editorial
El acuerdo del Presidente con los banqueros, para adecuar el proyecto de servicios financieros que se discute en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en base a requerimientos de ese grupo de empresarios, es el último refuerzo de la alianza que apunta a reproducir el poder político del primer mandatario (con las elecciones de 2014, como instrumento), también para prolongar el actual gobierno de medianos propietarios y de empresarios criollos y transnacionales.
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La mitad de las reservas más importantes de estaño de Bolivia, situadas en Catavi y Siglo XX, denominadas “colas” y “desmontes”, serán explotadas en beneficio sobre todo de los nuevos ricos en ese sector de la economía, patrones de las cooperativas mineras las que, casi todas, funcionan como empresas capitalistas.
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Sólo durante el conflicto o el momento de la lucha de clases que encabezó la COB, las últimas semanas, los gobernantes y en particular el Presidente, han violado y se aprestan a violar derechos de la gente del pueblo, de los trabajadores asalariados e incluso de los no asalariados, lo que los ubica en el bloque de los autoritarios encubiertos y/o desembozados.
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“Aprovecho esta oportunidad, aunque algún sector, alguna organización pueda molestarse es una obligación que (haya) respeto a los derechos humanos (pero), el respeto a los derechos humanos no puede perjudicar a nuestros cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que estén preparados físicamente”, dijo el Presidente en ocasión de un aniversario del Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz, en la semana que concluye.
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“Convoco compañeros a defender primero la democracia y, si somos del proceso, (a) defender este proceso de cambio para todos los bolivianos”[1], dijo el Presidente el momento en el que promulgó la Ley 378 que aumenta en Bs50 la Renta Dignidad.
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