Sacha Llorenti será juzgado por los delitos cometidos cuando se vuelque la tortilla

editorial

La “exclusión definitiva” de la investigación y del proceso, contra los autores intelectuales y materiales de la represión a marchistas indígenas en Chaparina (25-09-11), del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Soliz, asegura por ahora la impunidad de éste y del presidente Morales, señalado como el que realmente dio la orden para esa acción punitiva que fue encargada a policías y militares.

El discurso de los gobernantes sobre la presunta “ruptura de la cadena de mando”, es decir, que los jefes policías decidieron esa represión, es una coartada que no sirve para encubrir el crimen, aunque temporalmente goce de impunidad el ex funcionario citado y aunque sea Embajador de Bolivia en las Naciones Unidas.

Esa teoría, que no resiste el menor debate y menos la prueba de la vida, sin embargo, sirve para que el ex ministro de Gobierno aparezca como limpio de toda culpa, gracias al favor de organismos de justicia el que, en rigor, es impuesto por los gobernantes con lo que éstos imponen su acción política. Dicho de otro modo: los organismos de justicia, por mandato de los gobernantes, han liberado a Llorenti del proceso que merece por la represión a la VIII marcha indígena, legal y legítima, en defensa de la vida en el TIPNIS.

La protección al ex funcionario público tiene un efecto doble: le sirve a él y al Presidente boliviano: ambos por ahora en apariencia nada hicieron por la represión señalada, ni siquiera ordenaron que pare el ultraje a los marchistas, ni siquiera por el rechazo de la gente del pueblo a ese comportamiento represivo de los gobernantes.

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), que preside María Amparo Carvajal Baños, denunció que el primer mandatario del país dio la orden para la acción represiva de policías y miliares en Chaparina. Compartimos esa afirmación.

Semanas antes de la represión, el Presidente, con el coro de sus ministros, decidió que la VIII marcha indígena no debía llegar a La Paz. Por eso funcionarios públicos instruyeron a sus bases de colonizadores que impidan, con un bloqueo del camino Yucumo-La Paz, el paso de los caminantes hacia la sede de gobierno.

En ese momento el actual ministro del Trabajo, Daniel Santalla, y el entonces viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Territorial, Wilfredo Chávez, en declaraciones a medios de difusión, confirmaron que la decisión de impedir que los marchistas indígenas de la octava caminata lleguen a La Paz fue tomada con anticipación.

Actuales funcionarios del gobierno, quizá porque tienen algún cargo de conciencia, porque ejecutan acciones sucias y no se arrepienten, o por ambos factores, a propósito de la represión en Chaparina, dicen que al único que hay que salvar de toda responsabilidad en esos hechos, “es al hermano Evo”. Al fin de cuentas, él es el candidato para las elecciones bolivianas de este año, de 2020 y 2025, como dijo el Canciller en funciones, según el diario gubernamental Cambio. Además, el Jefazo no admite que ni siquiera se sugiera que cometió algún error y cuando él habla de que en su gobierno cometió algún desliz, agrega que eso se debió a un mal asesoramiento o que fue culpa de los consultores. (Ver el  informe del Presidente del 22 de enero de este año).

La represión en Chaparina tuvo como misión desbaratar la VIII marcha indígena. Pero cuando el Presidente y una parte de sus ministros constataron que la noche del 25 de septiembre de 2011 pobladores de San Borja impidieron el paso de los vehículos en los que transportaban a los marchistas hacia Trinidad y luego de que en Rurrenabaque, al día siguiente los aviones, con marchistas a bordo, no pudieron tomar vuelo porque también gente del lugar se metió en la pista de aterrizaje, gobernantes y sobre todo el Jefazo, que es el único que manda, advirtieron que fracasaba la desarticulación de la caminata. Horas después, dirigentes de la VIII marcha decidieron reiniciarla, lo que fue otro revés contra los inquilinos del Palacio Quemado.

Dirigentes indígenas, en especial, otros compatriotas y fuentes próximas al Palacio de Gobierno, confirman que el Presidente dio la orden para esa represión. Esa orden, no obstante, permanece como un secreto de Estado, muy relativo porque es desvelado.

Sin embargo, el vicepresidente García Linera dijo que él sabía quién dio la orden para la “intervención” en Chaparina. Esa declaración, empero y según la práctica, resultó ser encubridora y/o para despistar.

Los bolivianos nos convencemos, cada vez más, de que los policías no reprimieron en Chaparina por cuenta propia. Hemos sido informados de que los policías recibieron órdenes llegadas de La Paz para “intervenir” la VIII marcha. Incluso conocemos que jefes policiales dijeron que no hacía falta intervenir esa marcha porque sus dirigentes consideraban acabarla en Yucumo, debido al bloqueo de los colonizadores dato, probablemente, recogido por agentes. Y éstos dijeron que bloquearon porque los indígenas marchistas se oponían a la construcción de caminos en el norte de La Paz, obras que ellos en cambio respaldaban. Un dirigente de ese sector social afirmó que el presidente Morales, en su campaña electoral, les prometió dotarles tierras gratis en el TIPNIS. Otro colonizador aseguró que ellos tenían derecho a beneficiarse con las riquezas de la reserva natural y territorio indígena.

Se sabe, asimismo, que dos jefes policiales fueron enviados en avión, para dirigir el operativo de Chaparina, ante las dudas expresadas por uniformados al mando en esa localidad.

Fuentes bien informadas aseguran que en Bolivia, de estos últimos ocho años, lo importante (y casi todo) se hace por órdenes de Juan Evo Morales Ayma.

En este medio estamos convencidos de que cuando la llamada justicia excluyó por segunda vez y con carácter definitivo a Llorenti de la investigación, en verdad, el más favorecido resulta ser el Jefazo. Por ello, básicamente, fue un error haber reclamado imputación formal, acusación y proceso criminal contra S. Llorenti, por la represión en Chparina, sin señalar que el Presidente es el principal autor intelectual de la represión.

Recordamos que los delitos del actual Embajador de Bolivia en la ONU no prescriben porque ofenden a la humanidad y, por tanto, puede ser investigado, procesado y sancionado por la represión en Chaparina y por los dos muertos en Caranavi (7 y 8 de mayo de 2010), entre otros delitos.

A los periodistas y medios de difusión nos queda investigar para acopiar la información que esté dispersa y descubrir nuevos hechos, en vez de encubrir, como lo hacen otros.

Avisados estamos de que la mayoría de jueces y fiscales están corrompidos y sin remedio, aunque hay excepciones. El Presidente, luego de los muertos en el penal de Palmasola (2013), dijo que él se dio cuenta de que la “justicia se negocia”.

No dijo el Presidente ni esperamos que diga que gobernantes también negocian la justicia. Por ello, cabe rememorar lo que un ministro de Gobierno instruía a funcionarios subordinados a él: (a un juez, a un fiscal u otra autoridad) dile que nos ayude, si no acepta le ofreces plata y, si se niega a lo uno y a lo otro, lo amenazas.

Morales admitió que él “intercedió” para que liberen a cerca de 10 hinchas del equipo de fútbol de Brasil, Corinthians, culpados de complicidad en la muerte (por un explosivo) de un espectador boliviano en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Esa actitud no tomó en cuenta la exigencia de justicia de los familiares del difunto, según declaraciones de ellos. ¿Ese comportamiento del Presidente es no una forma de “negociar” la justicia?

A pesar de todo, sospechamos que el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, teme ser procesado cuando se vuelque la tortilla. Es que ni olvidaremos ni perdonaremos sus crímenes, en cambio, exigiremos justicia.