el Art. 144 de la CPE. Pero, ¿Cómo podemos saber que alguien es idóneo?

Por otro lado, el saber popular dice que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga, Quod natura non dat, Salmantica non praestat” (Salamanca se refiere a una universidad española famosa), haciendo alusión a que tener títulos de pregrado, maestrías, doctorado y otras especialidades, no garantiza tener idoneidad, pues en un centro superior de estudios no se puede adquirir inteligencia.

En todo tiempo y lugar hemos visto que a cargos públicos han llegado personajes controversiales; por ejemplo, hace años un actor de películas de vaqueros llegó a la presidencia del país más poderoso del norte y hoy un millonario experto en telerrealidad (reality show) lo está haciendo; un exagente secreto del servicio de inteligencia gobierna Rusia; en Italia hubo una actriz porno que llegó al Parlamento; en nuestro país llegó a la presidencia un trompetista que lo hemos tenido durante poco menos de 14 años en el poder absoluto, se creía (y aún se cree) enviado de los dioses, egocéntrico, paranoico, desconfiado, con un delirio de grandeza tan grande que se hizo construir un nuevo palacio de gobierno, además de un museo para su vestuario.

Si bien hubo autoridades con muchos títulos presentados que no fueron competentes ni buenos profesionales en sus cargos, también hubo otros que sin el título requerido ejercieron su cargo con eficiencia y honradez.

De todas formas, además de exigir méritos para ejercer cargos públicos, debería también verse la forma de medir la sensatez a los candidatos.

La sensatez, la capacidad de reflexionar antes de actuar o hablar sin pensar, es una cualidad muy ligada a la sabiduría, a la prudencia, a la serenidad, y debería evaluarse de alguna manera, si los candidatos a los cargos públicos la tienen, porque si estamos en manos de un personaje neurótico en extremo, si estamos gobernados por personas que tiene delirios de grandeza, de poder, de superioridad, de autosuficiencia, si son egocéntricas, paranoicas, irritables, desconfiadas, obsesivas-compulsivas, vengativas, mordaces o con otro trastorno de personalidad, entonces toda la ciudadanía está en riesgo.

Uno de los principales problemas del marco legal actual es que no diferencia entre cumplir requisitos formales y ser verdaderamente apto para ejercer poder político. Aunque pedir títulos profesionales en la judicatura o fiscalía parece apuntar al mérito, la experiencia demuestra que incluso altos grados académicos no garantizan equilibrio, buen juicio ni capacidad para manejar crisis, resolver conflictos y responsabilidades públicas.

Entonces, ya no bastará solo verificar títulos o edades mínimas para ejercer cargos públicos. La experiencia con figuras públicas y políticas polémicas demuestra que el criterio decisivo debe ser la ascendencia moral, integridad personal y la madurez de juicio. Por eso se hace urgente crear mecanismos éticos y transparentes que permitan evaluar, o al menos visibilizar, la sensatez, prudencia y estabilidad emocional de los aspirantes. Solo así la función pública dejará de ser meramente un trámite legal y se convertirá en un verdadero acto de responsabilidad, evitando que la ciudadanía quede a merced de líderes impulsivos, autoritarios o emocionalmente inestables.