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Salud para todos, hacia una “nueva” economía y la crisis política que urge superar

Editorial de Aquí 324

Salud para todos, hacia una “nueva” economía y la crisis política que urge superar

1.

En este momento de la coyuntura electoral, desde esta publicación virtual nos animamos a sugerir la adopción de medidas destinadas a continuar la campaña para vencer al coronavirus.

Los buenos resultados de esta campaña anticoronavirus (nacionales, regionales y locales) deben aplicarse con los aportes de médicos, enfermeras y pacientes.

Brigadas de profesionales de la salud asisten a contaminados con el virus mortal en varios lugares. En Beni, enfermos con coronavirus se han curado con remedios caseros, con tratamientos de brigadistas voluntarios y en los hospitales.

En Potosí, según autoridades de la capital departamental, la mitad de los que se curaron de coronavirus tomaron remedios caseros y otros fármacos, como dióxido de cloro, aunque médicos aseguran que este último no es un remedio o que no hay certeza científica de que aquél sea remedio.

En San José de Chiquitos (Santa Cruz), de acuerdo con la información de su Alcalde, los infectados con el coronavirus se han curado con dióxido de cloro.

La asociación de alcaldías, con dinero propio, compró el antiviral Avifavir, elaborado en Rusia para combatir al llamado enemigo invisible, cuyas mutaciones al parecer se siguen manifestando, por ejemplo, en Trinidad-Beni. Allí y en otros sitios podrían ocurrir recaídas en vez de rebrotes del virus letal, así como se teme que se produzcan ambas: recaídas y rebrotes.

La vacuna anticoronavirus que se espera en el mundo, en Bolivia tiene que ser aplicada apenas sea posible, pero ahora es urgente que se la adquiera del lugar en el que haya oferta, sin las demoras frecuentes en compras de remedios por el gobierno transitorio.

Hospitales, ambientes para aislar sospechosos, ropa de bioseguridad para el personal médico y trabajadores en salud deben ser ampliados, mejor dotados, pagados regularmente, e incrementados los sueldos y salarios y los seguros de vida.

A la campaña antipandemia seguirá sumándose el aporte igualmente decisivo de la inmensa mayoría de las y los bolivianos con la aplicación de las medidas de bioseguridad (uso de barbijo, lavado de manos, distancia física), así como fue decisiva la cuarentena sostenida también por casi todos los compatriotas, cuya eficacia pocos ponen en duda, como fueron pocos los que dijeron que el coronavirus es una gripe fuerte, un invento del imperio o que no existe.

El 10 por ciento del presupuesto nacional para salud debe ser destinado, efectivamente, mediante una ley, la que los masistas no quieren aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que tienen dos tercios de sus integrantes.

Salud para todos, como servicio público y gratuito, debe ser un “sueño realizado” y no la “pesadilla” que es ahora y antes de la pandemia.

2.

En el área social y sin dilaciones debe materializarse la jubilación con rentas calculadas según la totalidad de los sueldos y salarios.

Todos los asalariados deben jubilarse en Bolivia como los militares.

Las rentas de los jubilados actualmente se pagan como si la esperanza de vida de los bolivianos fuera de 110 años. La sugerencia es que esas rentas se establezcan según la esperanza de vida estimada oficialmente en nuestro país. Así, los ahorros individuales serían mejor distribuidos (devueltos), de modo que sean mayores las rentas de los jubilados que merecen esos ingresos sin que le cueste nada al Tesoro General de Bolivia.

3.

Es necesaria una nueva reforma educativa que recoja los contenidos positivos de la que se aplica según la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

La nueva reforma de la escuela boliviana debe ser discutida y aprobada por gobernantes, profesores, padres de familia y estudiantes.

La educación virtual y/o a distancia, la autonomía de la escuela pública, la escuela-trabajo y/o la unidad de la teoría con la práctica, la escuela para la vida y otras propuestas pedagógicas serían estudiadas, complementadas, asimiladas o desestimadas, por ejemplo, en un congreso pedagógico.

4.

Urge administrar la crisis de la economía boliviana que es una de las consecuencias de la pandemia, pero que tiene sus orígenes en el último tiempo del gobierno de Morales, derrotado por el alzamiento popular del año pasado.

Préstamos y donaciones cuyo monto debe calcularse según las necesidades y las posibilidades, para aplicarse como una inyección, como dice el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) para reactivar la economía y para preservar los puestos de trabajo y conseguir el funcionamiento de la economía con los cambios posibles y necesarios en las condiciones de la crisis actual, la que en mucho es única en Bolivia y en el mundo.

De acuerdo con la Constitución, en nuestro país coexisten la propiedad pública, privada, cooperativa y comunitaria.

La propiedad pública, por su contenido social, tendría que predominar en el período pospandemia. Sin embargo, para coronar ese objetivo deben desarrollarse políticas públicas que apunten en esa dirección. En ese caso, los intereses de la mayoría de los bolivianos deben sobreponerse respecto de los intereses privados.

No se sugiere sacrificar los intereses de los empresarios privados, pero tampoco debe admitirse el crecimiento de las empresas privadas en detrimento del sector estatal o social de la economía o bien común, al decir de otros sectores como afirman los obispos católicos.

Debe buscarse una “nueva economía”, como propone el economista Alberto Bonadona Cossío.

Este planteamiento es un sentido común que se tendría que recoger porque la actual crisis económica, en tanto única en su género y por su alcance universal, muestra aprovechable una propuesta de economistas, anterior a la pandemia, los que sugieren que el capitalismo, para seguir su desarrollo, debe cambiar las fuentes de energía procedente del petróleo por la energía eléctrica.

El hierro del Mutún debe extraerse para producir acero; el litio debe industrializarse, es decir, deben elaborarse baterías para el mercado en condiciones que favorezcan a Bolivia, con capitales extranjeros y la tecnología de la que Bolivia carece.

Ahora está más claro que el gas natural no debe ser vendido para que ganen diez veces los compradores, como Brasil, con sólo extraer los recursos que contiene ese energético.

No debe suceder que los cooperativistas empresarios mineros sean los agentes de la privatización de los recursos mineros del país. Esta afirmación es demostrable por la concesión a cooperativistas empresarios mineros, de la mitad de las colas y desmontes de Catavi y Siglo XX, reservas estatales de minerales de estaño que fueron favorecidas por el entonces presidente Morales.

Tampoco debe ocurrir como en la Empresa Minera San Cristóbal, en la que todo es ganar, ganar y ganar (por capitalistas extranjeros), como dijo el Gerente de la empresa Sumitomo (japonesa y dueña de San Cristóbal) cuando visitó Bolivia y conversó con el entonces presidente Evo Morales, cuyo gobierno les dio facilidades propias del neoliberalismo.

5.

Bolivia tiene los suelos aptos para reproducir quinua y quinua real a una escala similar y/o mayor que Perú.

El destino de Bolivia no debe ser convertirse en el primer país que siembre semillas de trigo transgénico en el mundo.

Las semillas de maíz que se producen en todos los pisos ecológicos del país no deben ser desplazados y menos sustituidos por maíz transgénico, como ya está sucediendo en Santa Cruz por la permisividad del anterior gobierno y la autorización del actual.

Además, hace horas que los gobernantes interinos, en contra de la Constitución y mediante un decreto supremo, autorizaron la siembra de maíz transgénico, cultivos que tuvieron lugar durante el último gobierno de Morales (valga la reiteración), ocasión en la que indígenas guaraníes dijeron que iban a ocultar su maíz orgánico para que no se contamine.

Otra muestra de agricultura orgánica son los cultivos, la producción y la industrialización del cacao en Alto Beni (La Paz), lugar en el que no se queman árboles ni siquiera para convertirlos en abono.

La reposición del bosque y de la fauna de la Chiquitania, consumidos por el fuego el año pasado, es una prioridad, así como es otra prioridad la preservación de bosques como los del TIPNIS, Madidi, Bosque de chimanes, Pilón Lajas, Amboró, El Pantanal y otros.

6.

Es probable que las elecciones no resuelvan la actual crisis política.

Los masistas al parecer están empeñados en recapturar el poder político con elecciones o mediante acciones como la proclamada “guerra civil” u otro accionar de los movimientos sociales obedientes al expresidente Morales.

Los últimos días, voceros del MAS declararon que se organiza un fraude electoral para evitar la supuesta victoria de los candidatos Arce y Choquehuanca, que se busca una postergación de las elecciones y que se trama un golpe de Estado.

En ese mismo curso, los masistas desconocerían el resultado de las elecciones del 18 de octubre si fuese adverso al binomio Arce-Choquehuanca, y sobre la base de esa posible mentira impulsarían las acciones de fuerza más diversas por la recaptura del poder político.

Ese sería el esquema político-electoral masista, pero la realidad que viene inexorable promete ser distinta y contraria al masismo, que en el último tiempo se ha movido a sus anchas en el campo político boliviano ante un comportamiento sobre todo defensivo de otros actores de la política boliviana.

El Estado y el pueblo boliviano deben sostener y desarrollar relaciones diplomáticas con todos los Estados y pueblos del mundo, especialmente con los latinoamericanos y caribeños.

En suma, debe seguir la campaña para vencer al coronavirus en tierras bolivianas como una fase de la batalla universal antipandemia; otra prioridad es administrar y remontar la crisis económica que lacera en todo el mundo; y la crisis política boliviana, si no es resuelta con las elecciones, riesgo que se advierte, no debe quedar como un fenómeno sociopolítico sin freno y sin actores que se empeñen en resolverla.

Amparo que busca habilitar a Morales como candidato es parte de campaña electoral del MAS

Editorial de Aquí 323

Amparo que busca habilitar a Morales como candidato es parte de campaña electoral del MAS

Un episodio de la campaña política y electoral de los masistas —con ayuda de sus adversarios— es la demanda de amparo constitucional que buscó que un tribunal de garantías constitucionales disponga que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revise la inhabilitación de Juan Evo Morales Ayma como candidato a senador en las listas del MAS por Cochabamba y, en consecuencia, reinscriba a ese ciudadano-postulante en los registros como candidato sin haber vivido en Cochabamba y en Bolivia de manera continua los dos últimos años.

El otrora Presidente depuesto por la fuerza de la mayoría del pueblo fue inhabilitado como candidato dentro de los plazos legales y según la Constitución Política, que dispone que quienes postulen a la Asamblea Legislativa Plurinacional deben acreditar con documentos su residencia en la circunscripción electoral por la que postulan: residencia ininterrumpida los dos últimos años respecto de la fecha de las elecciones.

En la demanda de amparo del exPresidente y en la fundamentación de sus abogados, los demandantes del amparo constitucional alegaron que el candidato inhabilitado vivió en Bolivia durante aquel tiempo en forma intermitente, es decir, de modo discontinuo, debido a un supuesto golpe de Estado que acabó con su mandato, el que le habría obligado a salir de Bolivia en contra de su voluntad.

En aquel alegato se omitió la renuncia y la salida al exilio a México y a la Argentina por decisión del ahora refugiado en el país vecino.

Un abogado y parlamentario masista, a manera de resumen, dijo que con ese recurso de amparo su jefe político buscaba ejercer su derecho a ser elegido en las urnas.

Abogados contrarios al MAS afirman que el tribunal de garantías no debió admitir esa demanda de amparo.

El Presidente del TSE señaló que ese organismo respeta el estado de derecho y que esperaba la resolución del tribunal en el que se tramitó el amparo para pronunciarse en Sala Plena, como es de rigor.

Los masistas, con variaciones y en tonos distintos, se pronunciaron frente a la demanda constitucional referida.

Dirigentes de los cocaleros del Chapare se declararon en emergencia, otros dirigentes de movimientos sociales en el gobierno de 14 años señalaron que acatarían el fallo, que estuvo empatado y que el último lunes fue resuelto con el voto de un vocal dirimidor. Los dirigentes de otros movimientos sociales cooptados por el MAS, como la COB y colonizadores, permanecieron callados frente a ese amparo.

Gobernantes interinos, políticos, miembros de plataformas ciudadanas, dirigentes cívicos, unos más que otros, descargaron sus furias contra Morales, al extremo de que por éste dijeron que es un pedófilo, estuprador, delincuente, olvidando que se presume la inocencia de un encausado mientras no se demuestre lo contrario.

Morales ha sido denunciado por la supuesta comisión de varios delitos, incluida la presunta autoría intelectual de un crimen de lesa humanidad, es decir, que ofende a la humanidad y cuya culpabilidad no prescribe.

Pero esas denuncias y querellas en contra del exPresidente no son investigadas, y el denunciado ni siquiera ha sido notificado, como ha dicho uno de sus abogados y exministro del régimen de14 años.

Esas descargas de políticos en contra de Morales le ayudan a convertirse en víctima, papel que ejerce y con el que casi siempre gana el nacido en Isallavi-Orinoca.

Vistas bien las cosas, cerca de la tercera parte de los electores respaldan a Morales frente a ese amparo, y la mayoría de los bolivianos estuvimos y estamos pendientes respecto de ese trámite con el que el entonces Presidente sacado de la Casa Grande del Pueblo pretendió la citada candidatura a senador.

Ahora, entre los políticos, incluidos redactores de este medio virtual, hablamos del exiliado en Argentina.

Respecto del citado amparo y los dichos y los hechos en favor y en contra, sería un desacierto mirar con indiferencia y pasar, como decía y hacía Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia y el primer exiliado político del mundo.

La gente del pueblo, vale decir los explotados y los oprimidos que no están sujetos a la oferta y a la demanda por plata o por la reconquista de privilegios concedidos por Morales para sus jaleadores, como vigía y con argumentos, debe aguardar un fallo constitucional sin esperar que se vulnere la Constitución y las leyes, y sin tolerar que jueces prevariquen. Ante un prevaricato —a pesar de los riesgos— se tiene que demandar al o a los prevaricadores. Sin embargo, especialmente los políticos y por cierto gente del pueblo, no deben dejar el campo político para que los masistas se movilicen a sus anchas.

Ahora que formalmente empezaron las campañas electorales se espera la difusión de programas que contengan las demandas de la gente empobrecida en primer lugar, respecto de la política, la economía, la sociedad y la cultura y/o sobre la triple crisis actual: de la salud, la económica y la política.

De los candidatos debemos esperar, asimismo, debates que esclarezcan y en ningún caso que encubran.

No debemos bajar la guardia respecto del empeño cotidiano de los masistas y su jefe que imponen incluso las cuestiones de las que debemos ocuparnos y que interesan sobre todo a ellos.

Citamos tres de esos asuntos que ya fueron lanzados:

— Circula el rumor de que en la sesión de honor de la Asamblea Departamental en homenaje del 14 de septiembre de 1810 participará, por zoom, el caudillo cocalero. Voceros antimasistas, con más fobias que sentido común, ya han dicho que no lo permitirán. ¿Sabrán como oponerse?

— Ante las encuestas difundidas el último domingo (06-09-20) por dos canales televisivos, los masistas se frotan las manos y dicen que esa intención de la votación anuncia su victoria.

— Entendidos en cuestiones jurídicas advierten que se debe esperar la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el amparo que nos ocupa y del que se debe esperar incluso una decisión que revise el NO a la candidatura de Morales. Tal la sugerencia de espera, a pesar de que esos abogados saben que un fallo dentro de un amparo es de ejecución inmediata.

En esta situación, qué se debe esperar de Comunidad Ciudadana (CC) que está en la carrera electoral con posibilidades de victoria frente a los candidatos masistas en la segunda vuelta, incluso en la primera vuelta de acuerdo con estimaciones más optimistas.

En una nota anterior, publicada en este espacio, dijimos y reiteramos: como en el ajedrez, en política y en la lucha electoral, la actitud defensiva conduce a la muerte.

Masistas deben pagar en las urnas por los muertos y por las pérdidas económicas

Editorial de Aquí 321

Masistas deben pagar en las urnas por los muertos y por las pérdidas económicas

Los bloqueos de caminos y de calles en El Alto, ejecutados por masistas para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre (y no el 18 de octubre), ocasionaron la muerte de 40 personas enfermas con coronavirus porque se acabó el oxígeno medicinal, elemento vital retenido por los bloqueadores, quienes además dificultaron el libre tránsito de remedios, ropa de bioseguridad, y también impidieron o dificultaron el traslado de médicos, trabajadores en salud y ambulancias. Esas medidas de fuerza evitaron la circulación de alimentos, carburantes, gas licuado y otros; además, según varias fuentes, determinaron pérdidas por cien millones de dólares durante los 12 días de interferencia de las comunicaciones por los caminos del país.

Aquellos bloqueos de caminos y de calles en El Alto sustituyeron a la huelga e impidieron que funcione la economía (incluidos los servicios citados).

Los bloqueos que comentamos, en medio de la campaña anticoronavirus, no obstante el anuncio de libre circulación hecho por los dirigentes de la medida de fuerza, cerraron el traslado de los implementos médicos, que demoraron o no llegaron en los plazos normales cuando los caminos del país están transitables.

Los bloqueos de caminos y de calles materializados por masistas fueron acciones políticas para paralizar la economía del país, de modo que serán anotados como uno de los resultados buscados por los actores materiales y por los autores intelectuales.

Además, es probable que los que impulsaron esa medida imaginaron que iban a agravar más la crisis determinada por la pandemia.

Ahora los bloqueadores rechazan toda responsabilidad respecto del deceso de enfermos con coronavirus, 40 según informes de médicos y de fiscales.

Asimismo, varias denuncias de familiares de los fallecidos apuntan a dirigentes de movimientos sociales como supuestos culpables de esos decesos.

Homicidios culposos, atentados contra la salud y la vida de personas, crímenes de lesa humanidad, entre otros, son los delitos que posiblemente cometieron durante los bloqueos referidos.

Un sindicato de médicos de La Paz ha presentado una querella por la muerte de 27 pacientes debido a la falta de oxígeno medicinal en hospitales de la sede de gobierno.

La investigación a cargo de las autoridades competentes apenas empieza, pero la respuesta de un diputado masista fue una denuncia contra el Alcalde de La Paz y de médicos del Hospital de La Portada por negligencia, porque asegura que no consiguieron a tiempo implementos médicos, carencias que determinaron el deceso de pacientes infectados con coronavirus.

Otra diputada del MAS denunció al Presidente del Comité Pro-Santa Cruz por conducta racista, que habría afectado a bloqueadores de caminos de Samaipata, San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní (Santa Cruz), demanda que se espera que siga su curso legal, así como las otras.

Voceros de movimientos sociales, campesinos del MAS, entre otros, reivindican el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los bloqueadores, y alegan que no se deben seguir procesos penales contra los promotores de los bloqueos porque éstos tienen las garantías constitucionales, que reconocen el derecho a exigir, por ejemplo, la realización de elecciones en la fecha establecida por una ley, a pesar de la pandemia.

Los bloqueadores y quienes los respaldan creen que no se justifican procesos penales, que se espera que se tramiten con prontitud, como señalan las normas.

Los masistas, asimismo, pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley que disponga que se libere de procesos a los que decretaron los bloqueos y también a los que ejecutaron las medidas de fuerza, que en varios casos destruyeron tramos de la faja asfáltica de carreteras. Además, aparentemente en ciertos bloqueos hubo gente armada.

Las consecuencias de los bloqueos han sido y son drásticas y/o crueles, tanto que analistas afirman que deben proscribirse para preservar la salud y la vida de los bolivianos, su seguridad, y que en confrontaciones como la que comentamos se debe privilegiar el diálogo y los acuerdos. Se debe imponer “la fuerza del diálogo”, sugirió un exministro de Estado poco antes de la suspensión de los bloqueos.

Los gobernantes, entre éstos el Ministro de Gobierno, además de denunciar que los bloqueadores tramaban un golpe de Estado para deponer a la Presidenta transitoria, aseguró que no utilizaron la fuerza contra los bloqueadores para evitar enfrentamientos y probablemente muertos.

Especialmente desde Santa Cruz, voceros del movimiento cívico plantearon que los gobernantes interinos toleraron los bloqueos en vez de usar la fuerza de policías y militares para desbloquear.

Candidatos en las próximas elecciones también reclamaron acciones de los gobernantes contra los bloqueadores, sobre todo porque éstos impidieron el tránsito de insumos médicos y por el daño a la economía.

El desenlace de los bloqueos lleva a suponer que los gobernantes no los reprimieron para evitar un revés electoral a la Presidenta y candidata.

Para una evaluación de los bloqueos y sus consecuencias anotamos nuestros puntos de vista:

—Los masistas, con los bloqueos, impulsaron una acción política y electoral que demandó la realización de elecciones el 6 de septiembre o el 11 de octubre, como parte de una demanda que incorporó pedidos de renuncia de la Presidenta interina.

—Esa acción política y electoral cobró ribetes propagandísticos que no se advierten con frecuencia.

Nosotros creemos y reiteramos que los masistas pusieron en movimiento a sus electores para afirmarlos y para “entrenarlos”, acepten el término, por favor. Entrenarlos para confrontaciones posibles más allá de las elecciones.

—Los electores del MAS son una masa más o menos estable y hasta cautiva. Por ello, quizá no sumen más votos como consecuencia del revés que han recogido durante los bloqueos, pero parece optimismo extremo asegurar que Arce-Choquehuanca perderán las elecciones en la primera vuelta.

A los electores les tocará decidir, y se advierte que la mayoría de ellos convienen en definir mayoritariamente sus preferencias en contra de los candidatos masistas.

—Los masistas buscan convencerse de que ellos ganarán las elecciones en la primera vuelta, pero ese es un deseo que se apoya en que recibirán el llamado voto duro masista, la tercera parte de los electores (actualmente mermada), y el que muchos bolivianos confían en que no se convertirá en mayoría en las próximas elecciones.

—Los masistas sobreestiman sus posibilidades electorales (otro elemento propagandístico). Además, siguen confiando en que fraudes electorales, difíciles de descubrir, les sumarán votos. Entre éstos, la compra de votos; el registro de votos de los adversarios en favor de los candidatos masistas, allí donde les sea posible; el voto comunitario: a todos los miembros de una comunidad les obligan a votar por los candidatos de Morales, y además sufragarían por los candidatos de éste los portadores de más de un carnet de identidad que recibieron regalados y con los que se habrían inscrito más de una vez en los registros electorales, que no han sido depurados íntegramente y por eso se sigue reclamando.

—Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancela la personería jurídica del MAS, ante las demandas en trámite, los posibles afectados defenderían su personalidad jurídica, aunque, como anotició el exPresidente, el Gobernador de La Paz les facilitaría su personería para que Arce y Choquehuanca sigan en carrera. Además, si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falla para que se aplique la Constitución y no la norma electoral, el comentario de Arce sobre una encuesta favorable a su candidatura no sería una falta electoral y en consecuencia el TSE no podría cancelar la personería del MAS.

—Los candidatos del MAS están en campaña: esperan que les rinda frutos el bono “contra el hambre” de Bs.1.000. Ese bono, aprobado por la mayoría masista, tendría una falla: carecería de financiamiento.

—Los masistas pretenden retomar el poder mediante las elecciones, y sin éstas, por la acción de los cocaleros aliados a narcotraficantes, de los colonizadores que esperan agrandar sus predios o que se les dote de nuevos, de los cooperativistas empresarios mineros (deudores al Estado), de los campesinos que han recibido dinero y/o tierras, entre otros agrupamientos sociales que durante el proceso de cambio han sido beneficiados a cambio de respaldo al caudillo autoritario.

—Los masistas no se conformarán con poco: Sin embargo, para ellos sería políticamente un avance que elijan cierta cantidad de parlamentarios para la oposición y/o para la resistencia, y en función de sus posibles planes que parece que contemplan una guerra civil incluso.

—El comportamiento político y electoral de los masistas debe llevarnos a pensar y a esperar que desconozcan un resultado electoral que les sea adverso, ante el que tendrían el descaro de alegar que sería un fraude electoral en su contra.

Tenemos que convencernos de que los masistas utilizan y utilizarán todos los recursos a su alcance para retomar el poder, con elecciones o con acciones de los movimientos sociales que tienen a su servicio. Movimientos sociales que se movilizan para rescatar los privilegios concedidos por el otrora presidente Morales; privilegios que no llegaron al pueblo, es decir, a los verdaderos explotados y oprimidos del país.

En este momento, debido a los bloqueos y sus consecuencias, son cada vez más los bolivianos que no votarán por los masistas, y son cada vez más los bolivianos que cerrarán el camino de retorno al poder de los que gobernaron 14 años.

Los bloqueos de caminos y de calles en El Alto, impuestos por los masistas, convirtieron en víctimas a la mayoría de los bolivianos que sufrieron y/o lloraron por la muerte de 40 compatriotas y que enfrentan las pérdidas económicas con más hambre.

Vidas y pérdidas por las que deben pagar los masistas con un resultado desfavorables a ellos en las elecciones y más allá de las elecciones, con la merma real del masismo en el campo político, ideológico, económico, social y cultural.

La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios

Editorial de Aquí 323

La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios

La Presidenta interina y los gobernantes actuales favorecen a los grandes empresarios, especialmente cruceños y benianos, con medidas económicas, cargos en el gobierno y con la mantención de las normas llamadas incendiarias, que son una herencia del régimen de 14 años.

Nos referimos al decreto supremo que dispone abreviar los trámites para los cultivos en Santa Cruz de semillas transgénicas de soya, maíz, caña de azúcar, trigo y algodón.

Organizaciones que defienden la agricultura orgánica o ancestral y del medio ambiente han presentado una demanda de Acción Popular para que un tribunal competente anule aquel DS porque, entre otras cosas, es anticonstitucional y porque lesionan los intereses legales y legítimos de los agricultores pequeños y medianos, es decir, de la mayoría de los trabajadores del agro.

Los empresarios grandes, especialmente los agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), defienden el DS firmado por Jeanine Áñez Chávez y sus ministros con el argumento, entre otros, de que las semillas transgénicas —ellos hablan de la biotecnología aplicable en la agricultura—acrecentarán la producción de granos para el consumo interno y para la exportación.

Los últimos días, los propietarios del transporte pesado que lleva carga a los puertos chilenos preferentemente están en emergencia y aseguran que defienden y defenderán el DS que busca acelerar los cultivos de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas.

Apenas salió ese DS, el candidato a la Vicepresidencia de Comunidad Ciudadana señaló que esa norma es inconstitucional porque la Ley Fundamental determina que la importación, comercialización y cultivo de transgénicos en Bolivia debe ser autorizada mediante una ley.

Además, se debe rememorar que la Constitución Política aprobada por los constituyentes disponía la prohibición de los cultivos, importación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en nuestro país.

Cabe añadir que los que esperan enriquecerse con el llamado agronegocio afirman que los productos transgénicos no hacen daño a la salud y que esos cultivos tampoco dañan al suelo. Otros anotan que cuando consumimos carne de gallina consumimos transgénicos porque los animales son alimentados con maíz importado que contiene organismos genéticamente modificados.

Los que objetan tales cultivos dicen, y estamos de acuerdo, que para cada cultivo de transgénicos se deben comprar las semillas a precios muy caros y con ganancias millonarias de pocas empresas que producen las semillas transgénicas.

Para asegurar los frutos, los agricultores deben utilizar defoliantes que degradan la tierra labrantía.

Indígenas guaraníes, tras el anuncio de que el entonces gobierno de Morales se comprometió a estudiar el cultivo de maíz transgénico, avisaron que iban a guardar el maíz que ellos siembran para evitar el “contagio” de la semilla transgénica de aquel cereal. Éste es el principal grano que producen los guaraníes en el chaco (cruceño, chuquisaqueño y tarijeño),

Ahora se conoce mejor que durante el gobierno derrotado por un alzamiento popular se autorizó el cultivo de soya transgénica y que sin autorización formal, en ese tiempo, se cultivaban semillas transgénicas de maíz y algodón.

Sobre el agronegocio es necesario un apunte adicional: la soya que producen los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas, también transgénica, es comercializada por los agroindustriales grandes de Santa Cruz, que son los que más ganan. Los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas no tienen acceso directo al mercado internacional, según voceros de ese grupo de colonizadores, que están entre los agricultores con ingresos de sobrevivencia y no así con agricultores medios y prósperos y aliados del MAS. Pobladores de aquellas dos localidades cruceñas han bloqueado el camino Santa Cruz-Trinidad y, por tanto, están entre los corresponsables de la retención de oxígeno que ha causado que al menos 40 bolivianos murieran y además provocaron una parte de las pérdidas económicas.

Agradezcan o no, el anterior gobierno ayudó a la producción de la materia prima para la elaboración de biocombustible, sin considerar que los granos o los productos agropecuarios antes que nada deben asegurar la alimentación de los bolivianos.

Fidel Castro, tras del anuncio de la producción de biocombustible en la región latinoamericana y caribeña, dijo no se debía sacrificar los alimentos para la gente por los biocombustibles. El que el entonces gobernante autoritario no escuchara respecto del biocombustible a su aliado de la Mayor de las Antillas es muy demostrativo de que en esa materia, para Morales, fue políticamente preferible aceptar un acuerdo con empresarios antes que defender la soberanía alimentaria de la que parloteaban.

Áñez ha celebrado hace unos días la producción de biocombustible como señal de acuerdo pleno de los actuales gobernantes con los agroindustriales.

Se sabe que para producir más granos y otros para la elaboración de biocombustible se requieren más tierras, y para conseguir este factor de producción agrícola recurren al desbosque y a la quema, la que con frecuencia provoca incendios.

Ahora está más claro por qué los gobernantes interinos mantienen los denominados decretos supremos incendiaros que firmó Evo Morales en alianza con empresarios, algunos de los que se animaron a defender al exPresidente cuando ardía la Chiquitania y éste se negaba y se negó a declarar desastre nacional para que llegue a Bolivia la ayuda internacional y de la ONU para apagar el fuego que acabó con más de cinco millones de hectáreas de bosque seco y la vida de muchos animales.

Branco Marinkovic, ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz y dueño de una industria de aceite comestible, que se apropió de laguna Corazón, cuyos dueños eran (en realidad seguimos siendo) los bolivianos, es ahora ministro de Planificación. Áñez ha incorporado al grupo de ministros a un representante orgánico de los grupos económicos cruceños, que son los que mandan en la región.

La mirada de los gobernantes hacia el exterior tiene como objetivo principal el desarrollo de relaciones (las mejores a su alcance) con los gobernantes de Estados Unidos. En esa dirección estuvo y está el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, para lo que utilizaron un pretexto: la supuesta intervención de un posible combatiente de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FAR-EP) en un enfrentamiento ocurrido en Montero en octubre-noviembre del año pasado durante el alzamiento del pueblo contra el gobierno autoritario. Otro pretexto fue una aparente intromisión de los cubanos en ocasión del alzamiento, denominado golpe de Estado por los masistas y por su jefe.

Los gobernantes actuales buscan representar como el que más a los grupos sociales dominantes de Bolivia y especialmente de Santa Cruz y el Beni, y a esos grupos económicos sirven abiertamente.

Dicho sea a vuelapluma que el candidato Luis Fernando Camacho parece que perdió la pulseta frente a la Presidenta y candidata, quien parece recibir el respaldo político de los empresarios menos fachos, en tanto que Camacho (facho se le dice en ámbitos políticos) al parecer cuenta con el apoyo de los dirigentes cívicos y otros de la misma laya que dijeron que iban a desbloquear porque no quisieron hacer eso los gobernantes con la fuerza de militares y policías.

Desde el pueblo debemos ver con ojos abiertos y escuchar sin sorderas fingidas la esencia del comportamiento de los gobernantes. Así leeremos la realidad sin equivocarnos y constataremos que los grupos económicos dominantes de Santa Cruz, Beni y Bolivia tienen en los gobernantes actuales sus seguros servidores.

Si leemos bien la realidad descrita en esta nota desde el puesto de los explotados y oprimidos (el verdadero pueblo) podremos mermar, mermar y mermar el apoyo electoral a la Presidenta y candidata.

Frente a la defensiva de políticos sigue la ofensiva de masistas

Editorial de Aquí 320

Frente a la defensiva de políticos sigue la ofensiva de masistas

Los bloqueos de caminos y de calles (en El Alto) ejecutados por masistas y sus aliados con los que exigen elecciones el 6 de septiembre y la renuncia de la Presidenta interina configuran una lucha política y electoral que sigue en ascenso, ante un comportamiento defensivo de los gobernantes interinos y de los candidatos y dirigentes de partidos de todos los pelajes.

Se trata de un quehacer político y electoral propuesto, organizado, financiado y dirigido por los masistas, aunque éstos nieguen ser los autores intelectuales y materiales de tal movimiento.

Ese movimiento apunta hacia la toma o retoma del poder político por el camino electoral o mediante acciones de una parte de los movimientos sociales, con los bloqueos como la principal forma de lucha, en medio de la campaña anticoronavirus.

Los bloqueos de caminos y de calles de los masistas y/o de operadores a su servicio logran ya una parte de sus objetivos: dificultan e impiden la libre circulación de insumos médicos —sobre todo de oxígeno medicinal—, remedios, ropa de bioseguridad, combustibles, mercancías exportables y alimentos.

Hasta el cierre de esta edición, no menos de 30 pacientes murieron por falta de oxígeno medicinal porque ese elemento vital para terapia intensiva tarda en llegar o no llega a los hospitales debido a los bloqueos, a pesar de que los dirigentes de aquella medida de fuerza aseguran que los     bloqueadores permiten el tránsito de oxígeno medicinal, remedios y ropa de bioseguridad para asistir a los enfermos con el virus mortal y para otros enfermos.

Los bloqueadores que impiden el tránsito culpan a los gobernantes del accionar del que ellos son responsables.

Los masistas niegan su autoría de los bloqueos, explicación que utilizarían como coartada en procesos que se tramitan contra los supuestos autores de los bloqueos.

Dentro de procesos criminales, abogados diversos instruyen a sus clientes que nieguen la autoría de hechos criminales aunque sean los actores de aquellas acciones denunciadas.

Los bloqueos y sus exigencias son también parte de la propaganda política y electoral de los masistas: para reafirmarse ellos antes que otros de sus simpatizantes y de sus amigos.

Esa propaganda contiene mentiras, como que es mentira que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambiaron la fecha de las elecciones sin respaldo en la Constitución Política.

Las últimas semanas los masistas ocupan el campo político boliviano sin competidores al frente

Esa ofensiva política y electoral concede ventajas a los que gobernaron Bolivia 14 años.

En el campo de la política (incluida la actividad electoral), el comportamiento sobre todo o sólo defensivo es una vía que conduce a la derrota sin atenuantes.

En el último tiempo, la iniciativa política casi siempre la toman los masistas, otro elemento que no deben menospreciar los que de veras buscan protagonizar la lucha por el poder político.

Lucha por el poder que es una faceta de la lucha de clases sociales. Ésta es política, ideológica, económica y cultural de las que participan por acción o por omisión los miembros de la sociedad boliviana incluso sin advertirlo.

En un ejercicio más nominal que real, los de Juntos y su candidata dirigen la campaña anticoronavirus y con la consigna que difunden a cada rato de que ellos como ninguno defienden la salud y la vida de los bolivianos, y ellos mismos creen que emprenden una campaña electoral eficiente y eficaz. Si esa dirección en la campaña antipandemia fuera exitosa podría ganar votos para la Presidenta y candidata.

Sin embargo, nosotros nos animamos a decir que el conjunto de las acciones de los gobernantes interinos, en mucho son una campaña electoral en contra.

No obstante, la represión de los gobernantes a los narcotraficantes se podría anotar como un aspecto rescatable de los inquilinos transitorios del Palacio Quemado que afecta a los socios y aliados: cocaleros del Chapare y narcotraficantes.

Los gobernantes interinos con su actitud defensiva parece que esperaran que los bloqueadores suspendan su medida de fuerza o que gestiones de organizaciones y autoridades regionales consigan el fin de los bloqueos con la “fuerza del diálogo” que se aguarda.

Además, los gobernantes que buscan votos para Áñez evitan el uso de la fuerza establecida en las leyes para mostrarse como no son: respetuosos de la protesta social y del ejercicio de la política, después de la que despliegan ellos con miras electorales.

Luis Fernando Camacho propone nueva convocatoria a elecciones probablemente para buscar una candidatura de los grupos económicos especialmente de Santa Cruz y él con preferencia.

Comunidad Ciudadana (CC) y su candidato Carlos D. Mesa Gisbert no se muestran como actores de la política a tiempo completo, al extremo de que éstos se callan en momentos escabrosos de la política, ante los cuales parece que se declaran en cuarto intermedio.

CC propuso antes que nadie un diálogo nacional en pos de acuerdos sobre la pandemia, la crisis económica y las elecciones. Empero, aparentemente CC nada hizo para consultar y comprometer a los convocados. Estos postulantes a gobernar Bolivia dejan de concurrir a un encuentro convocado por la Presidente interina, una grave omisión digna de ser enmendada.

Así, por omisión, CC está a la defensiva respecto de la ofensiva masista.

En cambio, los masistas ganan aunque sólo sea al conseguir que su masa electoral se ponga en movimiento. Sin embargo, Arce-Choquehuanca quizá pierdan los votos de quienes tienen claro que niños y enfermos murieron porque les faltó el oxígeno medicinal retenido por los bloqueadores masistas.

Los oficialistas no podrán recuperar cuanto perdieron o no sumarán nada de aquello que esperaban capitalizar.

Camacho tal vez sume respaldo en Santa Cruz si consigue desbloquear caminos con golpes de mano, por los que se nota que tiene predilección dados sus antecedentes, incluidos los familiares: José Luis Camacho, su padre, fue banzerista y paramilitar que comandó grupos de choque en la universidad pública cruceña, el mismo que, según su hijo, habló con militares, octubre y noviembre pasados, para que éstos ayuden a los alzados contra el régimen autoritario de Morales.

La lucha política y electoral son comparables con una partida o con partidas de ajedrez.

El campeón mundial de este deporte Petrosian dejó como enseñanza que en una partida del deporte ciencia incluso al que le toca jugar con las piezas negras debe atacar desde el primer movimiento o pasar a la ofensiva porque la defensiva en ajedrez es la muerte, como en la política, agregamos.

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