editorial
Los gobernantes, con la fuerza del llamado Estado plurinacional, de hecho les arrebataron a los indígenas del TIPNIS, el derecho a la consulta previa, informada, de buena fe y obligatoria. Después de que construían por ambas puntas el camino de la discordia, con presiones y prebendas, manipularon resultados de esa consulta, informaron que la mayoría de moxeño-trinitario, yuracarés y chimanes aprobaron la apertura de esa vía.
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Un acierto de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, presidida por María Amparo Carvajal Baños fue denunciar que el presidente Morales dio la orden para la represión en Chaparina, a los actores de la VIII marcha indígena (25-09-11), responsabilidad que la comparten gobernantes y miembros del que llamado Estado plurinacional.
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El Censo 2012, y en particular las cifras finales y oficiales, está desacreditado ante las y los bolivianos, a pesar de los 56 millones de dólares gastados, los que debemos pagar, no obstante los errores de los gobernantes.
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Para nosotros es ineludible referirnos, en este espacio editorial, a lo que calla el mensaje del Presidente boliviano, pronunciado desde Cochabamba, el 6 de agosto de este año.
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El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesto por los gobernantes y que estudia la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dispone que los bolivianos no contaremos con la “información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida”. Y las excepciones son:
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