ONG son falsos fantasmas ¿a los que temen los gobernantes?

editorial

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en Bolivia, desde hace décadas y de manera extendida, financian “proyectos” para “ayudar” a organizar, unir, formar, producir, desarrollar, investigar, escribir, intercambiar, difundir, predicar,… y otras actividades aunque, en los últimos años y también de manera constante, disminuyen los financiamientos de proyectos lo que obliga a las ONG criollas a recortar presupuestos, a despedir empleados, a concluir programas y/o a cerrar varias de sus puertas.

Entre nosotros son tales la teoría y la práctica de esas ONG que, organizaciones sociales diversas por sus actividades, sin ser instituciones de servicio social (como también se denominan las citadas), asumen un comportamiento similar al de aquéllas. Concretamente: esas organizaciones, con domicilio y labores aquí, si carecen de dinero ni siquiera se reúnen si una ONG no les asegura el dinero para hacerlo. Esa es una deficiencia a superar.

Salvo excepciones, sobre todo por el comportamiento de sus ejecutivos, antes que por su visión y misión, esas ONG en nuestro país, existen para ayudar a mantener el modo capitalista, dependiente y atrasado (con afeites y nada más) y, en ningún caso, para una transformación revolucionaria de nuestra sociedad.

A pesar de esa conducta, las ONG en Bolivia materializan al menos tres comportamientos: las de aquellas sólo parcialmente benefician a sus destinatarios a cuyo nombre se tramitan recursos económicos y humanos; la de otras que tienen un desempeño correcto en líneas y han cumplido su misión; las que por el comportamiento de sus ejecutivos, además de administrar honradamente el dinero asignado, han ido más allá de sus funciones respaldan procesos emancipatorios de los bolivianos.

Unas y otras han asignado dinero a movimientos sociales y a gobiernos, como al actual.

Además de que varias ONG, en el Chapare, han financiado proyectos productivos de sustitución de la coca, para la construcción de caminos de penetración o vecinales e infraestructura, para el desarrollo humano y otros, específicamente, también han respaldado la organización de las federaciones de cocaleros desde su fundación y durante largo tiempo. Hasta hace poco esa ayuda se empleó (¿y se emplea?) para emprender tareas en defensa de la coca como recurso natural, incluida la erradicación y sustitución de aquélla por otras plantaciones. El presidente Morales ha recibido ayuda económica no sólo para agigantar su liderazgo entre los productores de coca sino para realizar distintos viajes por el mundo.

Dinero de ONG, aunque haya sido indirectamente, ha financiado actividades de partidos políticos bolivianos, sin que de eso sean responsables esas instituciones.

Hasta marzo de este año las ONG deben adecuar sus estatutos a la nueva Constitución Política del Estado. El propósito fundamental de esa regulación, buscada por los gobernantes, es conseguir que esas instituciones respalden sus planes para el desarrollo que persiguen, a menudo sin considerar los verdaderos intereses de los comunarios: los gobernantes prometieron acabar con la pobreza extrema, en el TIPNIS en dos años, lo que explica la verdadera intención de aquéllos porque si fuera alcanzada esa meta, el desarrollo promovido allí, no sería el que buscan los indígenas, según normas bolivianas, las costumbres y convenios internacionales, que también son leyes de nuestro país.

Los gobernantes dicen haber descubierto que ONG, como IBIS, de Dinamarca, conspiran contra el gobierno actual. Y no obstante de que su principal ejecutivo pidió disculpas, se supone debido a una presunta inconducta, el Presidente, con una severidad cada vez más patente, respondió que la conspiración y la intromisión no se perdonan. (Las organizaciones que defienden los derechos humanos, respecto de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras predican: ni olvido ni perdón, justicia).

El Presidente ha sugerido que destinatarios de la ayuda económica de IBIS en Bolivia hicieron un uso inadecuado de ella. Otra vez el primer mandatario opina con una suficiencia inapelable, es decir, con aires del que cree que tiene la última palabra en nuestro país al que parece que asume como un gigantesco chaco de su propiedad. Pero lo que Juan Evo Morales Ayma parece desconocer es que, según un griego destacado, hay momentos en que los pueblos, el nuestro por tanto, se vuelven sabios y ajustan cuentan sobre todo con gobernantes que abandonan la defensa de los intereses legales y legítimos de sus pueblos.

Si entre los beneficiarios de esa ayuda hay quienes no rindieron cuentas y/o malgastaron el dinero deben ser investigados, procesados y sancionados, por favor, sin intromisión de los gobernantes actuales.

Nosotros decimos que las disculpas de IBIS, no son disculpas de las de instituciones que sirven honradamente a sus beneficiarios, según datos que conocemos. Algunas de esas instituciones —sin la difusión esperada—, han agradecido a la financiadora danesa por la ayuda recibida. Además, esas instituciones han entregado un resumen de sus actividades y ni siquiera han insinuado que conspiran contra el gobierno y, por tanto, han dejado claro que no se organizan para conspirar contra gobernantes a los que, además, apoyan o apoyaban y hasta dicen o decían admirar.

La gente del pueblo puede ejercer el derecho a la rebelión, de acuerdo al preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando se viola el estado de derecho, es decir, cuando se violenta la legalidad y la Constitución Política del Estado boliviano. Acaso bajo esa inspiración, hay en nuestro país al menos un proyecto de ley del trabajo que estipula el derecho de los trabajadores a decretar la huelga general política para rechazar un golpe de estado, para buscar el cambio de una situación política contraria al pueblo y/o para derrotar a un gobierno que se ubica al frente de la trinchera democrática, popular, antiimperialista y revolucionaria. Nosotros tenemos ejemplos de gobernantes democrático-populares que derivaron en lo contrario, por su comportamiento; en Nuestra América, también. Unos y otros han sido derribados por nuestros pueblos, algunas veces incluso en las urnas, pero las más de las veces mediante acciones radicalizadas.

La ayuda a los bolivianos de ONG tipo IBIS, creemos, debe ser cada vez menor. Consideramos que la segunda y definitiva independencia de Bolivia será obra de nuestro pueblo: la emancipación de los trabajadores será obra de ellos, es una consigna redentora que debemos retomar con el vigor del que seamos capaces.

Además, desde esta publicación virtual y quizá con demora hemos propuesto organizar una nueva unidad del pueblo de veras democrática, popular, antiimperialista y revolucionaria, en las que ONG mejor que nada tengan que ver, ni siquiera las mejor pintadas porque cumplen su misión. Esta afirmación en nada merma la necesidad de que nuestro pueblo reciba solidaridad de otros pueblos en la lucha por la segunda independencia boliviana; solidaridad política, especialmente, sin descartar el respaldo material.

Y uno de los rasgos de la segunda y definitiva independencia de Bolivia, quiere decir acabar con todo tipo de dependencia, de las ONG, también. Esa tiene que seguir siendo una bandera del pueblo, la que en realidad no es de los inquilinos del Palacio Quemado.